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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
Legislatura 372ª
Sesión 46ª, extraordinaria
Miércoles 14 de agosto de 2024
(De 15:23 a 18:02)
Presidente, señor José García Ruminot
Vicepresidente, señor Matías Walker Prieto
Secretario General, señor Raúl Guzmán Uribe
REDACCIÓN DE SESIONES
I.ASISTENCIA
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Retamales, Karim
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Flores García, Iván
--Gahona Salazar, Sergio
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, los ministros secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto, y de Energía, señor Diego Pardow Lorenzo.
Asimismo, se encontraban presentes la subsecretaria general de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacios, y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas Gutiérrez.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:23, en presencia de 16 señoras senadoras y señores senadores.

El señor GARCÍA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. CUENTA

El señor GARCÍA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones. Los documentos recibidos para la Cuenta son los siguientes:
"Cuarenta Mensajes de Su Excelencia el Presidente de la República
Con el primero, hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal (Boletines Nos 7.567-07, 7.727-18 y 5.970-18, refundidos).
Con los treinta y cinco que siguen, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
-El que declara el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información, del Derecho a la Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario (Boletín N° 14.994-24).
-El que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años (Boletín N° 11.073-07).
-El que autoriza construir un memorial y circuito de memoria, en la comuna de La Reina, en recuerdo de las víctimas de la Caravana de la Muerte (Boletín N° 15.278-24).
-El que modifica la ley N° 18.216 para ampliar las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva (Boletín N° 15.408-25).
-El que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales (Boletín N° 12.092-07).
-El que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señala (Boletín N° 15.805-07).
-El que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito (Boletines Nos 15.940-25 y 15.984-06, refundidos).
-El que consagra el derecho al olvido en materia financiera (Boletín N° 15.407-03).
-El que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea (Boletín N° 14.838-03).
-Para la protección de la infraestructura crítica del país (Boletín N° 16.143-02).
-El que modifica la ley N° 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional (Boletines Nos 16.223-29, 12.648-29, 14.984-29, 15.091-29, 15.598-29, 15.890-29, 15.904-29 y 15.919-29, refundidos).
-El que crea el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno (Boletín N° 16.316-05).
-El que regula la prevención de incendios forestales y rurales, y otras materias que indica (Boletín N° 16.335-14).
-El que establece normas para la realización de funerales de riesgo y modifica otros cuerpos legales (Boletín N° 16.323-25).
-El que modifica diversos cuerpos legales, en materia de fortalecimiento del Ministerio Público (Boletín N° 16.374-07).
-El que establece un Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios (SIGESS) (Boletín N° 16.391-01).
-Sobre armonización de la ley N° 21.302, que Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y Modifica Normas Legales que Indica, y la ley N° 20.032, que Regula el Régimen de Aportes Financieros del Estado a los Colaboradores Acreditados, con la ley N° 21.430, Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (Boletín N° 15.351-07).
-El que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos (Boletín N° 13.991-07).
-El que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones (Boletín N° 14.964-24).
-El que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal (Boletín N° 16.621-05).
-El que modifica la ley N° 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República (Boletín N° 16.625-07).
-El que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales (Boletín Nº 12.213-07).
-El que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, y establece sanciones en caso de incumplimiento (Boletín N° 16.598-15).
-El que modifica cuerpos legales que indica con el objeto de autorizar el uso de tecnologías de autentificación biométrica para la correcta identificación de pasajeros del transporte aéreo (Boletín N° 16.434-15).
-El que modifica el Código Sanitario para permitir que las ceremonias fúnebres de los Cuerpos de Bomberos puedan efectuarse en un horario especial (Boletín N° 15.960-11).
-El que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de atender fenómenos urbanos consolidados en el territorio, urgentes, que afectan a la población (Boletín N° 16.772-14).
-El que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para obligar a identificar y vincular a los pasajeros con su equipaje en el transporte interurbano (Boletín N° 16.519-15).
-El que define a los establecimientos de salud como asistenciales-docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior (Boletín N° 14.088-11).
-Sobre enfermedades poco frecuentes (Boletín N° 7.643-11).
-El que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros (Boletín Nº 16.703-25).
-El que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (Boletín N° 11.175-01).
-El que reconoce la función de las y los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo (Boletín N° 16.846-13).
-El que modifica la ley N° 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada de obras de riego y drenaje, para facilitar su aplicación en casos de catástrofes y emergencias que se indican (Boletín N° 16.932-01).
-El que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de crear el Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería de Chile y regular dicho régimen penitenciario (Boletín N° 17.007-07).
-El que crea la Ley de Reactivación del Turismo y de Fomento a la Industria Audiovisual (Boletín N° 16.817-05).
Con los cuatro finales, retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
-La que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).
-La que tipifica y sanciona la violencia digital (Boletín N° 13.928-07).
-La que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal (Boletín N° 15.850-11).
-La que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento (Boletín N° 16.686-19).
--Se toma conocimiento de los retiros y de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero, informa que ha aprobado el proyecto de ley que establece obligaciones y requisitos para la construcción de edificaciones en suelo colapsable; declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavones y modifica cuerpos normativos que indica, correspondiente a los Boletines Nos 16.077-14, 16.069-22, 16.085-14, 16.251-14 y 16.276-09, refundidos.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de ley de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el artículo 65, inciso tercero e inciso cuarto, número 2°, de la Constitución Política de la República. En consecuencia, se debe constituir una Comisión Mixta de conformidad al artículo 15 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, y se designa a los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, como miembros de la referida Comisión Mixta.
Con el segundo, informa que ha prestado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo por Intercambio de Cartas de fecha 21 de junio de 2024 entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, relativo al uso de ciertos términos para quesos y productos cárnicos comercializados en los Estados Unidos o en Chile, correspondiente al Boletín N° 17.019-10 (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el tercero, comunica que ha aprobado el proyecto de ley sobre reactivación del turismo y de fomento a la industria audiovisual, correspondiente al Boletín N° 16.817-05 (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Economía, y a la Comisión de Hacienda.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros (Boletín N° 16.703-25) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Educación, y de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso (Boletín N° 14.309-04).
--Quedan para tabla.
Mociones
De la Honorable Senadora señora Campillai, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, para suspender el pago de la dieta en el caso de desafuero parlamentario (Boletín N° 17.052-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la Honorable Senadora señora Campillai, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar, con el objeto de excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos (Boletín N° 17.054-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
De las Honorables Senadoras señoras Gatica y Provoste, con la que inician un proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, con el objeto de establecer un plazo para la dictación y revisión de la norma técnica que indica (Boletín N° 17.056-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
De los Honorables Senadores señora Gatica, y señores Kuschel y Ossandón, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, en materia de porcentaje de patrocinio exigido para la presentación de candidaturas independientes (Boletín N° 17.059-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Proyecto de acuerdo
De los Honorables Senadores señor Espinoza, señoras Aravena, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda, y señores Castro González, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Gahona, García, Huenchumilla, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Moreira, Núñez, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe y Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya a las autoridades competentes la coordinación de un programa de las actividades destinadas a conmemorar, en el año 2026, el bicentenario de la anexión de Chiloé al territorio nacional, de conformidad con los planteamientos que indican (Boletín N° S 2.569-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
Permisos constitucionales
Del Honorable Senador señor Ossandón, a contar del día 28 de agosto de 2024, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución Política de la República.
Del Honorable Senador señor Latorre, a contar del día 31 de agosto de 2024, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento".

El señor GARCÍA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accede a los permisos solicitados.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de aprobación).
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El señor GARCÍA (Presidente).- Pido el acuerdo de la Sala para que pueda ingresar la señorita Macarena Lobos Palacios, subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia.
¿Habría acuerdo?
--Se autoriza.
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El señor GARCÍA (Presidente).- Vamos al Orden del Día...

