REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 369ª

Sesión 47ª, en jueves 24 de junio de 2021

Especial

(Celebrada presencial y telemáticamente, de 10:26 a 12:42)

PRESIDENCIA DE SEÑORA YASNA PROVOSTE CAMPILLAY, PRESIDENTA,

Y SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE

SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron presencialmente las señoras y los señores:

--Aravena Acuña, Carmen Gloria

--Carvajal Ambiado, Loreto

--Chahuán Chahuán, Francisco

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Durana Semir, José Miguel

--Ebensperger Orrego, Luz

--Elizalde Soto, Álvaro

--García Ruminot, José

--Girardi Lavín, Guido

--Goic Boroevic, Carolina

--Latorre Riveros, Juan Ignacio

--Muñoz D´Albora, Adriana

--Pizarro Soto, Jorge

--Provoste Campillay, Yasna

--Pugh Olavarría, Kenneth

Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:

--Allende Bussi, Isabel

--Alvarado Andrade, Claudio

--Araya Guerrero, Pedro

--Castro Prieto, Juan

--De Urresti Longton, Alfonso

--Galilea Vial, Rodrigo

--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro

--Insulza Salinas, José Miguel

--Lagos Weber, Ricardo

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Montes Cisternas, Carlos

--Órdenes Neira, Ximena

--Ossandón Irarrázabal, Manuel José

--Prohens Espinosa, Rafael

--Quintana Leal, Jaime

--Quinteros Lara, Rabindranath

--Rincón González, Ximena

--Sandoval Plaza, David

--Soria Quiroga, Jorge

--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline

--Von Baer Jahn, Ena

Concurrieron, además, presencialmente, el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli Basili, y el Director del Servicio Nacional de Migraciones, señor Álvaro Bellolio Avaria.

Asimismo, se encontraban presentes la Defensora de los Derechos de la Niñez, señora Patricia Muñoz García; la Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Chile, señora Ludmila Palazzo; el Consejero Director del Consejo Nacional de la Sociedad Civil Migraciones Chile, señor Antonio Calvo Bolaños; el Director de Incidencia Pública y Estudios Servicio Jesuita a Migrantes, señor Carlos Figueroa Salazar, y el Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, señor Gonzalo Valdés Edwards.

Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 10:26, en presencia de 17 señoras Senadoras y señores Senadores.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

III. CUENTA

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:

Informe

De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de federación deportiva para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente (Boletín N° 13.869-29) (con urgencia calificada de "simple").

--Queda para tabla.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Eso es todo, señora Presidenta.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Se ofrece la palabra sobre la Cuenta.

Se ofrece la palabra.

IV. ORDEN DEL DÍA

ANÁLISIS DE POLÍTICA GUBERNATIVA EN MATERIA DE EXPULSIÓN MASIVA DE MIGRANTES A LA LUZ DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS

La señora PROVOSTE (Presidenta).- En virtud del acuerdo de Comités adoptado recientemente, procede realizar esta sesión especial del Senado, con el propósito de analizar la política del Gobierno en materia de expulsiones masivas de migrantes desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales de estas personas y sus familias.

A esta sesión fue invitado el señor Ministro del Interior y de Seguridad Pública, quien nos manifestó con antelación su dificultad para poder asistir, como era su deseo. De hecho, en un momento nos solicitó evaluar la posibilidad de postergarla, porque él tenía un personal interés en participar, pero a esta hora se encuentra en la Cámara de Diputados en la presentación de la prórroga del estado de excepción constitucional. Esta situación la conversé personalmente con algunos de los solicitantes y consideramos necesario seguir adelante con la sesión especial y acoger la solicitud del Ministro: que en su reemplazo asista el Subsecretario del Interior, señor Galli, para quien pido la autorización de ingreso, junto al Jefe de Extranjería, señor Bellolio.

¿Le parece a la Sala?

Así se acuerda.

Además, han sido invitadas a esta sesión la Defensora de los Derechos de la Niñez, señora Patricia Muñoz García; la Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Chile, señora Ludmila Palazzo; el Consejero Director del Consejo Nacional de la Sociedad Civil Migraciones Chile, señor Antonio Calvo Bolaños; el Director de Incidencia Pública y Estudios Servicio Jesuita a Migrantes, señor Carlos Figueroa Salazar, y el Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, señor Gonzalo Valdés Edwards.

Para iniciar esta sesión y colocarla en contexto, además en un día en que públicamente se ha dado a conocer una nueva expulsión masiva de migrantes, ofrezco la palabra al Senador de Revolución Democrática, señor Juan Ignacio Latorre.

