REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 8ª, en jueves 1 de abril de 2021
Extraordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 09:24 a 12:19)
PRESIDENCIA DE SEÑORA YASNA PROVOSTE CAMPILLAY, PRESIDENTA,
Y SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Alvarado Andrade, Claudio
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Rincón González, Ximena
Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--De Urresti Longton, Alfonso
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Montes Cisternas, Carlos
--Órdenes Neira, Ximena
--Prohens Espinosa, Rafael
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Sabat Fernández, Marcela
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, presencialmente, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y telemáticamente, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 09:24, en presencia de 21 señoras Senadoras y señores Senadores.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 4ª, especial, y 5ª, ordinaria, ambas en 24 de marzo de 2021, que no han sido observadas.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Moción
De los Honorables Senadores señores Chahuán, Navarro, Pugh y Sandoval, con la que inician un proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en materia de convenios de pago de deudas por servicios de agua potable o de alcantarillado (Boletín N° 14.147-09).
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
Proyecto de Acuerdo
De los Honorables Senadores señor Chahuán, señoras Allende, Goic, Provoste, Rincón, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y señores Alvarado, Bianchi, De Urresti, Durana, Guillier, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Pizarro, Prohens, Quinteros y Sandoval por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir al señor Ministro de Relaciones Exteriores solicite al Gobierno de Israel el inmediato cumplimiento del artículo 56 de la Cuarta Convención de Ginebra, otorgando a la población palestina la vacunación requerida en las actuales circunstancias (Boletín N° S 2.166-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Para constituir la Comisión Mixta que debe formarse para proseguir la tramitación del proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez (Boletín N° 10.315-18), se designa, en representación de la Corporación, a los miembros de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Eso es todo, Presidenta. No hay más documentos en la Cuenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Terminada la Cuenta.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se ofrece la palabra.
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, con respecto al proyecto de ley que se acaba de mencionar, falta el Senador Juan Castro, quien también lo suscribió. Él mandó una comunicación formal en ese sentido a la Secretaría.
Y en cuanto a lo segundo, pido ver si es posible poner sobre tabla el proyecto de acuerdo que se ha presentado, Presidenta, por la inmediatez y la situación dramática que se está viviendo en la población palestina.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Vamos a esperar la solicitud formal del Senador Castro para incorporarse, porque parece que hay ahí algunas diferencias.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EXSENADOR SEÑOR JAIME GUZMÁN ERRÁZURIZ
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Con mucho respeto, hoy día, 1 de abril, se cumplen 30 años del asesinato del Senador Jaime Guzmán, quien además se sentaba en este mismo asiento, y yo pido, como homenaje de la Corporación, un minuto de silencio.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Así se acuerda.
--(La Sala guarda un minuto de silencio).
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senadora Carolina Goic, tiene la palabra.
La señora GOIC.-
Presidenta, gracias.
Muy breve. Yo sé que es un tema que se debe revisar en los Comités, pero solicito incorporar en la tabla, en las próximas sesiones -me hubiera encantado que hubiera sido hoy día- el proyecto que establece garantías básicas a las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales.
Nosotros hemos visto estos fines de semana, y lo vamos a seguir viendo, a propósito de la cuarentena efectiva y de que no conceden permisos para el comercio, para las ferias; cómo los trabajadores del delivery han aumentado. Este proyecto, además, ha sido producto de una mesa técnica de trabajo, de un acuerdo entre Gobierno y Oposición, y es bastante vanguardista en términos de la legislación de protección de estos trabajadores no solo en nuestro país, sino que a nivel internacional.
Entonces, creo que sería bueno que pudiéramos avanzar y contemplarlo dentro de las prioridades.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Gracias.
Si le parece a la Sala y a los colegas que están participando telemáticamente, si tenemos la posibilidad, incorporaremos en la tabla de hoy el proyecto a que se ha hecho referencia.
--Así se acuerda.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Señor Secretario, tiene la palabra para dar inicio al Orden del Día.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Cabe hacer presente que, conforme a lo acordado ayer por Sala, y frente a la solicitud que se efectuó respecto del proyecto de ley que modifica la ley N° 4.808, de Registro Civil, estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del padre, se dispuso dar lugar a la segunda discusión, procediéndose a ella en la sesión siguiente, que corresponde a la del día de hoy.
ACUERDO ENTRE PADRE Y MADRE PARA DETERMINAR ORDEN DE TRANSMISIÓN DE SUS PRIMEROS APELLIDOS A HIJOS COMUNES
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La señora Presidenta pone en segunda discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del padre, iniciativa que corresponde a los boletines 3.810-18 y 4.149-18, refundidos.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 3.810-18 y 4.149-18, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe recordar que la Sala inició el estudio en particular de este proyecto en la sesión del día de ayer, oportunidad en la cual fue solicitada una segunda discusión a su respecto, por lo que quedó para ser tratado en la sesión de hoy.
Para los efectos señalados, es dable reiterar lo siguiente.
Esta iniciativa cuenta con un segundo informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, la que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que todos los artículos del proyecto de ley, con excepción de la letra b) del artículo 1, en cuanto al artículo 58 ter que se propone, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Asimismo, debe darse por aprobada la señalada letra b) del artículo 1°, en cuanto al artículo 58 ter que contiene, norma que no fue objeto de modificaciones en el segundo informe.
La Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género propone a la Sala aprobar en particular el texto del proyecto que fue aprobado en general sin modificaciones, el que a su vez corresponde al despachado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional.
Por último, la Comisión Especial deja constancia, por la unanimidad de sus integrantes, de que acordó reemplazar la denominación administrativa del proyecto de ley por la siguiente: "Proyecto de ley sobre determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres".
Al adoptar dicha resolución, los miembros de la Comisión coincidieron en señalar que el efecto del referido acuerdo recae sobre la denominación de los proyectos refundidos durante su tramitación en el Congreso Nacional y que en ningún caso constituye una enmienda al texto aprobado en primer trámite constitucional.
Sus Señorías tienen a su disposición el respectivo boletín comparado, que transcribe el texto aprobado por la Comisión Especial en los términos en que fuera despachado por la Cámara de origen, que es la Cámara de Diputados, tanto en la presente sesión como también en la plataforma de la sesión telemática.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Se ofrece la palabra a la Presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, Senadora Isabel Allende.
¿Pueden habilitar el micrófono de la señora Senadora, por favor?
Senadora Allende, nos dicen acá que ya está habilitado el micrófono.
La señora ALLENDE.-
Ahora sí.
Gracias, Presidenta.
Bueno, yo quiero partir por decir que creo que fue un poco lamentable lo que ocurrió en la sesión de ayer. En primera instancia se pidió un segundo informe, desconociendo el trabajo riguroso que, a mi modo de ver, había hecho la Comisión de Mujer e Igualdad de Género, y después posteriormente se cambió, por supuesto, a una segunda discusión, cosa que evidentemente forma parte de nuestro Reglamento y que pidió el Senador Juan Antonio Coloma, en nombre del Comité de la UDI.
Para efectos de mejor comprensión de lo que ha sido el trabajo de la Comisión de la Mujer en la tramitación de este proyecto, voy a hacer una pequeña relación, Presidenta, porque creo que es bueno que en la Sala tengamos todos los elementos en consideración.
Primero, quiero señalar que este proyecto de ley sobre determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres llegó al Senado desde la Cámara de Diputados el año 2008. Inicialmente, se envió a la Comisión de Constitución, luego se cambió a la Comisión de Derechos Humanos, la que emitió un informe el l2 de mayo del 2009, con los votos a favor de los entonces Senadores Naranjo, Sabag y Vásquez y los votos en contra de los entonces Senadores Chadwick y Kuschel.
En la Sala, en la sesión del 20 de mayo del 2009, y sin votar el informe de Derechos Humanos, el entonces Senador, hoy Ministro de Justicia, Hernán Larraín, solicitó que se enviara a la Comisión de Constitución para un nuevo informe. Y ahí estuvo el proyecto desde el 2009 hasta el 26 de octubre del 2018 -es decir, nueve años-, oportunidad en que se trasladó a la Comisión de Mujer e Igualdad de Género.
Esta Comisión evacuó su primer informe el 28 de enero del 2020. Entretanto, por cierto, estuvimos discutiendo la tipificación del femicidio y otros proyectos que debimos tratar.
En el primer informe se escuchó a la profesora de Derecho Civil de la Universidad Católica de Valparaíso señora Romy Álvarez, magíster en Derecho de Familia por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Derecho, quien no hizo ninguna de las observaciones que se manifestaron el día de ayer acá.
Este primer informe fue aprobado en general por la Sala del Senado el 27 de enero del 2021, con un solo voto en contra, y se fijó un plazo para presentar indicaciones hasta el 12 de marzo del 2021. En esta misma sesión, la Sala del Senado acordó que la discusión en particular solo la iba a realizar la Comisión de Mujer e Igualdad de Género.
Finalmente, como también ayer se explicó en la Sala, la referida Comisión analizó la única indicación que se formuló y despachó el proyecto de ley en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, lo cual permitiría que quedase aprobado.
Según la Constitución, el Ejecutivo es colegislador, por lo cual, si tiene interés en algún proyecto, puede participar en las Comisiones, presentar indicaciones, para lo cual tuvo todas las oportunidades. Por cierto, eso no ocurrió. Es más, al momento de votarse en la Comisión estaba presente, a través del Ministerio de la Mujer, donde no realizaron ninguno de los alcances que el día de ayer trajeron a colación. Quiero decir que permanentemente estuvo presente la Ministra de la Mujer o sus asesoras.
En la tramitación de la Comisión de Derechos Humanos, el Senador Chadwick manifestó su voto en contra, y cito: "Estima que el derecho de las personas es a tener una identidad y que esta identidad, obviamente, la dan los apellidos. Lo que el Estado o la ley deben hacer es generar una situación que permita estabilidad en el tiempo de aquella identidad, y en la cultura, sociedad y legislación nuestra, por centenares de años, esa identidad se ha construido sobre la base del apellido del padre, en primer lugar, y el de la madre, en segundo lugar. Bajo este concepto se han conformado las relaciones de parentesco, roles sociales, comunidades, es decir, se ha desarrollado todo lo que es propio de la identidad".
Estoy convencida, señora Presidenta, de que hay mucho de este fondo que ahora acabo de mencionar. Por cierto, estoy citando unas palabras de hace varios años, por lo que tengo que dar la posibilidad de la duda o un cambio o una evolución, pero me parece que reflejan algo muy de fondo que, a mi juicio, está detrás de este proyecto.
Ahora, los cuestionamientos que realizaron ayer el Ejecutivo y los Senadores de Chile Vamos se refieren a la segunda parte de la moción, es decir, a la modificación del orden de los apellidos en un momento diferente al del nacimiento, lo cual se conoce como "rectificación administrativa". Las dudas, entonces, tienen que ver con la certeza de las relaciones jurídicas que puede desarrollar una persona, y se citaron varios ejemplos: interdicción por incapacidades, inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, temas de testamento, etcétera, etcétera. Según parte de Chile Vamos, todas estas instituciones tendrían ciertos problemas con la modificación que se propone.
Quiero recalcar que el cambio de nombres y apellidos no es algo nuevo en la legislación. Se regula en la ley N° 17.344, de 1970, procedimiento que se efectúa, principalmente, vía tribunales, siendo la excepción la rectificación administrativa.
La rectificación judicial actual solo puede realizarse por causales establecidas en la ley: por ejemplo, en el caso de una filiación no matrimonial, para agregar un apellido cuando la persona hubiese sido inscrita con uno solo, entre otros ejemplos.
Durante cincuenta años ha estado vigente esa ley y no han existido los problemas que ahora ha observado el Ejecutivo.
Creo que no nos estamos haciendo cargo del hecho de que esto estaba inicialmente enfocado al momento del nacimiento, con acuerdo de los padres.
Sin embargo, reitero que durante cincuenta años ha estado vigente la referida ley. Al inicio del análisis de esta iniciativa, la entonces Directora del Sernam, Laura Albornoz, dijo que, bajo dicha norma legal, cerca de 51 mil personas se cambian el apellido al año, ¡cerca de 51 mil personas! Y no surgieron problemas, excepto el económico, porque efectivamente es un trámite que requiere un patrocinio, un apoyo. Como muy bien señaló en la sesión de ayer la Senadora Muñoz, precisa ingresos económicos para poder pagarlo.
Presidenta, yo tengo la firme convicción -y aquí hablo a título personal- de que el tema de fondo no es jurídico, sino cultural. Creo que aquí se manifiesta una visión que se arraiga en una mirada patriarcal, donde la mujer sigue siendo una persona que no goza de plenos derechos y subsiste una cultura en la cual, cada vez que queremos dar un paso para avanzar en igualdad de derechos entre hombres y mujeres, nos topamos con visiones que son, por llamarlas de alguna manera, "más conservadoras".
A mí me duele enormemente -y lo quiero decir otra vez, Presidenta- lo que pasó en el día de ayer. Lo ocurrido fue extraordinariamente injusto con una Comisión que hizo su trabajo y que escuchó a una de las mejores expertas en derecho de familia, quien no hizo observaciones al proyecto. Además, el Ejecutivo estuvo presente a través del Ministerio de la Mujer, y no formuló ninguna objeción, ni siquiera presentó indicaciones.
No son aceptables las palabras que se manifestaron aquí, en la Sala, en el sentido de pedir un nuevo informe "para un mejor trabajo".
Espero, Presidenta -y lo digo muy sinceramente-, que aquellos que ayer sostuvieron algunas dudas entiendan que, como he dicho, llevamos cincuenta años haciendo cambios de apellido. Y ahora surgen las observaciones, fuera de los plazos establecidos, que la Comisión cumplió rigurosamente.
Es la gran oportunidad para que quienes ayer hicieron cuestionamientos nos digan si votar ahora este proyecto es dar la oportunidad de que efectivamente las mujeres, en acuerdo con sus parejas, puedan establecer el orden de los apellidos, poniendo primero el del padre, que es lo tradicional, o el de la madre. Y en caso de no haber acuerdo, se sigue con el apellido del padre en primer lugar.
Nosotros esperamos que la sociedad, que, por supuesto, va evolucionando con el tiempo, cambie definitivamente en esa dirección, como ya ocurre en muchos otros países. Así lo indica el derecho comparado.
Francamente, Presidenta, no puedo sino rechazar lo que ocurrió el día de ayer. Lo digo en nombre de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, donde hicimos el trabajo que corresponde. Es lamentable que para aquello se usara la sesión de ayer, que estaba convocada para votar un proyecto que fue apoyado unánimemente en dicha instancia -nuestra Comisión es transversal: hay representantes del Oficialismo y de la Oposición-, sin considerar todo el tiempo que llevaba en el Senado, desde el año 2008. No se había tramitado oportunamente, y ya había llegado la hora de hacerles justicia a las mujeres.
Por ello, pido que en esta sesión votemos efectivamente este proyecto, que da la oportunidad a las mujeres, en acuerdo con sus parejas -como lo he repetido-, de decidir el orden de los apellidos de los hijos.
He dicho, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Isabel Allende, Presidenta de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género.
Me ha solicitado la palabra el señor Ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ministro, le voy a ofrecer la palabra con posterioridad a la Senadora Luz Ebensperger, quien estaba inscrita desde el comienzo de esta sesión.
Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidenta.
Quiero hacer uso de la palabra, en virtud de los artículos 114 y 109 del Reglamento, porque fui aludida ayer. Yo no me encontraba presente en la Sala, porque estaba en la Comisión de Constitución.
Presidenta, en uso de las atribuciones del Reglamento, ayer hice una solicitud a este Senado: pedí un nuevo segundo informe.
Soy absolutamente partidaria de este proyecto, y partí diciendo eso ayer. Por lo mismo, lo voté a favor en general.
Realmente estoy sorprendida de todo lo que aquí se ha dicho hoy y ayer -anoté algunas frases-, a partir de lo que traté de señalar de la forma más seria posible, como he tratado de hacer mi trabajo en este Senado y en toda mi vida.
Acerca de lo que pedí, se dijo que había utilizado "argumentos falaces", "argumentos para tontos", "argumentos sin sustento de la realidad", "argumentos insolentes", entre otras tantas expresiones.
Sin ningunear a la Comisión y con el mayor de los respetos hacia sus integrantes -¡jamás he desconocido su trabajo!-, solicité un nuevo segundo informe, porque, estando a favor de este proyecto -y reitero que lo señalo con todo el respeto que me merecen la Comisión y el trabajo de todos sus integrantes-, creo que faltan algunos antecedentes desde el punto de vista jurídico.