El señor SANHUEZA.- Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Perdón.
Senador Sanhueza, tiene la palabra.

El señor SANHUEZA.- Presidente, hace algunos años comenzó a regir la ley N° 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, con el objeto de promover el pago de las pensiones de alimentos. Junto con ello, el año 2022 se terminó de tramitar la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. Ambas normativas buscaban conjuntamente incentivar el cumplimiento de esta obligación y permitir su pago oportuno.
En ese minuto y casi al final de la discusión se incorporó la inhabilidad para postular a cargos públicos de todos quienes tuvieran una anotación vigente en el registro y quisieran ser candidatos a alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores regionales. Dicha inhabilidad quedó incorporada en las respectivas leyes orgánicas que regulan esos cargos.
Para poder incorporar la misma inhabilidad en parlamentarios y Presidentes de la República había que modificar la Constitución. Por ello, se decidió hacerlo en otra propuesta legislativa, para no retrasar la tramitación del proyecto original.
Es por lo anterior que en conjunto con las senadoras Allende, Carvajal, Núñez y Pascual, presentamos una iniciativa (boletín N° 15.267-07), que actualmente se encuentra en la Comisión de Gobierno.
A poco más de un año de la próxima elección parlamentaria y presidencial, y habiendo conocido el antecedente de las candidaturas municipales y de gobierno regional, que no fueron acogidas por tener los postulantes una anotación vigente en dicho registro, en virtud del principio de igualdad ante la ley y de velar por el efectivo cumplimiento de las normativas que esta Corporación elabora, es que solicito seguir con la tramitación de ese proyecto, ponerlo en tabla y transformarlo en ley antes de la fecha en que deban inscribirse las candidaturas para el próximo año.
Por eso, Presidente, solicitamos a la Comisión de Gobierno que tenga a bien colocar la iniciativa en tabla, porque garantiza el principio de igualdad ante la ley.

La señora ALLENDE.- ¡Bien!
Todos de acuerdo.

La señora PASCUAL.- Sí, de acuerdo.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Muchas gracias, senador Gustavo Sanhueza, por la solicitud planteada, a la que adhieren las senadoras Isabel Allende, Claudia Pascual y María José Gatica.
Ha tomado debida nota el presidente de la Comisión de Gobierno, el senador Manuel José Ossandón, y también la subsecretaria y el ministro de la Segprés, Macarena Lobos y Álvaro Elizalde, para los efectos de las urgencias correspondientes.
Muy bien.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Se ofrece la palabra con relación a la Cuenta.

La señora ALLENDE.- Llama la atención que solo adhiramos mujeres a esa iniciativa.
¡No he visto varones adherirse!

El señor WALKER (Vicepresidente).- Se sigue ofreciendo la palabra con relación a la Cuenta.

El señor GARCÍA (Presidente).- No tenemos inscritos para referirse a la Cuenta.

La señora ALLENDE.- Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Perdón.
Senadora Allende, tiene la palabra.

La señora ALLENDE.- Presidente, fuera de broma, me llama la atención que hasta ahora hemos adherido solamente mujeres.
Yo creo que es muy relevante -espero que el ministro secretario general de la Presidencia, que nos acompaña esta tarde, tome nota- hacer esa reforma, de tal manera que no solo en las elecciones que vamos a tener este año se aplique la inhabilidad para quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores, normativa que sacamos y que es estupenda para lograr aminorar efectivamente el drama del no pago de pensiones. Es muy importante que esto también se aplique para candidatos presidenciales y parlamentarios.
Yo espero que el exsenador Álvaro Elizalde tome nota de aquello y que se le ponga urgencia, porque es muy relevante.
Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senadora.
Estamos seguros de que el ministro Elizalde ha tomado debida nota.
IV. ORDEN DEL DÍA



REGULACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CREACIÓN DE AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor GARCÍA (Presidente).- En primer lugar, corresponde tratar el informe de la comisión mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, boletines Nos 11.144-07 y 11.092-07, refundidos, con urgencia calificada de "suma".
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletines 11.144-07 y 11.092-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA (Presidente).- Hay que recordar que en la sesión del día de ayer realizamos la primera discusión. Entonces, ahora corresponde realizar la segunda discusión, para lo cual ofrecemos la palabra.

Se ha inscrito el senador don Pedro Araya.
Tiene la palabra, senador.

El señor ARAYA.- Gracias, Presidente.
Desde el año 1999 el país cuenta con un marco normativo que protege la privacidad de la información de las personas y regula su tratamiento, la ley N° 19.628. Dicha normativa fue un avance al momento de su dictación, siendo Chile el primer país latinoamericano en contar con un marco regulatorio en esta materia. Pero, a partir de los diversos cambios tecnológicos, esta legislación fue cayendo en la obsolescencia.
Luego de varios intentos fallidos, el año 2017 ingresó a tramitación un mensaje de la Presidenta Bachelet que actualizaba la ley N° 19.628 y creaba la autoridad de control en materia de protección de datos personales.
Han pasado siete años desde el ingreso de ese proyecto, hasta ahora que llega a su trámite final. En este tiempo el mundo ha cambiado vertiginosamente en materia de desarrollo tecnológico y de información. Las amenazas de este tiempo no son las noticias falsas o la manipulación de datos personales mediante un tratamiento ilícito; hoy las amenazas son la suplantación de las personas y la creación de realidades virtuales, entre otras, mediante la inteligencia artificial.
Lamentablemente, la iniciativa, que hoy vamos a votar, no abordó ninguna de las preguntas que surgen a partir de esta nueva realidad. El texto en discusión no se actualizó; es más, retrocede, ya que se rigidiza la norma. Esta legislación no es una regulación adecuada para el Chile del siglo XXI.
Señor Presidente, seguidamente haré presente algunos contenidos del proyecto de ley que fueron revisados en la comisión mixta, que evidentemente son errores conceptuales con graves consecuencias prácticas y, en algunos casos, con fuertes impactos económicos.
En primer lugar, se consagró la extraterritorialidad de la ley chilena. Esto es, independiente de dónde esté localizada una empresa o compañía, si un residente en Chile realiza operaciones en una plataforma, esa operación quedará sujeta a la ley chilena. Esta regla impone un gravamen a las empresas tecnológicas que no parece razonable, principalmente a empresas americanas y europeas. Por lo demás, esta es una regla de carácter declarativo que claramente se va constituir en una traba al desarrollo de la economía digital.
En segundo lugar, se amplió el concepto de datos sensibles a hipótesis que son absurdas. Se señala, por ejemplo, que son "datos personales los que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad". Pero las características físicas de las personas no tienen ningún atributo para ostentar la calidad de carácter de dato sensible, y las únicas que pudieran considerarse que la tienen, como son el color de la piel o alguna situación de salud que generara alguna característica física particular, ya están considerados como datos sensibles; "las características morales de las personas" y "los hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad" no son datos personales, menos aún datos sensibles.
El proyecto de ley define dato personal como "cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o no identificable". En este debate se impuso una visión no informada que introdujo errores conceptuales, que, a mi juicio, son graves.
En tercer lugar, se eliminó el carácter de fuente de licitud para el tratamiento de datos a las fuentes de acceso público, como son ciertos registros públicos, la información contenida en el Diario Oficial, los periódicos y los demás medios de comunicación social. Esta decisión es un retroceso respecto del estándar actual y dará origen a una situación absurda: los datos tomados de fuentes abiertas, que son lícitos y públicos, no podrán ser utilizados, salvo que haya consentimiento del titular, lo que equivale, en la práctica, a que la fuente del tratamiento de los datos sea el consentimiento.
Frenar el tratamiento de los datos provenientes de fuentes de acceso público originará múltiples controversias y no existen razones que justifiquen esta decisión.
En cuarto lugar, se crea un nuevo derecho: el derecho a bloqueo. Cuando un titular deduce una reclamación, y resulta procedente, puede solicitar la suspensión o bloqueo del tratamiento de los datos que le conciernen, en tanto se resuelve la reclamación. Se trata de una medida procesal. Esta acción procesal tiene un carácter cautelar provisorio, y en ningún caso puede ser considerado un "derecho subjetivo" como son los derechos ARCO. Luego, se introduce otra regulación relativa al derecho a bloqueo, que es totalmente inexplicable.
En quinto lugar, se establece la obligación de constituir un domicilio y un representante en Chile para las empresas o instituciones extranjeras, y de acreditarlos ante la Agencia.
Considerando la velocidad con la que circula la información en la red, el caudal de datos personales que se movilizan, las redes sociales, los flujos comerciales, los intercambios financieros, la deslocalización de los servicios, entre otros fenómenos, pretender que esas compañías cumplan esta obligación es simplemente carecer de un juicio de realidad. Además, es una medida que va completamente en contra de la economía digital.
En sexto lugar, probablemente uno de los temas más controvertidos es la proporcionalidad de las multas. Una ley que no tenga un sistema de cumplimiento bien diseñado significa letra muerta. Uno de los elementos centrales del sistema es contar con un régimen sancionatorio equilibrado, esto es, infracciones bien tipificadas y multas proporcionales a la infracción.
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo definió infracciones leves con sanciones de amonestación escrita o multa de 1 a 50 unidades tributarias mensuales; infracciones graves con multa de 51 a 500 UTM, e infracciones gravísimas con multa de 501 a 5.000 UTM.
Posteriormente, el Senado elevó las multas de las infracciones leves con amonestación o multa de 1 a 100 UTM; las infracciones graves con multa de 101 a 5.000 UTM, y gravísimas de 5.001 a 10.000 UTM.
Y, finalmente, la Cámara de Diputados elevó el monto de las multas, lo que fue ratificado por la comisión mixta. Las infracciones leves quedaron con multas de hasta 5.000 UTM; las graves hasta 10.000 UTM, y las gravísimas hasta 20.000 UTM. Estas sanciones, a la luz de las infracciones que se proponen, parecen absolutamente desproporcionadas.
Señor Presidente, por todo lo anteriormente expuesto, a pesar de estas observaciones, voy a aprobar el proyecto tal como está llegando a esta sala, aun cuando contiene la serie de errores que he señalado.
Lo responsable por parte del Ejecutivo -y, por su intermedio, Presidente, se lo solicito al ministro Elizalde- es que se corrija lo que aprobó la comisión mixta a través de un veto presidencial, que sería la forma, a mi juicio, más correcta. De lo contrario, una vez que esta norma esté publicada y antes de entrar en vigencia, será necesario tramitar un proyecto de ley que pueda corregir todos estos errores con el objeto de contar con una legislación que efectivamente responda a las necesidades del país en materia de protección de datos personales.
Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senador Pedro Araya.
¿Habría acuerdo en abrir la votación? El proyecto de ley contiene normas de quorum.
Así se acuerda.
Toquemos los timbres, por favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.
(Durante la votación).

