REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
Legislatura 372ª
Sesión 10ª, especial
Martes 16 de abril de 2024
(De 18:08 a 20:01)
Presidente, señor José García Ruminot
Vicepresidente, señor Matías Walker Prieto
Secretario General, señor Raúl Guzmán Uribe
REDACCIÓN DE SESIONES
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Retamales, Karim
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Castro Prieto, Juan Enrique
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Flores García, Iván
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Órdenes Neira, Ximena
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, la ministra del Interior, señora Carolina Tohá Morales; los ministros de Relaciones Exteriores, señor Alberto van Klaveren Stork, y secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto.
Asimismo, se encontraban presentes el subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve Benavides, y el embajador de Chile en Venezuela, señor Jaime Gazmuri Mujica.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 18:08, en presencia de 25 señoras senadoras y señores senadores.
El señor GARCÍA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
MEDIDAS FRENTE A INCIDENTE GENERADO POR MUERTE DE CIUDADANO VENEZOLANO REFUGIADO EN CHILE SEÑOR RONALD OJEDA, SITUACIÓN DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON VENEZUELA Y EVALUACIÓN DE EFECTOS DERIVADOS DE MIGRACIÓN DURANTE ÚLTIMO TIEMPO
El señor GARCÍA (Presidente).-
Esta sesión especial ha sido convocada con la finalidad de conocer las medidas adoptadas por el Ejecutivo y otros organismos frente al incidente generado por la muerte del ciudadano venezolano señor Ronald Ojeda, refugiado en Chile, y conocer la situación de las relaciones diplomáticas con Venezuela, como también evaluar los efectos derivados de la migración hacia nuestro país durante el último tiempo.
A esta sesión han sido invitados la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales (esperamos que pueda ingresar al hemiciclo en algunos minutos más); el ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto van Klaveren Stork, a quien le agradecemos mucho su presencia; y el subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve Benavides.
Solicito autorización para que el embajador de Chile en Venezuela, señor Jaime Gazmuri, ingrese a la sala a fin de acompañar al señor canciller.
¿Habría acuerdo para ello?
El señor LAGOS.-
Sí.
--Así se acuerda.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Bienvenido, embajador y exsenador Gazmuri.
Tiene la palabra el señor Secretario para que informe sobre los acuerdos de comités en relación con esta sesión especial.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Como se ha indicado, los comités acordaron (a petición de tres de ellos: Partido Renovación Nacional e Independientes; Partido Unión Demócrata Independiente, y Partido Evópoli) citar a esta sesión especial, para lo cual fueron invitadas las autoridades ya mencionadas, todas las cuales confirmaron su participación.
Conforme a los acuerdos adoptados por los comités, se determinó otorgar la palabra a los senadores y a las senadoras según la distribución del tiempo para la hora de Incidentes, comunicando a la Mesa quiénes intervendrán por los respectivos comités y los minutos que se les asignarán al efecto. Posteriormente, se les dará la palabra a los representantes del Ejecutivo e invitados. Y, finalmente, por un máximo de tres minutos, podrá intervenir cada señora senadora o cada señor senador que así lo solicite.
De esta forma, al Comité Partido Renovación Nacional e Independientes le corresponden trece minutos; al Comité Unión Demócrata Independiente, once minutos; al Comité Partido Socialista, ocho minutos; al Comité Partido Por la Democracia e Independientes, siete minutos; al Comité Mixto Independiente y Partido Demócrata Cristiano, seis minutos; al Comité Partido Evópoli e Independiente, cuatro minutos; al Comité Partido Comunista, dos minutos; al Comité Partido Federación Regionalista Verde Social e Independiente, dos minutos; al Comité Partido Demócratas Chile, dos minutos; al Comité Partido Revolución Democrática, un minuto, y al Comité Partido Republicano un minuto. Ello, conforme a los sesenta minutos correspondientes al tiempo de la hora de Incidentes. Y, en caso de prolongarse, será factible adicionar minutos extras conforme a esta distribución.
Es todo, señor Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Hemos recibido los nombres de los representantes de distintos comités, a quienes les vamos a ofrecer la palabra de acuerdo al orden en que se han inscrito.
Hay comités que aún no nos han hecho llegar la nómina respectiva; pero, por supuesto, todavía pueden enviarla.
Senador Moreira, tiene la palabra.
El señor MOREIRA.-
Gracias, Presidente.
Bienvenidos, señor ministro y señor embajador.
Presidente, acabo de conversar con la jefa de bancada de la UDI a raíz de una consulta que le hice recién sobre la distribución de los tiempos, y creo que eso depende de cada parlamentario. En mi caso, tengo asignados cuatro minutos, además de los tres que a cada senador le corresponde; pero yo quiero hablar todo de un viaje.
Ahora, si alguien desea guardar tiempo para después, lo puede hacer: esa debe ser una decisión personal y no de la Mesa.
Le consulté a la jefa de bancada y ella me dijo que en el acuerdo...
La señora EBENSPERGER.-
No se habló de eso en el acuerdo.
El señor MOREIRA.-
... esto no se habló.
Entonces, yo por lo menos quiero hablar siete minutos, o seis, o quizás menos. Pero lo que tengo que decir quiero plantearlo de una sola vez.
Así que le pido, Presidente,...
El señor GARCÍA (Presidente).-
Podemos hacer algo diferente, senador Moreira,...
Excúseme, senador, pero ha llegado la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, a quien le damos la bienvenida; gracias por estar aquí con nosotros.
Con relación a lo que plantea su señoría, el acuerdo de comités al cual ha dado lectura el señor Secretario señala que, para fundamentar sobre el motivo por el que se convocó a esta sesión especial, las senadoras y los senadores podrán intervenir en conformidad con la distribución del tiempo para la hora de Incidentes. Luego le ofreceremos la palabra al Ejecutivo para que se haga cargo de esos fundamentos. Y, por último, otorgaremos la palabra a las senadoras y a los senadores que deseen hacer más consultas o referirse a materias distintas a las señaladas por el Gobierno.
Entonces, su comité le puede entregar más tiempo,...
La señora EBENSPERGER.-
No, porque ya está asignado.
El señor GARCÍA (Presidente).-
... lo cual permite que otros senadores y senadoras puedan intervenir luego de que haya hecho uso de la palabra el Ejecutivo. Ese es el acuerdo de los comités adoptado el lunes recién pasado.
Bienvenido, señor subsecretario del Interior; muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Ofrezco la palabra, en primer lugar, a la senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Presidente, esta sesión especial nos retrotrae al 6 de marzo de este año, a este mismo hemiciclo, en donde nos reunimos con ocasión de la conmoción generada por el secuestro y homicidio del ciudadano venezolano refugiado en Chile señor Ronald Ojeda; una vida arrebatada de manera cruel e injusta a una familia a la que le extendemos, una vez más, desde este Senado, nuestras más sinceras condolencias.
Fue un refugiado, un hermano, un padre sacado de su casa, ante la mirada aterrorizada de su familia, a altas horas de la madrugada: lo detuvieron, lo hicieron desaparecer, lo asesinaron.
El Presidente Gabriel Boric le dio "asilo contra la opresión", lema del que nos sentimos orgullosos como chilenos, pero donde la realidad demostró que nunca encontró un verdadero refugio.
A más de un mes de este crimen que ha consternado a nuestro país, la destacable labor del Ministerio Público, a través del fiscal Héctor Barros, ha despejado la serie de supuestos que se fueron planteando para abocarse finalmente a la investigación de un crimen cuyo modus operandi se habría gestado desde Venezuela y que tuvo un móvil político.
Lo anterior viene a reforzar una de las primeras hipótesis que surgieron y que advertimos desde este Congreso Nacional, las que no se trataban de "tesis conspirativas" o "delirantes", como sugerían algunos integrantes del oficialismo, sino de un precedente inédito en nuestro país.
Esta condición debiera obligar al régimen dictatorial de Venezuela a brindar con urgencia información para que el Estado de Chile pueda esclarecer prontamente estos hechos.
Asimismo, son múltiples las tareas que se encuentran pendientes ante la amenaza que representan estos grupos criminales para la seguridad y tranquilidad de nuestra sociedad chilena, por lo que urge explicitar su disposición a colaborar respecto de los antecedentes de sus nacionales, los mismos que no están siendo entregados, y acelerar los procesos de expulsión que demanda nuestro país.
Presidente, voy a dejar hasta aquí la intervención, porque...
(El señor Presidente le hace gestos con la mano a la senadora para que prosiga con su intervención).
Continúo, entonces.
Esta condición es importante.
Son múltiples las tareas que se encuentran pendientes ante la amenaza que representan estos grupos criminales para la seguridad y tranquilidad de nuestra sociedad.
Sin perjuicio de reconocer la trayectoria del actual embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien hoy nos acompaña y que fuera llamado en consulta, en especial, tras los inaceptables dichos del canciller venezolano, Yván Gil, acerca de que "el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente", es imprescindible que el Estado de Chile adopte un rol proactivo frente a esta crisis, más aún, considerando que es generada por una de las tres dictaduras que nos afectan dentro de América Latina, junto con Cuba y Nicaragua.
No desconocemos la realidad que viven los más de siete millones de venezolanos que han debido abandonar su país por razones políticas o económicas. Como Demócratas es nuestro deber alzar la voz frente a esta preocupación e impacto que produce el crimen organizado proveniente de la dictadura en Venezuela, una amenaza en virtud de la cual instamos al Gobierno a adoptar medidas firmes y decisivas para proteger la seguridad de las personas que habitan nuestro territorio.
Hacemos un llamado al Ejecutivo a darle urgencia al proyecto de reforma constitucional que presentamos con el Senador Walker, al objeto de crear una policía fronteriza, la misma que podría haber limitado el ingreso y salida de los principales sospechosos del crimen cuyas características hoy nos convocan; al proyecto de ley que ingresamos para su tramitación a fin de establecer un régimen penitenciario diferenciado, que conversamos con el Ministro de Justicia, y relevamos la instalación del bloqueo de señal de celulares a establecimientos penitenciarios, recogiendo la iniciativa de la diputada Joanna Pérez, que consta en la moción presentada.
Finalmente, sin perjuicio de avanzar en cada uno de los proyectos que hoy se encuentran en la agenda de seguridad, es imprescindible dar urgencia inmediata a la iniciativa que mejora la persecución penal y los delitos de reincidencia, actualmente en comisión mixta, el mismo que ha incorporado el criterio Valencia, fijando como precedente para dictaminar la prisión preventiva el hecho de tratarse de personas migrantes indocumentadas.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Rincón.
En el tiempo del Comité Partido Socialista, ofrecemos la palabra a don José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, Presidente.
La verdad es que no sabemos bien cuál es el sentido de haber convocado a esta reunión. Entiendo que es fundamentalmente por el crimen del teniente venezolano señor Ojeda; pero también por la crisis surgida en los últimos días a propósito de las decisiones del fiscal respecto de esta materia, y también de lo que se ha vivido en los días posteriores.
Por lo menos en mi caso, confieso que mis palabras son inspiradas en gran medida por el alevoso crimen del teniente Emmanuel Sánchez, asesinado de catorce tiros por cuatro personas de origen venezolano, dos de las cuales están con decreto de expulsión. Creo que eso nos obliga a examinar muy seriamente lo que estamos haciendo y lo que estamos dispuestos a realizar.
Empiezo por declarar que me parece una pésima idea pretender romper relaciones con Venezuela, por una cuestión bien práctica. Más allá de lo diplomático, nosotros nos relacionamos con Venezuela, y lo vamos a seguir haciendo por muchos años.
Tenemos a cerca de setecientos mil ciudadanos venezolanos viviendo en Chile, y aunque haya resoluciones de expulsión respecto de muchos de ellos, la gran mayoría va a permanecer aquí, con sus familias, y se van a conectar con Venezuela. Y, al mismo tiempo, hay un número no menor de chilenos, o de descendientes de chilenos, que han ido llegando a nuestro país producto de los booms económicos de los años cincuenta, setenta, ochenta y noventa.