El señor LATORRE.- Gracias, Presidenta.

Primero, quiero valorar esta sesión especial que...

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Señor Senador, ¿nos permite un segundo?

El señor LATORRE.- Sí, claro.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Porque como hemos autorizado ya el ingreso, nos gustaría que el representante del Ministerio del Interior, que es el señor Subsecretario, escuche su intervención desde un comienzo.

Desde ya, le damos la más cordial bienvenida, y agradecemos la presencia de todos nuestros invitados e invitadas a esta sesión especial.

Ahora sí, le ofrecemos la palabra al Senador Juan Ignacio Latorre.

El señor LATORRE.- Gracias, Presidenta.

Bueno, lo primero es, junto con saludar a la Sala, al Subsecretario, a quienes nos acompañan, valorar esta sesión especial solicitada por los Comités de Oposición para analizar la política de expulsiones colectivas de personas migrantes por parte del Gobierno del Presidente Piñera.

En febrero de este año se evidenció un lamentable hito: se verificó la expulsión más masiva que se haya realizado en Chile hasta ese momento. Dicho hito fue celebrado ante los medios de comunicación por el propio Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, destacando su masividad como si fuese objeto de orgullo. Se trató de una expulsión vía área de ochenta y seis personas y terrestre, de otras cincuenta y dos personas más, todas las cuales fueron devueltas a sus países de origen. Posteriormente, el 25 de abril asistimos nuevamente a otro lamentable evento de similar característica. Esto se repetiría recientemente el domingo 6 de junio con el anuncio de la expulsión masiva de cincuenta y seis ciudadanos venezolanos. Y nuevamente nos enteramos el día de hoy de que se programó otra expulsión colectiva de setenta y dos personas migrantes.

Esta práctica del Gobierno, programada además en fines de semana, días domingo, cuando las cortes de apelaciones del país no sesionan, impide el ejercicio de acciones judiciales para proteger los derechos fundamentales de las personas afectadas.

Afortunadamente, pero con posterioridad a estos hechos, la Corte Suprema instruyó a las cortes de apelaciones para que se reúnan en horario inhábil frente a la interposición de recursos de amparo urgentes los días domingos, a fin de resolver asuntos de suma urgencia como en los casos descritos. Esto nos parece de suma gravedad, porque incluso desde la Corte Suprema y el Poder Judicial se estaría hablando, en el fondo, de expulsiones en algunos casos arbitrarias e ilegales. Eso es algo a analizar y a dar cuenta por parte del Gobierno del Presidente Piñera.

Nos preocupa la vulneración directa de los derechos de las personas expulsadas, pero especialmente nos inquieta la situación que queda para sus familias en Chile: qué pasa con niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas particularmente, quienes con motivo de la decisión anunciada podrían verse separados de sus familias y, en consecuencia, fuertemente afectados también en sus derechos. Por eso la invitación el día de hoy a la Defensoría de la Niñez, a Unicef.

En razón de tal preocupación, hemos oficiado al Ministerio del Interior a fin de que nos informe acerca de la situación familiar de las personas expulsadas de Chile, para conocer y determinar el alcance de estas posibles separaciones familiares: dolorosas, inhumanas y, en mi opinión, irracionales.

Han sido reiteradas las ocasiones en que diversas organizaciones nacionales e internacionales, como la Defensoría de la Niñez, el Servicio Jesuita a Migrantes, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre otras, han llamado la atención al Gobierno y solicitado el cese de la política de expulsiones masivas que se han ido dictando e implementando el último tiempo.

El propio Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, Felipe González, señaló que las deportaciones no se pueden llevar a cabo de manera sumaria. Estas requieren una evaluación individual, caso a caso; necesitan protección internacional, debido proceso, derecho a ser oídos frente a tribunales, teniendo en cuenta además las condiciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares y otras que puedan existir. La política de expulsiones debiera ser el último recurso, la última instancia, por cierto, cumpliendo el debido proceso.

En el marco de los compromisos que tiene Chile en materia de derecho internacional de los derechos humanos, como también de las leyes a nivel interno, es preocupante que políticas como las mencionadas puedan seguir ocurriendo y siendo avaladas desde el Gobierno, por cuanto colisionan directamente con tres límites fundamentales desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos, y se han extendido al sistema judicial chileno, que son: el principio de la reunificación familiar, el principio del interés superior del niño y el principio del debido proceso.