El señor GARCÍA (Presidente).- Se ofrece la palabra.
Se ofrece la palabra.
Vamos a avisar a las subcomisiones de Presupuestos que están sesionando, a efectos de que sus integrantes vengan a la sala.
La senadora Claudia Pascual ha pedido la palabra.

La señora PASCUAL.- Gracias, Presidente.
Quiero manifestar mi voto a favor del informe de la comisión mixta, pero quiero plantear un tema que ayer se consultó, o al menos se señaló como dudoso -y por eso estamos en la segunda discusión-, que tiene que ver con el tratamiento de la información positiva de los deudores o las deudoras.
Me interesa reivindicarlo porque actualmente de cualquier situación se excluye el tratamiento de la información positiva de todas las obligaciones referidas a los créditos cuando las personas son "buenos pagadores o buenas pagadoras", para decirlo de alguna manera.
Por lo tanto, creo que aquí tenemos una oportunidad -puede modificarse posteriormente si es que se comprueba que no sirve-, sobre todo para aquellas personas que a veces, por no contar con espalda financiera ni avales, no pueden acceder a créditos en momentos en que los necesitan, por ejemplo, mujeres que quieren emprender o microempresas. Cuando estas personas con mucho esfuerzo pagan sus deudas a tiempo y en los plazos pactados, esa información no cuenta como un buen informe para acceder a un crédito, y, desde esa perspectiva, yo quiero defenderlo.
Además, la comisión lo vio solo en el marco de que es el propio deudor o deudora quien debería dar el consentimiento al adquirir una obligación de carácter económico, financiero, bancario o comercial para tratar esa información, pues no se podría entregar si el deudor o la deudora se opone.
Quiero clarificarlo, porque me parece muy importante.
También quiero comentar que cuando me tocó apoyar a muchas mujeres trabajadoras por cuenta propia, mujeres que querían emprender, nos pusimos a conversar con entidades bancarias, sobre todo con el Banco del Estado (a propósito de las dificultades que implica sostener nuestro régimen de sociedad conyugal, que discrimina a las mujeres en este ámbito). Y uno de los temas fundamentales que comentaban los estudios, en ese tiempo, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) era que las mujeres tenían un "mejor currículum pagador", por así decirlo, pedían créditos de menor cuantía y pagaban mucho más, pero, al mismo tiempo, eran las con mayores tasas de rechazo de créditos. Y lo señalo porque puede ser algo que ayude en esa materia.
En el resto de los temas, creo que es importante sostener el control y la fiscalización del uso de los datos personales de todas las redes y de todos los ámbitos; evitar la compra y compra y compra de bases de datos, donde muchas veces las personas no poseen el control acerca de dónde está contenida su información. Además, todos estamos expuestos a recibir llamadas ofreciendo productos o créditos innecesarios.
Por todo lo anterior, el proyecto me parece un avance, pues nos deja en estándares OCDE, más allá de cualquier situación que siempre puede ser perfectible, me manifiesto a favor del informe de la comisión mixta, Presidente.
Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senadora Claudia Pascual.
Invito a las senadoras y senadores a emitir su voto.
Tiene la palabra el senador Matías Walker; luego la senadora Ximena Rincón y el senador Kenneth Pugh.