Presidenta, pienso que no estamos en el Senado para alabar el trabajo de todos. Si bien no pongo en duda el trabajo de ningún señor Senador y de ninguna señora Senadora, debo analizar los proyectos que nos llegan, independiente de si su tramitación tenga un año o diez días. Hay iniciativas urgentes que hemos sacado en veinticuatro horas. Bueno, este proyecto tiene dieciséis años en el Parlamento. Pero si yo estoy convencida, además de otros Senadores, de que puede no producir el efecto que mayoritariamente todos queremos y puede generar un efecto adverso, ¿lo voy a aprobar porque lleva dieciséis años de tramitación?, en circunstancias de que lo podemos mejorar a fin de que produzca el efecto que todos buscamos.
No hay en mi planteamiento una visión cultural patriarcal. No es eso lo que yo pretendo con mi petición. Si yo tuviera otra intención, me habría bastado con no dar la unanimidad cuando la señora Presidenta, hace dos días, pidió agregar este proyecto a la tabla. Me habría bastado con eso o con haberle pedido a mi Comité que esta iniciativa no se pusiera en tabla. Y no estaríamos discutiendo esto hoy día.
Así habría actuado si mi intención hubiera sido que este proyecto siguiera sin verse. No es eso lo que quiero.
También se dijo ayer que yo me preocupaba de los bienes. Sí, me preocupo de ello. Por eso hablé del Conservador de Bienes Raíces. Pero aquello se planteó asociando esto a los ricos. Resulta que los bienes tienen dueños: cuando la gente posee muchos bienes, es posible pensar en los ricos, pero también hay personas humildes que tienen un solo bien. La mayoría de las veces es su casa. Entonces, ¿qué les vamos a decir a estas personas?
Presidenta, en virtud de los artículos 114 y 109 del Reglamento, cuando ejerzo mi derecho a réplica por haber sido aludida, tengo diez minutos para intervenir. Por favor, espero que se respete ese tiempo.
¿Qué les vamos a decir a esas personas? A lo mejor, el día de mañana, en forma feliz y confiados en nosotros, cambian el orden de sus apellidos y después, debido a problemas matrimoniales, disuelven su sociedad conyugal y pierden su casa, el único bien que tienen, por problemas en el Conservador de Bienes Raíces. ¿O qué les vamos a decir si han declarado el bien familiar y lo pierden también por este problema?
¿Nosotros vamos a aprobar el proyecto porque tiene dieciséis años?; ¿porque no somos capaces de darnos el tiempo para mejorarlo?
¡A lo mejor sí! ¡A lo mejor estoy equivocada! ¡No lo sé!
Pero ¿somos tan orgullosos que no nos podemos dar un par de días más, una semana, un mes, para estar cien por ciento seguros de que no vamos a producir efectos adversos?
Yo quisiera darme esa oportunidad, y es lo que pedí ayer. ¡Nada más!
Si la mayoría de este Senado cree que esos son argumentos "falaces", "para tontos", ¡aprueben el proyecto!
Yo estoy acá para hacer mi trabajo en forma responsable. Y si tengo dudas, no lo voy a aprobar.
Pero no he desconocido ni voy a desconocer nunca el trabajo de ningún señor Senador, porque nunca voy a partir de la mala fe, como parece que algunos hacen. Creo que nadie está aquí para perder el tiempo. Yo, al menos, no lo estoy.
Valoro el trabajo de todos, ¡de todos y cada uno de ustedes!, y espero que ustedes valoren el mío.
Si no partimos de la buena fe y nos descalificamos antes, no vamos a poder avanzar.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Luz Ebensperger.
Le ofrezco la palabra al señor Ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Muchas gracias, Presidenta.
Aprovecho de saludarla a usted y también a los Senadores y las Senadoras que están presentes en esta sesión en la Sala o por vía remota.
Hemos querido intervenir en este debate, porque queremos exponer, más allá de cualquier consideración, las inquietudes que suscita la aprobación de esta iniciativa.
Quiero hacerme cargo, desde la partida, de las observaciones y preocupaciones que manifestaba la Senadora Isabel Allende, en su calidad de Presidenta de la Comisión de la Mujer. Yo siento que puede tener mucha razón en tales aprensiones, porque pareciera que, a un proyecto largamente instalado en el Congreso, se le quiere bloquear, a última hora, su aprobación.
Deseo darle la más absoluta tranquilidad de que tal inquietud está muy lejos de las aprensiones que nosotros -y muchos Senadores, estoy seguro- tenemos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Recién oía a la Senadora Ebensperger, quien plantea que este proyecto merece un análisis mayor que el que ha tenido, por los efectos jurídicos que se podrían generar, que no han sido debidamente considerados. Esa reflexión me parece razonable, y es la que a nosotros, como Ministerio, nos lleva a intervenir en esta oportunidad.
Quisiera despejar también cualquier ánimo tendiente a buscar el rechazo o el cuestionamiento de esta iniciativa.
Desde su origen, esta ha sido una iniciativa transversal. Se trata de dos mociones refundidas de distintos Diputados. Solamente para efectos prácticos, quiero recordar quiénes han estado detrás de esta propuesta: Iván Moreira, Felipe Salaberry, Ramón Barros, Iván Norambuena, Ignacio Urrutia, Gastón von Mühlenbrock, Claudio Alvarado, Eugenio Bauer, Pablo Prieto, Mario Varela, María Antonieta Saa, René Manuel García, Tucapel Jiménez, Marta Isasi, Adriana Muñoz, Ximena Vidal, Sergio Aguiló, Juan Bustos y Álvaro Escobar. Es decir, una transversalidad de personas muy representativas de distintos sectores políticos de la Cámara de Diputados. Y la forma en que ha sido asumido este proyecto en el Senado refleja la misma transversalidad.
Claro, hay problemas bastante sustantivos que se están jugando, como es avanzar desde una sociedad patrilineal, desde el punto de vista de la estructura jurídica, a una sociedad más abierta. No pasar a una matrilineal, sino a una donde las personas van definiendo su aspecto, con lo cual se van cambiando muy centralmente cuestiones culturales.
Ese proceso, que se ha gatillado especialmente en los últimos años, cuenta con el más absoluto respaldo del Ejecutivo y forma parte, creo yo, del acuerdo universal en esta materia con el Congreso y, particularmente en esta oportunidad, con el Senado.
Dicho lo anterior, reconozco que nuestras observaciones pueden ser tardías. Aunque quisimos hacerlas presentes en su minuto, no fuimos parte de la discusión. Yo formé parte de la Comisión de Constitución del Senado en el período en que este proyecto estuvo alojado ahí, como lo recordaba la Senadora Allende, y nunca tuve la oportunidad de manifestar mi opinión al respecto, porque nunca se discutió esa materia, para bien o para mal.
No quiero hacer juicios de valor sobre eso. Pero así ocurrió. No tuvimos la oportunidad.
Queremos hacer presentes nuestras inquietudes para que el Senado, al tomar esta decisión, al menos esté advertido de los problemas que conlleva.
Como lo adelantaba la propia Senadora Allende, no hay aprensiones en cuanto a que la modificación del orden de los apellidos se haga al momento de la inscripción del hijo o hija, puesto que eso genera, desde la partida, un sistema estructurado que no se modifica.
Pero, cuando ese cambio se hace con posterioridad, sí se generan dificultades, que son importantes de precisar. Ahí se plantean varios escenarios en este proyecto de ley que nos hacen pensar sobre la conveniencia de revisar el impacto que ello pueda causar en nuestro ordenamiento jurídico.
En consecuencia, el proyecto en sí mismo, en su idea de legislar, no es lo que está en cuestión, sino la conveniencia de que algunos problemas potenciales puedan ser analizados oportunamente.
Quiero señalar que, como también lo recordaba la Senadora Allende, la posibilidad de modificar el orden de los apellidos, alterando la regla general de nuestro derecho de la inmutabilidad del nombre, solo cuenta con normas de excepción, en virtud de las cuales se puede hacer ese cambio. Ellas están establecidas en la ley N° 17.344, que autoriza la modificación de los nombres en los casos que indica.
Pero quiero recordar que ese es un proceso judicial, que se hace cuidadosamente a través de la participación de un juez. La solicitud en estos casos se publica en un extracto en el Diario Oficial, lo que permite, dentro de un plazo determinado, la oposición que pueda hacer cualquier persona que tenga interés en ello, con lo cual se va abriendo el espacio al debate de los posibles impactos que tal modificación de nombre pudiese causar. Todos esos antecedentes le permiten al juez mejor resolver.
Y la sentencia que autoriza el cambio de nombre o apellido solo surte efecto una vez que se extienda la nueva inscripción de conformidad con el artículo 104 del DFL Nº 2128, de 1930. Y una vez modificada la partida de nacimiento, la persona que haya cambiado su nombre o apellido, de acuerdo con lo que establecen distintas disposiciones de ley N° 17.344, solo podrá usar en el fututo, en todas sus actuaciones, su nombre propio y apellido en la forma que ha ordenado el juez.
Es decir, hay un procedimiento que cautela distintos efectos que se pueden producir a raíz del cambio de los apellidos de una persona. Es a eso a lo que nosotros queremos apuntar.
El principio de la inmutabilidad del nombre tiene que ver con las certezas que nuestro derecho debe dar en las relaciones de las personas. Y esas relaciones jurídicas operan, desde luego, en el interés del titular del derecho, de la persona misma; pero también operan en beneficio y en interés de sus contrapartes; de las instituciones que actúan en función de estas relaciones; de los propios órganos del Estado, que deben precaver la seguridad de las personas, y también por razones de seguridad de la sociedad en su conjunto.
Y si uno analiza los eventuales efectos que pudiera tener, surgen algunas inquietudes en temas muy concretos y específicos, algunos de los cuales -entiendo- han sido puestos en conocimiento de esta Sala, y que nosotros queremos reiterar.
Por ejemplo, en los casos de interdicción de incapaces y de las propias resoluciones que los rehabilitan, recuperando su plena capacidad. El propio Código Civil, en su artículo 447, exige que cuando exista interdicción de alguien -por ejemplo, la interdicción del pródigo-, estos decretos deben ser inscritos en el Registro del Conservador y tienen que ser notificados por medio de tres publicaciones en un diario comunal, provincial o regional, de manera de lograr la debida publicidad de la puesta en interdicción de una persona. Si la modificación del nombre y los apellidos de la persona se hace con posterioridad a esto, todo ese esfuerzo de publicidad queda trunco. Y por eso mismo impacta, probablemente en forma negativa, en las actuaciones que esa persona pueda tener, porque van a ser inoponibles. Y, en ese sentido, estamos generando una situación compleja en esa hipótesis. Y lo mismo ocurre a la inversa, cuando se rehabilita al incapaz.
En otro ámbito, que no es menor, y a propósito del comentario que hacía la Senadora Ebensperger respecto del registro del Conservador de Bienes Raíces, nuestro país funda su registro conservatorio en el folio personal, es decir, se estructura sobre la base de los derechos sobre las cosas que tienen las personas y no sobre la historia del bien raíz, que es el denominado "folio real".
Este no es un tema menor. Incluso, en el proyecto de cambio del régimen notarial y registral chileno -ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero, lamentablemente, aún duerme en la Comisión de Constitución del Senado por más de un año- se busca instalar el folio real, porque hace que la historia del bien raíz sea la que adquiera visibilidad y su propia identidad a lo largo del tiempo. Es la forma como se ha desarrollado esto en muchas partes del mundo y es lo que permite asegurar la mayor certeza en todas las transacciones o en todos los gravámenes que se puedan establecer en distintos momentos de la historia de ese bien raíz. Pero hoy día el elemento que individualiza las transferencias de dominio o la historia del bien raíz es el folio personal y, por lo tanto, el cambio en el orden de los apellidos puede producir consecuencias en la construcción efectiva de la historia de un bien raíz.
Y no solo en el caso de alguien con una gran cantidad de patrimonio, sino de cualquier persona -una modesta persona que compra un bien raíz de 2 mil, de 3 mil UF, una persona de clase media-, si esa historia no está bien construida, podría estar adquiriendo un bien que puede ser objeto de impugnaciones, que adolezca de vicios de nulidad, por el problema de la individualización de los nombres de sus titulares.
Por lo tanto, ahí es donde se produce impacto en los derechos de propiedad; en los negocios jurídicos relativos a las transferencias y constituciones de gravámenes sobre los inmuebles; en los derechos hereditarios; en los trámites de posesión efectiva; en la división de las masas hereditarias, etcétera. Hay aquí impactos que pueden llegar hasta las liquidaciones de sociedades conyugales, las liquidaciones de comunidades, de bienes familiares, del patrimonio reservado de la mujer casada. No quiero seguir. Solamente deseo abrir el espacio a la reflexión sobre esta materia.
Otra área en donde se pueden producir problemas es en el otorgamiento del testamento, ya que estos se deben otorgar -como lo establece el Código Civil- señalando el nombre y apellido del testador y los testigos. Por ello, su determinación precisa es relevante al momento de la ejecución de los testamentos cerrados, conforme al artículo 1.025 del Código Civil, por cuanto son los testigos instrumentales aquellos que tienen que estar presentes en su apertura. Si hay variación en los nombres de estos, su búsqueda pudiera dificultarse, obstando que cumplan con su función natural y, por lo tanto, impidiendo la claridad en la transmisión de los bienes vía sucesión por estas circunstancias que pueden alterar los testamentos.
Finalmente, Presidenta, Senadores y Senadoras, no puedo dejar de mencionar, ya desde el punto de vista más propio del Ministerio, que hay modificaciones que pueden afectar al Registro Civil, porque estos cambios van a implicar necesariamente modificar su base de datos, razón por la cual se debe consultar -creo yo- a este Servicio. Yo no lo he consultado, no he tenido la oportunidad de conversar, porque no he estado siguiendo la evolución de este proyecto, ni hemos tenido participación en él. En este sentido, necesitamos saber cuáles son los recursos humanos, técnicos y presupuestarios que un cambio así pudiera requerir en dicho Servicio. Quizás no genera un impacto de mayor alcance, pero no me atrevo a decir que lo tiene o no lo tiene, puesto que no hemos estudiado este tema y no cuento con una información directa del Registro Civil en la materia.
Se podrá preguntar por qué no se vio antes. Es posible. Y si hay en alguna parte algún grado de negligencia o de responsabilidad por esto, la asumo en lo que a mí me toca, si me toca algo. Pero igual el principio es que las leyes las debemos hacer bien y, en ese ámbito, no cometer errores.
Quiero recordar -y con esto voy concluyendo, Presidenta- que cuando tratamos el proyecto de ley de Identidad de Género, que supuso cambios por los efectos que pudiera tener el que una persona que haya sido inscrita como hombre sea mujer, o a la inversa, una persona que haya sido inscrita como mujer sea hombre, se establecieron en la ley, y con mucho cuidado, normas que permitieron prever los efectos que eso pudiese generar. Se consideraron exigencias para que, de ahí en adelante, todos los instrumentos públicos estuviesen obligados a recoger ese cambio de identidad de la persona, que ya no debería ser reconocida según cual fuera el origen que tenía desde el punto de vista biológico -sea hombre o sea mujer-, para ahora tener en su identidad un nuevo nombre, por lo tanto, un género distinto.
Se previó, se tomaron todas las medidas del caso, y la ley estableció cuáles eran las consecuencias y qué debería hacer el propio Registro Civil para asegurar que, en todos los ámbitos de la actuación pública, estos aspectos pudiesen ser recogidos y respetar, así, el derecho a la identidad de género de la persona que lo modificó en la forma que estableció dicha ley.
Yo no quisiera que alguien viera aquí -como lo señalaba de alguna forma la Senadora Allende- una voluntad de bloquear el proyecto. El Ejecutivo no es partidario de rechazar esta iniciativa. Y, por lo tanto, no estamos insinuando en ningún sentido una votación en esa dirección. Que se apruebe no es para nosotros un obstáculo. Nos parece absolutamente razonable y pertinente abrir espacios de esta naturaleza, porque van conformando la sociedad que queremos, una sociedad de plena igualdad entre el hombre y la mujer, y estos aspectos, que son resabios, herencias de una sociedad patrilineal, deben ser modificados.
En tal sentido, estamos disponibles para avanzar en esta materia. Y acojo los reclamos que ha hecho presente la Senadora Allende, porque son datos concretos. Pero, no obstante ello, siento que se puede hacer un esfuerzo mayor en el Senado para asegurar que no se produzcan efectos como los que estamos previendo en el ámbito jurídico y en el ámbito del funcionamiento social. La certeza que las normas legales deben otorgar exige la mayor atención posible. De ahí que seamos partidarios de una revisión ulterior por Comisiones, para asegurar que estas materias sean consideradas. Si es en la discusión particular, en la discusión particular. Pero si se despachara este proyecto -y, por lo tanto, se cerrara este segundo trámite constitucional-, las posibilidades de corrección, de precisión, de rectificación se hacen más difíciles.