Por lo tanto, la necesidad de una relación diplomática con Venezuela me parece obvia.
Se podrán hacer gestos de disgusto, como los expresan todos los países en situaciones similares. Desde la Unión Europea a naciones miembros de la OTÁN hacen gestos de disgusto todos los días, por ejemplo, por el actuar de Rusia, pero no por eso rompen sus relaciones.
Por cierto, está planteado lo que ha señalado el fiscal.
Y yo quiero decir bien sinceramente que mi opinión cambió desde el momento mismo del secuestro de la persona que fue asesinada después, pensando en que realmente se trataba de un incidente más, de los muchos que ocurren en el país, desgraciadamente ligados a gente de esa nacionalidad, por ajustes de cuentas o por cosas de ese estilo.
Pero creo que lo dicho por el fiscal tiene visos de realidad. Él no está acusando a ningún gobierno, no está acusando a Venezuela: está diciendo que ese crimen pudo haberse originado desde allá, y eso hay que investigarlo. Para ello necesitamos información, saber lo que pasa; debemos exigir que se nos entreguen los antecedentes.
¿Podemos exigir algo si no tenemos relaciones con ese país?
Esa es mi primera conclusión.
A mi juicio, sería un gravísimo error cortar relaciones diplomáticas con Venezuela, lo cual no significa que no podamos tomar medidas y expresar nuestra molestia cada vez que nos parezca conveniente.
Existen también organismos internacionales a los cuales se puede concurrir en caso de ser necesario; hay tribunales y consejos donde es factible denunciar situaciones que no nos gusten: recursos tenemos.
Ahora, ¿qué hacer en Chile?
Creo que enfrentamos un problema muy grave, Presidente, sobre todo desde el año de la pandemia. Hasta ese momento, la mayor parte de los ciudadanos venezolanos llegaban a Chile con su pasaporte, con sus documentos en regla, recibían su ingreso, decían que iban a ver a alguien o que venían de vacaciones y después se quedaban; es decir, su ilegalidad no era indocumentada, y en muchos casos ha sido renovada y restaurada.
Lo que sucede es que desde el momento de la pandemia el ingreso ilegal se convirtió en la regla general, y junto con el tráfico de personas llegaron los primeros grupos criminales que existen: ¡eso es real!
Entonces, lo que más me indigna de todo este asunto es la primera declaración del señor canciller de Venezuela, señalando que no existía el Tren de Aragua. ¡Presidente, en Arica estamos juzgando a miembros del Tren de Aragua! Hay un juicio abierto, los fallos van a ser dictados en estos días: ¡cómo van a decir que no existe!
Eso nos molesta mucho, pero da cuenta de una realidad: tenemos un problema de criminalidad indocumentada; no solamente ingreso ilegal, sino indocumentado, y eso exige buscar formas para acelerar los mecanismos de expulsión.
Yo sé que es difícil, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor; pero no puede ser que una persona que cometió un delito no tenga documentos y ande con una pistola por las calles, ¡y que además está con decreto de expulsión!
Esto no debe seguir pasando. Por eso yo he propuesto -lo digo aquí y lo sostengo, para que no parezca que fue un exabrupto- la existencia de un régimen especial respecto de las personas que están expulsadas y que no han salido de Chile porque no son recibidas en sus países de origen, pues me parece muy grave que esas personas todavía puedan andar en libertad y asesinando gente por las calles de Chile.
El perfil del delito ha cambiado muy fuertemente en nuestro país, Presidente, y tenemos que darnos cuenta. El perfil de nuestra respuesta también debe cambiar: no puede ser el mismo. No es posible pedir las mismas cosas que antes respecto a la gente que comete delitos. Tenemos que acelerar esto, y creo que esa es una respuesta más que adecuada.
Estoy seguro de que, si hay expulsiones que, de pronto, no se ejecutan, y las personas, en lugar de andar por la calle, están en algún lugar, no diría en reclusión, pero por lo menos en retención mientras se ejecuta la expulsión, serán mucho más rápidas las salidas; no van a querer permanecer ahí mucho tiempo. Sus familias se encargarán de que se devuelvan a su país y estaremos resolviendo un problema.
Entonces, pido medidas lo más drásticas posible en la materia, con pleno respeto a los derechos de las personas, sin agredir a nadie. Pero, al mismo tiempo, no seamos ingenuos: estamos invadidos por un tipo de crimen que no conocíamos y tenemos que replicar de la manera que corresponde.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Insulza.
Ofrecemos la palabra al senador Karim Bianchi, quien tiene asignados seis minutos de su comité, más dos que le ha cedido el Comité Renovación Nacional.
El señor BIANCHI.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Quizás sea un poco menos diplomático de lo que han sido otros durante la sesión porque no puedo sostener la rabia, el dolor de lo que ocurre en mi país.
Estamos hablando no solo de diplomacia, sino de gente asesinada, de mujeres violadas, de balas locas, de niños muertos, de una ola de delincuencia que tiene a la gente decente encerrada en su casa.
Entonces, no puedo aceptar la burla del Presidente Maduro, ¡del dictador Maduro!, que hoy día llama al Presidente Boric para decirle: "Ven, vamos a conversar".
Es una burla de parte de un dictador, de un mamarracho, de un asesino que tiene las manos manchadas con la sangre de muchas muertes que han ocurrido en Latinoamérica.
Bukele no es el exitoso en acabar con el crimen en el país. Es Maduro el que ha exportado una gran cantidad de delincuentes y que nos tiene actualmente con un país que sufre y que clama por mayor seguridad.
Nosotros también hemos fracasado. Se levantó una agenda de seguridad que no ha tenido éxito respecto de lo que está ocurriendo en Chile. Y no hemos podido lograr la unión porque hay ideologías. Y creo que tratándose de la seguridad no existe izquierda, no existe derecha, no existe un centro: todo chileno bien nacido debe estar detrás de esta causa, que se llama "Chile".
Por eso, compartiendo que no debiesen romperse las relaciones diplomáticas aún, porque todavía tenemos una oportunidad de buscar cierta información, creo que esto no debe estar condicionado a lo que espere la rumba del señor Maduro y a que entregue la información cuando a él se le ocurra. Aquí las cosas tienen que quedar claras y se debe cambiar el tono porque ya no se aguanta más.
De ahí que nosotros planteamos un proyecto de acuerdo que señala que, de no cumplirse con los objetivos trazados en la diplomacia, sí se tengan que romper las relaciones en algún momento. Porque considero que se ha aguantado bastante.
¿Cuántos muertos ha tenido que haber para que lleguemos a este momento de diálogo y que ustedes estén sentados allí? (El senador se refiere a los representantes del Ejecutivo).
Han sido un profundo fracaso las políticas para combatir el crimen. Y esto viene precedido, obviamente, por otros gobiernos; eso es evidente.
También he oficiado por la política de expulsión. Claro, a Estados Unidos no le dicen nada: entran, llegan sus aviones y se bajan. Pero cuando llega Chile, ahí sí ponen problemas. Entonces, tenemos que llegar a tribunales internacionales para que las expulsiones sean parejas.
Pero también hay que tomar medidas para que se empiecen a ir solitos.
Señalo lo anterior porque acá a los extranjeros se les da un privilegio que hoy día no puede otorgarse. En este sentido, he oficiado al Ministerio de Salud para que en las listas de espera se priorice al chileno; a las instancias pertinentes, para que se evite la salida de divisas; al Ministerio de Desarrollo Social, a fin de que se entregue más puntaje a los chilenos para los beneficios sociales; al Ministerio del Trabajo, para evitar lo que ocurre con los fondos previsionales, pues en dictadura se estableció una legislación para que llegasen profesionales extranjeros, pero hoy estos están entregando cualquier título profesional para retirar y llevarse los fondos de pensión, los cuales debiesen quedar en nuestro país.
¡Acá hay muchos abusos!
Conversaba con una señora de noventa y nueve años a la que recién le dieron casa. Y conozco venezolanos a quienes con veinticinco años ya les dan casa.
Entonces, no es posible que se priorice otorgar beneficios al extranjero cuando son ellos quienes están trayendo una ola de delincuencia.
Yo hago un llamado a la unión; a la unión para la cual nunca hemos tenido capacidad. Y, como decía anteriormente, aquí no existe ideología. Debe haber una sola ideología que se llame "Chile" y tener a Gendarmería; a los jueces, incluso a los que se nombran acá por cuoteo político; al Parlamento completo; a los ministros, también. Y si no es suficiente, designar a alguien encargado de seguridad. Pero de una vez debemos reunirnos y trabajar semanas completas hasta que saquemos una agenda fast track en materia de seguridad.
He dicho, Presidente.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senador Karim Bianchi.
Le ofrezco la palabra al senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, honorable sala, quiero saludar -por su intermedio- a la ministra del Interior, al canciller, al subsecretario del Interior, al embajador Gazmuri.
Me parece que claramente estamos en un punto de inflexión y en el que se requiere tener una política de Estado a largo plazo en nuestra relación con Venezuela.
El martes de la semana pasada pedíamos el llamado a informar al embajador de Chile en Venezuela, que hoy está presente: Jaime Gazmuri. Y ciertamente lo hacíamos porque en ese minuto nos pareció que las palabras del canciller venezolano les faltaban el respeto a Chile y al sentido común; parafraseando a la propia ministra del Interior sobre la materia.
Pero, además, el propio fiscal general, que ya había calificado a los chilenos como "xenófobos" respecto a la población venezolana, con motivo de la muerte de Canserbero, en que efectivamente se imputaba a dos chilenos, que, además, reconocían una culpa en un video atados de manos.
Con posterioridad está lo ocurrido con el teniente Ronald Ojeda, quien contaba con un refugio que otorgó el Presidente Boric. Chile es absolutamente restrictivo con la entrega de la calidad de refugiado. Y, ciertamente, se otorga porque hay riesgo para la vida del propio refugiado. Y lo que sucedió es que el Gobierno actual consideró, en particular, el Presidente, la Cancillería y el Ministerio del Interior, que efectivamente la vida de Ronald Ojeda podía estar en peligro.
Entonces, nosotros hacemos un llamado de atención. Ha habido supuestamente un cambio de actitud y de tono por parte del canciller y del fiscal general de Venezuela.
Yo quiero decir que me tomo con mucho beneficio de inventario eso respecto de un fiscal general que ha hecho vista gorda de una política de hostigamiento a los periodistas -me consta a través de la Asociación Nacional de la Prensa-; de un fiscal general que ha hecho vista gorda de los secuestros, particularmente por parte del Sebín, a grupos opositores.
De hecho, en este minuto, dos de los colaboradores más cercanos de María Corina Machado, quien ganó una primaria presidencial, se encuentran privados de libertad, secuestrados y sin destino conocido.
Me tocó escuchar en el Foro Penal Venezolano los testimonios de las personas secuestradas, personas que incluso se reunieron con nosotros la noche anterior, que estuvieron desaparecidas por cerca de dos meses y que, gracias a Dios, aparecieron con vida.
Esos testimonios hablan de una situación compleja desde el punto de vista de un Gobierno que es una dictadura, que piensa perpetuarse en el poder; que, además, busca aniquilar a la oposición porque tiene miedo de enfrentarse a elecciones abiertas, ciudadanas, porque claramente el pueblo, el alma de Venezuela, está herida. Y está herida porque hay casi ¡ocho millones de venezolanos dispersos en América Latina por culpa de la dictadura de Maduro! Y eso hay que decirlo con todas sus letras: el responsable del éxodo de los venezolanos es el propio dictador Maduro, que busca perpetuarse en el gobierno.
Pero, además, deseo señalar lo siguiente: me parece que los dichos de Maduro, del dictador Maduro, respecto del ex Presidente Piñera le faltan completamente el respeto a un Presidente de la República.