El señor WALKER.- Presidente, muchas gracias.
Concurro con mi voto favorable en el trámite final para aprobar el informe de la comisión mixta y despachar a ley el proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.
Creo que con esta legislación nuestro país se pone al día respecto de una obligación internacional, reconocida en distintos compromisos.
Quiero valorar el trabajo efectuado por la Comisión de Constitución, por el senador Kenneth Pugh y la senadora Ximena Rincón, y por los senadores que se han aproximado a este tema desde hace mucho tiempo, y me alegro de que estemos despachando este proyecto en su trámite final.
Yo me quiero referir, como son pocos minutos, a un aspecto de la iniciativa a la cual me he aproximado por la legislación que de alguna manera hemos estado incorporando: la seguridad en los estadios.
Se discutió mucho en su momento si podía crearse el Registro Nacional de Hinchas para enfrentar la violencia en los estadios, y nosotros siempre dijimos que eso era posible.
En la Ley de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional, que reemplazó a la Ley de Violencia en los Estadios, nosotros incorporamos desde la Cámara de Diputados, hace ya muchos años, la posibilidad de que los organizadores del espectáculo profesional y también las autoridades (léase anteriormente las intendencias; hoy día delegaciones presidenciales) pudieran establecer el derecho de admisión en los recintos deportivos respecto de personas que habían provocado hechos de violencia en los estadios. Y cuando se implementó el Registro Nacional de Hinchas del fútbol, muchos dijeron: "No. Esto es ilegal, es invasivo", a lo que nosotros siempre respondimos que era perfectamente posible, en virtud del principio de finalidad y del principio de consentimiento establecido en esta Ley de Datos Personales. Y es algo muy importante, y quiero explicarlo en la jerga de quienes asistimos regularmente a los estadios.
Por iniciativa del Ministerio del Interior, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, con la colaboración del Registro Civil, y particularmente de su director, Omar Morales, se instauró el Registro Nacional de Hinchas de fútbol, que hoy día funciona bajo un piloto.
Los que vamos al estadio sabemos que para incorporarnos a este Registro Nacional de Hinchas tenemos que consentir el tratamiento de nuestros datos personales para los efectos de ser incorporados, sacarnos una foto y permitir que los organizadores de un espectáculo de fútbol profesional puedan acceder a nuestra cédula de identidad. Y todo con una finalidad, y por eso se llama principio de finalidad: garantizar nuestra propia seguridad en un estadio.
Entonces, con este ejemplo aterrizado a la vida diaria de las chilenas y chilenos que nos gusta asistir al estadio y que queremos ir con nuestra familia y alejar la violencia de los recintos deportivos quiero graficar la importancia de este proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, pero con el consentimiento de las personas, cuya finalidad es garantizar la propia seguridad de los beneficiados, y donde ojalá se pueda avanzar en esta legislación.
Muchos sostuvimos que, antes de la entrada en vigencia de la ley, se podía hacer en un plan piloto. Hoy día, a partir de la presente normativa, no podrá haber ninguna excusa de los organizadores de un espectáculo de fútbol profesional para no incorporar el control biométrico en los estadios, la tecnología de reconocimiento facial, y para no aplicar la medida del derecho de admisión y de prohibición de ingreso a los espectáculos deportivos de alguien respecto al cual, en virtud de esta tecnología, le conste a la autoridad o a los organizadores que ha producido hechos de violencia.
Aquellos son los principios de consentimiento y de finalidad que establece esta Ley de Datos Personales, un tema sobre el cual venimos legislando hace mucho tiempo, y por eso concurro con mi voto favorable.
Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Matías Walker.
Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
Creo que es una buena noticia que se avance por fin en esta legislación y me alegra, y no voy a hacer la misma referencia realizada por mi colega Matías Walker, Vicepresidente del Senado, por la importancia y el tiempo que llevamos en su discusión.
Pero sí quiero detenerme en lo que ocurrió en la comisión mixta, y qué bueno que esté en la sala el diputado Leonardo Soto, porque fue el único que no dio su voto para la modificación que se hizo en el artículo 17, donde se introdujo la expresión "cumplimiento o" antes de la palabra "incumplimiento" y quedó: "cumplimiento o incumplimiento".
En verdad -y lo conversamos ayer durante la sesión con la subsecretaria-, uno la hubiese entendido como una modificación perfectamente entendible en el proyecto sobre deuda consolidada, pero no en esta legislación, Presidente.
Me preocupa, porque abrimos información, puesto que estamos hablando de la Ley de Datos Personales, que es sensible y cuya obtención requiere el consentimiento de las personas.
Se lo expresé a la subsecretaria, revisé la minuta que me mandó, pero considero que se justifica en -insisto- la ley sobre deuda consolidada, pero no aquí. Y por eso entiendo que cuando se solicitó la unanimidad para introducir la modificación respectiva no la concedieron todos sus miembros, porque hay una dimensión compleja.
Entonces, por la magnitud de la legislación y porque es importante sacarla adelante, voy a concurrir con mi voto, Presidente, pero voy a presentar una modificación, porque el tema tenemos que repararlo. Expone a las personas, ¡y eso es grave!
Por lo tanto, tiene que ser modificado.
No dan los tiempos según el reglamento para haber podido revisar el asunto y haberle dado la discusión que requería. Ayer, de hecho, lo pedimos en la sala y los colegas rápidamente me dijeron "no se puede, porque es informe de comisión mixta y solo se debe votar". Pero no se puede obviar, Presidente. Estas cosas no nos pueden pasar, porque al final cometemos errores que acarrean consecuencias.
La minuta que me hizo llegar la subsecretaria no me deja tranquila y, a mi juicio -y puedo estar siempre equivocada-, no subsana un problema que al menos uno de los colegas que estuvo en la mixta sí advirtió.
Así que concurro con mi voto, pero anuncio que vamos a presentar una modificación en la materia.
Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senadora Ximena Rincón.
Senador Kenneth Pugh, senadora Luz Ebensperger, senadora Yasna Provoste, en ese orden.
Senador, tiene la palabra.