Disculpen esta intervención, que podrá ser considerada un poco tardía, pero prefiero transmitir con honestidad y transparencia nuestras inquietudes respecto de las eventuales consecuencias de un proyecto, más allá de las responsabilidades que pudieran existir de haber llegado a esta situación. Pero, con todo, creo que es mejor que la decisión se adopte teniendo esto en consideración y, ojalá, buscando mecanismos y fórmulas que permitan corregir cualquier deficiencia que en sus efectos jurídicos pudiera tener la aprobación de esta norma tal cual está, desde el punto de vista de la certeza jurídica y la seguridad en la relaciones que las leyes siempre deben otorgar.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, señor Ministro.
Senadora Isabel Allende, le ofrecemos la palabra.
La señora ALLENDE.-
Señora Presidenta, no es mi ánimo extender esta discusión, pero creo que es muy relevante, y esa es la única razón que me motiva.
Yo reconozco que el Ministro Larraín ha hecho un esfuerzo por plantear algunos cuestionamientos que podrían suscitarse. Pero también -entiendo que así lo ha dicho- reconoce que no siguió el proyecto, que el Ejecutivo no se hizo presente, no formuló las indicaciones. Pero no solo eso: en la historia que yo narré esto viene del 2008, y nunca se discutió. Y por eso creemos que ya es suficiente.
No puedo dejar de mencionar -no se ha dicho acá, por supuesto, porque no se ha visto en detalle, pero ahora lo estamos tratando en general y particular- el artículo 17 bis, que dispone:
"El Director Nacional del Registro Civil podrá, por una sola vez y previo informe favorable de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público, rectificar administrativamente las inscripciones de nacimiento cuando el solicitante desee invertir el orden de sus apellidos, que uno u otro pasen a ser compuestos o usar los apellidos del progenitor respecto del que se encuentre exclusivamente establecida la filiación.
"El requirente deberá, al momento de presentar la solicitud, acompañar una declaración jurada notarial en la que señale que no existe juicio pendiente iniciado en su contra con anterioridad a la fecha de su presentación. La falsedad en el contenido de la declaración será sancionada con la pena prevista en el artículo 212 del Código Penal.
"La rectificación correspondiente se publicará a costa del solicitante (...)".
Lo que quiero señalar es que se tomó en consideración todo esto.
Cabe mencionar que la rectificación requiere informe favorable de diversas instituciones, con el objeto de evitar que evadan la justicia; que, además, va a ser publicada; que el uso de un nuevo apellido para eximirse, impedir o dificultar el cumplimiento de una obligación se sancionará penalmente. Yo creo que se han tomado una serie de medidas.
Esto tiene cincuenta años.
Yo soy partidaria de que votemos a favor, Presidenta.
Y si quiere tomar en consideración esto -han pasado cincuenta años desde que ocurren estas situaciones de cambio, con muchos casos al año-, el Gobierno puede perfectamente enviar un nuevo proyecto de ley complementaria general, para la totalidad de los cambios de apellidos. Más allá de que hemos considerado -y lo he mostrado en el artículo 17 bis- una serie de elementos para hacer esto rigurosamente, el Ejecutivo puede plantear una ley general, o incluso regular la situación por la vía del reglamento. Pero lo que me parece inaceptable, ¡inaceptable!, es que nos tardemos dieciséis años y ahora, ¡ahora!, surjan estas aprensiones, en circunstancias de que tenemos, por un lado, una ley que rige desde hace cincuenta años, y por otra parte, lo que ya he expresado y respecto de lo cual no me voy a extender.
Creo que tenemos que dar la oportunidad de que la mujer pueda decir: "Yo quiero que anteceda mi apellido", si hay acuerdo en una pareja, en un matrimonio. Me parece que eso es enteramente razonable. Y se tomaron medidas de resguardo.
Por lo tanto, yo le pido a esta Sala, Presidenta, que votemos. Y si el Ministro quiere hacer una serie de precisiones, más allá de lo que en el artículo hemos propuesto nosotros, perfecto: haga una ley complementaria para la totalidad de los cambios. Porque si se dan situaciones que podrían verse afectadas, muy bien: haga una ley general o utilice la vía del reglamento. Pero, Ministro, no es aceptable, en el momento que estaba previsto, después de una votación unánime de la Comisión, que se vengan a plantear todas estas aprensiones, habiendo tenido toda la oportunidad de hacerlo antes. Eso no lo exime de la responsabilidad; eso no lo exime de la duda legítima que nos genera si hay o no intención de apoyarlo.
Entonces, si existe intención de apoyar el proyecto, lo votamos, lo sacamos, y usted se compromete, vía reglamento o a través de una ley complementaria, a abordar los casos más generales respecto de lo que significa el cambio de apellido.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Mucha gracias, Senadora Isabel Allende.
Nos ha pedido también la palabra la Senadora Adriana Muñoz.
También están inscritos el Senador José Miguel Insulza, el Senador Francisco Chahuán y el Senador Juan Antonio Coloma.
Solo quiero recordar que este proyecto fue definido por los Comités como de Fácil Despacho, ¡si puede haber cosas fáciles...!
El señor COLOMA.-
¡Nada es de fácil despacho...!
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senadora Muñoz, tiene usted la palabra.
La señora MUÑOZ.-
Señora Presidenta, realmente, un proyecto de Fácil Despacho en materias culturales parecía un milagro de este Parlamento. Claro, luego de dieciséis años de trámite, cuando logramos unanimidad, transversalidad en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, todo hacía presagiar que el trámite sería de fácil despacho. Sin embargo, las resistencias culturales son fuertes en estas materias.
Lo único que quiero señalar es que el señor Ministro tiene razón en toda la información procedimental que nos ha traído a la Sala. Sin embargo, todo eso, como lo ha dicho nuestra Presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, son materias de un reglamento. Muchas veces nosotros entregamos a la redacción de un reglamento aspectos específicos de procedimiento. Además, en este ámbito existe una huella larga, como señalaba la Senadora Allende: cincuenta años de existencia de una ley que ha regido para estos procesos.
Yo recordaba que hoy día cuesta 150 mil pesos cambiarse de nombre o apellido. Y por cierto que eso genera un impacto, un impacto que ya la vida misma lo ha ido registrando en todas las dimensiones que nos ha mencionado el señor Ministro.
Entonces, no veo -lo señalé ayer- razones de fondo reales para impedir la tramitación rápida de este proyecto a fin de que se transforme en ley de la república. Porque en ese punto estamos, Presidenta.
La Senadora Allende ha hecho una propuesta, que comparto, en el sentido de que estas materias de procedimiento vayan al reglamento o a una ley complementaria.
Pero lo importante es que hoy día nos pronunciemos respecto de este proyecto y lo despachemos, y que el Gobierno haga lo suyo en materia reglamentaria, dado que el Ministerio de Justicia nunca estuvo presente en nuestras Comisiones. Y creo que es importante resaltar eso.
Acá no hay ninguna intención de ofender o de que alguien se sienta pasado a llevar y acuda a los reglamentos. Lo que hay aquí es una alteración realmente impresionante de nuestros propios procedimientos reglamentarios. No es posible que cuando una Comisión llega con un proyecto a la Sala para proponer una votación de última instancia acá se quiera volver a repetir todo un procedimiento, a recibir invitados, vale decir, a abrir nuevamente un debate de dieciséis años. Eso es lo que se propuso ayer: traer invitados, como si nunca hubiésemos hecho esa tramitación. Y, además, se nos dice muchas veces: "Hay que hacer las cosas bien", como si nosotras fuéramos un grupo de parlamentarias que no hacemos las cosas bien.
En consecuencia, Presidenta, creo que la propuesta es ir por una votación hoy día y que el Gobierno elabore un reglamento complementario para las situaciones que nos ha narrado el señor Ministro.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senadora Adriana Muñoz.
Le ofrezco la palabra al Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, en su oportunidad presentamos un proyecto que buscaba justamente el cambio de apellido por motivos fundados (en caso de abuso contra menores u otros), para los efectos de poner en primer lugar el nombre de la madre versus el del padre.
Por de pronto, esta ha sido una larga aspiración. Es un proyecto que ha estado nueve años en el Parlamento. Coincido en que esto puede generar algunos problemas registrales. Es cierto, habría sido útil y oportuno que el Gobierno hubiese estado más atento a la tramitación de esta iniciativa y presentado las indicaciones correspondientes.
Si hoy día hubiera voluntad para fijar un plazo acotado a fin de que el Ejecutivo pueda ingresar sus indicaciones con urgencia y el proyecto sea despachado la próxima semana sin ningún tipo de reparos, sería ideal. En caso contrario, vamos a tener que proceder a votarlo.
Reitero: este ha sido un largo anhelo; es un avance sustantivo. Y el Gobierno tendrá que requerir si hay acuerdo o no para que en una semana todos los temas que plantee puedan ser resueltos. De lo contrario, habrá que pronunciarse respecto de esta iniciativa. Y, por supuesto, soy de la opinión de que hay que votarla favorablemente.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Francisco Chahuán.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, Secretario, por abrirme el micrófono.
En realidad, Presidenta, este proyecto viene en el último listado que recibí, en la tabla que circula a veces en la Secretaría, y figura en el número 54.
Por lo tanto, si no hubiera sido por este tratamiento de Fácil Despacho, que probablemente sea el más largo que hayamos tenido hasta ahora en este año, esta iniciativa seguiría sepultada quien sabe por cuantos años más. Y es responsabilidad no solamente del Gobierno, sino también de todos nosotros haberla dejado así por tantos años.
Ya no es el tiempo de reparar este proyecto o de cambiarlo, sino de votarlo simplemente. Si el Ejecutivo cree que hay que corregirlo, mejor que haga lo que se está sugiriendo acá: que presente una iniciativa complementaria. No le voy a sugerir que la vete, porque, ciertamente, eso tendría algunas connotaciones políticas bastante graves; sin embargo, cuenta con recursos para abordar todos los problemas planteados por el Ministro Larraín y muchos más.
Pero por hoy a nosotros nos toca despachar este asunto, que es de justicia. En realidad, cuando nació era un proyecto casi precursor; era una cosa realmente insólita. Por eso, probablemente, se demoró tanto en su tramitación.
Sin embargo, hoy día es una cuestión obvia.
Por lo tanto, Presidenta, llamo a que pongamos término a este debate y que votemos de una vez este proyecto. Si el Gobierno lo quiere corregir, lo hará de la manera en que se ha señalado.
Ahora bien, no estamos culpando al Ejecutivo, y quiero ser muy claro en esto. Yo no deseo culparlo, pues cuando la Senadora Isabel Allende habla de "dieciséis años", quiere decir que son varios gobiernos y, sobre todo, varios Congresos los que se lo han saltado y lo han sepultado en el fondo de la tabla de proyectos durante todo este tiempo.
Sin embargo, ha llegado el momento de votarlo. Procedamos a ello, y espero que se apruebe.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Gracias, Senador Insulza.
Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, si usted mira el Reglamento del Senado, que funciona desde hace prácticamente doscientos años (es de las cosas más relevantes en un sistema legislativo), constatará que el artículo 131 se pone en el evento de que ocurran cosas como estas.
Aquí parto por señalar que estoy tratando de interpretar lo que el Ministro -a quien conozco; estuvo en el Senado por 24 años, y a mi juicio si hay algo que se ganó fue siempre el respeto de todos por su seriedad- nos ha planteado en el sentido de que, estando de acuerdo con el proyecto -así se lo oí-, hay temas específicos respecto de los cuales -y él asume la responsabilidad que le corresponde durante este período presidencial; habrá otros que lo harán sobre pasadas épocas- la Cartera de Justicia como tal (puede ser un error nuestro como Senado, del Parlamento; del Gobierno, en fin), al no estar en la Comisión de Constitución, no hizo el link en cuanto a que tenían que ver, por ejemplo, con derechos que se hallan consagrados en los códigos y que son de responsabilidad final de este Ministerio.
Entonces, lo que nos está proponiendo -y de eso quería hacerme cargo- es la realización de un segundo informe que incluso puede ser evacuado -y quiero sugerir esto también- por la misma Comisión, para que no exista ninguna sospecha de que se quiere dilatar el tratamiento de este proyecto-, donde sí puedan plantearse cuestiones -eso le entendí al Ministro; no quiero usar ni una expresión que pueda distorsionar sus palabras- que hagan más nítida la idea que se trata de plasmar.
Eso me parece que tiene un sentido razonable. Incluso, Presidente, como jefe de Comité me ofrezco a colocarle fecha de votación y a verlo si se quiere en tabla de Fácil Despacho, a pesar de que usted sabe que a mí no me gusta este tipo de tratamiento para estos efectos, pero en este caso puede ser una buena forma para que todos podamos coincidir.
Asimismo, quería señalar dos cosas adicionales.
En cuanto a las fórmulas planteadas para los efectos de resolver este asunto -deseo hacer una pequeña referencia y hago fe de lo que puedan decir los miembros de otras Comisiones-, cabe señalar que cuando se reglamenta hay que hacerlo sobre la normativa aprobada. Entonces, se hace imposible reglamentar algo distinto de lo que pueda expresar su texto. Tiene que reglamentarse lo que dice aquella.
Ahora bien, el efecto de publicar otra ley con posterioridad significará que todo el período intermedio puede estar sometido a inconvenientes que no queremos. Entiendo eso; en una de esas puedo estar equivocado.
En consecuencia, mi sugerencia -y lo digo con la mejor buena fe- es que el proyecto vuelva a la Comisión para un segundo nuevo informe. Y, en ese escenario, a fin de evitar cualquier suspicacia, planteo invitar a la misma Comisión que despachó este proyecto al Ministro de Justicia con expertos civilistas -es lo que entendí, Ministro- para intentar llegar a acuerdo respecto de una redacción adecuada que nos haga superar algunas dudas que se han hecho presentes desde el punto de vista jurídico.
Insisto: quiero apelar a ese segundo informe evacuado por la misma Comisión que vio esta iniciativa. Desde ya señalo el ánimo, si es necesario, para que ella se vea en el primer lugar de la sesión siguiente que corresponda, una vez evacuado el informe pertinente, sobre el cual no me cabe duda de que la misma Presidenta de la Comisión, Senadora Allende, tendrá la mejor voluntad para tramitarlo lo más rápido posible.
Esa es la propuesta que hago en virtud del artículo 131 del Reglamento. Creo que esto puede ayudar -es verdad lo que se dice-, después de muchos años de tramitación, a terminar en un sistema en que todos estemos seguros de que va a cumplir con el objetivo que se tuvo a la vista, tal como lo ha planteado el Ministro de Justicia.
Es cuanto quería señalar, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Coloma.
Eso nos obliga a colocar en votación su proposición, cuestión que haremos al finalizar las intervenciones de quienes nos han solicitado la palabra. En tal sentido, vamos a cerrar el proceso de inscripción en este momento.
Se hallan inscritos el Senador Elizalde, quien se encuentra participando de esta sesión en forma telemática, y el Senador Carlos Bianchi, el cual se halla presente en la Sala.
Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Gracias, estimada Presidenta.
Creo que están todas las voluntades dadas como para que esto ciertamente tenga un mejor resolver. Sin embargo, me siento en la obligación de buscar una salida a esta situación. Ayer me tocó reemplazarla en la testera, pues usted estaba en una reunión en paralelo con la Sala, y debí asumir, junto con el Secretario y la Mesa, la tarea de tratar de dirimir este problema.
Sobre el particular, quiero hacer fe de lo que señaló la Senadora Luz Ebensperger, pues de verdad siento que es así, pues en ningún momento vi un acto de mala fe de parte de ella: ¡en ningún momento! Es más, Su Señoría partió señalando que estaba de acuerdo con este proyecto, que solo estaba pidiendo un nuevo segundo informe para mejorar a su texto.
En tal sentido, se indicó que efectivamente no había participado en esto el Gobierno, en la persona del Ministro de Justicia, y nosotros dijimos como Mesa que el Ejecutivo, al ser colegislador, puede seguir la tramitación, estar o no; pero aquí dicho Secretario de Estado ha sido tremendamente gráfico al expresar que tiene toda la voluntad para resolver esta materia. Y de su presentación entendí que incluso el Gobierno y el Ministro están de acuerdo con este proyecto.
Después el Senador Coloma nos pidió ver este asunto en la sesión siguiente, que era hoy día. Y con la Secretaría tomamos la decisión de que esto se hiciera en el primer lugar de la tabla.
Me alegro de esto, Presidenta, porque entiendo de lo que se trata acá. Creo que nadie está en desacuerdo con el proyecto dada la realidad de país, la realidad que tenemos en las familias en el convivir diario; creo que nadie está en desacuerdo con buscar algo que entrabe su tramitación.