Yo espero que haya una nota de protesta de la Cancillería por las declaraciones de Maduro hacia el Presidente Piñera. Eso es lo primero.
¿Cómo es posible acusar que el Presidente Piñera trajo a Chile a criminales venezolanos? Esto lo dice el propio dictador Maduro en relación con el Presidente Piñera.
Entonces, yo quiero pedir que acá haya efectivamente una política de Estado. A mí me gustaría que el canciller, por el cual tengo el mayor respeto, pueda convocar al Consejo de Política Exterior y ver cómo enfrentamos la situación de Venezuela en el largo plazo.
Porque frente a una dictadura de esta envergadura, respecto de lo cual yo quiero reconocer que ha habido una posición inalterable del Presidente Boric en términos de condenar la violación sistemática de los derechos humanos por parte de esa dictadura, ahora lo que tenemos que analizar básicamente es ver qué hacemos -y lo conversé con el subsecretario del Interior- respecto de aquellas personas que se han empadronado y con quienes no lo han hecho. Porque se da una condición jurídica distinta. Hay personas que han dicho: "¿Sabe qué más? Me pongo a disposición; me he sometido al plan de empadronamiento". Por eso, aquellos que se han empadronado tienen, efectivamente, una condición diferente.
Deseo pedir que se hagan todos los esfuerzos en tal sentido.
En la mañana del hecho fui advertido por Luis Manuel Marcano, juez del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, acerca de la situación que afectaba al teniente Ronald Ojeda, de su secuestro. Y llamamos a la Cancillería, donde nos comentaron que se actuó de manera diligente -quiero decirlo-, porque la Fiscalía advirtió tempranamente, entre las 10 y las 12 de la mañana de ese día, de la situación que afectaba al teniente Ronald Ojeda, y de inmediato se tomaron medidas de resguardo: se convocó a un comité de crisis por parte de los ministros del Gobierno y se tomaron medidas para el cierre de fronteras o el resguardo de ellas.
Quiero señalar claramente que acá tenemos un problema: hay un problema de porosidad en nuestras fronteras, y tenemos que enfrentarlo; existe un problema de fragilidad en nuestras fronteras. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Se presentan más de dos mil puntos porosos en nuestras fronteras. Y, por tanto, eso implica que debemos ponerles urgencia a proyectos como el de especialización de las policías, que busca establecer una policía de frontera, fortalecer la policía marítima, en fin, fortalecer las facultades y las atribuciones de nuestras policías.
Y, en ese contexto, también pedimos urgencia.
Porque lo que no puede ocurrir es que finalmente -y debe acreditarse esto en una eventual investigación judicial- una contrainteligencia, con un crimen planificado en otro país, en una dictadura, opere en Chile con total impunidad. Dos personas entran a nuestro territorio y luego salen de él, y si se acredita que ellas tuvieron participación, estamos frente a un hecho grave, porque se estaría afectando la soberanía de nuestro país.
Esta es una materia que tendrá que resolver el Presidente, porque él es quien conduce las relaciones exteriores; pero, ciertamente, frente a esto, hay que mandar una señal a la dictadura venezolana de que no va a haber impunidad y de que, en definitiva, un crimen de esta envergadura tiene que ser investigado. No solamente secuestraron, no solo asesinaron, sino que ocultaron el cadáver, lo enterraron, hubo una logística para hacer desaparecer al teniente Ronald Ojeda.
Quiero señalar que he estado en contacto con Josmarghy, su mujer, y, por supuesto, está con miedo. También están con miedo los jueces del máximo tribunal venezolano en el exilio, porque dicen: "Mire, si no hubo resguardo y estamos en la misma condición, ¿qué les podría pasar a otros venezolanos que mantienen una oposición firme contra la dictadura, firme contra aquellos que hostigan a los medios de prensa, firme contra aquellos que secuestran a los miembros de la oposición, firme contra quienes hacen desaparecer personas?".
Por eso mismo, le pido al Gobierno que mantenga la posición que ha tenido hasta ahora en términos de condenar la dictadura de Maduro, pero también que sea capaz de desplegarse para que no haya impunidad en un caso ¡tan grave!, ¡tan sensible! como el del teniente Ronald Ojeda.
Y debe haber un llamado de atención: cuando se dé refugio, Chile tiene que ser el país que otorgue asilo contra la opresión, y eso implica proteger a la persona a quien se le ha entregado esa condición.
Por eso, solicito acá que el Gobierno levante la voz y que esté cauto para que se cumplan todas y cada una de las condiciones de colaboración necesarias, y si no, habrá que escalar en nuestra posición respecto de Venezuela.
He dicho, señor Presidente.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senador Francisco Chahuán.
Le ofrezco la palabra al senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Gracias, Presidente.
Qué bueno que esté todo el Ejecutivo presente para aclarar una serie de dudas, en vivo y en directo, aquí, en la sala.
Pero deseo ser fuerte y claro: Venezuela es hoy un ejemplo para toda Latinoamérica, un ejemplo de un régimen tiránico, de cómo la ideología puede acabar con la economía, de cómo los discursos no construyen realidad, sino que destruyen sueños.
Lo que ha señalado el Ministerio Público la semana pasada no es que se haya acreditado que el régimen dictatorial esté detrás del brutal asesinato del teniente Ojeda, sino que se ha descartado toda otra hipótesis que sectores interesados lanzaron en su momento. Sin embargo, las implicancias políticas son graves. A muchos de nosotros nos asiste la convicción política de que el régimen está involucrado; pero, lamentablemente, no tenemos la certeza jurídica.
La negación, como aquí se ha dicho, del canciller venezolano acerca de la existencia de la banda transnacional del Tren de Aragua es solo una muestra más del desprecio que tiene esa dictadura respecto de la verdad cuando no les conviene. Por lo mismo, resulta necesario preguntarse qué tanto podemos confiar en un régimen que miente descaradamente, que encarcela a sus opositores, que ha enviado al exilio a un tercio de su población y que, según cierta prensa, habría liberado criminales con el compromiso de que abandonaran ese país.
Yo entiendo a todos aquellos parlamentarios y sectores políticos que han señalado que el único paso que Chile puede seguir es el de romper relaciones diplomáticas. ¡Entiendo su rabia!, ¡entiendo su frustración!, ¡entiendo su dolor! por lo que implica que un ciudadano con residencia en Chile, con el estatus de refugiado político, haya podido ser secuestrado, torturado y vilmente asesinado en territorio nacional. Eso lo entiendo perfectamente.
Y aquí hay una lección que aprender: cuando le demos refugio político a un ciudadano extranjero tenemos que preocuparnos de su seguridad.
Estas cosas no pasaban antes en Chile; estas cosas son nuevas.
Sin embargo, retomando lo que señalé antes, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, creo que el momento de romper relaciones todavía no ha llegado. Sí, ¡todavía no ha llegado! Y yo no soy comunista, ni socialista, ni de izquierda, sino que lo único que entiendo es que la política exterior es una política de Estado y que también hay momentos en que se debe actuar con pragmatismo. Así, más allá de las críticas que se le puedan hacer, creo que este Gobierno, y especialmente la Cancillería, ha tratado de actuar de buena fe, en el entendido de que, si no tomamos medidas, nosotros nos vamos a quedar aquí, en Chile, con una cantidad de delincuentes, de criminales, de organizaciones internacionales que están hoy día delinquiendo en nuestro país.
Entonces, ¡ojo!, ¡ojo! con tomar la decisión de decir: "Rompamos relaciones". ¡Es fácil hacerlo! ¡La rabia a veces puede llevar a tomar malas decisiones! Pero en esto debemos tener la mayor serenidad para actuar -eso no implica que vamos a estar toda la vida esperando que el señor Maduro cumpla su palabra, palabra que no tiene-, toda vez que al romper relaciones hoy nos perjudicamos a nosotros mismos. Porque tenemos un problema con el crimen organizado y la delincuencia que proviene de Venezuela -por supuesto, no son todos-, con motivo de la migración que ha llegado de ese país. Esa delincuencia es un problema serio, y la expulsión es una herramienta que nos permite deshacernos de estas lacras. Y para lograrlo necesitamos el acuerdo de la dictadura. Sí, ¡necesitamos el acuerdo de la dictadura para poder liberarnos de estas lacras!
Puede ser un chantaje. Sí, lo es. Podemos esperar cualquier cosa de la tiranía de Maduro. Pero creo que es el momento de ser también pragmáticos.
La semana pasada nuestro Ministerio Público remitió una solicitud de asistencia en materia penal a las autoridades venezolanas, relativa a la investigación del delito de secuestro con homicidio cometido contra el teniente Ojeda. Y el viernes pasado el Gobierno solicitó vía Cancillería que nuestra embajada en Caracas requiriera a las autoridades locales que se hicieran cargo de dicha solicitud.
Y para verificar que la voluntad del discurso se traduzca en hechos, señor ministro, necesitamos que nuestro embajador aquí presente vuelva pronto a Venezuela.
¿Y saben para qué? Para comprobar si es solo charlatanería o existe un verdadero cambio de actitud. ¿Cómo comprobamos que el régimen venezolano tiene disposición a colaborar?, pues mediante los hechos; por ejemplo, elevar al doble o al triple la cantidad de expulsados que recibe mensualmente, porque, digámoslo, ¡el goteo no sirve!
Los discursos hoy ya no bastan.
Deme un minuto más, Presidente, por favor.
(Pausa).
Los discursos hoy ya no bastan ni tampoco sirve que intentemos estigmatizar a todos los migrantes venezolanos.
Por cierto, la diatriba de Maduro de ayer contra la derecha y contra el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no sirve; es más, solo ponen en duda, nuevamente, la voluntad real de Venezuela para colaborar. Invitan a cumbres, reuniones, firman documentos y compromisos, pero al final lo único que importa son los hechos, los porfiados hechos.
Chile debe darle la última oportunidad a la diplomacia para que abra puertas. Pero debe ser la última oportunidad.
Con Chile y su soberanía no se juega, señor Maduro. En nuestro país somos respetuosos del derecho internacional.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senador Iván Moreira.
Le ofrezco la palabra al senador Luciano Cruz-Coke.
El señor CRUZ-COKE.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Junto con saludar a los ministros presentes, al embajador y al subsecretario del Interior, quiero saber de primera fuente, y en los breves minutos de que disponemos, qué está haciendo el Gobierno en términos prácticos; formular algunas preguntas sobre el lamentable hecho que nos convoca, y comentar también la reacción que ha demostrado el Gobierno del dictador Nicolás Maduro.
Primero, quiero entregar algunos antecedentes de lo hasta ahora conocido.
El oficial Ronald Ojeda fue acusado de traición a la patria por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Estuvo encarcelado desde abril del 2017 y luego de siete meses de encierro logró fugarse junto a otros uniformados inculpados por lo mismo.
Se encontraba en nuestro país en la condición particular de refugiado político desde finales del año pasado.
La información conocida por todos es que un denunciante anónimo se contactó con la PDI el 29 de febrero y alertó sobre movimientos extraños de personas en la toma de Maipú; dichas personas habrían realizado una excavación que posteriormente cubrieron de cemento para luego huir del lugar.
El pasado 11 de abril, el fiscal Héctor Barros reveló que la única hipótesis plausible que existía hasta el momento, y que no se podía descartar, era el móvil político. Y agregó que este delito se habría organizado desde Venezuela, específicamente por el Tren de Aragua, en colaboración con otra entidad extranjera y en un contexto de crimen organizado.
Manifestó que lo anterior se sustenta en el hecho de que el Tren de Aragua nunca ha llevado a cabo una operación con una puesta en escena con este nivel de sofisticación. Y pasó a relatar que se supone que entre cuatro y siete personas se encargaron de materializar el secuestro; que se presume también que el líder de la operación sería Walter Rodríguez Pérez, quien tendría vínculos con el Tren de Aragua y que habría abandonado el país junto a otro sospechoso llamado Maikel Villegas Rodríguez.