El señor PUGH.- Muchas gracias, señor Presidente.
Hoy estamos votando el informe de la comisión mixta conformada para resolver las discrepancias entre lo aprobado por el Senado y por la Cámara de Diputados. Sin lugar a dudas, es un trabajo largo y que ha tenido un tránsito, según recuerdo, desde casi el momento mismo que ingresé a esta Corporación: marzo del 2017.
Meses después, el 25 de mayo del 2018, la Unión Europea aprobaba el Reglamento General de Protección de Datos, conocido por la sigla GDPR, y curiosamente eligió tres lugares del mundo para darlo a conocer: Bruselas, su capital; en la India, y aquí, en Chile, porque en nuestro país está la misión más antigua de la Unión Europea en todo el continente. No es menor entonces que hayamos sido elegidos para iniciar un proceso de homologación.
El efecto Bruselas, que es el efecto regulador de influencia que posee el Parlamento Europeo, la Unión Europea en sí, conformada por 27 países, es importante, pero la habilidad es saber usar el efecto Bruselas adaptado.
¿Cómo tomar una política pública común para esos 27 países, que conforman la tercera economía con la que negociamos, y llevarla a algo que nos pueda ayudar y que podamos entender? Y si hay una cosa difícil, señor Presidente, es entender el mundo de los datos.
Recién, el mismo año 2018, reformamos nuestra Constitución para incluir en el artículo 19 no solo la protección de la vida, sino también la protección de los datos personales, porque todo se está convirtiendo en datos.
Todo se va a conectar, y como todo se conecta y se convierte en datos, todo se va a analizar. Y eso que parecía ciencia ficción el 2018, hoy es realidad. La inteligencia artificial ha tomado control de los grandes volúmenes de datos y las personas se sienten mucho más observadas, controladas, y notan que sus grados de libertad empiezan a disminuir.
Nuestra democracia incluso empieza a temblar, porque hoy los procesos eleccionarios son definitivamente alterados por desinformación, campañas en línea, aquello que la inteligencia artificial generativa está haciendo.
De eso estamos hablando, de proteger la vida privada de las personas, la libertad de expresión en el ciberespacio, los derechos humanos, "de humanos", no de máquinas, no de datos.
Creo que, finalmente, lo que resolvió la comisión mixta puede no ser lo mejor. A muchos no nos gusta la perforación del artículo 17 de la actual Ley de Protección de Datos Personales con el agregado del término "cumplimiento" y a otros no les gusta el alto monto de las multas.
Bueno, de eso se trata. Hoy vamos a votar y ver cuál es el acuerdo. Pero lo más importante, señor Presidente, es que se establece una nueva institucionalidad, la nueva autoridad de protección de datos personales, que son esas personas a las que debemos elegir correctamente para que con ellos podamos construir el futuro digital del país.
Porque esperamos que se elija a los con mejores conocimientos y que representen muy bien lo que nuestra ciudadanía quiere: estar protegidos en su intimidad y en su vida privada; que sus acciones y sus actos digitales estén cautelados.
Esto no es un tema técnico. Este es un tema político por esencia y quizá el más relevante. La Ley de Protección de Datos Personales es la espina dorsal, la columna vertebral de toda nuestra nueva república digital, de nuestra sociedad digital. Hoy lo físico y lo digital convergen y es imposible separarlos.
Yo espero que los trámites que vienen a continuación en el Tribunal Constitucional permitan tener en el corto plazo una agencia con autoridades con las que podamos llevar adelante el proceso complejo de mejorar la cultura organizacional respecto al cuidado de los datos.
Es por eso que el mismo artículo que sube las multas considera, aparte de los dos años de vacancia en los que esta ley no va a entrar todavía en vigencia, un año más adicional para las pymes, porque son ellas con las que más tenemos que trabajar para llevar adelante este proceso de transformación digital con ciberseguridad, que se logra partiendo de los datos personales.
Tenemos ya aprobada nuestra Ley Marco de Ciberseguridad. El principio N° 8 señala que el diseño de todos los sistemas seguros debe hacerse con privacidad y con protección de datos por defecto, y desde el diseño. Eso es lo que esperamos que ocurra en Chile, un país que se ponga a la altura de los desafíos digitales como una oportunidad. Recordemos que ya hemos aprobado internet como servicio público, dándoles acceso e igualdad de oportunidades a todas las personas en Chile, ¡a todas!
Esperamos que esa maravilla que significa el acceso al conocimiento, al trabajo, a la educación, a la cultura, le sirva a este país. Pero, por eso mismo, como hemos dado tanto acceso, tenemos que proteger a las personas, todo lo que ellas hacen en el ciberespacio, y para eso se necesita resguardar los datos personales con una agencia, y también la ciberseguridad que he mencionado, que cuenta con una ley y que también dispondrá de una institucionalidad.
Por lo anterior, señor Presidente, voto a favor, convencido de que es factible, como todos los procesos y las políticas públicas, mejorar esto en la medida en que aprendamos más y comprendamos mejor qué estamos haciendo.
La legislación exige también una revisión cada dieciocho meses, porque los temas digitales cambian mucho más rápido.
He dicho, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- Gracias a usted, senador don Kenneth Pugh.
Ofrecemos la palabra a la senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente.
Yo reconozco que esto es un avance y que la comisión mixta resolvió casi todos los puntos por unanimidad.
Sin embargo, voy a votar en contra de este informe por tres razones que hice presente en dicha instancia.
Solicité también, haciendo uso del derecho que establece el Reglamento, ver la posibilidad de que al menos uno de estos puntos se considerara por separado, para no tener que votar en contra de todo el informe, porque muchas de esas normas las aprobé en la mixta.
¿Cuáles son los temas que a mí me preocupan, que vienen en este informe y que resolvió la comisión mixta?
En primer lugar, el entorpecimiento a la publicidad de la jurisprudencia: sentencias judiciales o aplicación de resoluciones administrativas. Solo los organismos públicos del Estado van a poder hacer uso de esta revisión a la jurisprudencia administrativa y judicial. Esto va a llevar aparejado un gran trabajo y entorpecimiento a la ya hoy excesiva labor que pesa sobre los tribunales, porque van a tener que anonimizar todas las sentencias para que puedan ser consultadas. Finalmente, creo que esto atenta contra el principio de la transparencia y acceso a la justicia que aprende uno desde la universidad sobre el uso de la jurisprudencia, entre otras muchas cosas.
Entonces, me parece riesgoso y peligroso -insisto- que este entorpecimiento atente contra la transparencia, y que solo los organismos públicos puedan hacer uso de esta jurisprudencia.
En segundo lugar, creo que el sistema sancionatorio que establece es absolutamente desproporcionado, infringe el principio de non bis in idem y tiene redacciones ambiguas que pueden generar problemas de interpretación, por ejemplo, en los artículos 35, 35 bis y sexto transitorio.
El proyecto establece multas desproporcionadas, porque lo que se tuvo a la vista fueron las multas establecidas en la Ley de Ciberseguridad. Claramente, la infracción a datos personales no se puede comparar con infracciones a esa normativa que pueden llegar incluso a constituir delitos terroristas. Por lo tanto, establecer el mismo marco me parece que no corresponde.
La multa que se aprobó llega a las 20 mil UTM, esto es, más de 1.319 millones de pesos. La Agencia, además, puede incrementarla en un 50 por ciento, cuando no es subsanada. Y, en el caso de reincidencia, la Agencia puede imponer una multa tres veces superior, es decir, hasta 60 mil UTM. Y finalmente, también en caso de reincidencia, se puede sancionar en forma adicional con una multa que puede ir entre el 2 y el 4 por ciento de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario. Es decir, ni siquiera por el monto del 2 o 4 por ciento de las utilidades, sino que de todas las ventas y servicios.
Esto realmente parece desproporcionado. Y se dice que Chile es el que tenía las multas más bajas. Estas son absolutamente mucho más gravosas a las establecidas, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay. Nos queremos comparar con la Unión Europea, pero en esto nos lleva pasos adelantados gigantescos. Y con aquellos países que nos deberíamos comparar, estas multas son absolutamente desproporcionadas.
Presidente, quiero insistir en que también hay una infracción, desde nuestro punto de vista, del non bis in idem (no sancionar dos veces el mismo hecho), ya que acá no solamente se sanciona la infracción, la reincidencia y se pueden aumentar las multas, sino que además el artículo 37 ya considera la capacidad económica para fijar las multas, y acá, en la reincidencia, también se vuelven a tener como una circunstancia agravante adicional a todo lo anterior... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Me da un minuto y termino.
Finalmente, creo que también es peligrosa la exclusión de los datos personales obtenidos de las fuentes de acceso público como fuentes de licitud. Si hay un dato que sea obtenido de una fuente de acceso público lícita, ¿por qué va a estar prohibido consultarla o tratarla? Me refiero, por ejemplo, al padrón electoral que ya viene acotado y que es público (solamente el listado) o a los datos que uno puede obtener de un conservador de bienes raíces o del mismo Poder Judicial.
Estas tres causas, Presidente, y el no haberse dado la posibilidad de votar separadamente la norma que indiqué, me hacen a mí, porque creo que son graves y que van a causar problemas, votar en contra del informe.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senadora Luz Ebensperger.
Tiene la palabra la senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidente.
Por su intermedio, quiero saludar a la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien ha sido un motor muy importante para sacar adelante esta iniciativa, que lleva siete años de discusión acá, en el Parlamento.
Este proyecto de ley viene a detener miles de abusos que a diario se cometen en nuestro país con la información personal de todos, incluyendo niños, personas vulnerables, mujeres.
Veníamos caminando hacia la sala junto al senador Jorge Soria y conversábamos respecto de este proyecto. Y él nos decía: "Claro, con esta información van elaborando un perfil de las personas y nos van colocando rótulos, que nos van haciendo la vida mucho más compleja".
Esta iniciativa de ley tiene por propósito detener estos abusos que permanentemente se cometen en nuestro país con información personal, sin consentimiento, sin autorización legal, sin respetar las libertades básicas. De eso estamos hablando en este informe de la comisión mixta respecto de este proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Esta información se usa muchas veces para fines comerciales, para fines políticos, para fines económicos.
Entonces, rechazar el informe de la comisión mixta en el Senado, por ceder a la postura de algunos sectores -yo he escuchado con mucha atención las dificultades, las diferencias que tiene este informe, por ejemplo, en Conadecus, que es una organización que merece toda mi confianza, o también la postura que representan grandes tecnológicas, como AmCham, a las que no les gusta el régimen de multas-, claramente sería una derrota que nos va a afectar día a día a todos los chilenos y las chilenas, lo que seguiría contribuyendo al desprestigio de nuestras instituciones, las cuales deben proteger los derechos fundamentales de las personas, particularmente de aquellas que tienen más dificultades o mayor debilidad para acceder a la justicia.
Aquí ha habido asociaciones gremiales que representan intereses de empresas, como Meta (o lo que conocíamos antiguamente como Facebook) o Google, Mercado Libre, entre otras, cuyos gremios participaron activamente durante todo el debate de la ley, como invitados permanentes en este segundo trámite constitucional, y uno ve que sus posturas fueron consideradas durante la tramitación del proyecto de ley.
Todas estas empresas no tienen ningún problema, ¡ninguno!, para pagar altas multas en Europa, en Estados Unidos, pero si nosotros queremos hacer algo similar en nuestro país, realmente ponen el grito en el cielo.
La comisión mixta aprobó el régimen de multas por seis votos contra tres, es decir, con una amplia mayoría. ¿Pero qué les molesta? Les molesta que existan sanciones más altas cuando cometen reiteradamente abusos o violaciones con datos personales de niños, niñas y adolescentes, o con información biométrica o del perfil biológico. ¡De eso es de lo que estamos hablando en este informe de la comisión mixta!
No hay ley creíble si no existen sanciones que sean creíbles. Entonces, la mejor multa es la que no se impone porque las empresas cumplen, pero para ello se requiere de multas que efectivamente produzcan esta disuasión. Si no hay multas suficientemente disuasorias, no hay igualdad de condiciones, porque las empresas no cumplen las normas y, por lo tanto, se aprovechan del régimen existente.
¿Por qué se justifica este nivel de sanciones? Porque la protección de datos es un derecho fundamental, que forma parte de las libertades civiles básicas que nosotros debemos ser capaces de resguardar sin ninguna posibilidad de manipulación, de control o de abuso.
Esto, en tiempos de vida digital, es lo que permite a las personas el control de su personalidad, de su individualidad, de su dignidad en el ciberespacio. Por lo tanto, las multas en protección de datos personales tienen que cumplir este estándar, deben ser disuasivas, para proteger los derechos de los individuos, para fomentar el cumplimiento de las regulaciones en un ámbito muy difícil de fiscalizar, de manera de poder garantizar que las organizaciones tomen en serio la gestión de datos personales.
La agencia tiene reglas claras para imponer multas y no es discrecional. Debe evaluar los tipos de datos, la gravedad de las infracciones, el impacto de la conducta, la capacidad económica del infractor, etcétera.
Y como aquí se ha señalado, se va a tener un régimen más flexible con las pymes en materia de protección de datos, estableciendo un sistema de diferenciación de estándares de cumplimiento de los deberes de información y de seguridad.
Por cierto, nosotros tenemos algunas dudas, pero también confiamos en el liderazgo que ha logrado imprimir Macarena Lobos, como subsecretaria, en esta tarea, y vamos a votar favorablemente.
He dicho, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senadora Yasna Provoste.
No tenemos más inscritos.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la comisión mixta (33 votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Cruz-Coke, De Urresti, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, García, Huenchumilla, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria y Walker.
Votaron por la negativa la señora Ebensperger y el señor Van Rysselberghe.
Se abstuvieron los señores Coloma, Durana, Macaya y Moreira.