Dicho aquello, cabe manifestar que a mi juicio hay que acoger lo señalado por el Senador Coloma, en el sentido de que debemos buscar un mecanismo -la Comisión la preside la Senadora Allende- para darle agilidad al despacho de esta iniciativa y para decirle al país que en una semana más, o en la próxima semana, va a salir de este Senado un mejor proyecto, que es lo que todos pretendemos.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Bianchi.
Le ofrezco la palabra al Senador Álvaro Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Presidenta, en primer lugar, quiero señalar que en nuestro ordenamiento constitucional el Poder Ejecutivo es un órgano colegislador de gran importancia. Tan así es que, por ejemplo, en cuanto al uso de la palabra, tanto en las sesiones de Sala como en las de Comisiones los Ministros de Estado tienen -así podríamos decirlo- un derecho preferente. Y, por cierto, parte de la labor legislativa se realiza en torno a un permanente diálogo con el Gobierno, cualquiera que sea su orientación, obviamente, en la medida en que haya sido elegido democráticamente.
Sin embargo, a mí me llama la atención en el sentido de que este no es un caso aislado: que el Gobierno llegue tarde a un debate de esta relevancia. Hace un par de días íbamos a votar en la Sala un proyecto de la Comisión de Agricultura, pero el Ejecutivo presentó una indicación: se habló con la Mesa y el proyecto tuvo que volver a la Comisión. En dicha instancia hicimos el reclamo: ¿Por qué el Gobierno había presentado esa indicación en la tramitación de ese proyecto? Y no fue una sorpresa -quiero decir esto- para el Ministerio de Agricultura, porque esta iniciativa se estuvo debatiendo durante bastante tiempo. Pues bien, el proyecto tuvo que volver a la Comisión para que el Gobierno presentara la indicación respectiva. Actuamos de buena fe, en un espíritu constructivo, y finalmente la acogimos.
Pero esta es una práctica que hay que erradicar, porque por un mínimo respeto y deferencia hacia el Congreso Nacional lo que corresponde es que el Ejecutivo se haga parte en el debate legislativo a tiempo y presente las indicaciones con la misma celeridad con la cual las debemos presentar los parlamentarios.
A mí me llama la atención que se llegue tardíamente a este debate. Por cierto, no es solo responsabilidad de este Gobierno. Pero en lo que respecta a esta Administración, llama la atención que haya tenido que llegar a la Sala el proyecto para señalar que tenía observaciones.
La excusa de que esto se vio en una Comisión que no fue la de Constitución no me parece buena. Hay un Ministerio Secretaría General de la Presidencia que cuenta con un ejército de abogados que deben hacer seguimiento a los trámites legislativos, uno por Comisión -así ha sido tradicionalmente- y que han de estar informando respecto del avance de los distintos proyectos de ley. Por tanto, el que una iniciativa esté en una u otra Comisión no es relevante; es más, nuestro Reglamento no exige que los proyectos sean vistos en una Comisión en particular: es la Sala la que resuelve en qué Comisiones será analizada una iniciativa.
Entonces, a mí esa me parece una mala excusa.
Ahora bien, el Gobierno tiene varias alternativas si es que esta iniciativa finalmente se aprueba hoy día. En primer lugar, presentar un proyecto de ley adicional para introducir las modificaciones a que ha hecho referencia el Ministro, o eventualmente enviar un veto de carácter aditivo o sustitutivo.
Pero sí es evidente que no hay excusa para haber llegado tarde a un debate que lleva años en el Parlamento y que es fundamental.
Y entro al fondo del asunto: es de toda lógica que se pueda escoger el orden de los apellidos. Esta es una norma que existe en otras partes del mundo y que establece una igualdad de género. Porque la tradición que existe en Chile de dos apellidos, que es la española, establece que el apellido del padre va primero y el de la madre va segundo. En legislaciones de otros países se puede alterar ese orden. Incluso en otras partes del mundo existe un solo apellido. Es más, durante la vida de las personas su estado civil puede significar que se modifique el apellido. Y eso no genera problemas de identificación, porque en el caso chileno en particular hay un dato que nunca cambia y que nos acompaña desde que somos inscritos en el Registro Civil, porque nuestro nacimiento es inscrito en dicho Servicio a contar de principios de la década del 80: el Rol Único Nacional. La runificación establece una asociación entre un número y una persona, e independientemente del cambio de nombre, no se altera nunca y permite la identificación de las personas.
Es más, nuestra legislación actualmente permite el cambio de nombre.
Por eso quisiera insistir en que el Gobierno debe corregir este error y tiene que ser más proactivo para los efectos de participar en el debate de los distintos proyectos de ley. No debe esperar a que lleguen a la Sala para señalar: "¡Ah! Me interesa aportar. ¿Saben qué? En esta oportunidad quiero realizar una observación: voy a presentar una indicación".
Por un mínimo de respeto el Gobierno debiera cumplir con los mismos plazos que tenemos los parlamentarios. Porque si un parlamentario llega ahora a la Sala y dice "¿Saben qué? Me olvidé, no me interesó; pero ahora quiero formular indicaciones", existe una serie de requisitos para que las pueda presentar en la Sala. Incluso, cuando hay urgencias tenemos mayores restricciones.
Entonces, lo único que pido es que el Ejecutivo sea más deferente y respetuoso con el trabajo que realiza el Congreso Nacional y llegue a tiempo. Ello, a fin de que no se vuelva a repetir la experiencia de que, cuando los proyectos están en Sala, señale que quiere participar presentando modificaciones a través de indicaciones para perfeccionar su texto.
De todas maneras, creo que es necesario aprobar esta iniciativa, pues en el fondo, como lo señalé, plantea una norma básica que establece una verdadera igualdad de género, en que finalmente se puede decidir cuál es el orden de los apellidos sin que exista una preeminencia anticipada respecto del apellido del padre, independientemente de que, por defecto, cuando no exista ese acuerdo el mismo proyecto dispone que será el apellido del padre el que irá primero.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias, Senador Álvaro Elizalde.
De acuerdo con el Reglamento, el Senador Coloma ha hecho una solicitud que esta Mesa debe colocar en votación.
Le ofrezco la palabra a la Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En razón de lo solicitado por el Senador señor Coloma, quien ha invocado el artículo 131 del Reglamento, que se encuentra dentro del Título VI, relativo a las discusiones, particularmente en el Párrafo 4°, de las indicaciones que pueden formularse dentro de las discusiones, para los efectos de tener claridad y precisión sobre el particular debo señalar que dicha norma indica que: "En las discusiones de los asuntos sometidos a la consideración del Senado, no podrán promoverse cuestiones ajenas a la materia de que se trate. Sin embargo, tendrán cabida las siguientes indicaciones". Y el numeral 7° señala: "Para enviar o volver el asunto a Comisión, debiendo indicarse, en el mismo acto, el objeto preciso del trámite requerido".
A este respecto, Sus Señorías, esa misma norma expresa que "Las indicaciones" -y se refiere al inciso final, a las otras indicaciones- "se votarán en el acto, si su autor así lo solicita. En caso contrario, se discutirán junto con la proposición en debate y se votarán antes que ésta.".
Como lo ha indicado la señora Presidenta, corresponde, en consecuencia, votar la solicitud planteada por el Senador señor Coloma de la devolución de este proyecto a la Comisión por determinado plazo para un nuevo segundo informe...
El señor COLOMA.-
Una semana.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Una semana?
El señor COLOMA.-
Así es.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Coloma plantea que el proyecto vuelva a la Comisión para un nuevo segundo informe, el cual deberá ser evacuado en el período de una semana.
Para esos efectos, Sus Señorías, la opción "sí" es por aprobar la solicitud formulada por el Senador señor Coloma; la opción "no" es para rechazarla y continuar con la tramitación de este proyecto ahora en Sala.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Está abierta la votación en la Sala.
Este es un proyecto de quorum simple.
Hoy día corresponde iniciar la consulta de voto de Sus Señorías con el Senador señor De Urresti.
Senador señor De Urresti...
La señora EBENSPERGER.-
Están pidiendo la palabra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora señora Allende está solicitando la palabra.
El señor ELIZALDE.-
Presidenta, una cosa previa, por favor.
Sugiero que le dé la palabra a la Presidenta de la Comisión para ver si es posible establecer alguna forma de acuerdo en esta materia.
Por tanto, planteo que le otorgue la palabra a la Senadora Isabel Allende, quien la está pidiendo insistentemente.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
No teníamos registrada la petición de palabra de la Senadora; pero se la ofrecemos de inmediato.
Puede intervenir, Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
Disculpe, Presidenta, no alcancé a ponerlo en el chat, pero estaba levantando la mano para pedir la palabra. Entiendo que es bien difícil desde la Mesa poder mirar a todos en la pantalla.
En verdad, mi posición -lo dije al comienzo- era que votáramos este proyecto. Pero entiendo que si aquí le ponemos el plazo fijo de una semana para que vaya a la Comisión a fin de que se trabaje en este asunto, yo me allano a eso. Digo esto a título personal, pues no he tenido tiempo de consultarles a los demás miembros de la Comisión. Pero entiendo que estamos dando una señal.
Esta iniciativa tiene que aprobarse. Y si hay temas procedimentales que son arreglables en una semana, me allano a decir: "Okay, no lo votemos; accedemos a hacer esto siempre y cuando sea en una semana, y que luego el proyecto se trate en tabla de Fácil Despacho y se despacha".
Mostremos esa voluntad, porque es importante, necesario, y nos ayuda a las mujeres a sentir que tenemos igualdad de derechos. Y así no se sigue solamente -comillas- la mirada más tradicional, que da por hecho que esto tiene que ser de una manera y no da otra opción. Eso es lo importante.
Entonces, yo me allano, siempre y cuando esta Sala nos garantice que va a la Comisión solo una semana para que el Gobierno actúe. Y el Gobierno tiene que reconocer que no estuvo presente. ¡Si ese es el tema! Por eso nos molesta tanto a la Comisión -yo lo entiendo- y mi reacción inicial fue decir "votémoslo".
¿Pero sabe qué, Presidenta? Yo también lo entiendo. Y okay. Si es así, inmediatamente a la vuelta, cuando tengamos la sesión respectiva, este proyecto tiene que ser despachado.
Y espero que ahí entonces se muestre efectivamente la voluntad de que esta iniciativa se va a aprobar o, por lo menos, se va a votar en el plazo que hemos establecido.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senadora Allende.
Si bien es cierto se había abierto la votación, debo recabar el acuerdo unánime de la Sala para suspenderla y allanarnos a lo que nos ha propuesto la propia Presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género.
¿Les parece a Sus Señorías proceder en esos términos?
Acordado.
Asimismo, se dará una semana más de plazo para la presentación de indicaciones.
Tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Presidenta, la flexibilidad de nuestra Comisión, de verdad, la felicito, pero creo que este procedimiento no se puede seguir tolerando.
¡No es aceptable esta falta de respeto del Ejecutivo al trabajo parlamentario!
Ya lo señalaba el Senador Elizalde: no es el primer caso en que sucede.
Entonces, si esto sienta un referente, es lamentable. Estamos siendo pasados a llevar completamente en nuestras facultades legislativas.
Lo que yo quiero preguntar, Presidenta, para que aquí quede claro, es cuándo este proyecto llega a la Sala, con fecha ahora y prioridad en la tabla.
Por eso le consulto a usted, señora Presidenta, qué día será, porque la semana que viene es regional. Y yo no quiero que me hagan gestos o que me digan "el martes". ¡No!
Quiero que quede establecido aquí en Sala qué día y en qué lugar de la tabla va a ir este proyecto, con el propósito de que la Comisión de Mujer y Equidad de Género reciba al Ministro Hernán Larraín, quien se ha dignado a asistir a ella, para proponer todo el procedimiento que él ha planteado, y ese mismo día el proyecto sale de la Comisión despachado a la Sala.
Y la Comisión podemos reunirnos el lunes o el martes, para que el martes a primera hora el proyecto de ley esté acá en Sala para su tramitación.
Yo quiero una fecha clara ahora.
Me parece inaceptable lo que ha sucedido, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senadora.
Nosotros sabemos que el Gobierno es uno solo y que cuando tenemos la representación en la Comisión de la Ministra del ramo, entendemos que esa es la opinión general del Gobierno.
Dada la solicitud de la Senadora Muñoz, el proyecto será el primero en la tabla de la sesión del próximo martes 13 de abril.
¿Les parece?
Muy bien.
Así se acuerda.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En consecuencia, conforme a lo que ha indicado la señora Presidenta, se anula la votación que se había abierto y se registra el acuerdo unánime de la Sala para lo señalado.
También se consignará el respectivo acuerdo de las señoras Senadoras y los señores Senadores que están en pantalla en este minuto, lo cual será registrado desde el Departamento de Informática del Senado.
--Se acuerda devolver el proyecto a la Comisión de Mujer y Equidad de Género a fin de que esta emita un nuevo segundo informe, fijándose como plazo para formular indicaciones el jueves 8 de abril, a las 12.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Pasamos al siguiente proyecto.
NORMAS DE EFICIENCIA HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Corresponde entrar a la discusión general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señoras Allende, Muñoz y Provoste y señores Castro y Elizalde, que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, con informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 13.179-09) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
El principal objetivo del proyecto es, en lo fundamental, reducir los efectos del cambio climático y de la megasequía en nuestro país, mediante el incentivo de la eficiencia hídrica y del uso racional del agua en el sector productivo.
La Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía discutió este proyecto solamente en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, y lo aprobó por la mayoría de sus miembros. Se pronunciaron favorablemente los Senadores señoras Allende y Provoste y señores Castro y Navarro; se abstuvo la Senadora señora Ebensperger.
Cabe tener presente que el artículo 5, denominado "Restitución a la fuente de origen", es una norma de quorum calificado, por lo que requiere 22 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 105 a 107 del primer informe de la Comisión Especial, el cual se encuentra a disposición de Sus Señorías en la Sala y también está disponible en la plataforma informática de la sesión telemática, y ha sido remitido al correo de todas las señoras Senadoras y señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
En discusión la idea de legislar.
Le ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, Senadora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Gracias, Presidenta.
La Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía aprobó en general el proyecto de ley que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático.
Para el análisis de la iniciativa, la Comisión destinó cuatro sesiones y contó con la participación de numerosos invitados e invitadas, tanto del ámbito público como privado, incluyendo a centros de estudios, entidades de educación superior, representantes de sectores productivos e investigadores de organismos internacionales.
El texto del proyecto en informe consta de nueve artículos, cuyo contenido paso brevemente a reseñar.
El artículo 1 establece el objeto del cuerpo legal que, como se señaló, se orienta a atenuar o reducir los efectos del cambio climático y la megasequía en el país, mediante el incentivo de la eficiencia hídrica y el uso racional del agua en el sector productivo.
El artículo 2 excluye de su aplicación a algunos sectores o actividades, fundamentalmente por estimarse que cuentan con una menor posibilidad de adaptación a las nuevas exigencias. Esto involucra principalmente a tres ámbitos.
Por una parte, no se aplicará a las asociaciones de comités de agua potable rural y los servicios sanitarios rurales.
Por otro lado, se excluye a los derechos de aprovechamiento de aguas de menor entidad, tales como titulares que sean pequeños productores agrícolas; derechos aprovechamiento de aguas de caudales inferiores a cinco litros por segundo; derechos de aprovechamiento de agua que no tengan finalidad extractiva, así como los derechos de aprovechamiento con finalidad de conservación o de uso in situ.
Asimismo, la normativa tampoco se aplicará a las aguas desaladas.
El artículo 3 incorpora en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, nuevas definiciones relativas a la huella del agua y su evaluación.
El artículo 4 establece planes, sistemas y auditorías de eficiencia hídrica, que podrán realizar las organizaciones de usuarios de aguas, las comunidades de aguas y los beneficiarios de bonificación obtenida a través de la ley N° 18.450.
El artículo 5 regula la restitución a la fuente de origen, obligando a que el 25 por ciento de la ganancia en caudal y/o agua, que se produzca por eficiencia hídrica producto de una bonificación obtenida, se restituya a su respectivo curso o cauce de agua subterránea o superficial.
El artículo 6 consagra los estándares y certificación de eficiencia hídrica, aplicables a los productores agrícolas, forestales y titulares de productores mineros.
El artículo 7 obliga a las industrias con instalaciones superiores a 5 mil metros cuadrados, ubicadas entre las Regiones de Biobío y Aysén, a contar con sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvia para fines productivos o riego de áreas verdes, y también con sistemas de manejo de escorrentía al objeto de evitar la descarga de aguas lluvia en los alcantarillados.
El artículo 8 establece el deber de someter al procedimiento de la evaluación de impacto ambiental los proyectos de riego y/o cultivo agrícola, según sus magnitudes, uso de agua en función de balance hídrico de la cuenca, tipo de cultivo, tecnología de riego, suelo y zona del país.