Resulta lamentable que esa sea hoy la exportación de Venezuela hacia Chile.
Ha habido una larga migración de cerca de siete millones quinientas mil personas por la dictadura de Maduro, muchas de las cuales han llegado a distintos países de Latinoamérica. Probablemente la mayoría viene huyendo por buenas razones de una dictadura cruel y que ha sido condenada por las instancias más relevantes en materia de derechos humanos.
Quiero recordar que parte de la base de nuestra nación, de nuestra institucionalidad y de nuestra legalidad se encuentra basada en la obra de un gran venezolano como Andrés Bello. Y cuando uno mira la tiranía de la dictadura de Maduro, las armas que ocupa y las formas en que se comporta a nivel latinoamericano, lejos de aquel latinoamericanista que fue don Andrés Bello, realmente llega a dar pena.
Entonces, importa aquí saber qué se ha conversado a nivel de embajada -y tenemos acá al exsenador Gazmuri- y cuáles son los pasos a seguir.
Y ojalá que no debamos lamentar nunca más las acciones de un régimen como el que Nicolás Maduro ha impuesto en su país y al resto de Latinoamérica a través de estos crímenes deleznables.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias a usted, senador Luciano Cruz-Coke.
Le ofrezco la palabra al senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Valoro la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior, junto al subsecretario del Interior en la sala. Pero más aún la presencia de nuestro embajador en Venezuela. Creo que a él le va a hacer mucho sentido lo que voy a señalar.
Maracay, la capital del estado de Aragua y del municipio Girardot, se encuentra a solo 109 kilómetros de la capital; o sea, casi a la misma distancia entre Santiago y Valparaíso. Así de cerca está la cárcel de Tocorón.
¿Y qué ha ocurrido en ese lugar? Bueno, se desarrolló desde el año 2000 un sindicato que partió primero extorsionando con la construcción de un ferrocarril, y de ahí viene el nombre de "Tren de Aragua", que es el lugar donde sucedieron los hechos. Pero este sindicato fue escalando y terminó controlando, desde la cárcel, a la organización criminal más poderosa de Venezuela.
Digo esto, porque me llama mucho la atención que un anterior embajador venezolano ante la Unión Europea y actual canciller señale la inexistencia del Tren de Aragua.
Quiero recordar que el 20 de septiembre del 2023, Venezuela tuvo que organizar una operación policial y militar con once mil efectivos -repito: ¡once mil efectivos!- para entrar a la cárcel de Tocorón a buscar a "Niño Guerrero", persona que hoy está en libertad y que nadie sabe dónde se encuentra y que puede estar dirigiendo operaciones internacionales.
¿Qué nos pasa entonces?: enfrentamos una situación compleja. El crimen transnacional de origen venezolano es real, nos está golpeando duramente. Lo vemos hoy con lo ocurrido con el mayor de Carabineros, y nuevo mártir, Emmanuel Sánchez.
Y por eso creo que es muy importante que este llamado a consulta al embajador permita algo fundamental: abrir el espacio aéreo venezolano.
Señor Presidente, la OACI, en su calidad de organismo de aviación civil internacional, tiene dispuesto que el estado pueda designar cualquier aeronave como aparato estatal para así trasladar en territorio venezolano a las personas con decretos de expulsión.
Si realmente Venezuela quiere cooperar, debe hacerse cargo de todas las personas con decreto de expulsión. Y yo espero que eso sea lo que impulse la Cancillería en estos momentos. Más que buscar quién está detrás del episodio, que tal vez nunca se sepa, necesitamos un gesto de apertura del espacio aéreo para que esta gente regrese a su lugar de origen, cumpliendo los decretos de expulsión.
En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo, señor Presidente, con lo planteado por el senador Insulza al respecto.
Finalmente, quiero referirme a nuestra ley 19.974, ley de inteligencia, que ya cumple veinte años. La letra f) de su artículo 8° señala las competencias de la Agencia Nacional de Inteligencia para hacerse cargo del crimen transnacional. Tiene que actuar. Pero ¿cuál es el problema de la ley?: que su artículo 15 solo considera 98 personas en su planta de personal.
Tenemos una agencia, pero no disponemos de capacidades de inteligencia. Si queremos enfrentar las amenazas híbridas, las amenazas complejas, necesitamos fortalecer a nuestra Agencia Nacional de Inteligencia.
Me gustaría, señor Presidente, que después nuestro embajador nos pudiera entregar su visión acerca de por qué está ocurriendo la mencionada situación, qué cree que pueda pasar y si es factible que se abra el espacio aéreo venezolano, pero con una aeronave del Estado. Y cuando digo "del Estado" estoy hablando del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa), una empresa que fue creada por el ex Presidente Chávez y que por esa relación no tendría problemas para volar con toda la gente y así no tener que mandar a nuestros efectivos de policía internacional, que son escasos en Chile.
He dicho, Presidente.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senador Kenneth Pugh.
Le ofrezco la palabra al senador Ricardo Lagos Weber.
El señor LAGOS.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Aprovecho de saludar a los ministros que nos acompañan: a la ministra del Interior; al ministro de Relaciones Exteriores; al subsecretario Manuel Monsalve, y a nuestro embajador en Caracas, Jaime Gazmuri.
No tengo muy claro cuál sería el sentido de esta sesión especial, para ser bien franco, o qué podemos lograr como valor agregado.
He escuchado muchas intervenciones, de las cuales comparto muchas de las cosas que se señala que hay que hacer, pero algunas ya se están haciendo.
La pregunta es: ¿Cuál es el valor agregado de esta sesión?
Entonces, raya para la suma, romper relaciones diplomáticas creo que no es de nuestro interés.
Escucho acá que hay que tratar de mejorar el mecanismo para devolver a aquellos venezolanos que son inmigrantes ilegales, delincuentes, etcétera, y que han sido sancionados. Bueno, si rompemos relaciones diplomáticas eso va a ser sustantivamente más difícil.
Si hay centenares de miles de venezolanos en Chile; si hay miles de chilenos en Venezuela y compatriotas que están retornando a ese país, ¿qué ganamos rompiendo relaciones diplomáticas? Debemos generar los puentes permanentemente. Y no es ningún misterio, no vamos a descubrir el agua caliente, que el Gobierno de Maduro no es una democracia como a todos nos gustaría: es una dictadura.
Y si vamos a reunirnos acá para ratificar aquello, no ganamos nada.
Entonces, la pregunta es: ¿qué aportamos al Estado de Chile y a nosotros mismos con esta discusión? ¿Cómo podemos apoyar las gestiones del Gobierno?, que en vez de amurrarse envía a un embajador con una trayectoria importante y que en varios países ha servido en representación diplomática; en donde la Cancillería se aboca a tratar de generar los mejores espacios; donde el subsecretario del Interior trata de alcanzar los mejores entendimientos con la autoridad venezolana.
No nos engañemos, si rompemos relaciones, si nos enojamos y amurramos no vamos a tener ninguna colaboración. ¿Hay garantía de obtener colaboración de otra forma? Tampoco. Pero nuestro deber es empujar esa agenda. Eso siento que está un poco ausente cuando se repiten tantas cosas, algunas de las cuales se están atendiendo, que dicen relación con la porosidad de la frontera, con los servicios de inteligencia, etcétera.
Entiendo que no tengo todo el tiempo del mundo para hablar porque creo que hay otro colega, el senador Quintana, que va a hacer uso de la palabra también en el tiempo de nuestro comité. Yo solamente quiero ojalá escuchar del Gobierno cómo nos paramos ante esto, y que no mezclemos las cosas. Una cosa es qué hacemos con la relación con Venezuela; cómo aclaramos el horroroso crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado; cómo hacemos para que la Fiscalía pueda obtener respuesta a sus requerimientos y que la autoridad venezolana encuentre y extradite a algunos de los culpables involucrados en dicho secuestro y asesinato.
A eso deberíamos abocarnos y no tratar de seguir insistiendo en algo que ya conocemos de memoria, que es una dictadura, lo cual no ayuda mucho. Porque la pregunta es: ¿rompo relaciones y hasta ahí llegamos?, o concuerdo en que vamos a hacer un esfuerzo.
Ah, y yo pondría atención a la propuesta del senador Insulza, entre paréntesis, sobre qué hacemos con los expulsados a los que no quieren recibir y a los cuales no podemos tener sueltos; dónde los vamos a alojar. O sea, qué hacemos desde el punto de vista práctico con esas personas. No conozco la respuesta, pero otros países han adoptado decisiones sobre el punto, que no sé si son las mejores, pero si hoy día se plantea el tema, abordémoslo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senador Ricardo Lagos Weber.
Le ofrezco la palabra al senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, señor Presidente.
A diferencia del senador que me antecedió en el uso de la palabra, encuentro vital una reunión de esta naturaleza. Y está bien, es parte de la discrepancia legítima en una democracia, y espero que en conjunto podamos llegar a conclusiones que nos unan sobre la materia.
Yo dificulto un momento más dramático en las relaciones diplomáticas a partir de un hecho físico como el que hemos vivido en estos días.
Aquí estamos hablando de un secuestro, con torturas, con asesinato y con entierro a un metro de profundidad de un perseguido político que estaba asilado en nuestro país; en un escenario en donde la Fiscalía, en forma independiente, ha buscado todas las alternativas para conocer los móviles y ha concluido que la única que va quedando es el móvil político; además, donde a lo menos dos de los imputados por la Fiscalía han huido a Venezuela, y donde el Gobierno de Venezuela nos dice originalmente que no existe el Tren de Aragua y después hace una corrección para al final tratar de culpar al ex Presidente Piñera por las situaciones que se han producido en relación con la violencia en esos términos.
Yo pregunto, señor Presidente, si habrá una cosa más compleja para un país libre y soberano que enfrentar una situación de esta naturaleza. Imagínese que uno lea la noticia de que una persona que está asilada en un país fue torturada y asesinada y la respuesta del país implicado sea simplemente o el vacío o agredir a quien presidía esa nación.
Eso, a mi juicio, no tiene justificación alguna. Y de ahí que sea importante, porque tampoco fue responsabilidad de nuestro Gobierno, conocer la visión del Ejecutivo respecto de cómo enfrentar la situación.
Pero quiero plantear un punto de vista distinto.
¿Cuál es el sentido de tener relaciones diplomáticas con otros países? No estoy hablando de romperlas o no, sino de cuál es el sentido. Yo he estado estudiándolo y pienso que básicamente es la cooperación y la seguridad. ¿Está Venezuela cooperando; está Venezuela entregando seguridades? Honestamente, veo un camino completamente inverso.
Entonces, qué justifica y cuáles son los límites que suponen las relaciones diplomáticas con un país con el cual no compartimos un modelo de democracia, y puede que con otro tampoco, y que claramente aparece agrediendo a una autoridad chilena. Y que adicionalmente es un lugar de refugio para quienes aparecen involucrados en un crimen deleznable.
Y lo quiero relacionar con dos elementos, Presidente, si me da un par de minutos más.
El artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: "La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas".
Se prohíbe extraditar. ¿Se dan cuenta del escenario que se genera respecto de personas involucradas en un crimen que tiene un móvil político y sobre el cual tendrá que determinarse la vinculación que tenga el Gobierno, que es parte aún de la investigación, pero que constitucionalmente prohíbe la extradición?
Alguien me puede decir: "Puede cambiar". Pero hay un fallo reciente, Presidente, sobre una situación ni siquiera política en donde un venezolano cometió un crimen en Panamá y desde ese país pidieron la extradición. Y la Corte Suprema contestó hace poco tiempo que, conforme a la norma constitucional, no puede concederla y ofrece someterlo a juicio en Venezuela.