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El señor GARCÍA (Presidente).- Antes de entrar al segundo punto de la tabla, le ofrezco la palabra a la senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Es un punto de reglamento, Presidente.
La Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, que me honro en presidir, en la sesión del día de hoy acordó solicitar a la Sala que se fije un plazo para formular indicaciones al proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para la desalinización (boletín 11.608-09), hasta el jueves 29 del mes en curso, a las 12 horas. Si ello se autoriza, corresponderá prorrogar el término para el despacho del informe complementario del segundo informe hasta después de terminada la votación en particular de dichas indicaciones, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- A ver, han pedido la palabra el senador Iván Flores y la senadora Ximena Órdenes. ¿Es sobre la misma petición o son solicitudes distintas?
Son otras materias.
¿Tendríamos acuerdo para acceder a lo solicitado por la Comisión de Recursos Hídricos en la persona de su presidenta, la senadora Yasna Provoste?
--Así se acuerda.
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El señor GARCÍA (Presidente).- Ofrecemos la palabra al senador don Iván Flores.

El señor FLORES.- Muchas gracias, señor Presidente.
Solicito, por su intermedio, a la honorable Sala, que tal como lo acordamos en la Comisión de Seguridad, nos autorice para refundir los boletines 16.587-25 y 15.525-25. El primero sanciona la sustracción de minerales y el segundo tipifica el delito de robo y hurto de cobre y habilita el uso de técnicas especiales de investigación.
Ambas iniciativas tienen la misma idea matriz y están en nuestra comisión, Presidente, y queremos votarlas en la sesión que se realizará en Arica este mes.
Lo segundo es que consideramos interesante poder discutir en general y en particular el contenido del boletín 17.026-07, que considera como circunstancia agravante el ingreso clandestino al país, Presidente.
Esas son las dos solicitudes.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Flores.
¿Habría acuerdo para refundir los dos boletines mencionados, que tratan de la misma materia?
¿Sería tan amable de repetirnos los números de los boletines, senador Flores?

El señor FLORES.- Es el boletín N° 16.587-25, que sanciona la sustracción de minerales, y el boletín N° 15.525-25, que tipifica el delito de robo y hurto de cobre y habilita el uso de técnicas especiales de investigación.
Ambos tienen la misma idea matriz y queremos tratarlos en el mismo proceso y, ojalá poder votarlos en terreno, en el Norte Grande de Chile, Presidente.
Esos son los dos boletines.

El señor GARCÍA (Presidente).- ¿Tendríamos acuerdo en proceder como lo ha solicitado el Presidente de la Comisión de Seguridad?
--Así se acuerda.

El señor GARCÍA (Presidente).- Ofrezco la palabra a la senadora Ximena Órdenes.

El señor FLORES.- Había una segunda solicitud, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Perdón, senador Flores, tiene la palabra.

El señor FLORES.- Era lo segundo que dije, respecto de poder discutir en general y en particular el boletín 17.026-07, que considera como circunstancia agravante el ingreso clandestino al país, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que se tramite en general y en particular el boletín 17.026-07, también en la Comisión de Seguridad?
--Así se acuerda.
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El señor GARCÍA (Presidente).- Senadora Ximena Órdenes, tiene la palabra.

La señora ÓRDENES.- Presidente, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, quiero solicitar un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta las 12 horas del martes 24 de septiembre, en la Secretaría de la Comisión, para el proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesional el contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual. Es el boletín N° 15.003-15, y está en primer trámite constitucional.

El señor GARCÍA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder como lo ha solicitado la senadora Ximena Órdenes en su calidad de presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones?
--Así se acuerda.



OBLIGACIÓN A ISAPRES DE INFORMAR A SUPERINTENDENCIA DE SALUD AUMENTO DE PRECIOS DE PLANES


El señor GARCÍA (Presidente).- Pasamos al segundo punto del Orden del Día, correspondiente al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para establecer la obligación de las isapres de informar a la Superintendencia de Salud el aumento del precio de sus planes, con informe de la Comisión de Salud.
El proyecto es de artículo único (boletín N° 15.751-11) y viene con urgencia calificada de "suma".
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.751-11) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA (Presidente).- El señor Secretario hará la relación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente ha puesto en discusión el proyecto de ley ya referido, para el cual el Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".
Esta iniciativa tiene por objeto introducir modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que refunde diversas normas reguladoras, con la finalidad de incorporar en el ordenamiento jurídico el proceso que deberá llevarse a cabo para la adecuación anual de la variación y alza de precios de los planes base, que aplican las instituciones de salud previsional, en concordancia con lo mandatado por el fallo de la Excelentísima Corte Suprema y por la circular emanada de la Superintendencia de Salud.
La Comisión de Salud hace presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular este proyecto de ley, por tratarse de aquellos de artículo único, y propone que en la sala sea considerado del mismo modo.
La referida comisión deja constancia, asimismo, de que aprobó la iniciativa en general por la unanimidad de sus miembros, honorables senadores señora Órdenes y señores Castro González, Chahuán, Gahona y Macaya. En particular la sancionó con las modificaciones y las votaciones, también unánimes, que se consignan en su informe.
Además, dicho órgano técnico hace presente que el artículo único de la iniciativa es una norma de quorum calificado, por lo que requiere de 25 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 28 y siguientes del informe de la Comisión de Salud y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.