Además, nos preocupan muchísimo ciertos protocolos de acción. Hemos recibido testimonios recientes, desde las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las personas migrantes y defienden sus derechos, de prácticas por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones que acompañan en bus a personas detenidas y luego las dejan abandonas a muchos kilómetros del lugar de detención y del trayecto del bus, absolutamente en desamparo, sin celular cargado. Es decir, hay una serie de prácticas inhumanas también a la hora de estas detenciones a personas migrantes.

Por último, Presidenta, cabe mencionar como antecedente que el día de ayer en un medio de comunicación se informó la existencia de un contrato de prestación de servicios, del 21 de abril de 2021, por 1.500 millones de pesos, entre el Ministerio del Interior y la empresa Sky Airline, dirigida, además, por Paulmann, sobrino del fundador de Cencosud, para transportar vía área a unas 2.700 personas fuera de Chile en el marco de estas expulsiones colectivas impulsadas por el Gobierno del Presidente Piñera.

Este contrato se suma a los antecedentes existentes de una política sistemática, planificada, orientada a la vulneración de derechos fundamentales de las personas migrantes, la que además puede ser un negocio para una aerolínea privada.

Ese es el contexto, Presidenta, de la sesión especial.

Agradezco el tiempo y a los colegas por esta sesión.

Gracias.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchísimas gracias al Senador Juan Ignacio Latorre.

A continuación, le ofrezco la palabra al señor Subsecretario del Interior para que se refiera a la política migratoria. Tendrá diez minutos iniciales y luego podrá reaccionar, tras escuchar la ronda de intervenciones de nuestros invitados e invitadas.

Señor Subsecretario, tiene la palabra.

El señor GALLI (Subsecretario del Interior).- Muchísimas gracias, Presidenta. Y agradezco a todos los Senadores que están presentes en la Sala y a quienes nos acompañan telemáticamente.

La verdad es que nosotros venimos a dar cuenta de un proceso que consiste esencialmente en cumplir la ley. Y trataré de ser muy didáctico en lo que diré.

Nuestra legislación migratoria acaba de ser cambiada por este Congreso Nacional, Presidenta, ¡por este Congreso Nacional!, el cual ha dado señales muy potentes en cuanto a explicitar los derechos de que son sujeto los ciudadanos extranjeros que buscan desarrollar sus proyectos de vida en Chile.

Y la nueva legislación migratoria, aprobada por este Congreso Nacional, establece ciertos principios, pero también tiene un título completo que se refiere a las expulsiones. Es decir, la expulsión es una medida que el Estado puede tomar respecto de aquellos ciudadanos extranjeros que incumplen gravemente la legislación migratoria.

Quizá eso es lo primero que deberíamos concordar, porque aquí pareciera que se dijera que la expulsión no es posible. Entonces, en lo que deberíamos concordar es en qué circunstancias y bajo qué condiciones el Estado de Chile puede llevar adelante un proceso de expulsión respecto de un ciudadano extranjero.

Y ahí entro en el detalle, Presidenta, porque quizá uno de los grandes avances que ha tenido Chile en el último tiempo, pero que se ratifica y concretiza en la nueva Ley Migratoria, es el principio de no criminalización de la migración.

¿Y por qué digo esto, Presidenta? Porque ya el Estado de Chile, hace bastante tiempo, tomó la decisión de no perseguir criminalmente a los migrantes, pese a que nuestra legislación aún vigente, ¡aún vigente!, establece como delito, ¡como delito!, el ingreso clandestino a nuestro país. El ingreso por pasos no habilitados a nuestro país hoy día es delito en Chile. El Estado de Chile ha decidido, creo yo muy razonablemente, en primer lugar, no perseguir esos delitos criminalmente; y, en segundo lugar, derogar el delito de ingreso clandestino en la nueva Ley Migratoria.

Por lo tanto, Presidenta, pese a que las cortes en algunos casos han fallado que nosotros deberíamos seguir adelante con la persecución penal, nosotros creemos que ese es un camino equivocado y que no debemos perseguir penalmente a los migrantes, aun cuando hayan ingresado a Chile de manera clandestina o por pasos no habilitados.

Entonces, ¿qué nos queda?

Estos procesos de expulsión pueden tener su origen en dos causas. La primera es, de nuevo, un cambio de legislación ya no migratoria, sino que un cambio en la legislación de lo que en ese momento eran las medidas alternativas al cumplimiento de las condenas, hoy día Ley de Penas Sustitutivas, que permite a un tribunal de la República sustituir una pena privativa de libertad, cuando esa pena privativa de libertad por la comisión de delitos sea inferior a cinco años y haya sido ese delito cometido por un extranjero, por una pena de expulsión.