Por último, relacionado con las nuevas definiciones incorporadas, el artículo final modifica la ley N° 19.300, con el objeto de prescribir que los estudios de impacto ambiental deberán considerar una evaluación de la huella de agua, límites de consumo de agua y metas de eficiencia del proyecto o actividad de que se trate.
En general, señora Presidenta, los invitados coincidieron en la relevancia del tema, atendida la especial coyuntura que viven nuestro país y el resto del mundo, a consecuencia del cambio climático y de las preocupantes perspectivas que genera, caracterizadas por la grave escasez hídrica.
Con respecto a las medidas específicas planteadas, se expresaron ciertas opiniones discrepantes en torno a la pertinencia, viabilidad y suficiencia de algunas de ellas, y se realizaron sugerencias que podrán ser abordadas en la discusión particular.
Se hizo presente, además, la importancia de involucrar en esta temática no solo a los sectores productivos, atendido que la responsabilidad de cuidar el agua trasciende a esos usos.
Por último, se advirtió la necesidad de complementar el texto, estableciendo entidades responsables y obligaciones específicas, las que, según los patrocinantes, no ha sido posible incluir por los límites que impone la iniciativa parlamentaria, cuestión que podría mejorarse con el supuesto apoyo del Ejecutivo.
Es todo cuanto puedo informar a esta Honorable Sala, señora Presidenta.
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Adriana Muñoz.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende, y luego el Senador Alfonso de Urresti.
La señora ALLENDE.-
Muchas gracias, Presidenta.
En primer lugar, quiero hacer presente que hemos ingresado este proyecto de ley, que ha detallado muy bien la Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, junto a la Senadora Muñoz y a los Senadores Castro y Elizalde, que nos acompañaron, porque obviamente el tema del agua se ha vuelto cada vez más acuciante, especialmente en un país como el nuestro, que es particularmente vulnerable al cambio climático.
Así lo hemos estado experimentando con la dura sequía que nos ha acompañado más de una década y que en un país con grandes desigualdades sociales como el nuestro afecta, por cierto, en primer lugar a los sectores más vulnerables.
Nosotros tenemos cierta opinión de que algunas de las reformas que está proponiendo el Gobierno no son suficientes. El agua obviamente es un derecho humano, es un recurso estratégico y el Estado debe garantizar el acceso a ella. Y, por cierto, aquí estamos hablando de cómo cuidar este bien, que cada día se hace más escaso.
Asimismo, cabe puntualizar que este proyecto se inspira en una moción que presentamos tiempo atrás junto al Senador De Urresti, quien nos acompañó en su momento, y en una moción del Senador Horvath, quien también fue un gran inspirador en esta materia.
Y eso fue muy importante, porque el Gobierno hizo unos cambios, se involucró y terminó en el proyecto que nos ocupa sobre eficiencia energética. Porque es muy relevante cuando se tiene conciencia como país de que frente a la escasez de un recurso fundamental, estratégico e indispensable debemos cuidarlo.
Entonces, lo primero que podemos señalar -ya anteriormente hizo alguna referencia breve la Presidenta de la Comisión- es que usamos el vocablo "podrá" cuando estamos hablando de atribuciones del Estado. Eso obedece obviamente a los obstáculos que nosotros tenemos como legisladores en cuanto a que se requiere patrocinio del Ejecutivo para impulsarlas.
Por lo tanto, yo espero -y así fue el compromiso que escuchamos en la presentación en la Comisión, pues efectivamente el Gobierno miraba este proyecto con simpatía- que haya patrocinio del Ejecutivo para que no tengamos que limitarnos en algunas de las atribuciones que, incluso, el mismo Ejecutivo puede ejecutar.
En segundo lugar, me parece muy importante dejar establecido que este proyecto en ningún caso va a buscar imponer cargas a aquellas personas con menos recursos con relación a los usos vitales del recurso hídrico.
Por eso hicimos un abanico de excepciones a la normativa y no tenemos problemas en incorporar otros casos si es necesario. Estamos hablando de los APR, de los pequeños agricultores y, por cierto, del consumo humano.
Es muy esencial, entonces, entender qué hace este proyecto.
Como aquí se ha explicado, lo primero que hace el proyecto es establecer exigencias a los grandes consumidores de agua mediante planes de eficiencia hídrica, que sean, a su vez, controlados por auditores externos.
Se incorpora, entonces, legalmente a nuestro ordenamiento jurídico la definición de "huella hídrica" -y esto es muy importante- a los efectos de que la evaluación ambiental utilice este concepto.
Asimismo, se identifica a los usuarios que reciben subsidios y beneficios económicos de la Comisión Nacional de Riego a fin de que implementen planes de eficiencia hídrica y auditorías, los cuales se deberán informar a la autoridad.
Se busca -esto es bien interesante- evitar lo que llamamos la "paradoja de la eficiencia", que se ha comprobado en otras áreas, a través de la cual un aumento en la eficiencia a veces termina siendo un aumento del consumo. Es sabido que, producto de la eficiencia en el riego y por bonificaciones de la Comisión Nacional de Riego, muchas veces aumenta el consumo del agua, dado que se incrementan las hectáreas regadas. Para que se entienda, en vez de ahorrar, utilizamos ese extra en consumir más.
La norma que promueve el proyecto viene a establecer un porcentaje de restitución a los ecosistemas, que permitirá paliar este efecto, esta suerte de contradicción.
Y esto es muy importante entenderlo, porque lo que nosotros estamos proponiendo es que, para mayor eficiencia, un 25 por ciento de restitución del cauce, o sea, lo que se ha ahorrado, sea introducido en nuestro ecosistema. Incluso, algunos de los invitados que estuvieron presentes para comentar este proyecto manifestaron que ese porcentaje podría ser mayor.
El proyecto también habilita un sistema de certificación importante, toda vez que permitirá insertar incentivos adecuados en el mercado para privilegiar los productos más eficientes en uso del agua, tanto en su producción y diseño como en su uso y consumo.
Dicho de otra forma, esta idea puede ser un símil de lo que actualmente sucede en el etiquetado de los alimentos. Las personas pueden evaluar los productos y los procesos de elaboración en la comida, en la fabricación de materiales e insumos, en las viviendas y en una serie de otras áreas donde esto ocurre. Por eso el sello, en vez de decir "Alto en calorías", dirá "Alto en uso de agua".
Asimismo, el proyecto obliga a generar un sistema de recolección de aguas lluvia para aquellas grandes industrias ubicadas en superficies de regiones lluviosas, al efecto de no sobrecargar los ecosistemas. En este caso, la lógica de este artículo busca el descarte de agua que no puede entrar al ecosistema de forma directa como resultado de un suelo impermeable. Esto indica, entonces, que se aplicaría únicamente a zonas comprendidas entre el Biobío y Aysén, aunque algunos invitados comentaron que este proyecto también podría abarcar a otras áreas o al resto del país.
Se considera someter a evaluación de impacto ambiental aquellos proyectos, actividades de riego o cultivos agrícolas importantes que causen un impacto relevante en el medio ambiente.
Con todo, atendiendo a la complejidad de esta norma, se ha evitado a propósito profundizar en qué tipo de proyectos o actividades deben someterse a evaluación de impacto ambiental, señalando los criterios que el reglamento debe tener en consideración al momento de normar este fenómeno.
Los invitados a comentar este proyecto indicaron que se requiere mayor precisión sobre qué tipo de cultivos se evaluarán, pero esto ya se encuentra abordado, pues se entiende que en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no solo rige la ley, sino también su reglamento.
Y es importante explicar este tema: no es que se vayan a evaluar todos los cultivos agrícolas, sino que quedarán sujetos al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuáles son los criterios técnicos. Y los reglamentos van a depender del gobierno de turno.
Por lo tanto, el proyecto distingue por magnitudes el uso del agua en función del balance hídrico de la cuenca, tipo de cultivos, tecnología de riego, suelo y zona del país.
Y quiero adelantarme a aquellos comentarios que dicen que estamos colocándolos a todos en el mismo saco. Fuimos particularmente rigurosos en esta materia, porque el proyecto distingue y además deja a los técnicos del Gobierno la definición de los criterios que determinarán en qué casos deberá evaluarse y en qué casos no, tal como ocurre con otros tipos de proyectos o actividades que deben someterse a evaluación ambiental. Y será el reglamento, entonces, el que indicará con mayor precisión qué debe evaluarse ambientalmente.
Por lo tanto, Presidenta, será cada Gobierno, a través del reglamento, el que deberá especificar estas materias.
Se trata, entonces, de un paso importante para evitar la destrucción del bosque nativo y la proliferación indiscriminada de algunos productos que generan un uso intensivo del agua y que a veces generan dificultades a otras personas para acceder a ella.
Creemos que una norma de esta naturaleza es fundamental, porque necesitamos una agricultura sustentable de cara al cambio climático y la grave sequía que estamos experimentando como país. Chile necesita más eficiencia en el uso del agua; de lo contrario, los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca no van a producir los efectos que estamos buscando. Lo propio pasa con la reforma que acaba de anunciar el Gobierno, que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que no va a producir impacto si no tenemos una política de Estado en función de lo que puede ser una eficiencia hídrica.
Por eso, mis queridos colegas, yo espero que este proyecto sea apoyado en general, porque creo que en una situación como la nuestra, siendo tan vulnerables como país al cambio climático, debemos usar todos los instrumentos que nos permitan hacer eficiente el uso del recurso hídrico, hacer más racional este recurso de una manera más balanceada y equilibrada, que facilite, por cierto, el cuidado de un elemento escaso, así como ir avanzando en algo que hemos dicho desde el día uno: que el agua es un derecho humano al cual deben acceder todas las personas, por ser un bien vital para la vida y no solo un derecho humano.
He dicho, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Isabel Allende.
Le ofrezco la palabra al Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Tengo un problema técnico, Presidenta. Un segundo.
Gracias.
Luego de escuchar la exposición de la Presidenta de la Comisión y la de la Senadora Allende, nos queda claro que este es un proyecto que va en un camino de convergencia de eficiencia hídrica junto a otras iniciativas que se están viendo en distintas Comisiones, lo cual pone de relieve la necesidad de tener una mirada integral hacia el recurso hídrico. Hay proyectos en Obras Públicas, en Medio Ambiente, en Recursos Hídricos, para abordar de manera sistemática esta preocupación.
Creo que si hay algo que apunta al centro de la discusión -estamos votando en general- es poder tener la "huella ambiental"; en definitiva, la "huella de agua". Es un tema fundamental que a mi juicio este proyecto señala bien, abriendo la perspectiva de someter a estudio de impacto ambiental una serie de actividades productivas, agrícolas, que claramente, con su dimensión, con su intensidad, con su impacto en una cuenca, tienen un acumulado que debe ser estudiado. Y esto es para certeza de los propios agentes económicos. Aquí no está la dicotomía de querer impedir determinadas actividades, sino que se trata de regularlas.
Tenemos un proyecto que también le pido a usted, Presidenta, poner en tabla -hace tiempo que lo estamos trabajando-, que somete a estudio de impacto ambiental las plantaciones forestales. ¡Mire qué cosa más extraña! Las plantaciones forestales, que son de las actividades con mayor impacto ambiental, especialmente en materia de recursos hídricos, no se hallan sometidas a EIA.
Entonces, nosotros tenemos que sincerar nuestra legislación ambiental. Y creo que en este proyecto también hay un aviso, una forma de trabajar concreta con respecto a la Comisión Nacional de Riego. Tenemos un impacto, y aquí es indispensable un llamado a la reflexión. Me hubiera gustado que estuviera presente la Ministra de Agricultura. La Comisión Nacional de Riego, efectivamente, incentiva el riego en muchos lugares, pero al final termina siendo destinado a los grandes productores. La instalación de pozos profundos termina afectando el entorno de pequeños productores o el propio curso de agua.
Un solo ejemplo, para que quede en la historia de la ley. En la comuna de La Unión, estero Traiguén, sector Traiguén cordillera, un agricultor, un gran agricultor, con varios pozos profundos, ha secado el cauce del río. Hoy existe una investigación sumaria en la Dirección General de Aguas. Los pequeños campesinos, los pequeños productores agrícolas, los lecheros, están sin disponibilidad de agua, y al lado, un gran empresario agrícola, con miles de hectáreas y pozos profundos, muchos generando un impacto brutal sobre el curso del río.
Estero Traiguén, provincia del Ranco, ¡con nombre y apellido! Y esto se repite en distintos lugares. La perforación de pozos profundos, muchas veces con ayuda de la Comisión Nacional de Riego, genera un impacto tremendo en los pequeños agricultores o, lo que es más grave, en los comités de agua potable rural.
Nosotros aprobamos la ley 20.998, Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que es un eje fundamental para los sistemas de agua potable rural. Quienes son Senadores por vastas zonas rurales -veo aquí al Senador Castro, a la Senadora Allende, al Senador Juan Ignacio Latorre- saben que los comités de agua potable rural tienen un tremendo protagonismo. Son organizaciones que luchan por tener al menos un caudal asegurado. La Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, no dialogan con la Comisión Nacional de Riego. A un par de kilómetros puede haber pozos profundos que terminan afectando los caudales.
Entonces, como se ha señalado, creo que tiene que haber exigencias a los grandes consumidores: planes de eficiencia hídrica, porcentajes de restitución. Me parece muy bien el concepto de recolección de aguas lluvias. Tengo alguna duda si operará solo entre las Regiones del Biobío y de Aysén. No lo recuerdo. Están los Senadores del Maule. A ver qué dicen de eso, por qué se fijó ese margen. Tal vez los autores de la iniciativa o quienes estuvieron en la discusión podrían indicar por qué se fija ese margen. ¿Qué pasa con O'Higgins, con el Maule y otras regiones?
La recolección de aguas lluvias, la obligación de restitución de un porcentaje del agua, el balance hídrico por cuencas, son fundamentales. La Ley Marco de Cambio Climático ha ayudado mucho en el manejo integrado de cuencas, que resulta esencial. Nosotros no podemos hacer desarrollos agrícolas, inmobiliarios, de vivienda, sin un estudio de cuencas. Las cuencas son frágiles; van sufriendo un impacto producto de no efectuar estudios de impacto ambiental. Y además del cambio climático, hay un efecto acumulado de la presión.
Felicito el trabajo que se ha hecho en este proyecto, que voy a aprobar en general. Pediría a alguno de sus autores o a alguien que haya estado en la Comisión precisar el ámbito geográfico: por qué se reduce a las regiones mencionadas.
Y dos cosas más, Presidenta, cuando se me está acabando el tiempo.
Coherentemente con la línea de este proyecto, le pido a la Sala poner en tabla y votar el texto, ya aprobado en la Comisión de Medio Ambiente, que somete a estudio de impacto ambiental a las plantaciones forestales.
Y por último, Presidenta, si me da veinte segundos, como con el Senador Araya tenemos que sumarnos a la Comisión de Constitución para ver el tema de la postergación de las elecciones, pido dejar consignado mi voto a favor en esta iniciativa, dado que nos vamos a tener que desconectar de la Sala en veinticinco, treinta minutos más.
En suma, dejo mi voto afirmativo y, junto con ello, solicito si alguien puede aclarar mi duda con respecto al ámbito geográfico.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias al Senador De Urresti.
Solicito autorización a la Sala para prorrogar la sesión hasta que termine la votación de este proyecto de ley.
¿Habría acuerdo?
--Se prorroga la hora de término de la sesión.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Además, solicito autorización para abrir la votación, entendiendo que hay varios colegas en las Comisiones de Hacienda y de Constitución.
¿Les parece?
Acordado.
Entonces, consignamos el voto de quienes han intervenido telemáticamente.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le solicito a la Secretaría que tome la votación, para liberar a los colegas que deben asistir a Comisiones.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
En consecuencia, Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
Presidenta, en veinte segundos, respondo la duda del Senador De Urresti, ya que soy autora de la moción, precisando que en realidad usamos esas regiones por considerarlas mucho más lluviosas. Pero estamos abiertos, por supuesto, si así se considera y tal como lo plantearon algunos invitados, a incluir a otras.
No tiene más sentido que ese.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vota a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
En la Sala, le ofrezco la palabra al Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, cómo negarse a buscar fórmulas para eficientar el uso del agua frente a un cambio climático que está avanzando con fuerza y está impactando, fundamentalmente, a regiones como la nuestra. Valparaíso es la región más impactada por el cambio climático y hoy día estamos en medio de una crisis hídrica.
Por tanto, es absolutamente necesario adherir votando favorablemente este proyecto de ley. Además, estamos en la votación general, de manera que durante la discusión particular habrá que buscar más fórmulas.