En nombre de la Comisión de Salud, va a rendir el informe el senador Javier Macaya.

El señor MACAYA.- Gracias, Presidente.
El presente proyecto modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para establecer la obligación de las isapres de informar a la Superintendencia de Salud la variación de sus planes.
Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional, tiene urgencia "suma" y tuvo su origen en una moción del honorable diputado señor Tomás Lagomarsino.
Fue aprobada por la unanimidad de la Cámara de Diputados en el primer trámite y fue discutida y aprobada en general y en particular también por la unanimidad de la Comisión de Salud del Senado.
En esta misma comisión el Gobierno presentó indicaciones básicamente para refrendar el contenido del proyecto de ley, ya que, como ha sido parte de la jurisprudencia y la doctrina en asuntos de seguridad social y de los temas que dicen relación con las isapres -y la Comisión así también lo entendió-, estas materias son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo que se necesitaba de su patrocinio.
No obstante que la Comisión había consignado originalmente estar de acuerdo con el contenido del proyecto, se requería este tema de forma, el cual fue subsanado mediante la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo, considerando que se trata de materias propias de la seguridad social y, además, de la incorporación de competencias a ciertos órganos de la Administración del Estado, como la Superintendencia de Salud.
El objetivo del proyecto es incorporar en la ley el proceso que debe llevarse a cabo para la adecuación anual de la variación y alza de precios de los planes base, que aplican las instituciones de salud previsional, en concordancia con lo que mandata el famoso fallo de la Corte Suprema y la circular emanada de la Superintendencia de Salud.
Desde esa perspectiva, la disposición que se propone aprobar establece que en el plazo de quince días, desde la publicación del indicador señalado, las instituciones de salud previsional deben informar a la Superintendencia de Salud la decisión de aumentar o no el valor del precio base de sus planes de salud, tal como se establece hoy, con la salvedad de que actualmente se hace en virtud de una circular y no de la ley, que es lo que estamos incorporando a propósito de este tema en particular.
Se añade que, en el caso de que el indicador sea negativo, las instituciones de salud previsional no podrán subir el precio y, si deciden aumentar el precio base, el porcentaje de ajuste informado que aplicarán a todos sus planes de salud deberá ser acompañado con un conjunto de antecedentes, que se detallan en los literales a) a d) del proyecto de ley.
Finalmente, se establece un mecanismo de comunicación a los afiliados en caso de aumento del valor del precio base, el que deberá ser por medios electrónicos o bien por carta certificada.
Como reflexión final, y dado que la Comisión de Salud, por unanimidad, decidió aprobar el proyecto y es la propuesta que se hace a la Sala, es muy importante entender la responsabilidad y el contexto en el que estamos legislando esta materia.
La tramitación de la "Ley corta de isapres" nos deja la lección de que no se puede dejar pasar el tiempo para la reforma de salud que tanto se ha esperado.
Por lo mismo, desde hace ya dos meses un grupo de expertos de variadas posturas políticas, integrado de manera bastante transversal, está trabajando cada día jueves, en silencio pero muy efectivamente, para sacar adelante una propuesta que pueda ver la luz más o menos en el plazo que se ha dado el Gobierno para presentar el proyecto de reforma a la salud, que es el mes de octubre del presente año.
La idea de esa reforma es avanzar en propuestas que digan relación con lo que todos sabemos que es necesario hacer en salud: el fin de la declaración de las preexistencias con un mecanismo de compensación de riesgo, un plan garantizado de salud y las reformas necesarias no solamente al funcionamiento de Fonasa, sino también a su gobernanza.
En esos temas está trabajando hoy día un conjunto bastante transversal de especialistas que fueron convocados por la Comisión de Salud, nombrados en equivalencia a la proporción de las fuerzas políticas. Eso está avanzando y forma parte de un trabajo que se pondrá a disposición del Ejecutivo en los próximos meses.
Por cierto que habrá diferencias -son válidas y respetables-, pero lo que no podemos permitirnos es que las fallas del sistema asegurador en salud -y por eso es fundamental entender lo que está ocurriendo en su funcionamiento- pongan en riesgo la salud de los chilenos, por no ser capaces de avanzar legislativamente en lo que todos sabemos que se necesita.
Por lo tanto, desde esa perspectiva, la Comisión de Salud viene a informar este proyecto, que fue aprobado por la unanimidad de sus miembros, y propone a la Sala votarlo favorablemente.
Es todo cuanto puedo informar, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchísimas gracias, senador Javier Macaya.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?

El señor SAAVEDRA.- Sí.

El señor MACAYA.- Por supuesto.

La señora ALLENDE.- De acuerdo.

El señor GARCÍA (Presidente).- Se ha inscrito el senador José Miguel Durana.
Haremos sonar los timbres y vamos votando.
Esta iniciativa contiene una norma de quorum calificado.
En votación.
Senador Durana, tiene la palabra.
(Durante la votación).