Una pena sustitutiva, Presidenta, que es muy beneficiosa para el migrante. ¿Por qué digo esto? Porque esa persona debería haber cumplido penas privativas de libertad en Chile, pero el tribunal le sustituye su pena por la expulsión de Chile, quedando en libertad en su país de origen, con una prohibición de ingreso a nuestro país de diez años.

Por consiguiente, una opción es la expulsión que constituye una pena sustitutiva de una pena privativa de libertad, determinada así por un tribunal de justicia.

Y aquí sí quiero hacerme cargo de algo que señaló el Senador Latorre -Presidenta, por su intermedio- y que se ha dicho por varias personas de manera pública, respecto a la masividad o colectividad de las expulsiones.

Yo asumo que esa expresión no se refiere al número de personas expulsadas, porque si lo son como consecuencia de órdenes judiciales, el número es irrelevante, Presidenta. Repito: el número de personas expulsadas, si es que lo son por órdenes de los tribunales de justicia, es irrelevante. Lo importante es que la Administración del Estado cumpla oportunamente con la orden de un tribunal de justicia que determina expulsar a una persona para sustituir su pena privativa de libertad.

Eso tiene dos grandes consecuencias respecto de su aplicación. En primer lugar, porque esas personas están privadas de libertad mientras no se materialice su expulsión, pese a que una vez expulsadas van a quedar en libertad en su país de origen, y, por lo tanto, hay que hacerlo lo antes posible. Y por eso se hacen gestiones.

Entonces, asumamos que cuando se hace la crítica de que estas expulsiones son colectivas o masivas, no se hace respecto de aquellas que son expulsiones que denominamos "judiciales", porque esas lo son en virtud de órdenes de los tribunales de justicia de nuestro país.

Vamos, por tanto, a las expulsiones así denominadas "administrativas".

Ahí, Presidenta, lo que hacemos es cumplir la ley. Aquí se dice que hay una "política del actual Gobierno". Lo que hay en la política del actual Gobierno es cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Y hacer cumplir la ley implica que aquellas personas que incumplen gravemente nuestra legislación migratoria se sujetan a un proceso administrativo ¡individual! Respecto de cada una de las personas que son expulsadas se abre un proceso y hay un expediente administrativo. Respecto de cada una de esas personas se inicia un proceso administrativo, esas expulsiones son notificadas, y tanto es así que quienes fueron expulsados en los primeros días del mes de junio y quienes fueron expulsados en el mes de abril, todos fueron notificados días, semanas, meses y hasta más de un año antes de que se materializara la expulsión, de la decisión del Estado de Chile de aplicar dicha medida como consecuencia de un procedimiento administrativo, Presidenta.

Es decir, aquí hay un procedimiento administrativo que se lleva adelante.

Ahora, tampoco podemos ser ajenos y no somos ciegos a las resoluciones de los tribunales de justicia. Y, por lo mismo, lo que hemos hecho es leer con mucha atención los distintos fallos de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema. Pero la verdad es que aquí ha habido un cambio de criterio, Presidenta. Hasta ahora -y tenemos sucesivos fallos de la Corte Suprema sobre el particular-, bastaba para la Corte y, por lo tanto, para la Administración, con acreditar el ingreso clandestino o el ingreso por pasos no habilitados de la persona -es decir, que haya evadido un control migratorio en nuestro país- para poder llevar adelante su expulsión de Chile.

Ese criterio ha cambiado, Presidenta, en la Corte Suprema, pero de manera que en algunos casos es compartida por nosotros y en otros casos no lo es. Le voy a poner solo tres ejemplos, Presidenta.

El primero, como le decía antes, es el fundamento de la Corte, en algunos casos, en orden a que no se ha llevado adelante el proceso penal en contra del migrante antes de expulsarlo. Por tanto, dicha instancia judicial pareciera decirnos que nosotros primero tendríamos que perseguir penalmente al migrante y, una vez que se le condene por el ingreso clandestino en virtud del delito vigente, podríamos llevar adelante la expulsión. Creemos que ese criterio es equivocado por el principio de no criminalización de la migración. Nosotros no debemos perseguir penalmente a esas personas.

En segundo lugar, Presidenta, en un caso el ciudadano extranjero no acreditó durante el proceso administrativo que tenía un vínculo con un niño, niña o adolescente, pero hizo esa alegación al momento en que se iba a materializar su expulsión; por lo tanto...

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Subsecretario.

Le daremos un minuto adicional.

El señor GALLI (Subsecretario del Interior).- Gracias, Presidenta.