Vuelvo a insistir en que acá hay que entender, tal como lo votamos en el día de ayer, que hay usos preferentes para el uso del agua: el consumo humano, por supuesto; las obras de subsistencia y de saneamiento. Nosotros somos partidarios de buscar fórmulas que permitan mantener la capacidad de las cuencas y el cuidado necesario para finalmente eficientar el uso del recurso hídrico.
Del mismo modo, se ha estado trabajando con nuevas tecnologías para encontrar nuevos cursos de agua. Ha cumplido una labor muy importante en este sentido la Universidad Santa María; labor que conozco muy de cerca y que implica buscar cursos de agua a través de imágenes satelitales, particularmente en la provincia de Petorca, lo que me parece que va en la dirección absolutamente correcta, lo mismo que establecer normas que hagan posible una fiscalización adecuada en el uso del agua.
Por lo mismo, espero que podamos mejorar el proyecto, que vamos a aprobar en general, durante la discusión particular.
Voto que sí, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Le ofrezco la palabra al Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, estimados colegas, quiero partir felicitando la iniciativa. Establecer normas de eficiencia hídrica y de adaptación al cambio climático va muy en sintonía con el otro debate que existe en la Comisión de Medio Ambiente sobre la Ley Marco de Cambio Climático, que es fundamental.
En segundo término, creo que dictar una ley que en el fondo intenta focalizar en algunos actores los esfuerzos que hay que abordar en esta etapa histórica, excluyendo, en ese sentido, a los APR, a los pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina y otros de pequeño tamaño, resulta comprensible. Dejar en otro debate lo que es el proceso de desalada de agua, que también necesitamos profundizar, igual me parece bien.
Pero, sin perjuicio de valorar la presente iniciativa, quiero señalar, en esta discusión general, un par de observaciones.
Hay un problema formal en la definición de la letra j bis) ("evaluación de la huella del agua") -me imagino que se verá en la Comisión en su momento; puede ser un problema de redacción-, pero pienso que la incorporación de la definición es muy importante en el artículo 2° de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
De la misma forma, considero muy relevante que en el artículo 4° se hable de los "planes, sistemas y auditorías de eficiencia hídrica". Sin embargo, aquí necesitamos el patrocinio del Ejecutivo, señora Presidenta, porque -usted lo entiende quizá mejor que otros, por la región que representa- se requiere que la redacción establezca que las organizaciones de usuarios y comunidades de aguas y los beneficiarios de la bonificación obtenida a través de la ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, "deberán" -este debe ser el verbo rector- y no "podrán" hacer estudios, "deberán" y no "podrán" entregar información". Acá, en el uso del agua, es preciso que las auditorías sean una obligación.
Estamos ante un bien nacional de uso público, y ha de garantizarse un uso más eficiente. Aquellas son, por cierto, cargas para quienes usan el recurso, pero son necesarias por el bien colectivo, entre ellas enviar a la DGA, en un plazo de 18 meses desde la promulgación de la ley, una auditoría externa de eficiencia hídrica y de la huella hídrica. Es fundamental que esto sea una carga y no una cosa voluntaria, pues, de lo contrario, el artículo 5° no va a tener ningún sentido en cuanto a la obligación de que las eficiencias terminen en una restitución y no en un mayor empleo del recurso hídrico. Hemos visto en ciertas provincias cómo la falta de restitución de partes de la eficiencia hídrica ha llevado más bien a una sobreexplotación de los recursos hídricos.
Por último, señora Presidenta, valorando muchísimo el contenido del texto, considero indispensable avanzar, como lo han hecho otros países, en establecer por ley y no en forma reglamentaria que ciertos artefactos que miden el consumo del agua o están presentes en el consumo del agua se cambien. Voy a poner un ejemplo bien doméstico, pero que tiene que ver con un cambio cultural. En California, Estados Unidos, se dispuso que los baños puedan consumir hasta determinada cantidad de litros, para lo cual tienen que ser de hasta un tamaño máximo; que las duchas puedan tener hasta cierta cantidad de presión. O sea, hay formas de ahorro de recursos hídricos que se deben establecer por ley.
Lo que promovieron -y agradezco que me lo recuerden- la Senadora Muñoz y la Comisión del ramo, esto es, la reutilización de las aguas grises, tiene que ser una obligación. El Estado debe ser más proactivo en esta materia, porque el reglamento todavía duerme el sueño de los justos.
Yo voy a aprobar la iniciativa en debate, que considero tremendamente importante.
Por último, considero significativo el artículo 8°, que incorpora una letra final al artículo 10 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que yo diría es la disposición madre de este cuerpo legal, que establece quién tiene que entrar o no al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Se agregan los proyectos agrícolas, pero considero conveniente precisar a qué tipo de proyectos de riego o cultivo agrícola se refiere.
En la región que represento, en la zona de Las Cabras, se vive un proceso de sustitución de bosques nativos. Podrán decir que es irrelevante. Quieren hacer proyectos de plantaciones, y puede ser importante y valioso para generar empleos, pero las cuencas tienen una carga máxima que pueden aguantar antes de entrar en conflicto con la agricultura familiar campesina, y más importante, con el consumo humano. Es lo que se observa en Petorca. Uno ve los paltos y cómo la plata compra agua sin ningún tipo de control -porque hay un mercado de agua brutal-, y terminamos en situaciones de saqueo de recursos hídricos.
Por ello, la incorporación de una nueva letra t) al artículo 10, que incluye los proyectos de riego y/o cultivo agrícola según sus magnitudes y usos de agua, resulta muy muy relevante.
Presidenta, yo voy a votar a favor. Valoro lo que han hecho las y los colegas de la Comisión, y creo que esta es una labor fundamental del Senado, en particular a la luz de la sequía y megasequía que está viviendo nuestro país por los cambios climáticos.
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Juan Pablo Letelier.
Le ofrezco la palabra a la Senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.-
Muchas gracias, Presidenta.
En 2019, todos los ríos monitoreados por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas presentaron caudales inferiores a sus promedios históricos. Casi 21 mil glaciares, es decir, el 87 por ciento de todos los que existen en nuestro territorio de acuerdo al Sistema Nacional de Inventarios, han experimentado disminuciones de masa o volumen. El 70 por ciento de los embalses presenta déficits. Setenta y nueve comunas han sido declaradas en escasez hídrica y sufrimos la peor megasequía desde 1915.
Si alguien todavía piensa que el cambio climático se puede relativizar, datos como estos deberían hacerlo cambiar de opinión. No estamos frente a cualquier fenómeno; estamos frente a una emergencia climática que puede transformarse en la peor amenaza para la existencia de la humanidad.
Por eso, estamos obligados a actuar en todos los niveles y, por lo mismo, esperamos contar pronto con la Ley Marco de Cambio Climático, que tiene dentro de sus ejes el garantizar la seguridad hídrica, el uso sostenible del agua y sus caudales ecológicos. Pero aquello no es suficiente: necesitamos políticas específicas, y esta moción es un aporte importante en esa dirección. Requerimos mayor regulación, establecer normas de eficiencia hídrica y, por supuesto, adaptarnos al cambio climático.
Al respecto, la actividad agrícola representa más del 70 por ciento de la demanda consuntiva de agua, y de ahí viene la relevancia de que los grandes proyectos de riego y/o cultivo agrícola deban someterse a una evaluación de impacto ambiental.
Otros innovadores aspectos de la presente iniciativa, a mi juicio, dicen relación con la instalación de sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvia por parte de las grandes industrias, entre las regiones del Biobío y de Aysén, y la restitución a los ecosistemas de una parte del agua, que se adicionarán a los proyectos como resultado de la aplicación de instrumentos públicos de eficiencia hídrica.
El último aspecto mencionado implica reconocer que el Estado tiene deberes no solo con la actividad productiva del país, sino también con su entorno natural, pues si con dineros públicos se produce una ganancia en caudal de agua, un porcentaje le pertenece también al medio ambiente.
Esta discusión puede ayudar a abrir el debate sobre los derechos de la naturaleza en la Nueva Constitución, un aspecto que espero que se haga presente en nuestra Convención Constitucional, y donde ya existen experiencias pioneras, como la Constitución de Ecuador.
El acceso al agua es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas y llegó la hora de ponernos al día con la comunidad internacional, particularmente en el caso de las más de cuatrocientas mil familias chilenas que siguen dependiendo de camiones aljibes para subsistir, mientras muchas veces ven cómo en sus alrededores hay plantaciones, donde el agua al parecer no escasea.
Tomemos conciencia de la magnitud de la emergencia climática. Chile cumple con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad definidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y por eso considero muy importante que estemos decididos y dispuestos a actuar en todos los frentes. A mi juicio, ya no hay más tiempo.
Por esa razón, voto a favor de la aprobación en general de este proyecto de ley.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senadora Ximena Órdenes.
Le ofrezco la palabra en la Sala al Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Muchas gracias, Presidenta.
Quiero manifestar obviamente mi voto a favor de este proyecto, que busca establecer normas de eficiencia hídrica y de adaptación al cambio climático.
¿Qué persigue esta iniciativa en términos simples? Generar condiciones para que haya una mayor eficiencia en el uso del agua y una manera mucho más racional en todo lo que tiene que ver con su uso a nivel productivo.
De eso estamos hablando: de un uso racional del agua en el nivel productivo.
El proyecto, Presidenta, como se originó en una moción, lo que busca también en su redacción es salvar las inadmisibilidades que se generan en algunas de sus propuestas, porque hay materias que son de iniciativa del Ejecutivo. Lo que se pretende al establecer el término "podrán" es posibilitar un debate que implique la generación de acuerdos en torno al objetivo de tener mayor eficiencia en el uso racional del agua, y, por supuesto, contar con los patrocinios necesarios de parte del Ejecutivo para los efectos de que las propuestas que aquí se hacen, como mecanismos o fórmulas que permitan un mejor uso del agua, se puedan cumplir.
¿Qué establece este proyecto, como se ha dicho aquí por los colegas, en sus artículos en particular?
En algunos de ellos, por ejemplo, se aprueba una definición relativa a la evaluación de la huella del agua y en qué consiste dicho concepto.
También se establecen planes y sistemas de auditoría de eficiencia hídrica que pueden realizar las asociaciones de usuarios de agua, las comunidades de agua.
Asimismo, se determina la necesidad de restituir a las fuentes de origen, una vez que se utilizan, el 25 por ciento de las aguas, de manera que se pueda producir la reposición al curso o al cauce de agua subterránea o superficial.
Se disponen estándares y certificación de eficiencia hídrica, aplicable a los productores de productos agrícolas, forestales, o titulares de proyectos mineros.
El artículo 7 hace referencia a lo que plantea el Senador De Urresti: el aprovechamiento de aguas lluvia en zonas de mayor precipitación, aplicable a las industrias con instalaciones superiores a los cinco mil metros cuadrados.
Obviamente, se trata de referencias, de planteamientos, porque la primera duda que cabe plantear es la siguiente: "Bueno, ¿por qué se aplica a instalaciones superiores a cinco mil metros cuadrados, cuando a lo mejor son mucho más gastadoras de agua instalaciones de menos de esa cantidad, dependiendo de para qué se use el recurso o del tipo de proyecto productivo?".
También se modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para establecer que los estudios de impacto ambiental deben considerar una evaluación de la huella del agua, límites en el consumo del agua, y metas de eficiencia del proyecto o actividad de que se trate.
El proyecto, Presidenta, también establece claramente que no busca imponer cargas a aquellos usuarios de menores recursos o que tienen relación con los usos vitales del recurso hídrico. Por eso se contempla un abanico amplio de excepciones a la normativa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sistemas de agua potable rural, la pequeña agricultura familiar campesina, los sistemas de comunidades agrícolas que existen en nuestras regiones.
También al incorporar legalmente en la legislación la definición de huella hídrica, además de su evaluación, se hace obligatoria para los estudios de impacto ambiental.
El proyecto busca igualmente identificar a los usuarios beneficiarios de la Comisión Nacional de Riego y los recursos públicos que, por intermedio de ella, se canalizan para habilitarlos en la implementación de planes de eficiencia hídrica y de auditorías externas, que deben ser informadas a la autoridad.
A mí me parece muy interesante la norma que busca paliar o evitar que se produzca la paradoja de la eficiencia en el uso del recurso hídrico. A mayor tecnología, a mayor eficiencia, es evidente que también se produce un aumento del consumo. Porque si con la misma agua con que yo regaba diez hectáreas, usando el recurso de manera eficiente, aplicando las tecnologías adecuada -por ejemplo, riego por goteo- y sumando todo lo que significan los incentivos, logro regar quince hectáreas, entonces planto esas quince hectáreas y las hago producir para obtener mayor rentabilidad.
Por lo tanto, ese fenómeno, que se produce mucho, genera lógicamente un aumento del uso del agua. Y de ahí que se busca restablecer o restituir un porcentaje de esa agua, y ello genera otro debate.
En nuestra Cuarta Región se hace un uso intensivo del agua, que es un recurso escaso por décadas. Tenemos buenos sistemas de embalsamiento de agua, buenos sistemas de distribución de agua; se ha mejorado mucho en canales, en sistemas de riego tecnificado; se ha avanzado en la producción de productos altamente rentables, pero que también son muy intensivos en el uso del agua. Uno de los ejemplos más conocidos por todos es el de las paltas, que consumen tres veces más agua que los viñedos, y los viñedos consumen mucha más agua que otros cultivos; sin embargo, hay una gran cantidad de plantaciones de estos productos porque son más rentables.
Entonces, ¿en qué momento se establece la sustentabilidad del uso del agua y de la productividad agrícola, buscando que aquella sea permanente en el tiempo y no solo con cultivos que, siendo intensivos en el uso del agua, mediante coyunturas pueden ser más rentables, pero que a la larga terminan secando las cuencas?
Ese es un debate y un análisis que se tiene que hacer. Y a mí me parece que este proyecto avanza en esa línea y obliga a conversar este tipo de materias. Por eso que entiendo que también se pide una evaluación de impacto ambiental cuando se desarrollan este tipo de proyectos, debiéndose determinar con claridad qué, cuándo, dónde y de qué manera se produce.
En consecuencia, Presidenta, estimo importante aprobar este proyecto, y generar un debate más profundo en esta materia. Felicito a la Comisión, que entiendo que realizó seminarios sobre los temas vinculados que permitieron escuchar a varios expertos sobre el particular, a las autoridades, al sector privado, porque este debate viene seguramente en el proceso constituyente, y tenemos que ser capaces de establecer un equilibrio en cuanto a las prioridades en el uso del agua, respecto de las cuales nadie discute que lo primero es garantizar el consumo humano, pero después debemos asegurar su disponibilidad para todo el sector productivo, que es tan importante como lo primero, porque, por ejemplo, si la agricultura no produce no hay alimentación, y si no hay alimentación, claro, no sacamos nada con tener agua.
Entonces, ahí creo que es donde hay un debate de futuro, hay un debate sobre el desarrollo sustentable y sostenible, sobre todo en materia de agroindustria, de minería, de servicios, de turismo, que son las áreas donde hay un mayor uso intensivo de este recurso hídrico, que es escaso.
Yo voto a favor, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Ofrezco la palabra al Senador Guido Girardi.
El señor GIRARDI.-
Gracias, Presidenta.
Yo estoy muy de acuerdo en general con el presente proyecto, pero, como en toda iniciativa legal, en su discusión en particular tendremos que analizar sus aspectos más específicos.
En todo caso, considero muy importante avanzar en el uso eficiente del recurso agua y en establecer, así como existen el producto interno bruto y parámetros de bienestar social, un modelo de desarrollo que no siga estimulando el crecimiento como el único valor, como el valor fundamental, sino que debemos mostrar un decrecimiento en ciertas áreas y un fortalecimiento de otras.
Tenemos que propender al decrecimiento de sistemas productivos con consumos excesivos de agua; al decrecimiento en el uso de energías fósiles; al decrecimiento en la generación de bienes que no son fundamentales y que están destruyendo el medio ambiente y devorando el planeta, porque, además, nos vamos a encontrar con la situación dramática de un aumento de temperatura en más de dos grados, y eventualmente de cuatro grados.
Si uno considera la perspectiva de que desde 1850 a la fecha la temperatura del planeta ha aumentado solo 1,1 grado y eso tiene en jaque a la humanidad completa, piensen en lo que significarían los dos, tres, cuatro grados de incremento que se pronostican en veinte años. Es una verdadera catástrofe la que vamos a enfrentar, y Chile será uno de los países más afectados.
Por eso, me parece que hay que ir en la dirección que propone el proyecto.
Y por su intermedio, Presidenta, quiero aprovechar de rebatir a un colega, de quien tengo una muy buena opinión, que señaló que en Chile el agua era un bien nacional de uso público porque estaba en el Código de Aguas.
Yo quiero leer lo que dice la Constitución: "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".