Entonces, quiero plantear el asunto al revés. Qué justifica, qué se va a ganar y cuál es la percepción que el Gobierno tiene respecto de los límites, del diseño y de la estructura de las relaciones diplomáticas; qué se piensa respecto a esa norma constitucional de ese país; cómo se enfrenta esa situación. ¿O quiere decir que cualquier venezolano que cometa un crimen y vuelva a Venezuela nunca va a poder ser extraditado? ¿Eso es razonable entre países con relaciones diplomáticas; es tolerable dentro de los criterios fijados para poder funcionar en un mundo internacional?
Esas son las preguntas que dejo abiertas.
He dicho, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Coloma.
Tiene la palabra el senador Iván Flores, por tres minutos.
El señor FLORES.-
Muchas gracias, Presidente.
Saludo a la ministra del Interior, al ministro de Relaciones Exteriores, a nuestro embajador en Venezuela y al subsecretario Manuel Monsalve, aquí presentes.
Yo creo que, si bien quienes estamos en el hemiciclo tenemos derecho a opinar, no considero muy oficioso en esta sesión analizar la dictadura venezolana y sus consecuencias internas, e incluso externas.
Pero sí es importante conocer qué ha hecho, qué está haciendo y qué hará nuestro país frente a esta invasión pasiva o no tan pasiva de ciudadanos venezolanos que buscan refugio o un mejor futuro al escapar de una dictadura o, en otros casos, instalar el crimen organizado en el territorio nacional, clavando su bandera e instalando a sus soldados en distintas regiones de Chile.
Colegas -por su intermedio, señor Presidente-, creo que es importante saber, y ello está judicializado, justamente qué fue lo que pasó con el militar venezolano y si es que efectivamente hay agentes de Estado de otros países -no solo venezolanos necesariamente- operando en Chile, pero ello está bajo reserva de una investigación y es algo que claramente no va a ser informado, me imagino yo, en una sesión pública como esta.
Yo solamente diré que el Senado está preocupado por el avance del crimen organizado, lo hemos discutido, lo conversé con la ministra del Interior, como presidente de la Comisión de Seguridad de esta Corporación, y hemos insistido en la necesidad de ir juntando fuerzas para, con unidad, efectivamente enfrentar de mejor manera, como país, lo que nos está pasando.
Por otro lado, lo que nos interesa saber es cuál es el grado de avance del crimen organizado, la posible acción de estos agentes extranjeros, y si efectivamente seguimos teniendo un nivel de permeabilidad notable de nuestras fronteras que obligue a la inversión y a la colocación de recursos.
Presidente, anuncio que voy a solicitar una sesión secreta de las Comisiones unidas de Defensa y Seguridad, porque, a diferencia de la Cámara, nosotros no tenemos una Comisión de Inteligencia, sino que esto lo trata Defensa. Y la Comisión de Defensa, por naturaleza, lo que ve en inteligencia son los problemas externos o las eventuales amenazas externas; no estamos viendo institucionalmente los problemas de inteligencia en términos de orden interior.
Yo creo que tenemos un problema de inteligencia en el país y, por lo tanto, llegamos un poco tarde, o más bien tarde... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Deme veinte segundos, por favor.
Llegamos un poco tarde a lo que corresponde, que es el trabajo de las inteligencias para poder adelantarnos a los hechos, para poder evitar que ocurran, para poder saber quiénes actúan dentro del país y proceder en consecuencia, con todo el peso de las instituciones, que seguramente va a haber que adaptar.
Señor Presidente, con esta sesión secreta que voy a pedir no busco negarle la información a los demás colegas, ni mucho menos, sino que sencillamente queremos saber qué es lo que está pasando en nuestro país y, para eso, el Senado se ha organizado en distintas comisiones, algunas permanentes, otras transitorias, como las Comisiones unidas de Defensa y Seguridad, donde tenemos la posibilidad de tratar estos temas lo más a fondo posible, entendiendo que es una necesidad para poder actuar en consecuencia desde nuestro rol legislativo o también desde nuestro rol como, en algunos casos, especialistas en el área.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Flores.
Tiene la palabra el senador Edwards, por un minuto.
El señor EDWARDS.-
Gracias, Presidente.
Saludo al canciller, al embajador, a la ministra.
Por mi parte, al igual que el senador que me antecedió, quiero invitar al embajador a la Comisión de Relaciones Exteriores; son muchas las preguntas que uno tiene. Si no puede ir a la Comisión, por lo menos puede reunirse con un grupo de senadores. Uno quiere formarse una opinión respecto de cuáles son las gestiones que usted ha podido realizar, cuáles son los resultados que ha podido lograr estando allá, porque uno no ve que las relaciones con Venezuela estén funcionando.
Yo no veo muy bien el sentido de tener relaciones diplomáticas con el Gobierno de Venezuela, ya que permanentemente pareciera que está toreándonos, tomándole el pelo al Presidente Boric, timándonos, mofándose de nosotros con las declaraciones que hace. Por lo tanto, con la información que tengo, no considero razonable mantener relaciones, y soy partidario, hoy día, como están las cosas, a no ser que haya información que usted nos pueda entregar, de cortar relaciones con el Gobierno de Venezuela... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Gracias por el tiempo para redondear.
No lo sé, por supuesto, pero perfectamente podría terminar siendo que el Tren de Aragua sea una especie de proxy de Venezuela, como lo son Hizbulá o Hamás de Irán. Fíjense en lo que dice la misma oposición venezolana respecto a que el Tren de Aragua es una especie de apéndice del Gobierno.
El jefe de inteligencia de Chile dice que las relaciones del Tren de Aragua con el Gobierno de Maduro son de larga data.
Entonces, confiar en que ellos van a colaborar, si nosotros no hacemos absolutamente nada, me parece simplemente de una ingenuidad total y, por lo tanto, creo que Chile necesita pasar a la ofensiva si queremos tener algún resultado.
Acordémonos de que es una narcodictadura transaccional y que, al menos en el caso de Estados Unidos, sin tener relaciones diplomáticas, lo más bien que Venezuela está recibiendo personas que son deportadas desde Estados Unidos.
Quizá hay que conversar de otra manera, pero pasando a la ofensiva.
Por eso, lo invito a la Comisión... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Edwards.
Tiene la palabra la senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Gracias, señor Presidente.
Principalmente, quiero agradecer a los comités que pidieron esta sesión especial.
Es evidente que en Chile la materia de seguridad ha sido muy negativa. Desde el 2022, en estos últimos dos años, se han cometido alrededor de 1.900 homicidios.
Como país estamos viviendo una profunda crisis de seguridad en la que el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado amenazan día a día la libertad de miles de chilenos. Por lo tanto, el brutal crimen del exteniente del ejército venezolano Ronald Ojeda es de la máxima preocupación, más si hoy en la mañana nos informa una ministra argentina que hay algunos indicios que hacen pensar que Hizbulá cuenta con presencia en la zona norte de Chile. ¿Y por qué no pensarlo? Si efectivamente entran y salen personas indocumentadas del país, ¿por qué no podría ser?
Por lo tanto, el país deja de tener un problema de seguridad pública y pasa a ser derechamente un problema de seguridad nacional... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Gracias.
Entiendo que eran tres minutos, ¿no?
Me dejaron solo un minuto.
No voy a hablar después.
Vuelvo a decirlo: hace rato que nuestro país dejó de tener simplemente un problema de seguridad pública; hoy día es un problema de seguridad nacional.
El fiscal que está cargo de la investigación señaló que "se organizó y se solicitó desde Venezuela" este terrible crimen, que claramente tiene un móvil político.
Es evidente que uno podría suponer que la dictadura venezolana de Nicolás Maduro tiene algo que ver en esto, más cuando el 23 de enero pasado el propio ministro de Defensa del régimen de Maduro incluyó al exteniente Ojeda en una lista negra, como "traidor de la patria", y en la dictadura normalmente estas personas o están presas, o fallecen o las matan.
Aquí hay un tema que ha pasado inadvertido, y quiero dejar constancia de esto en mi intervención: la letra b), del artículo 2, de la ley de inteligencia, define la contrainteligencia como "aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es detectar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, o por sus agentes locales, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional".
Claramente, esto pudo haber sido anticipado si hubiera efectivamente contrainteligencia en el país. Solo queda pensar que no la hay y que, por lo tanto, es urgente trabajar en la ley de inteligencia, que lleva cinco años pendiente de tramitación.
Por otro lado, desde el retorno a la democracia no se había materializado nunca tal violación a la soberanía de nuestro país. Lamentablemente, algunos sectores políticos chilenos son acérrimos defensores de una dictadura como la de Maduro, que hoy día ha exportado el crimen, la pobreza y el hambre de alrededor de ocho millones de personas que vivían hace más de veinte años muy bien en su país.
Yo solo quiero terminar diciendo que es preocupante que una ministra en Argentina nos plantee una advertencia por las fronteras con Bolivia y la presencia posible de terroristas en el norte, y que, por otro lado, el senador Rubio, en Estados Unidos, también afirme que el Tren de Aragua y Hizbulá están presentes en Chile.
Yo creo que claramente, y con ánimo de contribuir, hay que tomarse en serio esto. Chile no puede ser la entrada más abierta de América al ingreso de terroristas y de crimen organizado.
Nuestro país tiene un problema grave de fronteras, de seguridad nacional y de falta de inteligencia y contrainteligencia, que está haciendo peligrar el futuro de todos los chilenos y, entretanto, las vidas de muchos están perdiéndose día a día.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena.
Tiene la palabra el senador don Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Bueno, quiero saludar a los ministros que nos acompañan, al ministro de Relaciones Exteriores, a la ministra del Interior, al subsecretario del Interior y al embajador Gazmuri.
Yo creo que, a esta altura, sobre todo con una convocatoria de autoridades como las que tenemos hoy día, también es legítimo hacerse la pregunta acerca de las expectativas que tenemos con respecto a esta sesión y cuánto estas sesiones sirven para abordar y tal vez cambiar la trayectoria de los acontecimientos en un tema sobre el que yo creo que hay una preocupación bastante transversal. Pero tenemos que ser cuidadosos en relación con qué es lo que nos motiva a esta segunda sesión especial. Porque esta es la segunda sesión; la primera sesión especial fue el 6 de marzo, a propósito del brutal asesinato del teniente Ojeda. Y en esta segunda sesión hablamos de investigaciones que siguen en curso, que siguen con reserva de información.
Por consiguiente, son aspectos que, desde el punto de la eficacia, tampoco podrían ser compartidos aquí. Como tampoco podría serlo una preocupación muy razonable planteada por la senadora Aravena recién a propósito de los dichos del senador Rubio hace algunos días, y que el Departamento de Estado norteamericano no refutó, en el sentido de que eventualmente habría vinculaciones de Hizbulá con el Tren de Aragua y que ambos podrían estar presentes en nuestro país. Yo creo que estas cuestiones deberían plantearse en algún momento, conversarse, aclararse, sin duda, pero no estoy seguro de que esta sea la instancia para ello.
Luego le tocará la palabra al Ejecutivo y no sé cuántos serán los antecedentes nuevos que podrá entregar en este tipo de sesión, más aún cuando debemos ser cuidadosos de la facultad exclusiva que tiene el Presidente de la República de conducir las relaciones internacionales. Varios colegas, incluso algunos de oposición, lo han remarcado acá.
Entonces, si por un lado tenemos ese marco y, por otro, la prohibición que pesa sobre este Senado en cuanto a ejercer facultades de fiscalización sobre los actos del Gobierno, yo creo que la eficacia de esta sesión está bastante en entredicho. No me refiero a la gravedad de los hechos que ocurrieron, pero esa es otra discusión.
La realidad de la nueva criminalidad presente en Chile desde los últimos años es otro contexto, el que podríamos discutirlo como lo hicimos en el marco de veinticuatro proyectos de ley que el Senado y el Ejecutivo despachamos el año recién pasado. Y eso sí requiere mucho diálogo.
