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ESTABLECIMIENTO DE DERECHO REAL DE CONSERVACIÓN


El señor HORVATH.- Señora Presidenta, Honorable Sala, esta es una iniciativa que también proviene del mundo de las organizaciones no gubernamentales. Me refiero a The Nature Conservancy, cuyo representante es don Francisco Solís Germani; Así Conserva Chile, cuyo director es don Diego Urrejola, y el Centro de Derecho de Conservación, cuyo director es don Jaime Ubilla, entre otras ONG.
El proyecto tiene particular relevancia para la biodiversidad. Hay un convenio sobre la materia, del cual somos parte, como país, que fija metas para garantizar la representación de todas las formas de vida y sus ecosistemas asociados en el mundo. La verdad es que, por la vía oficial, por la vía de los distintos Estados, estas metas no se han logrado, por distintas razones. Y es por ese motivo que iniciativas más bien comunitarias, de organizaciones no gubernamentales y de algunos privados, cobran gran importancia.
¿Por qué lo digo? Porque tenemos datos conocidos bastante duros. Un 20 por ciento del territorio se halla bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, fundamentalmente a través de la CONAF. Y hay otras 15 figuras de protección. Sin embargo, si uno revisa la situación en detalle, comprueba que más del 80 por ciento de dicha superficie se ubica de Puerto Montt al sur, en nuestra Patagonia. Por lo tanto, entre Arica y Puerto Montt hay un enorme vacío. La biodiversidad no se encuentra bien representada.
En el caso de los ecosistemas marinos, se ha crecido con la isla Salas y Gómez; con una en torno a la zona de la desembocadura del río Palena; con algunas áreas marinas de borde costero de uso múltiple, y con otros proyectos que están en ciernes. Pero ha sido un crecimiento de 0,4 a cerca de 5 por ciento. Estamos lejos de una meta -para fijarla en términos didácticos- del 20 por ciento. E incluso las convenciones internacionales dan cuenta de que se ha fracasado en tal objetivo.
Este proyecto apunta, por tanto, en la línea correcta de garantizar esa biodiversidad.
Por consiguiente, el que un predio sea declarado bajo el alero del derecho real de conservación no debe ser considerado como un gravamen. Es un atributo, y voy a señalar por qué.
Hoy en día, las áreas de conservación le dan un enorme valor al entorno. Si uno está al lado de un parque, de una reserva o de un área privada dedicada a la conservación, obviamente tiene un valor acrecentado. Y el mejor ejemplo lo constituye el agua proveniente de parques o de glaciares y que se toma en predios privados, la que, una vez embotellada con su sello de origen, puede llegar a costar hasta 7 mil pesos el medio litro.
A estas alturas, el agua embotellada vale más que un litro de bencina. Esa es la tendencia. En consecuencia, estar al lado de un área protegida o bien tener un área protegida dentro de un predio tiene un valor intrínseco solamente por el hecho de la vecindad.
Lo mismo vale para el turismo, para lo inmobiliario, en lo que se refiere a la polinización y a las condiciones del agua, del aire y del suelo.
Entendido lo anterior, hay que poner las cosas en su justo equilibrio, como lo planteamos en su minuto. Porque, si todo se dedica a la conservación o resulta que hay ciertas áreas sobrerrepresentadas, ¿qué otras vamos a dejar para los servicios y para la producción?
En ese sentido, los equilibrios se logran, no así en forma de quién empuja más o quién posee más dinero en un momento determinado, sino a través de instrumentos de planificación estratégica, como lo son el ordenamiento territorial, la zonificación del borde costero y el manejo integrado de cuencas.
Por lo tanto, este proyecto nos tiene que llevar a fijar esos elementos por ley, de manera vinculante. Con dificultad hemos logrado un buen resultado en la zonificación del borde costero, pero ello está pendiente en el manejo integrado de cuencas y en el ordenamiento territorial, que son parte del programa del actual Gobierno. Por consiguiente, ahí tenemos una línea de convergencia que desde luego habrá que apurar.
Por otra parte, la fórmula que plantea la iniciativa, que significa un bien para la comunidad, para la región y, en definitiva, para Chile y los países vecinos, también debe ser objeto de algún grado de estímulo. Si tenemos definidas las áreas prioritarias para la biodiversidad en Chile, es natural y conveniente que, estén ellas en predios fiscales o en predios privados, entren bajo el alero del derecho real de conservación. Y ese estímulo es una función que desde luego puede asumir el Gobierno con sus atribuciones exclusivas.
Hay un largo detalle de las áreas que ya existen en el país en esta línea y de las organizaciones que se han creado en tal sentido. Así que se observa una fuerte vitalidad en nuestro territorio para sacar adelante esta iniciativa.
Se requiere, eso sí, que el derecho real de conservación quede como un atributo de la propiedad, en la medida en que pueda venderse, heredarse o cambiar de destino. Obviamente, la biodiversidad debe estar asegurada en forma indefinida, y para eso se necesita una ley.
Por todo lo anterior, señora Presidenta, solicitamos a la Sala que apruebe en general el proyecto para después poderle introducir los ajustes que sean necesarios durante su discusión en particular.
Gracias.