Lo que se hizo en ese caso es que, apenas se tuvo noticias de que él tenía un vínculo con un niño, niña o adolescente, esa expulsión se suspendió, Presidenta, porque nosotros entendemos y compartimos que el interés superior del niño está antes que la voluntad de la Administración de hacer cumplir la ley migratoria.

Por último, cabe preguntarse cuál es el nivel de amplitud que debe tener la protección que se le da al extranjero respecto de su arraigo. Le pongo un ejemplo, Presidenta: hay personas que han intentado regularizar su situación migratoria, pero no lo han podido hacer -es el caso de la expulsión que se materializó hoy- porque tenían antecedentes penales en su país de origen. Dada su condición irregular, el Estado de Chile toma la decisión de expulsar a esos migrantes de vuelta a su país. Eventualmente, esas personas deberán responder ante la justicia de su país por los antecedentes penales que tenían.

Por lo tanto, Presidenta, se trata de personas que no pueden regularizar su situación migratoria en Chile, porque, de acuerdo con la ley aprobada por este Congreso, quienes tengan antecedentes penales no podrán hacerlo. Ante ello, el Estado de Chile toma la decisión de expulsarlos. Bueno, la Corte Suprema, en algunos de esos casos, ha tenido criterios dispares al respecto.

Finalmente, Presidenta, quiero poner énfasis en que la voluntad del Gobierno es hacer cumplir la ley. Y le voy a decir por qué. Este no es un criterio formal solamente, sino de fondo. Si no logramos mandar claramente la señal de que el ingreso por paso no habilitado o el ingreso clandestino a Chile es algo no deseado, vamos por el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque el ingreso clandestino es riesgoso, es peligroso. Y no lo digo solo porque se incumpla la legislación migratoria, sino también porque implica un riesgo para el migrante, Presidenta.

Arriesgan su vida o su integridad física las personas que se exponen a ingresar clandestinamente a Chile, pues no conocen las condiciones climáticas que se viven en nuestras fronteras. Hoy día, Presidenta, en la madrugada, Carabineros de Chile tuvo que rescatar a migrantes que estaban entrando clandestinamente por el paso Hito Cajón, porque nevaba, porque había temperaturas bajo cero, porque estaban a una altura de 4.500 metros...

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Señor Subsecretario, le hemos otorgado ya en dos oportunidades minutos adicionales; le vamos a ofrecer el último para que concluya la idea.

Y vamos a mantener lo que le hemos dicho: al final va a disponer de un tiempo extra para hacerse cargo de los comentarios de nuestros invitados.

El señor GALLI (Subsecretario del Interior).- Perdón, Presidenta.

En concreto, decía que hay riesgo a la vida y a la integridad física.

El segundo gran riesgo es ser víctima de redes de tráfico de migrantes, víctima de abuso y tener que desembolsar sumas de dinero para poder ingresar a Chile por pasos no habilitados.

El tercer gran riesgo, Presidenta, es ser expulsados de Chile, producto de que cometen una grave infracción migratoria. El ingreso clandestino por paso no habilitado es una grave infracción en la actual norma migratoria y también de la nueva ley aprobada por este Congreso hace pocos días.

Por último, hay un riesgo de cohesión social a partir del hecho de que esas personas van a estar irregulares en Chile. Por esa razón, van a ser empleadas informalmente y van a tener que pagar altas sumas de dinero a arrendatarios inescrupulosos.

Por eso, Presidenta, tenemos que desincentivar el ingreso clandestino a nuestro país.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchísimas gracias.

Le ofrezco la palabra de inmediato al señor Carlos Figueroa Salazar, Director de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes.

Para nuestros invitados tenemos dispuesto seis minutos, con la posibilidad de un minuto adicional para que puedan concluir las ideas. Les pedimos colaboración en esto, porque también hay Senadores y Senadoras que quieren hacer consultas en esta sesión especial.

Don Carlos Figueroa, tiene usted la palabra.

El señor FIGUEROA (Director de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes).- Gracias, Presidenta.

Por su intermedio, voy a dar a conocer la postura del Servicio Jesuita a Migrantes, que cuenta con el respaldo de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, sobre las expulsiones colectivas ejecutadas por el actual Gobierno.

Buscamos que nos escuchen, pero también que se tomen medidas en la dirección correcta y de manera urgente, para detener estos actos "ilegales" -cito el fallo de la Corte- que están siendo ejecutados.

Estamos hablando hoy, señora Presidenta, de cuatro vuelos con cerca de 55 pasajeros cada uno, en los que se expulsó a migrantes fuera de Chile.