¿Qué quiere decir eso?, que en Chile los derechos de agua son propiedad privada. Y por eso que no se pueden establecer regulaciones, prioridades de uso ni caducar los derechos de aprovechamiento de especuladores. Piensen que algunos inscribieron derechos de agua a título gratuito, los cuales ahora valen millones y millones de pesos. Y el Estado les tiene que comprar en millones y millones de pesos a especuladores que se apropiaron del agua gracias a la dictadura para proveer a los chilenos que no disponen de ella, en circunstancias de que hasta los años 80 el agua pertenecía a la sociedad toda.
Por eso, tenemos que hacer un reintegro, una restitución y devolverles el derecho que les quitaron, que les conculcaron, que les expropiaron, que les robaron en dictadura a todos los chilenos. Y esa será la base de cualquier política pública, porque lo que va a definir el ecosistema es si el agua va a ser un derecho o una mercancía.
El agua es un elemento fundamental: sin agua no se puede vivir; el agua es vida.
Por lo tanto, el agua es como el aire: qué dirían ustedes si a alguien se le ocurriera, y puede que así sea, que hay que privatizar el aire y que cada persona deberá pagar por los litros de aire que está respirando.
Es lo mismo haber privatizado el agua. Y por eso que aquello no ha ocurrido en ningún lugar otro del planeta, porque constituye una aberración, un atentado a la dignidad humana.
Y de ahí que sea tan importante la Convención Constituyente.
Pero, al mismo tiempo, debemos trabajar porque el cambio climático es una realidad, aunque no vamos a cambiar esa realidad: el planeta está encallando. Ya no se cumplió el escenario de 1,5 grados de aumento de la temperatura, sino que vamos a ir a dos o tres grados. Y Chile tiene que prepararse. Por eso que estamos protegiendo los glaciares, a pesar de todo el lobby que ha habido en contrario, porque constituyen la única fuente de agua; por eso que hay que pensar en embalses; por eso que hay que reutilizar los acuíferos.
Y aunque el Senador Navarro se ría, hay que cautelar la tierra de hoja por algo muy simple: los acuíferos no se van a llenar, porque cuando llueve la poca agua que precipita termina escurriendo en vez de infiltrarse en los acuíferos porque no existe la tierra de hoja al haber sacado la capa vegetal.
Mire, Presidenta, cosas que parecen tan simples son muy importantes.
Hay que obligar a que cuando un proyecto se instala en una cuenca devuelva la misma cantidad de agua que utilizó, porque Chile va a contar con la energía solar más barata del planeta, y va a poder desalar.
Hay que hacer que nunca más una persona riegue un jardín con aguas grises, sino que tenemos que tratar las aguas grises a nivel domiciliario: en todas las casas, en todos los edificios, en todas las empresas.
Tenemos que avanzar en el uso de las aguas servidas: países como Israel consumen como agua potable el resultado del tratamiento de las aguas negras, de las aguas servidas.
Tenemos que desarrollar tecnología, ciencia y usar todos los recursos disponibles, porque sin agua no podemos vivir.
Y a futuro una parte importante de Chile, lamentablemente, va a ser un desierto y para eso tenemos que prepararnos.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Ofrezco la palabra al Senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidenta.
Yo valoro este proyecto de ley, creo que avanza en la dirección correcta y apunta al corazón del problema del agua.
Cuando criticamos el modelo neoliberal que se ha instalado hace décadas en Chile nos referimos a estos aspectos, con que hay grandes actividades productivas, agroexportadoras -en la Región de Valparaíso se ha nombrado la producción y exportación de paltos- ...(falla de audio en transmisión telemática)... la zona central y sur de Chile, o la industria forestal, por nombrar solo algunas actividades que han sido muy exitosas desde el punto de vista financiero, con un negocio muy rentable y una inserción en los mercados internacionales.
El Estado de Chile ha ayudado a abrir mercados... (falla de audio en transmisión telemática)... etcétera, y establecido convenios comerciales con otros países.
Y claramente hay grandes empresarios que se han visto beneficiados en las últimas décadas con una serie de ayudas estatales: bonificaciones, subsidios, incentivos económicos y apoyo para su labor comercial, porque el criterio ha sido solo económico financiero y además concentrado en pocas manos, hay que decirlo también, pero no se ha mirado el impacto social y ambiental de tales actividades.
Y tampoco se ha considerado algo tan básico como la huella hídrica, ni tampoco los pasivos ambientales: quién asume, quién paga la cuenta en términos de los pasivos ambientales; quién paga la cuenta en términos de la huella hídrica. Eso no se ha evaluado.
Simplemente el asunto se ha dimensionado desde el punto de vista de la rentabilidad económica y financiera de los negocios: cuánto exportan, cuánto ganan, cuánto incrementan el PIB, pero no se ha hecho una evaluación integral, una valoración ecosocial de estas actividades productivas.
Y los estándares en Chile son muy bajos, son muy laxos, y para los pocos estándares que existen las capacidades de fiscalización del Estado son muy limitadas.
Y cuando se logra pesquisar alguna actividad irregular, por ejemplo la extracción ilegal de agua, que es lo mismo que decir "robo de agua", a propósito de lo que ocurre en la provincia de Petorca, donde connotados empresarios -y algunos con un pasado y trayectoria política en democracia y con altos cargos en el aparato del Estado- las personas han sido multadas una y otra vez, pero siguen reincidiendo y pagando la multa porque siguen ganando dinero al ser enormes las ganancias económicas.
Bueno, la rabia ante esas situaciones, entre otras cosas, en mi opinión, estalló también el 18 de octubre de 2019. El dicho: "no son treinta pesos, son treinta años" tiene que ver con estas dinámicas.
Por eso el proceso constituyente abre una discusión sobre estándares, sobre evaluación y sobre el modelo de desarrollo, finalmente. Y en un contexto de cambio climático y de emergencia climática y ecológica, donde el tema hídrico va a ser ineludible, vamos a tener que tomar decisiones respecto a qué actividades productivas fomentar y cuáles desincentivar; a cuáles ponerles obstáculos y dificultades porque están afectando gravemente el medioambiente y nuestra huella hídrica.
Pero estamos recién definiendo el asunto mediante el presente proyecto y, además, enfocándolo en algunas regiones. Pienso que hay que incluir otras regiones y otras actividades, porque existen proyectos en paralelo, como el mencionado por el Senador De Urresti, sobre las actividades forestales.
Porque sabemos, y es parte del conflicto en el Wallmapu, cómo las forestales se han apropiado de millones de hectáreas y han talado bosque nativo para reemplazarlo por pino y eucalipto, lo que también implica una huella hídrica brutal, en un contexto de cambio climático y desertificación de la zona central que va avanzando hacia al sur.
Hay comunidades que también están con problemas de agua o se deben abastecer con camiones aljibe y que conviven con grandes extensiones forestales de pino y eucalipto. Esto pasa en la Región de Valparaíso, en la provincia de Petorca y en otras, con cerros plantados de paltos, para lo cual también han talado bosque nativo. Y, finalmente, coexisten pequeños productores, campesinos y comunidades sin los mínimos de agua, como decíamos anteriormente, sin los 100 litros por persona que establece el estándar internacional en materia de derecho humano al agua.
Entonces, me parece que este proyecto avanza en la dirección correcta. Hay que seguir precisando, ampliando regiones, ampliando actividades, subiendo estándares, en definitiva. Pero creo que la discusión de fondo se va a dar en el proceso constituyente, donde se deberá definir qué modelo de desarrollo vamos a garantizar que sea sostenible en el siglo XXI, en pleno contexto de emergencia climática y ecológica.
Voto a favor de la idea de legislar, y obviamente después tendremos que presentar algunas indicaciones para la discusión en particular.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Juan Ignacio Latorre.
Le ofrezco la palabra al Senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.-
Gracias, Presidenta.
El proyecto de ley que estamos votando en general tiene naturalmente un título sumamente atractivo. ¿Por qué? Porque dice relación con la eficiencia del uso del agua. Y el hecho de que debamos hacer mucho más eficiente el uso del agua me imagino que no tiene ninguna discusión desde ningún punto de vista, desde cualquier ángulo que se lo mire.
Sin embargo, debo decir que, por lo menos para mí, esta iniciativa trae algunas -no sé si llamarlas así- "contradicciones en sí mismas". A lo mejor pasaron inadvertidas, pero creo que es bueno hacer mención de ellas.
En primer lugar, he visto que casi todos los discursos de mis antecesores se han referido a la agricultura. Y es bien razonable que lo hagan, porque la agricultura usa más del 70 por ciento del agua dulce de nuestro país. Pero en el artículo 2 del texto se dice expresamente que esta futura ley no aplica, no rige respecto de los derechos de aprovechamiento de agua que no tengan finalidad extractiva. Entonces, a menos que cambiemos lo que siempre se ha entendido por "actividad extractiva", este proyecto no aplica a la agricultura, de acuerdo al artículo 2.
Recordemos que las actividades extractivas clásicas son la pesca, la minería. La forestal, cuando no tiene plantación asociada también se puede considerar extractiva, en fin. Pero la agricultura, plantar limones, lechugas, tomates, paltos, manzanas jamás ha sido considerada una actividad extractiva.
Por lo tanto, esta es una primera inconsecuencia del proyecto de ley. Yo no sé si lo hicieron a propósito o no, pero todas estas normas aplican a actividades extractivas.
En segundo lugar, cuando ya entramos al fondo, yo pensaba que la propuesta de ley iba a tener muchos incentivos para el uso eficiente del agua. No obstante, creo que no da muchos incentivos. Hace algunas declaraciones de principios, que pueden ser bien válidas, pero me parece que también se mete en aguas -y ocupo el agua como una metáfora a propósito- bastante enredosas, o turbias o correntosas. ¿Por qué? Porque se está incorporando los cultivos y las plantaciones agrícolas (que en principio no caben en esta norma, pero después se modifica la ley N° 19.300) a procedimientos de evaluación ambiental, al Sistema de Evaluación Ambiental, lo que es muy complejo dados los tiempos, pues es imposible que logren pasar montones de agricultores de 50 hectáreas, de 100 hectáreas, de 150 hectáreas -no veo cómo podrían hacerlo- y calcular impactos sobre cuencas, etcétera, cuando ni siquiera la DGA al día de hoy tiene esa información.
En tercer lugar, también me parece que puede ser excesivo, porque la huella del agua respecto de los productos agrícolas y agropecuarios en general está medida; no es necesario que cada cual haga su propio estudio de qué es lo que pasa con sus uvas, con sus manzanas, con sus limones o con sus lechugas. Esto está publicado y cualquiera de ustedes puede ver cuál es la huella hídrica de todos esos productos.
Por lo tanto, tiendo a considerar que esta exigencia es una carga que, además de excesiva, es bastante inútil, porque toda esa información es completamente pública y está a la vista de cualquiera que quiera revisarla.
Entonces, creo que en este proyecto de ley, que, como digo, tiene un título y un objetivo que comparto absolutamente, cae en contradicciones y pone cargas que me parece que no están muy de acuerdo con lo que debe ser el procedimiento ambiental en este tipo de casos.
Quiero terminar estas palabras señalándole a un ilustre Senador que me antecedió, que insiste en afirmar que la Constitución del 80 fue la que expropió las aguas, que aquello es un error. Yo no sé si dicho Senador ha leído un poco más de lo que son los Códigos de Aguas en nuestro país. El derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas, que no es lo mismo que las aguas, está considerado en Chile desde muy larga data, no tiene nada que ver con 1980. Yo no sé si él se ha molestado en ver la ordenanza de aguas de 1872; el Código de Procedimiento Civil, que abordó este tema en 1902; el Código de Aguas de 1948, y tengo entendido que otras modificaciones de 1951.
Es decir, siempre en Chile se otorgó propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas. La novedad es que la Constitución del 80 lo reconoció a nivel constitucional, cosa que no estaba antes, pero el derecho de propiedad estaba con todas sus dimensiones, esto es, uso, goce y disposición.
Lo digo para que no se siga insistiendo en cosas completamente inexactas en la discusión del agua.
Pero, volviendo al proyecto que estamos viendo, tiene contradicciones de tal magnitud en su propio texto, que yo por lo menos prefiero abstenerme, sin perjuicio de presentar las indicaciones que correspondan en el plazo que esta Sala acuerde.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Galilea.
Le ofrezco la palabra en la Sala al Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidenta.
¡El agua, el agua, el agua!
Está claro que tenemos un problema en Chile. Pero no solo en Chile, ¡en el mundo!
El Senador Girardi me recordaba mi oposición a que viéramos a tres días del estallido social, los días 21, 22, 23 de octubre del 2019, el proyecto de tierra de hoja.
Yo le decía: "¡Chile estalló, y aquí el Senado discute el proyecto de tierra de hoja! ¡Y Chile está encendido!, ¡incendiado!".
Me preocupa la tierra de hoja; es fundamental para el desarrollo de la agricultura, de la alimentación. Pero los debates hay que hacerlos también sobre los problemas originales, que están a la base; no hay que ocultar la causalidad.
En general, estamos acostumbrados a hablar de la realidad, y todos coincidimos en la realidad: la pobreza, la discriminación, el abuso, el veto a la libertad de expresión cuando un Presidente llama a un canal de televisión a Miami para emitir censura y quejarse porque se dan a conocer determinados reportajes.
Pero vamos no solo a la realidad: vamos a la causalidad. ¿Qué está causando la falta de agua en el mundo? Bueno, el cambio climático, las emisiones de carbono. Y todo indica que esto no va a parar, ya que China y Estados Unidos emiten más del 45 por ciento del carbono del mundo. Y las reducciones planteadas por Chile, en un esfuerzo titánico, a cero emisiones de carbono, o la eliminación de la quema de carbón para el 2030, no van a ser suficientes.
El coronavirus ha hecho más que todos los esfuerzos de los Acuerdos de París, los Acuerdos de las Naciones Unidas, porque todos los estudios científicos nos dicen que las emisiones de carbono han disminuido un 20,1 por ciento a raíz de la baja de la producción, del modelo productivo, que es el causante de la emisión de carbono, del cambio climático, así como de la lenta, progresiva desaparición del agua dulce y, también, de la Antártida, del derretimiento de los glaciares, que ha aumentado. Y es un proceso que no se frena por las medidas que estamos discutiendo en este proyecto de ley.
Desde Chile, hagamos un esfuerzo, hablemos de hacer un uso más eficiente del agua. Pero yo le pido al Gobierno y a este Senado que también legislemos e impulsemos todo lo que sea posible para ver la causalidad, que son las emisiones de carbono por un modelo productivo neoliberal, asesino, cruel, que está causando todo este proceso. Y lo ha demostrado el coronavirus: pararon las grandes cadenas productivas y ha descendido el carbono. Está claro que la muerte del planeta Tierra y el cambio climático lo producen ellas, en 200 años, posrevolución industrial. La Tierra tiene miles de años y estamos, en un cortísimo tiempo, destruyendo no solo el agua, sino la vida.
Entonces, está bien, vamos a exigir estudio de impacto ambiental para los proyectos agrícolas, vamos a establecer el seguimiento de la huella hídrica, todos elementos que contribuyen en Chile a seguir cuidando el agua, pero quiero destacar que aquí hay un fenómeno imparable si las grandes potencias del mundo no entienden que las emisiones y el cambio climático no son un invento -Bolsonaro, en Brasil, cree que lo son-, sino una realidad que, si no la reconocemos, no solamente va a terminar con el agua, sino también con la vida en los océanos, la vida en la Tierra.
Yo voy a votar a favor de este proyecto de ley. Contribuye a una cierta tranquilidad local, criolla, pero el problema de fondo es el cambio climático, y creo que a lo que tenemos abocarnos -será tarea de este Senado- es a debatir cómo el mundo y Chile contribuyen a que el cambio climático y la pérdida del agua dulce puedan ser abordados por la humanidad.
Voto a favor, señora Presidenta.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Alejandro Navarro por su intervención.
Le ofrezco la palabra al Senador José Miguel Insulza.
Muy bien.
El Senador Quintana ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.-
Voto a favor, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Quintana.
Senadora Ebensperger, tiene la palabra.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidenta.
Yo no puedo votar, porque estoy pareada, ya que voy ahora a la Comisión de Constitución. Pero quisiera intervenir en este proyecto.
Proteger los recursos hídricos y fomentar su eficiencia sin duda es algo que debemos hacer y por lo cual nos tenemos que preocupar. Sin embargo, este proyecto, al menos a mí, me produce muchas dudas, y lo manifesté cuando integraba la Comisión que lo vio, la de Recursos Hídricos. Es un articulado de gran relevancia, pero, como está planteado hoy día, es muy difícil avanzar, y no sé cómo podría no convertirse en un mero proyecto declarativo, porque, en primer lugar, se relaciona mucho con la ley N° 18.450, que vence en diciembre del 2021, y, por otro lado, modifica la ley N° 19.300, sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e incorpora a la evaluación de esta ley los proyectos agrícolas, como los de riego. No obstante, cuando los incorpora, no establece límites y, aparte de incorporarlos, no hace nada más, sino que deja el asunto entregado a un reglamento.