Pero yo no sé si es necesario convocar a una sesión para comentar los dichos de Maduro, para comentar los dichos de una autoridad, de un fiscal. Y está muy bien escuchar a los fiscales, pero a veces también ponemos en duda que la opinión de un fiscal pueda determinar, no sé, un hito en temas de otra naturaleza investigativa.
Así como los jueces hablan por sus fallos, los fiscales hablan por los actos que les corresponden, las formalizaciones, no solo por una entrevista. O sea, no puede ser que una entrevista nos motive a realizar una sesión como esta; o las últimas declaraciones de Maduro. Y, por cierto, no me voy a referir al tema Cúcuta, porque creo que el país tiene muy claro lo que pasó el 19 de febrero del año 2019 con la visita del ex Presidente a ese lugar; ese es otro tema, ya histórico.
Otra cosa es que yo me quedaría tal vez con lo positivo que dijo Maduro, el dictador Maduro, en el sentido de que hay disposición de colaborar en la lucha contra estas bandas criminales. Yo eso lo subrayaría. Lo dijo en las últimas horas y de eso me agarraría. Y entiendo que es lo que ha hecho el Gobierno. De ahí que la actividad diplomática sea tan relevante.
Ahora bien, si esta sesión es para analizar los dichos de algún parlamentario sobre la posibilidad de terminar relaciones diplomáticas con Venezuela, yo simplemente argumentaría que ninguno de los países de la OTAN ha cortado relaciones con Rusia. Efectivamente -y reitero lo que dijo un colega recién-, Venezuela y Estados Unidos siguen manteniendo relaciones bilaterales. O sea, la opción diplomática no es la última alternativa, ¡no!
Nosotros necesitamos de estas relaciones internacionales, y no solo por el tema de la seguridad, que es muy apremiante, muy acuciante. Podríamos debatir acá la nueva realidad criminal que vivimos, los mercados ilegales, el tráfico de personas, de armas, de drogas y el contrabando de un sinnúmero de productos que entran por el norte, pero esa es otra discusión.
Yo no sé si realizar una sesión especial para un tema puntual, por grave que fuera, sea lo más eficaz, Presidente.
Gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Quintana.
Muy bien.
Hemos escuchado a distintas señoras senadoras y distintos señores senadores para referirse a las inquietudes existentes en torno a los hechos que se han mencionado reiteradamente. A continuación, corresponde que el Ejecutivo nos entregue su visión.
Vamos a ofrecer la palabra, en primer lugar, a la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá.
Tiene la palabra, ministra.
La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Muchas gracias, Presidente.
A ver, se ha generado la duda acá respecto a qué objetivo podría cumplir una instancia como esta. Y creo que podemos encontrarle un rol, en el sentido de que todos quienes están presentes en esta sala son representantes ciudadanos, son líderes de opinión, y lo que decimos y hacemos en esta materia es importante para la ciudadanía y es importante también, como Estado, para nuestra representación como voluntad de país.
Ciertamente, los temas que han estado arriba de la mesa a propósito del secuestro y homicidio del exteniente Ojeda tienen su origen en hechos que han conmovido, han inquietado. Y como Ejecutivo entendemos que puede haber muchas consultas, necesidad de información, pero nos parece imprescindible que esa información, que aquí como Ejecutivo estamos dispuestos a compartir -así como lo hemos hecho también en oportunidades anteriores o en sesiones especiales a que nos han convocado las comisiones, o como ha sucedido en el trabajo bilateral que realizamos con muchos integrantes de esta Corporación, donde respondemos consultas, intercambiamos opiniones-, sirva para que como país tengamos una postura común y sólida en esta materia, para que actuemos unidos, para que se vea que en un tema de esta naturaleza, en que además hay involucrados aspectos internacionales, existe una sola voz. Lo que no puede ocurrir es que estos hechos se transformen en un terreno fértil para más disputas, para hacer acciones que involucren intereses más de corto plazo, y que poco contribuyen al objetivo de fortalecer nuestra capacidad de enfrentar estos fenómenos tan desafiantes que tenemos al frente, no solo en Chile: los tenemos en toda la región, los tenemos en todo el mundo.
Desde ese punto de vista, gran parte de lo que hemos venido haciendo en el tiempo en esta misma sala ha generado las condiciones para que, como Estado, estemos mejor preparados hoy día de lo que estábamos hace unos años, por ejemplo, para enfrentar las temáticas de la frontera.
Aquí, en el Senado, aprobamos una reforma constitucional que nos ha permitido tener un despliegue militar en las fronteras; aquí mismo aprobamos presupuesto para el programa presupuestario de crimen organizado, para inversiones tecnológicas, pero el desafío de las fronteras sigue siendo ¡gi-gan-tes-co! ¡Está lejos de resolverse! ¡Lejos! Y vamos a tener que persistir en esa línea; y persistir buscando soluciones que sean adecuadas, que sean eficaces, que sean accesibles y que sean pragmáticas para el Estado de Chile.
A veces desorientamos mucho a la opinión pública cuando empiezan a salir tantas descalificaciones en el debate, unas detrás de otras, y dejamos poco espacio para ponernos de acuerdo en qué le ofrecemos al país para darle seguridad.
Y en materia de fronteras, sin duda, es un ámbito donde tenemos que subir la apuesta, ¡subir la apuesta! Se ha hecho mucho en el último tiempo. Hemos logrado mejorías, pero estamos lejos de tener unas fronteras aseguradas como quisiéramos, por lo que debemos persistir en esa línea.
Indudablemente, se ha hecho un esfuerzo de diálogo político para destrabar el proyecto de inteligencia. Hoy día están las indicaciones que fueron producto de un acuerdo entre el Ejecutivo y gran parte de la oposición, pero después se tienen que tramitar, y se tienen que despachar, y se tienen que confirmar en este Senado. Y ese proyecto necesita ver la luz rápido, porque es urgente.
Igual de urgente es el proyecto de inteligencia económica -está aquí, en el Senado-, en donde tenemos las mejores herramientas, ¡las mejores herramientas!, para combatir el crimen organizado. Porque el crimen organizado ¡es un negocio!, es una actividad lucrativa. Y si se investiga sin mirar dónde pone la plata, cómo la mueve, cómo se relaciona y se intercambia, no se tendrá éxito. Si se ponen los ojos ahí no solo habrá mayores resultados, sino que también se tendrán resultados más limpios. Quizá no hay forma más limpia de combatir el crimen organizado que perseguir su dinero con todas las herramientas disponibles.
Entonces, tenemos alternativas para dar respuesta a esto en el trabajo de esta Cámara del Congreso.
Y, ciertamente, en nuestra labor que nos toca como Ejecutivo, que va mucho más allá de ser colegisladores, hay que gestionar después la ejecución de estas leyes, la implementación de estos recursos, el desarrollo de estos proyectos.
Como parte de eso, quiero decir y aclarar aquí, porque ha sido tema durante el día, que nosotros, como Estado, estamos vinculados en el mundo no solo comercialmente, sino también policialmente, también diplomáticamente, y no hemos recibido comunicación de ningún país y de ninguna autoridad respecto de la presencia de Hizbulá en Chile, ¡ninguna!
Nosotros tenemos intercambios policiales. Los organismos de inteligencia permanentemente se relacionan. Y estas cosas que han salido en la prensa no están respaldadas por comunicación oficial alguna.
No somos un Gobierno que le hace el quite a amenazas de este tipo. Les quiero recordar que cuando el Presidente Boric asumió, a las pocas semanas -yo todavía no estaba en este cargo, pero sí estaba el subsecretario- dijimos que aquí había una amenaza del Tren de Aragua y de otras bandas de crimen organizado. Lo dijimos de inmediato, no eludimos amenazas de este tipo.
Pero estas cosas que se han planteado no tienen hoy en día fundamento en ninguna comunicación oficial. Ciertamente, siempre se monitorean; ciertamente siempre estamos atentos; ciertamente nunca nos podemos relajar; pero no instalemos en esta sesión la idea de que Chile es el país con la mayor apertura para el ingreso de estos grupos. ¡No hay nada para afirmar eso! ¡No está pasando eso!
Pero están ocurriendo muchas cosas preocupantes, y aboquémonos a ellas.
En el caso de este secuestro y homicidio, desde el primer momento hemos sido muy activos porque le otorgamos la mayor seriedad al asunto, dadas todas las connotaciones que tiene, y que se han repetido en las distintas intervenciones.
Hubo una gran coordinación e intercambios; primero, apoyando a las policías y, segundo, teniendo una relación directa con la fiscalía. Se actuó, primero, para que hubiera cuidado en alertar a las policías a través de Interpol a fin de que nos colaboren en el seguimiento de este delito; luego, mediante las fiscalías, que tuvieron sus propios intercambios, para pedir colaboración en la búsqueda de estos dos criminales, respecto de los cuales hay indicios de que huyeron a Venezuela. Después lo hicimos a través de una comunicación de asistencia penal internacional entre cancillerías, y también lo realizaron las policías directamente, que han tenido contacto bilateralmente desde la semana pasada en repetidas oportunidades.
Eso ha dado lugar a muchos intercambios en estos días, con declaraciones públicas que se han conocido. Pero, como Ejecutivo, tenemos clara conciencia de que esos dichos se tienen que transformar en hechos. Las comunicaciones públicas deben traducirse en diligencias policiales para buscar a estas personas e identificarlas.
Y no estamos conformes con que se hayan hecho esas declaraciones, porque tenemos un historial que ha sido complejo, ¡complejo!
El año pasado, en repetidas oportunidades, hicimos diligencias para dar con personas que habían cometido delitos y que se habían fugado del país, habiendo indicios de que estaban en Venezuela. Y no fue fácil avanzar.
No fueron experiencias con las que nos damos por satisfechos, ni mucho menos.
En este caso, como lo hemos dicho, al igual que distintas autoridades de Gobierno en estos días, ciertamente como país estamos preocupados y le damos la mayor gravedad a esto. Pero creemos que Venezuela no puede desentenderse, pues Chile y el mundo están mirando cómo actúa en este caso. Y esa es nuestra mayor fortaleza para exigir acción. No le es indiferente al mundo si Venezuela colabora o no; si busca a estas personas o no; si se hace parte de la labor de la justicia o no.
En esa línea debemos actuar de forma unida, porque, cuando actuamos como un solo país y tenemos una voz firme, obtenemos resultados. Los hemos obtenido en estos días, ya que ese cambio en el tono de las palabras es un avance, aunque muy insuficiente. Todavía estamos hablando solo de declaraciones, pero son la antesala de pasar a los hechos.
A propósito de este caso, y también del asesinato del teniente Emmanuel Sánchez la semana pasada, en el cual hay personas de nacionalidad extranjera comprometidas, se ha vuelto a abrir el debate sobre cómo hacer más efectivos los procesos de expulsión y de control de personas que entran irregularmente al país.
Hemos dado hartos pasos en este tiempo.
El año pasado aprobamos seis legislaciones, ¡seis!, en esta materia, con el objeto de tener más herramientas para expulsar, para mejorar el control de fronteras, para perfeccionar la ley migratoria. Y, gracias a eso, han mejorado las expulsiones: se multiplicaron por más de diez el año pasado las expulsiones administrativas, después de que el debut de la nueva Ley de Migración las hiciera casi imposibles. Pero ese ritmo era muy insuficiente.
Los hechos observados durante estos días respecto de personas que ingresaron irregularmente al país, algunas con orden de expulsión pendiente y otras, con detenciones previas, que siguen circulando y cometiendo nuevos delitos, nos hacen pensar que requerimos dar más pasos.
Y aquí el senador Insulza ha planteado una idea. Algunos países tienen sistemas de ese tipo; en otras partes se han hecho otras propuestas, como penalizar directamente el ingreso irregular.