El Subsecretario, quien acaba de hablar, tiene razón al decir que algunas de estas expulsiones están justificadas en la comisión de un delito, pero falta a la verdad al señalar que todas ellas lo están, por cuanto no es lo mismo la expulsión de un ciudadano que conmuta una pena por microtráfico o por otro delito que la de un ciudadano que es expulsado por medio de un acto administrativo, quien no ha tenido ninguna posibilidad de defenderse. En estos últimos casos se está confundiendo a la opinión pública y se está produciendo, según lo ha señalado de manera categórica la justicia, la arbitrariedad y la ilegalidad de estas expulsiones.

Le explico, señora Presidenta -y, por su intermedio, a los Senadores y al Subsecretario-, brevemente el problema desde nuestra perspectiva.

Hoy el Gobierno de Chile está impidiendo que ingresen por la vía formal y regular personas que buscan llegar al país, no solo por el cierre de fronteras debido a la pandemia, sino también por la imposición de visados o permisos especiales que se deben obtener en los países de origen. Pero estos, por ejemplo en el caso de los venezolanos, en la práctica, según lo demuestran las cifras que poseemos y que nos ha dado la misma autoridad, son escasamente otorgados.

El número de personas que ingresan por pasos no habilitados ha aumentado como no se había visto en Gobiernos anteriores, alcanzando las cifras más altas de la última década. Solamente en los últimos tres años se ha concentrado el 77 por ciento de los ingresos irregulares correspondiente a los últimos diez años.

Al llegar a Chile estos migrantes, que en su gran mayoría -no todos, por supuesto, pero la gran mayoría- son personas honradas que huyen de un conflicto y buscan una vida digna, concurren a las oficinas de la Policía de Investigaciones para declarar que entraron por un paso no habilitado. Se autodenuncian, porque saben que ingresar por esos lugares no es lo correcto, y no están orgullosos de haber entrado por ese paso desértico, con climas difíciles, teniendo que sortear la noche gélida, a veces con sus hijos en brazos, con diarrea, o con días de mucho calor.

Y ahí están, en el cuartel policial. Desde ese momento deben ir a firmar semanalmente al cuartel, como si fueran delincuentes condenados, pero no lo son. Lo hacen con la esperanza de iniciar de esa forma su regularización en el país. Tiempo después, reciben una orden de expulsión administrativa, para echarlos del país. De ellos estamos hablando hoy y de este tipo de acciones. Por eso venimos a solicitar que se detengan las expulsiones colectivas.

La razón para solicitar esto, señora Presidenta, es simple: a todas las personas que ingresan por pasos no habilitados se les dicta y notifica una orden de expulsión sin que exista una investigación previa ni una condena, que es lo que exige la ley chilena. En la decisión de expulsarlas tampoco se analizan ni se consideran las situaciones particulares de cada migrante: la existencia de una familia, de niños o niñas, u otros vínculos en el país; las condiciones de salud, o cualquier otro antecedente relevante. Tampoco se toma en cuenta la posibilidad de que muchos de ellos sean solicitantes de refugio, de conformidad con la ley vigente en el país.

Además, todas las órdenes de expulsión son iguales, en serie. La autoridad, desde nuestro punto de vista, falta a la verdad cuando señala que no es una expulsión colectiva porque se dictó una resolución para cada uno. Eso no basta, señora Presidenta; debe analizarse la situación de cada uno, y mal puede hacerse si no cuentan con una instancia para defenderse y para aportar esta información.

Los Estados, señor Subsecretario, tienen la soberanía para expulsar, pero no bajo cualquier circunstancia ni bajo cualquier pretexto. La Constitución y el derecho internacional señalan que debe hacerse con pleno respeto a los derechos humanos.

Y el gran y gigantesco error en todos estos procesos administrativos de expulsión, señor Subsecretario, es que ustedes han sido indiferentes frente a la ley y hacen caso omiso de su obligación de investigar cada caso. Ya lo dijo la Corte Suprema hace muy poco: ingresar por un paso no habilitado no es causal suficiente para expulsar a alguien del país. Para ello, sí se requiere un proceso, que implica una condena, un juicio y la capacidad de defenderse en esa instancia.

Nosotros, señora Presidenta, señores Senadores y señoras Senadoras, podemos decirles con certeza que no hay un análisis individualizado de cada caso, y eso es lo que precisamente constituye una expulsión colectiva.

Las pruebas están a la vista. Aquí van algunas para la memoria colectiva y el respaldo de lo que pronunciamos:

Febrero de 2021. Decenas de personas fueron detenidas en una residencia sanitaria de la ciudad de Iquique, todas de nacionalidad venezolana. En conjunto con la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado, presentamos tres recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones de Iquique, representando a sesenta y dos personas detenidas. Pero, dado que las órdenes de no innovar no se pudieron ver por los escasos tiempos que nos está dejando hoy día la autoridad, no se logró bajar a nadie del avión.