Al respecto, creo que hay que hacer un par de comentarios.
Primero, es cierto que está entregando nuevas facultades al Sistema de Evaluación Ambiental, lo que es de dudosa legalidad -pareciera de iniciativa exclusiva del Presidente-, pero también debo recordar que hay otro boletín en discusión actualmente, el N° 12.714-12, en que se está modificando la institucionalidad ambiental y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. De repente, en virtud del principio de coherencia de las leyes, uno podría decir: "bueno, por qué no introducimos estas modificaciones ahí, precisamente, y elaboramos una ley más completa", pues en esa iniciativa lo que se está haciendo es modificar ciertas tipologías de los proyectos que entran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es un poco lo que se está haciendo también en el texto que hoy día estamos analizando.
Quisiera reiterar que este proyecto es sumamente bien intencionado, de toda lógica, porque es un gran tema la eficiencia hídrica y el cuidado o la protección de nuestros recursos hídricos, el que cada día tengamos más conciencia de ello, pero no basta con esa conciencia, sino que hay que ir a la acción. Si hoy día ya tenemos la conciencia, bueno, ¿cuál es el paso siguiente?, ¿cuál es la acción para que de verdad se proteja?, ¿cuál es el compromiso?
Y acá, efectivamente, es el Ejecutivo el que tiene que asumir ese compromiso. Se desarrolló una mesa del agua, por bastante tiempo. Hace unos días atrás, pudimos acudir y estar presentes algunos de nosotros en los primeros avances de esa mesa, en fin, y va a seguir funcionando.
Hay hechos importantes, pero vuelvo a decir: yo creo que este proyecto -y espero que en su discusión en particular se mejore- deja muchas dudas, afecta a pequeñas agrupaciones agrícolas, podría afectar no sabemos a quién. Yo tengo dudas, particularmente, Presidenta, sobre esta iniciativa -le pido 30 segundos y termino-, porque deja muchos espacios en blanco.
En materia de exclusión de caudales de agua inferiores a 5 litros por segundo, siento que falta también una lógica que sustente la realidad hídrica del país, pues tenemos un país muy largo y ella a lo mejor no es la misma en todo el territorio. No sé si el guarismo debiera ser el mismo; a lo mejor debiera ser distinto. No lo estoy afirmando, lo estoy planteando como una consulta. Creo que hay que darle una vuelta mayor al proyecto.
Estoy pareada, así que no puedo votar, pero vuelvo a decir: el criterio que plantea el proyecto me parece muy importante, pero sus normas me dejan muchas dudas todavía, y espero que no se quede solamente, como está planteado hasta ahora, en buenas intenciones, y que no se convierta en un proyecto meramente declarativo.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Ebensperger.
Le ofrezco la palabra al Senador Rafael Prohens.
En este momento no está el Senador.
Tiene la palabra la Senadora Marcela Sabat.
La señora SABAT.-
Presidenta, solo pedí votar anticipadamente, sin fundamentar.
Voto a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Vota a favor la Senadora Sabat.
Muchas gracias.
Le ofrezco la palabra al Senador Juan Castro.
El señor CASTRO.-
Gracias, Presidenta.
Como miembro de la Comisión sobre Recursos Hídricos, me siento muy contento, porque se ha generado una discusión, un interés en la Sala, y ahí nos damos cuenta de lo importante que es el tema hídrico.
El cambio climático nos está ocasionando una transformación gigantesca; pero, culturalmente, esa transformación no avanza. Creo que este proyecto apunta a eso también, porque hablar de eficiencia hídrica significa que todos debemos ser capaces de entender qué es el agua para la sociedad, para el mundo. Todos sabemos que el agua es vida: sin ella, no vamos a tener vida. A eso nos ha llevado este cambio climático.
Hablar de eficiencia hídrica en la agricultura implica que el Estado de Chile aporta subsidios para poder tecnificar. Pero ello se traduce en un aumento del consumo de agua. Efectivamente, como no tenemos regulaciones, el agricultor, en vez de regar diez hectáreas tecnificadas, riega veinte. Y a lo mejor ahí no está el mayor problema, sino en el hecho de que esa persona va más allá, pues ve al otro lado y dice "Aquí hay un cerro, un bosque nativo", y al final lo descepa y hace grandes plantaciones aprovechando esa tecnificación.
Eso es lo que nosotros muchas veces encontramos injusto.
Por esa razón, creo que establecer estudios de impacto ambiental para grandes plantaciones es razonable. Esta discusión tiene mucho sentido, Presidenta, porque no queremos que algunos se aprovechen. Estamos viviendo en un mundo que está complicado por el tema del recurso hídrico, por eso queremos evitar su mal aprovechamiento.
Esto mismo lo veo en la Región del Maule. El Senador Girardi nos decía: "Hay que tratar las aguas domiciliarias y aprovecharlas para un segundo uso". ¡Fantástico! ¡Extraordinario! Pero estamos hablando de tratar y aprovechar aguas para riego de alrededor de un metro cúbico. Sin embargo, en la Región del Maule tenemos una reserva, la Laguna del Maule, gracias a la cual se gastan en invierno cincuenta millones de metros cúbicos solamente para generación eléctrica. Eso yo también lo encuentro injusto, porque esas aguas se podrían aprovechar para riego como un segundo uso.
Me parece que este proyecto de ley nos va a llevar a pensar y a discutir sobre ese tipo de cosas. Así que invito a todos los Senadores a formular indicaciones para mejorarlo. Estimo que la rica discusión que se ha dado en la Sala nos llevará a visionar de mejor forma el buen uso de las aguas, para que a todos nos vaya bien como país y como habitantes de este mundo.
Sabemos que el agua es vida, y la vida tenemos que cuidarla porque es la esencia que tenemos en esta tierra, Presidenta.
Por ello, voto a favor del proyecto.
Y espero que haya muchas indicaciones que analizar y estudiar para mejorar su texto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Juan Castro.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Voy a consultar la opción de voto de las señoras Senadoras y los señores Senadores que han solicitado votar anticipadamente, sin fundamentar.
La Senadora señora Allende hizo esta petición, pero, cuando intervino y manifestó su voto a favor, ya estaba abierta la votación, así que ya se registró su opción de aprobar el proyecto.
Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?
¿Puede activar el micrófono desde allá?
No puede.
Bueno, le vamos a preguntar más adelante.
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?
El señor QUINTEROS.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
¿Cómo vota, señor Senador?
¿Puede activar su micrófono desde allá?
Senador señor Elizalde, ¿cómo vota? Ahí se activó su micrófono.
El señor ELIZALDE.-
A favor.
El anfitrión no me autorizaba; por eso no podía hablar.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Lo vamos a ver acá.
Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.-
Abstención, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se abstiene.
A la Senadora señora Órdenes ya se le registró su opción de voto a favor.
Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Me abstengo, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Se abstiene.
No sé si el Senador señor Insulza puede activar su micrófono. La verdad es que desde acá ya está habilitado.
El señor INSULZA.-
Secretario,...
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¡Ahí sí!
El señor INSULZA.-
... es primera vez que me habilitan el micrófono. No me lo habilitaron antes ninguna vez.
Voto a favor.
Gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, Senador.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
La Senadora Aravena ha solicitado fundamentar su voto y el Senador Montes está pidiendo votar.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
El señor LAGOS.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
La Senadora Aravena hará uso de su tiempo para fundamentar el voto.
Tiene la palabra, señora Senadora.
La señora ARAVENA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Primero, creo que nadie está en desacuerdo con el objetivo del proyecto, que es absolutamente razonable y va en la línea de lo que hemos avanzado en la iniciativa que modifica el Código de Aguas, respecto de la cual me alegra saber que queda muy poco para que se vote en esta Sala. Esto corresponde a la labor que está haciendo la Comisión de Constitución y que significó que por dos años trabajaran en la Comisión de Agricultura muchos de los integrantes que también elaboraron el proyecto en análisis.
Por otro lado, el anuncio del Gobierno sobre la creación de la Subsecretaría del Agua viene a completar una solicitud que nosotros, como Comisión de Agricultura, planteamos hace varios años. Hoy día se requiere administrar de mejor manera la institucionalidad del agua.
Otra cosa que hay que tener en consideración es que los planes de cuenca, que son parte del nuevo Código de Aguas, se empezaron a implementar desde ahora; así que no será necesario esperar, ¡por suerte!, que se aprueben previamente. De las 101 cuencas que hay en Chile, ya estamos trabajando en el estudio de 61. Este es un tremendo avance científico, que va a permitir avanzar en la sostenibilidad de las cuencas y del recurso agua, así como realizar un estudio de las aguas superficiales y también de las subterráneas, lo que no se ha hecho nunca. O sea, a partir de este punto, recién vamos a entender cómo funciona esto y, además, podremos hacer una entrega mucho más eficiente de este recurso.
Por otra parte, debo señalar que en el nuevo Código de Aguas -esto fue unánime, y es importante aclararlo en este Senado- quedó explícitamente establecido que ya no se va a especular más con las aguas y que todas las que no se usan tendrán que ser devueltas al Estado de Chile. Por tanto, el derecho que existe, que es solo un derecho de uso, se va a acabar. Y yo me alegro de que sea así, porque son miles los litros por segundo que hoy día se mantienen en manos de privados y que nunca los han utilizado para lo que los solicitaron.
Me preocupa del proyecto el tema del estudio de impacto ambiental. Si bien me parece correcto que se realice, no se dice a qué superficie afecta. Va a ser muy difícil que la pequeña agricultura lo pueda hacer, por un tema de costo.
Además, la mayor parte de la actividad agrícola, excepto la de los frutales, sobre todo en mi región, es anual. Los costos de producción son altos en cultivos anuales y los márgenes de utilidad, muy bajos. Entonces, si todos los años hubiera que hacer estudios de impacto ambiental para cultivos anuales, la verdad es que podríamos ir en detrimento de esta actividad. Para muchas familias de mi región, que son de escasos recursos -y digo "escasos" porque no ser pequeños propietarios de Indap no los convierte necesariamente en grandes agricultores-, se podría generar un problema.
Lo otro que me preocupa se relaciona con incentivar la eficiencia hídrica. ¡Obvio que sí! No se puede seguir regando como en la zona central, donde veo muchísimo la horticultura regada por surco. ¡Eso ya es del pasado y es tremendamente ineficiente! Pero se requiere mucho dinero y un plan de inversión estatal a veinte o treinta años para que se tecnifique el riego en nuestra agricultura.
Por otro lado, se plantean informes de eficiencia energética y lo relativo a la huella hídrica. Todo eso está bien, pero implica contar con profesionales y unidades especializadas en la evaluación de esos informes. Y eso claramente genera una vinculación con el Estado.
Creo que este proyecto requiere un patrocinio para trabajarlo con detalle. Me parece una muy buena la intención...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Por favor, dele más tiempo, Secretario.
La señora ARAVENA.-
Gracias.
Al igual que el Senador Galilea, creo que hoy día la agricultura tiene clarísimo qué cantidad de agua se ocupa por cultivo. Eso ya está definido y no es necesario estudiarlo.
Y respecto del tema de las aguas lluvias, lo celebro, porque es una medida tremendamente importante, sobre todo en las regiones del sur.
Para que esto no sea una mera declaración de buenas intenciones, me gustaría que se disponga de un tiempo importante para la presentación de indicaciones, y nosotros, evidentemente, vamos a presentar varias.
Además, pido, públicamente, el patrocinio del Ejecutivo, para que esto sea una realidad.
Proyectos con meras intenciones no sirven hoy día, pues los efectos del cambio climático son algo real, y hay que hacerse cargo. Ante ello, creo que habrá un muy buen compromiso de parte de los Ministerios de Agricultura y de Obras Públicas.
Por otra parte, el hecho de que no se contemplen incentivos me parece que, en caso de que no sea por vía reglamentaria, podría generar que los impactos deseados no se cumplan.
Yo solicitaría ahora, aunque lo vamos a resolver después, que el plazo para presentar indicaciones sea al menos a mediados de mayo, porque el tema es importante.
Aun cuando el proyecto tiene dificultades en su formulación, yo lo voto a favor. Y espero que podamos mejorarlo y sacar algo en concreto que aporte al tema del agua en Chile.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Carmen Gloria Aravena.
Le ofrezco la palabra al Secretario, Raúl Guzmán, para que tome la votación de aquellos colegas que aún no han emitido su voto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Senadora señora Carvajal, ¿cómo vota?
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Gracias, Secretario.
Señora Presidenta, hay un tema bien importante en nuestro país y que todos debiéramos asumir: en muchas regiones se pierde una gran cantidad de agua, porque no hemos hecho las inversiones, como Estado, para acumularla. Más del 80 por ciento del agua, en muchos casos, se va al mar.
Lo primero que debemos hacer es tener una política pública de embalses, pero también de algo que ya se está haciendo y que está dando bastante buenos resultados, que son las recargas de acuíferos.
En invierno, precisamente cuando hay lluvias, se hacen trabajos en algunos ríos, específicamente unos pequeños tacos, con el fin de ir recargando los acuíferos, lo que impacta fundamentalmente en las aguas subterráneas. Esa política pública ya ha partido, pero hay que tratar de fomentarla.
Tenemos agua en muchas zonas; el problema es que no la estamos aprovechando adecuadamente.
Por otro lado, es muy importante entender que hoy día el Estado y también los privados están haciendo fuertes inversiones con el fin de contar con tecnificación de riego. Eso significa ahorrarse hasta el 70 por ciento del agua, en comparación al riego tradicional.
La Senadora Carmen Gloria Aravena habló del riego por surcos. Efectivamente el Indap está trabajando fuertemente para apoyar a los pequeños agricultores, a fin de que tengan los recursos y los medios para tecnificar sus riegos. Debemos entender que esto es muy relevante.
Además, tiene la ventaja no solo de un menor consumo hídrico, sino también de todo lo que significa el suministro de abono correspondiente. Por tanto, hay una serie de situaciones que son muy muy importantes para una mejor calidad de nuestros productos.
Asimismo, hablamos de que nuestro país debe ser una potencia agroalimentaria. Debemos fomentar y apoyar a los productores para que eso sea una realidad, pero hasta el día de hoy solo en algunos cultivos y plantaciones tenemos esa calidad, no así en el resto.
También es muy importante entender la realidad agrícola. Aquí se propone ingresar a personas que siembran papas, a hortaliceros, al sistema de evaluación ambiental. Para ellos es imposible, ¡es imposible! Seamos francos. ¿Cuánto demora una declaración o un estudio de impacto ambiental? Muchas veces, años, y los cultivos son anuales.
Por consiguiente, debemos entender bien de qué se trata. La realidad agrícola es muy distinta de la de otros rubros en que se generan proyectos de inversión. ¡Para qué hablar del caso de la minería; para qué hablar del caso de la industria!
Creo que hay que tener mayor conocimiento de lo que es la realidad agrícola, antes de hacer ciertas propuestas.
Señora Presidenta, este proyecto está bien intencionado, tal como se ha dicho, pero incluye enormes aspectos burocráticos, que pueden impedir el desarrollo de las regiones, de las cuales somos todos representantes.
Por eso me voy a abstener en esta votación. Y espero que las indicaciones que se presenten mejoren la iniciativa, a fin de que no haya trabas a las inversiones que tanto requiere este país.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Alejandro García-Huidobro.
Le ofrezco la palabra al Secretario, para que tome la votación de los colegas que aún están pendientes.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
El Senador señor García-Huidobro se abstiene.
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El señor GUILLIER.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Se ha incorporado la Senadora señora Carvajal. ¿Cómo vota?
La señora CARVAJAL.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
Senadora señora Allende, ya tengo registrado su voto a favor.
La señora ALLENDE.-
Perfecto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Finalizada la votación.
--Se aprueba el proyecto en general (27 votos a favor y 4 abstenciones), dejándose constancia de que se cumplió el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Sabat y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Se abstuvieron las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Galilea y García-Huidobro.
Se encontraban pareados la señora Ebensperger y el señor Moreira.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se propone como plazo para presentar indicaciones el 30 de abril, a las 12 horas.
¿Les parece?
--Así se acuerda.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
De la misma forma, se sugiere como plazo para formular indicaciones al proyecto que vimos en el primer punto de la tabla, referido a la posibilidad de que el apellido de la madre anteceda al del padre, para el 8 de abril, a las 12 horas, en la Secretaría de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género.
¿Hay acuerdo?
--Así se acuerda.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 12:19.
Claudia Zumelzu Cornejo
Jefa de la Redacción suplente