Nosotros, como Ejecutivo, vamos a formular una idea tendiente a mejorar la legislación en esta materia. Creemos que el país necesita más protección respecto de personas que están con orden de expulsión, cuya ejecución se demora. Por más que la aceleremos, por más que hagamos avances para contar con nuevos vuelos a Venezuela, vamos a seguir teniendo personas con orden de expulsión circulando por el territorio nacional. Por lo tanto, necesitamos que el país disponga de más herramientas de las que actualmente posee para protegerse de esas personas y de la posibilidad de que estén envueltas en delitos.
Vamos a presentar una propuesta a este Parlamento y, ojalá, la podamos discutir de una manera seria. No la transformemos en un festival de "a ver quién se pasa más pueblos", porque eso la va a trabar y, probablemente, no nos va a ayudar a que sea efectiva.
Pero reconocemos que aquí todo lo que hemos hecho en materia legislativa todavía se queda corto, todavía requiere algo más.
También quisiera decir que, en la gestión con Venezuela, el año pasado se estableció el embajador. A inicios de este año, se hicieron visitas y hubo intercambios para agilizar los procesos de expulsión. Logramos desarrollar un vuelo de Conviasa con expulsados a Venezuela. Pero después vino el secuestro del teniente Ojeda y todo esto se trabó.
Ahora estamos gestionando un nuevo vuelo y esperamos retomar el ritmo que estaba programado; pero, incluso si así fuera, con el volumen de personas expulsadas, se necesita algo más. Sepan ustedes que uno de los cuatro autores del homicidio del teniente Sánchez estaba expulsado desde el año 2020. ¡Estamos llenos de casos como ese!
Entonces, vamos a requerir, incluso si logramos un buen programa de vuelos, hacer algo más, contar con más herramientas de las que tenemos actualmente.
Por último, quisiera señalar cómo colaborar en una sesión como esta.
Creo que sería un aporte si aquí ratificáramos -y todos nos fuéramos con esa idea- que en un tema como este debemos actuar unidos como país, y que la manera en que el Presidente Gabriel Boric ha conducido la representación de Chile en este caso ha estado totalmente a la altura de alguien que está representando el interés nacional y sabe que este delito no puede quedar impune.
A pocos minutos de que se conocieran las declaraciones del Presidente Maduro, el Presidente Boric hizo su planteamiento y señaló que nuestros distintos puntos de vista respecto de gobiernos anteriores son debates que damos entre nosotros, y que con otros países lo que hacemos es tener relaciones regidas por la diplomacia y por el derecho internacional; en este caso, exigir que se colabore en el esclarecimiento del delito.
Ojalá nos mantengamos unidos en esto, mientras vamos mejorando nuestra institucionalidad, nuestra legislación, que requerimos reforzar de una manera eficaz, contundente, para que sirva y sea pragmática.
Quisiera poner acento en esto, porque ese criterio tan básico del pragmatismo para desafíos como este a veces se deja de lado, y eso nos juega una muy mal pasada.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, señora ministra.
Ofrecemos la palabra al señor canciller, don Alberto van Klaveren.
El señor VAN KLAVEREN (ministro de Relaciones Exteriores).-
Muchas gracias, Presidente.
Por su intermedio, saludo a las y los honorables senadores presentes.
En primer lugar, me gustaría referirme al sentido de nuestras relaciones bilaterales con Venezuela.
Lo hago a partir de una premisa básica: Chile siempre ha mantenido relaciones diplomáticas con Venezuela. Incluso en la época en que retiramos embajador -estamos hablando de un período que comprendió más de cuatro años-, se mantuvieron relaciones diplomáticas con el gobierno dirigido por el Presidente Maduro. Eso, básicamente por una razón práctica: la necesidad de atender los intereses nacionales presentes en esa relación bilateral, intereses que, hoy por hoy, nosotros podríamos resumir en tres ejes centrales.
En primer lugar, el tema de las migraciones. La mayor migración recibida por Chile nunca había sido de origen venezolano y, obviamente, ello requiere una atención importante. Además, en Venezuela existe un contingente importante de personas de nacionalidad chilena que se acogieron a refugio en ese país hace muchos años, quienes establecieron sus familias y permanecen allá y tienen necesidades que deben atenderse.
En segundo lugar, está el tema de la seguridad. Me refiero justamente a la necesidad de lograr un mínimo de cooperación policial e intercambio de información para hacer frente a los problemas de criminalidad, de los cuales se ha hablado en esta sesión.
Resulta extremadamente difícil, sino imposible, tratar de abordar esos temas sin tener una relación diplomática, aunque haya diferencias tan relevantes como las que tenemos en otros ámbitos con Venezuela.
Y, en tercer lugar, está también la necesidad de acompañar el proceso político venezolano. Venezuela está en una situación política importante, que está siendo observada por muchos países. Chile obviamente no se puede restar a ese ejercicio de observación y también de acompañamiento. Esto significa vinculación con distintos actores políticos y sociales en Venezuela, tal como lo hacemos en muchos otros países, más allá de las características de sus regímenes.
Lo que puedo decir de nuestros contactos es que muchos actores políticos y sociales valoran enormemente esa relación. Es un tema muy importante, y es parte también de la misión que tiene nuestro embajador allá.
Necesitamos canales de comunicación con Venezuela.
La diplomacia significa agotar todas las instancias posibles de contacto, y obviamente actúa como un puente entre nuestro país y Venezuela, con toda la complejidad que puede tener el proceso político allá y también con todas las características de esa sociedad.
Por cierto, esas relaciones requieren un contacto permanente con nuestro embajador, aquí presente. El embajador Gazmuri ha sido llamado a informar por instrucciones del Presidente de la República. Estamos justamente aprovechando esta oportunidad para intercambiar opiniones y poder acordar políticas hacia el futuro.
Hay también una solicitud del Ministerio Público, de la que ya se ha hablado.
Tenemos también una serie de otros canales en materia policial y de lucha contra el crimen organizado. Están los canales tradicionales de Interpol; los mecanismos de vinculación entre los ministerios públicos. Hace poco se realizó en Chile una gran reunión de fiscales nacionales o sus equivalentes de todo Iberoamérica; y justamente nuestro fiscal nacional tuvo contacto en esa reunión con su correspondiente colega venezolano. Esos vínculos permiten muchas veces facilitar la información.
Asimismo, está la Convención de Palermo, de carácter mucho más amplio, que no se limita solamente al ámbito latinoamericano.
Todas las gestiones que hay que hacer para utilizar esos instrumentos que están a nuestra disposición requieren una presencia diplomática. Sería muy difícil hacer esos contactos si rompiéramos relaciones.
De hecho, Chile nunca ha roto relaciones; no está en su tradición diplomática romper relaciones. Hay un país vecino con el cual no tenemos relaciones diplomáticas, lamentablemente, pero no fue por decisión chilena. Siempre lo hemos remarcado a lo largo de todos los gobiernos que hemos tenido.
Personalmente, he podido desarrollar conversaciones con mi colega el canciller Gil. Le manifestamos -lo hicimos públicamente y también de forma privada- lo desafortunadas que nos parecieron sus declaraciones respecto del Tren de Aragua. Nosotros creemos que, a partir de eso, también se ha generado un nuevo diálogo con Venezuela. Vamos a mantener esos intercambios en los próximos días y semanas.
Esperamos que esos compromisos que asumió Venezuela públicamente puedan efectivamente transformarse en hechos concretos. Y así lo hemos señalado.
Necesitamos señales de parte de Venezuela. Estamos a la espera de ellas, porque son muy relevantes para poder esclarecer, en primer lugar, el terrible crimen del teniente Ojeda y también para enfrentar el tema migratorio; sobre todo, la devolución de ciudadanos venezolanos que están en una situación judicial, o bien, indocumentada.
También quiero destacar la necesidad que vemos de incorporar, de manera mucho más central en la política exterior, los temas de seguridad y de lucha contra el crimen internacional organizado.
Con ese espíritu, junto con el Ministerio del Interior, vamos a desarrollar una reunión con todos los países sudamericanos, en el marco del Consenso de Brasilia. Es la primera reunión de ministros y ministras y de altas autoridades de seguridad pública y crimen organizado, evento que en los próximos días va a ser inaugurado, o clausurado, por el Presidente Boric y que contará obviamente con la presencia muy importante del Ministerio del Interior.
Vamos a tratar en esa instancia de buscar mecanismos más efectivos para combatir el crimen internacional organizado, que no es un problema que afecta solamente a Venezuela, sino también a otros países, y trataremos de resolverlo a través de la diplomacia, con todos los instrumentos que están a nuestra disposición.
Por último, señor Presidente, respondiendo a una consulta que hizo el honorable senador Coloma, sobre la posibilidad de extradición, hago presente que efectivamente hay una limitación en la Constitución venezolana que impide extraditar a nacionales de ese país. No es exclusiva de Venezuela; hay varios países que tienen esa limitación; entre ellos, Brasil.
Sin embargo, existen algunos mecanismos para salvar esa limitación. Uno de ellos está establecido en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la "Convención de Palermo", que recoge la posibilidad de una entrega condicional de personas acusadas de cierto tipo de crímenes, a fin de que puedan ser juzgadas en el lugar donde cometieron el crimen, pero con la condición de que la pena se cumpla en el país de origen. No es una solución ideal, pero son mecanismos que están a disposición.
Reitero que esa situación no afecta solamente nuestras relaciones con Venezuela; puede estar presente en relaciones con otros países que tienen esas políticas.
En relaciones internacionales, los países son soberanos. La soberanía es un principio básico del derecho internacional. Eso hace que no se pueda obligar legalmente a un país a recibir a sus ciudadanos, aunque esto parezca extraño. Desde el punto de vista de la soberanía, existe una serie de limitaciones.
Por eso, justamente, debe actuar la diplomacia. Tenemos que buscar mecanismos para superar esas limitaciones.
Eso es lo que quería plantear.
Muchas gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, señor canciller.
Ofrezco, a continuación, la palabra a las señoras y a los señores senadores, hasta por tres minutos.
Tengo inscritos al senador Matías Walker, a la senadora Luz Ebensperger, al senador Durana y a la senadora Gatica.
Senador Matías Walker, tiene la palabra.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidente.
Quiero agradecer a la ministra del Interior y también a nuestro canciller por sus exposiciones. Y valoro la presencia del subsecretario del Interior y de nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri.
La utilidad de esta sesión, Presidente, ha quedado clara.
A partir del dramático homicidio del teniente Ojeda y de la aseveración del fiscal Barros, no cabía otra posibilidad más que el Senado pudiera debatir acerca de los graves hechos acaecidos.
¿Qué es lo que dijo el fiscal Barros, en síntesis? Tres cosas: que no estamos en presencia de un secuestro extorsivo; que las hipótesis de investigación no apuntan a que la víctima estuviera involucrada en actividades ilícitas, y que en este crimen todo apunta a que fue perpetrado desde Venezuela. De ahí la conmoción pública que se ha generado.
Cabe señalar que el teniente Ojeda ya había sido objeto de secuestro y torturas en Venezuela, razón por la cual escapó a nuestro país, donde obtuvo la calidad de refugiado político en este Gobierno del Presidente Boric.
Y es por eso que, aprovechando el llamado que usted, Presidente, hizo el domingo pasado, de avanzar y renovar el fast track legislativo de treinta y un proyectos, y habiéndose cumplido un año desde que el entonces Presidente de la Corporación, senador Coloma, acordara esa agenda de iniciativas en materia de seguridad, propongo darle un renovado impulso, agregándole dieciséis proyectos adicionales, siendo el principal de ellos, claramente, el proyecto de ley de inteligencia, hoy en la Cámara de Diputados y al cual se refirió la ministra del Interior, pero incorporando también, por cierto, otros igualmente importantes, como el relativo a la regla del uso de la fuerza y el de infraestructura crítica, para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en este desafío.
El dictador Maduro no puede insultar a Chile y nosotros actuar después como si nada hubiera ocurrido. Entendemos que debe haber relaciones diplomáticas, y por eso hemos propuesto que el embajador Jaime Gazmuri sea llamado a informar de manera más permanente; pero también en diplomacia hay que hacer ver juicios de reproche y no aceptar, de buenas a primeras, que se insulte a nuestro país.