Les damos el beneficio de la duda a las autoridades. Quizás no sabían en ese entonces que las cortes fallarían, en su gran mayoría, en contra en estas expulsiones administrativas.

Abril de 2021, segunda expulsión colectiva. Cerca de cincuenta y cinco personas fueron detenidas en las ciudades de Arica e Iquique. Esta vez, en un mismo avión iban personas expulsadas con condenas y personas expulsadas administrativamente por ingresar por pasos no habilitados. Interpusimos dos recursos de amparo por treinta y cuatro personas: treinta y tres de ellas obtuvieron un fallo favorable y las bajamos del vuelo. Las pretendían expulsar por medio de un acto administrativo que las cortes dijeron que era "ilegal y arbitrario".

Aquí ya no podemos dar el beneficio de la duda. Estaban obrando en conocimiento de que la justicia les reconocería a estas personas el derecho a no ser expulsadas y a tener un debido proceso. Y la autoridad, sin investigar, sin el debido proceso, las quería expulsar igual. Se agrava aún más la situación, porque en este caso se les negó el derecho a contar con un abogado: fuimos físicamente impedidos de ingresar a los cuarteles de la Policía de Investigaciones.

Junio de 2021, un tercer vuelo que es financiado por el Gobierno. Luego de contratar para dicho servicio a la empresa Sky Airline -a estas alturas ya es copartícipe de estos vuelos-, con cerca de cincuenta y cinco personas detenidas en las ciudades de Santiago y Calama, el Servicio Jesuitas a Migrantes, en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Diego Portales, presentamos cinco recursos de amparo por trece personas que la autoridad quería expulsar, a sabiendas de que la justicia probablemente fallaría en su contra. No logramos llegar a tiempo, porque los tribunales entonces no abrían en días inhábiles o era muy difícil acceder a ellos. Pero ustedes ya conocen estos procedimientos -están en nuestro informe que les hicimos llegar a sus correos-: se hacen de madrugada, con muy poco tiempo para que los abogados puedan presentar su defensa y muchas veces con poca información. Obtuvimos trece fallos favorables, no a tiempo muchos de ellos.

Hay un dicho que dice: "Dennos hechos y les daremos el derecho".

El día de hoy, señora Presidenta, mientras nos encontramos en esta sesión, se está realizando una nueva expulsión colectiva. Ayer logramos bajar de este vuelo a siete personas de Arica, quienes venían camino a Santiago, y las dejaron botadas en la mitad de la carretera. Son órdenes de expulsión que no cumplen todas con el debido proceso. En vez de devolver a esas personas al lugar desde donde injustamente las sacaron, las dejaron tiradas en Chañaral, y nosotros tuvimos que hacernos cargo, en conjunto con las autoridades de la iglesia que se pusieron a disposición.

Señora Presidenta, señor Ministro, otro hecho: entre febrero y junio de 2021, ciento quince sentencias de la Corte de Apelaciones de Iquique, que firmes o confirmadas después por la Corte Suprema, han dejado sin efecto medidas de expulsión de personas extranjeras que habrían ingresado irregularmente al país. En ese mismo tribunal, solo diez acciones de amparo por personas que habían entrado irregularmente fueron rechazadas. Es decir, nueve de cada diez recursos de amparo fueron confirmados y fallaron en contra de las expulsiones administrativas del Gobierno.

Señora Presidenta, como Servicio Jesuitas a Migrantes este año hemos presentado treinta y dos recursos de amparo para revocar expulsiones administrativas por un total de 339 personas. En estos recursos solo una fue rechazada: ¡1 de 339! Gran parte argumentaba que el Gobierno -cito aquí uno de los tantos fallos- está actuando "ilegal y arbitrariamente" en estas expulsiones.

Estos son los hechos que están forjando el derecho.

La señora EBENSPERGER.- ¡Lleva mucho tiempo!

¡Son diez minutos, Presidenta!

El señor FIGUEROA (Director de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes).- Para ir finalizando, señora Presidenta, señor Subsecretario, señores Senadores y señoras Senadoras, no nos podemos ir sin remarcar que también hemos tenido...

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchísimas gracias por su intervención, señor Figueroa.

Teníamos algunos episodios en la Sala con respecto a que ya se le entregó el tiempo adicional.

Vamos a incorporar como parte integrante de su intervención lo que le faltó por exponer y que usted ha enviado por escrito.