Vamos a insistir en que se cumpla el control preventivo de identidad migratorio, que hoy día es ley de la república, y en que podamos avanzar en darles más atribuciones a nuestras Fuerzas Armadas.
He dicho, Presidente.
Gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Matías Walker.
Voy a ofrecer la palabra en el siguiente orden.
Me disculpa, senadora Ebensperger; no había visto la pantalla.
Está, en primer lugar, la senadora María José Gatica; luego, la senadora Ebensperger; luego, el senador Durana, y luego, el senador Saavedra, en ese orden, por favor.
La señora EBENSPERGER.-
¡Me vendió, Presidente...! ¡Yo, que lo acompaño siempre...!
El señor GARCÍA (Presidente).-
Senadora María José Gatica, tiene la palabra.
La señora GATICA.-
Gracias, Presidente.
Primero que todo, quiero decir que hay muchos venezolanos de bien que son un aporte para nuestro país y han escapado del "paraíso" de la izquierda: Venezuela.
Dicho esto, Presidente, quiero señalar que este Gobierno es amigo de Venezuela. Suspiran por las mismas cosas, de partida.
Aquí está en riesgo nuestra soberanía.
Cuando los oprimidos de Venezuela señalaban que este fue un crimen político, aquí precisamente la vocera del Gobierno del Presidente Boric decía que era delincuencia común, el 26 de febrero.
¡De qué sirve tener relaciones diplomáticas con un gobierno que abiertamente opera delicadamente en nuestro país!
¡Hasta cuándo tenemos que esperar que el Gobierno se digne a cerrar las fronteras y dar urgencia a la ley para poner freno, pero de verdad, a la inmigración ilegal! Recordemos que hoy día existen cerca de 20 mil órdenes de expulsión vigentes.
Ha llegado a tal punto la irresponsabilidad de este Gobierno, que hasta los expulsados han vuelto. Volvieron a ingresar por pasos habilitados.
Por eso, Presidente, pido que pongamos en votación los otros ocho proyectos que hoy día se encuentran pendientes del fast track anunciado hace ya cerca de un año para poder abordar la seguridad. ¡Es urgente! ¡Pongámoslos en votación!
Aquí, en la sala, es donde se ve cuál es la postura que tiene cada parlamentario.
Todos los días este Gobierno se come una arepa que le hace Maduro. El problema es que eso, lamentablemente, se traduce en chilenos muertos por no defender nuestra soberanía.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora María José Gatica.
Ahora sí tiene la palabra la senadora Luz Eliana Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Quiero partir coincidiendo con la ministra Tohá sobre la finalidad de esta sesión especial. Yo creo que, más que para escucharnos a nosotros mismos, es lo que la ciudadanía está pidiendo.
Los ciudadanos, particularmente de mi región, Presidente, ya no dan más. Ya no entienden qué hacemos los políticos; nos meten a todos en un mismo saco. Están desesperanzados, y no hay nada peor que una región, una ciudad y un país desesperanzado. Ya no distinguen entre políticos de derecha, de izquierda o de centro. Se sienten abandonados, abandonados por el Estado, y eso nos incluye a todos los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Entonces, claro que esta sesión especial tiene una finalidad. Los chilenos la requieren, y los tarapaqueños en especial. Y ¿sabe qué? Cuando lo hablamos en el comité, conversamos mucho sobre cómo titular esta sesión. Y dijimos "escuchar medidas".
Yo la verdad es que siento frustración. A mí no me corresponde, pero yo, simplemente, no entiendo de qué nos sirve la relación con Venezuela si ellos no aportan en nada. Nos insulta su canciller, no cualquier persona, diciendo que el Tren de Aragua es una invención de los chilenos; luego se desdice; va el subsecretario Monsalve a Venezuela, firma un convenio que luego desconocen, y el propio canciller afirma que no es un convenio de Estado; hace una semana, en La Segunda, dice que es un convenio entre ministerios; tenemos un fiscal -nadie se quiere meter en eso porque es parte del proceso- que sostiene que esto tiene un móvil político.
Efectivamente, muchos países no tienen extradición -a través de usted, Presidente, al canciller- de sus connacionales; pero no nos interesa cualquier país, nos interesa Venezuela, porque desde allí es de donde está llegando a nuestro territorio la mayor parte del crimen organizado que hoy día nos azota.
La ministra y el subsecretario dicen aquí y en otros lados, en mi región, que han bajado los asesinatos. En las últimas dos semanas tuvimos cuatro nuevos asesinatos: tres personas brutalmente asesinadas a machete, quemadas y amarradas de puño y pie; y ayer en la mañana, otro, en la ruta 1, con un balazo en la cabeza. Entonces, a lo mejor hay uno o dos asesinatos menos que el mes pasado o que hace dos meses, pero, ¿cambia eso la... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Un minuto, Presidente.
¡Frustración, Presidente!
He escuchado aquí puras palabras, y no dudo de la buena fe de ninguno de los que están sentados acá. Pero, ¿y la diplomacia? ¿Qué ha pasado con Bolivia? El Estado boliviano tiene que hacerse responsable de su frontera. Y hasta el día de hoy, ¡nada!, y nosotros tenemos que aguantar a todos los que ingresan por Colchane porque Bolivia no los acepta de vuelta, cuando fue este país el que les permitió salir clandestinamente de su territorio.
Con Venezuela pasa lo mismo.
El canciller dice: "Son importantes las conversaciones". ¡Claro que son importantes las conversaciones, Presidente! Pero, ¡plazos!: qué esperamos de esas conversaciones; qué les vamos a decir hoy día a los chilenos que nos están escuchando, cuáles son las medidas concretas para estos casos.
En fin, Presidente, ¡frustración!
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Luz Eliana Ebensperger.
Tiene la palabra el senador Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidente.
Cuando el Ministerio Público informa que la orden de captura y asesinato del teniente Ojeda se habría orquestado en Venezuela, obviamente que se genera frustración en todos los chilenos, más aún por su condición de asilado político bajo la protección del Estado de Chile.
Lamentablemente, el Gobierno no ha tenido una postura firme ni comprometida con la captura y expulsión de inmigrantes ilegales. De haberla tenido, este asesinato jamás habría ocurrido.
La Corte Penal Internacional ha determinado graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, calificándolos como crímenes de lesa humanidad debido a los miles de detenciones de opositores políticos, persecuciones, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, etcétera.
¡Más de siete millones de venezolanos han debido abandonar su país! ¡Y resulta que Chile no limita con Venezuela! Sin embargo, por la flexibilidad de los pasos vecinos, finalmente terminan llegando a nuestro país. Y son las regiones del norte las que sufren el mayor impacto y las que, en definitiva, deben soportar los efectos de una de las peores crisis migratorias.
Con estos antecedentes, señor Presidente, solo se puede calificar de una irresponsable e inaceptable ingenuidad creer en el régimen dictatorial de Maduro, más aún después de las declaraciones de su canciller, quien, burlándose, sugiere que el Tren de Aragua no existe, y menos creer en la suscripción de un convenio que no solo puede ser utilizado para perseguir a opositores venezolanos en Chile, considerando que cualquier documento emanado de Venezuela es cuestionable al menos en su veracidad.
En los últimos días hemos escuchado que sería irresponsable romper relaciones diplomáticas con Venezuela porque ello imposibilitaría la extradición de los sospechosos del crimen de Ojeda. Este es un argumento que, por lo dicho, nunca se va a generar: ¡los venezolanos jamás van a extraditar!
¡No es posible tolerar una violación de la soberanía de Chile como la que sucedió! Lamentablemente, estamos viviendo un negacionismo del Gobierno con la gravedad de lo ocurrido y con la situación de vulnerabilidad de la familia del señor Ojeda. Y por eso debe asumir sus responsabilidades políticas y tomar medidas para que este hecho, que es de la mayor gravedad, no quede impune.
Pido un minuto más, por favor.
No podemos estar sometidos a un chantaje permanente de las autoridades venezolanas para recibir a los expulsados de su propia nacionalidad. ¡Se burlan de nuestro país con una actitud matonesca y sin precedentes que, lamentablemente, debemos tolerar todos los chilenos, como lo dijeron otros parlamentarios! Y además nos culpan desde distintos sectores de la ciudadanía.
En el norte de Chile, y cada vez en más regiones de nuestro país, estamos agobiados con la acción de bandas criminales venezolanas. Y es muy simple: se ingresa irregularmente a nuestro territorio, en el más completo anonimato, se delinque, se extorsiona, se mata, se viola y después se regresa a Venezuela.
Para qué decir la última sorpresa informada por Contraloría, que reveló que extranjeros expulsados volvieron a ingresar por pasos habilitados.
Lo único que pido, señora ministra del Interior, señor ministro de Relaciones Exteriores, subsecretario, autoridades, es que pongamos freno a la humillación de Chile por parte de Venezuela.
Esto no da para más; la ciudadanía no aguanta más.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senador Durana.
Tiene la palabra el señor don Gastón Saavedra.
El señor SAAVEDRA.-
Gracias, Presidente.
Voy a intentar decir un par de cosas, tres en realidad, ante la desolación de las opiniones que he escuchado. Lo digo porque me da la impresión de que estamos hablando mirándonos el ombligo. Solos no vamos a poder resolver un problema que es multilateral y que, por lo tanto, requiere de lo que nuestro canciller ha expresado, que es el Consenso de Brasilia.
Vámonos por ese camino, por el encuentro con los otros; repongamos los acuerdos multilaterales para respaldar y fortalecer los procesos democráticos en todos los países, como primera condición.
Segundo, establezcamos el diálogo democrático como mecanismo de acuerdo y de encuentro con los otros, con nuestros países vecinos, y, por lo tanto, logremos una concertación en contra del crimen organizado, el narcotráfico y las bandas que nos asolan.
El diálogo democrático debe ser un compromiso profundo entre los países de América del Sur. Por tanto, reponer una institución multilateral es la clave para abordar y resolver estos problemas de fondo y no tener que buscar más explicaciones y culpabilidad entre unos y otros para afrontar los problemas, como el crimen del señor Ojeda.
Eso, evidentemente, tiene que ver con la política interior de otro Estado. Pero, ¿estamos en condiciones de entrometernos en las decisiones que toma otro Estado a partir de que debemos tener respeto por la diversidad de los pueblos respecto de sus decisiones, si no tenemos un acuerdo, en el siglo XXI, para reponer -reitero- el compromiso con la democracia, con los derechos humanos, con la justicia social, con el desarrollo sostenible y sustentable; en suma, un compromiso multilateral de América del Sur para enfrentar temas que hoy día son comunes?
Las migraciones son parte de un proceso que nos afecta a todos y requiere, por lo tanto, de la voluntad política de todos para enfrentarlo y resolverlo en términos multilaterales, con acuerdos que sean sustentables por parte de los diferentes gobiernos; pero en una lucha mancomunada, reitero, para el fortalecimiento de la democracia, la construcción de acuerdos para el diálogo democrático y, finalmente, para la lucha en contra del crimen organizado de las bandas y de todos aquellos que atentan contra la democracia.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senador Gastón Saavedra.
Estamos llegando al término del Orden del Día.
Escuchamos a representantes del Ejecutivo sobre los graves hechos que han acontecido y que legítimamente son preocupación del Senado. Estoy cierto también de que las autoridades han escuchado las diferentes intervenciones de las senadoras y los senadores, cada uno expresando sus sentimientos y su preocupación profunda y sincera sobre la materia.
Naturalmente, vamos a seguir evaluando, observando cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Creo que aquí hay un sentimiento muy muy generalizado: respeto a Chile, respeto a nuestra patria.
Por haberse cumplido su propósito, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:01.
Rodrigo Obrador Castro
Jefe de la Redacción