--A continuación, se inserta texto escrito restante enviado por el señor Carlos Figueroa, Director de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, de conformidad con lo resuelto por los Comités:

"Para ir finalizando, Señor. Ministro y Sres. Senadores, no podemos irnos sin remarcar que también hemos tenidos otros contratiempos, que no queremos dejar de mencionar aunque no podamos profundizar: hemos presenciado en carne propia la inhumanidad con que se trata a familias, padres que son separados de su hijos (la paternidad no sólo es biológica), a personas que son dejadas en la carretera botadas cuando reciben la ONI, a personas subidas a aviones en overoles blancos. Sr. Ministro: le pedimos que detengamos las expulsiones colectivas de carácter administrativo por el concepto de ingreso por paso no habilitado. Pero también queremos pedirle humanidad en estos procedimientos aun cuando estemos en desacuerdo con sus medidas. No es digno el trato que se les está dando a estas personas y eso también está en su poder revertirlo.

Por otra parte, también hemos presenciado la prohibición de ingreso a los cuarteles de la PDI de nuestros abogados para ofrecer el derecho a la legítima defensa. Esto es inaceptable, pues está consagrado en la Constitución este derecho a asesoría jurídica. Recurrimos a la justicia y así lo confirmó la Corte Suprema. Pero ayer, pese a tener este fallo, nuevamente vivimos esta prohibición de ingreso a dos de nuestros abogados.

Sr. Ministro, Sres. Senadores y Senadoras, estamos pidiendo cosas básicas y simples. En nuestro informe podrán ver más detalles. Estamos pidiendo que se deje de expulsar colectivamente. Estamos pidiendo que se detengan las expulsiones colectivas de carácter administrativo, que impiden un examen individual del mérito de cada caso. Es decir, que se deje de expulsar sin hacer la investigación correspondiente y siguiendo el debido proceso. Estamos pidiendo que a quienes se les expulse por A, B o C razón, que se haga con dignidad humana, y no haciendo uso de esta expulsión para un fin político. Y estamos pidiendo que se respeten los derechos de un acceso oportuno y a tiempo a una defensa jurídica.

Sr. Ministro y Sres. Senadores y Senadoras, estamos agradecidos de esta invitación y esperamos seguir aportando en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y a su inclusión en Chile. Y esperamos que estas expulsiones colectivas se detengan de una vez por todas, porque no sólo les hacemos daño a quienes se les comete una injusticia. También nos hacemos daño a nosotros como sociedad al no respetar nuestras propias leyes y los derechos humanos que decimos promover y proteger. Muchas gracias.".

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La señora PROVOSTE (Presidenta).- Entiendo que la Senadora Ximena Rincón ha solicitado intervenir por un punto de reglamento.

Tiene la palabra.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidenta.

Lamento tener que pedirlo, porque esta sesión especial sobre el tema migrante es tremendamente importante, sobre todo cuando uno escucha afirmaciones del Subsecretario que no son efectivas o son poco exactas. Pese a ello, la Comisión Mixta que se formó para ver el proyecto del salario mínimo (boletín N° 14.225-13) necesita sesionar en paralelo con la Sala. Estamos convocados para las 11:00.

Ayer no se pudo materializar la reunión de la Comisión Mixta, por falta de quorum de los señores Diputados y las señoras Diputadas que se encontraban en sesión.

Tenemos que reunirnos ahora, a las 11:00, si le parece a la Sala.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- ¿Hay acuerdo?

--Se accede a lo solicitado.

La señora RINCÓN.- Gracias.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Si no logran el quorum, los esperamos acá de vuelta.

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La señora PROVOSTE (Presidenta).- Le ofrezco la palabra al señor Gonzalo Valdés Edwards, Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.

El señor VALDÉS (Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello).- Buenos días, Presidenta. Muchas gracias por la invitación.

Yo les quiero hablar del contexto y la situación que se vive hoy día en el país en este ámbito, especialmente pensando en el grado de conflictividad.

¿Me permite compartir pantalla, Presidenta? Creo que es importante presentar un par de datos respecto de la migración.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Puede compartir pantalla; no hay dificultad. Ya está habilitado para ello.

El señor VALDÉS (Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello).- Ahí pude hacerlo.

Muchas gracias, Presidenta.

Básicamente, les quiero hablar de lo que ha pasado en esta migración, comparado con lo que hemos visto en el resto de los procesos migratorios que han existido en Chile.

Es importante señalar que la migración siempre ha existido, y Chile no es la excepción.

Pero la velocidad ha sido muy rápida. Esto ha hecho que el proceso sea de más difícil adecuación.