El señor DURANA.- Gracias, Presidente.
A través del presente proyecto de ley finalmente se busca incorporar en nuestro ordenamiento jurídico un mecanismo para adecuar anualmente los precios de los planes de salud ofertados por las isapres, de forma tal que este mecanismo sea compatible, por una parte, con las circulares emitidas por la Superintendencia de Salud y, por otra, se adecúe al fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La judicialización del sistema privado de salud ha jugado un rol importante en la crisis en que se encuentra sumido el sistema, generando distorsiones y volviéndolo insostenible en el largo plazo.
De esta forma, y dentro de un plazo acotado, las instituciones de salud deben informar a la Superintendencia del ramo su voluntad de aumentar o no aumentar el valor del precio base de los planes de salud.
Si el indicador previamente publicado es negativo, las isapres no podrán subir el precio. Si se decide aumentar el precio base, deberá informarse a los cotizantes la totalidad de los antecedentes que justifiquen dicha alza.
En todo caso, la Superintendencia de Salud deberá dictar una circular para determinar la forma en que las isapres deben informar a sus afiliados el alza de estos planes.
En consecuencia, el proyecto de ley viene a hacerse cargo del problema de judicialización que se produjo a pesar de la implementación del ICSA, mediante el cual se resolvió que, de cumplirse con los parámetros establecidos en la ley, el reajuste de precios se entenderá justificado para todos los efectos legales, es decir, no será susceptible de una acción de protección por cuanto no se podría acreditar la ilegalidad o arbitrariedad del acto de subir los precios.
La oportunidad o el medio de comunicación del alza no podrá contener otros elementos ajenos al reajuste de planes; en consecuencia, no podrá conllevar ofertas ni tampoco podrá ser utilizado con fines publicitarios.
El hecho de realizar esta comunicación deberá ser oportunamente acreditado por las isapres a través de medios verificables.
Con esto, creo que este proyecto logra cerrar de manera definitiva la arista de judicialización derivada del reajuste de los precios base, la que aquejaba hace tantos años tanto al sistema privado de salud como a la carga de trabajo de las cortes de apelaciones, lo que podría afectar incluso la correcta administración de justicia.
En el recuerdo va a quedar el amargo fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que evidentemente invadió la competencia de distintos poderes del Estado mediante una verdadera extorsión por recortar los márgenes de la libertad de precios, según su propia concepción de seguridad social y sin perjuicio de los motivos que dieron origen al proyecto.
Creemos que esta iniciativa puede terminar con la judicialización del alza de los precios base.
Estas normas aplicadas eficientemente y con respeto a la buena fe que debe regir para su adecuada ejecución, permitirán transparentar y dar la debida seguridad jurídica a los afiliados que libremente se quieran quedar en la salud privada.
Voto a favor.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Durana.
Le ofrezco la palabra al senador don Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, este proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2005, del Ministerio de Salud, para establecer la obligación de las isapres de informar a la Superintendencia de Salud el aumento de precio de sus planes, nos parece una iniciativa que claramente tenemos que apoyar, pero no sin antes decir que, por años en nuestro país, las isapres y su funcionamiento han estado marcadas por prácticas que atentan contra los derechos de los usuarios.
Hace poco tuvimos una larga discusión acá en el Senado con respecto al perdonazo que se le dio a las isapres en función de diversos fallos de la Corte Suprema, los cuales establecieron claramente que los sobreprecios de los planes y los abusos que generaron eran elementos decidores para haber aplicado sanciones ejemplificadoras.
Sin embargo, hubo una campaña que permitió el salvataje de estas instituciones de salud, obviamente también con el apoyo del Gobierno.
Las isapres en nuestro país se establecieron con el objetivo de brindar acceso a la salud, pero en la práctica hemos visto cómo muchas veces priorizan sus intereses económicos por encima de la atención y el bienestar de las personas.
Uno de los abusos más frecuentes es el aumento desmedido de las tarifas, muchas veces injustificado y sin la debida comunicación a los beneficiarios.
Esto ha llevado a que muchas familias se enfrenten a situaciones económicas insostenibles, obligándolas a elegir entre la salud y su estabilidad financiera.
Además, Presidente, las restricciones en la cobertura de ciertos tratamientos y medicamentos han dejado a muchos compatriotas en una situación de vulnerabilidad.
Es inaceptable que en un país donde la salud debiera ser un derecho existan barreras que impiden el acceso a los tratamientos necesarios.
La falta de transparencia en la información sobre las coberturas y los procesos de atención también ha generado desconfianza y descontento entre los afiliados.
A esto se suman las constantes denuncias de discriminación en la fijación de precios. Muchas veces las tarifas se establecen en función de la edad, el estado de salud e incluso condiciones preexistentes, lo que va en contra del principio de igualdad que debe regir en cualquier sistema de salud.
Es fundamental que como sociedad nos unamos para exigir cambios.
Necesitamos un sistema de salud que garantice la equidad, la transparencia y la dignidad de todos los chilenos y chilenas.
La reforma al sistema de isapres es claramente urgente y debe estar orientada a proteger los derechos de los usuarios, asegurando que la salud sea un bien asequible y no un lucro.
Hoy, más que nunca, Presidente, debemos alzar la voz: la salud no puede ser un negocio. ¡Es un derecho humano fundamental!
Por ello, creemos que este proyecto, que establece la obligación de las isapres de informar a la Superintendencia de Salud el aumento de precios de sus planes, si bien es algo menor y no va al fondo de las problemáticas que tenemos en el diario quehacer, es un paso hacia delante en el objetivo de introducir en este decreto con fuerza de ley, que refunda diversas normas reguladoras, y en el ordenamiento jurídico el proceso que deberá llevarse a cabo para la adecuación anual de la variación y alza de precios de los planes base, que aplican las instituciones de salud previsional, en concordancia con lo mandatado por un fallo de la Corte Suprema y por la circular emanada de la Superintendencia de Salud.
En el proyecto, con ocasión de este trámite constitucional, el Ejecutivo ingresó una serie de modificaciones que realizan mejoras a su contenido y despejan las dudas respecto de una eventual inadmisibilidad planteada en la Comisión de Salud del Senado. Estas enmiendas se refieren, básicamente, al índice de variación porcentual y al aumento de precios base.
Por lo tanto, voto a favor del proyecto, no sin antes ratificar el planteamiento introductorio que he realizado con respecto a los abusos que han cometido las isapres, sobre todo con las mujeres de nuestro país.
He dicho, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Fidel Espinoza.
No tenemos más senadoras o senadores inscritos.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (33 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido, y queda despachada la iniciativa en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe y Walker.

El señor GARCÍA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de la senadora señora Rincón.
Queda aprobado el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, alcanzando el quorum requerido, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para establecer obligación de las isapres de informar a la Superintendencia de Salud el aumento de precio de sus planes. Va a la Cámara de Diputados para su tercer trámite.

Pasamos al proyecto signado con el número 3 en el Orden del Día.



EXCEPCIÓN A LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE REMANENTE NO CONSUMIDO DE CUOTAS ANUALES DE CAPTURAS DE SARDINA COMÚN, SARDINA AUSTRAL, ANCHOVETA Y MERLUZA AUSTRAL


El señor GARCÍA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura para los recursos y regiones que indica (boletín N° 16.386-21), con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
El proyecto es de artículo único y el Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "simple".
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.386-21) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA (Presidente).- El señor Secretario hará la relación de esta iniciativa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley referido.
Esta iniciativa tiene por objeto establecer una excepción a la extracción de remanente de la cuota no consumida por la pesca artesanal durante el año, que podrá ser extraído por ella para los recursos sardina común, sardina austral y anchoveta, desde la región de Arica y Parinacota a la de Los Lagos, y merluza austral entre la región de Los Lagos y la de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura hace presente que, por tratarse de un proyecto de artículo único, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió la iniciativa en general y en particular, y propone que en la sala sea considerada del mismo modo.
La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros, honorables senadores señores Espinoza, Kuschel, Núñez, Pugh y Sandoval. En particular, sancionó la iniciativa con las modificaciones y las votaciones que se registran en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 32 y 33 del informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.

Para el informe de la Comisión de Pesca, le ofrezco la palabra al senador Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.- Gracias, Presidente.
Más que un informe, me gustaría hacer un resumen y decir que este proyecto es de enorme relevancia, toda vez que, de una manera u otra, implica entregar a nuestros pescadores artesanales los saldos de cuotas remanentes de aquellas especies no capturadas por diversos motivos el último año calendario.
La existencia de estos remanentes ha motivado modificaciones a la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, en función de los elementos que estoy destacando.
La asignación de cuotas de pesca, consagrada en la ley N° 20.657, es una de las medidas de administración pesquera que la autoridad del sector ha utilizado en el manejo de las pesquerías chilenas. Constituye una herramienta que ayuda al desarrollo sustentable de las distintas pesquerías comerciales de Chile.
Las modificaciones legales referidas a los remanentes han generado un impacto positivo en la situación económica de los pescadores artesanales y han influenciado positivamente en la economía de las regiones donde se han implementado.
Solo en la región del Biobío el rubro de pesca artesanal representa casi el 2 por ciento del PIB de la región, sin consolidar dicho factor con el procesamiento primario (harina de pescado e industria procesadora, principalmente). Si se considera dicho factor, el PIB corregido podría llegar al 5 por ciento, lo que es representado en más de un tercio por la industria reductora, es decir, que basa su pesquería en pequeños pelágicos.
Además, se ha demostrado, según da cuenta el acta de la Sexta Sesión del Comité Científico Técnico de Pesquerías de Pequeños Pelágicos de 2021, que no ha afectado significativamente la biomasa desovante de las especies mencionadas.
Valga destacar que la legislación actualmente vigente dispone que "En el evento que no se capture la totalidad de un determinado año no se podrá traspasar al año siguiente". Eso es lo que dice la ley hoy día.
Son múltiples los problemas planteados por los pescadores artesanales de las regiones señaladas en las modificaciones legales citadas, que suponen no lograr capturar la cuota asignada dentro del año calendario, por diversas razones: climáticas, biológicas y circunstanciales.
Entre las razones biológicas, destacamos que se cuenta la movilidad de ciclo reproductivo asociado a estas especies. Esto incluso motivó a la autoridad la dictación de dos vedas consecutivas inéditas y con vigencia en noviembre de 2021, postergando con ello la operación de fin de año, lo que privó de un período considerable de extracción al sector pesquero artesanal que realiza sus esfuerzos sobre las referidas pesquerías.
Por lo tanto, se torna altamente necesaria una solución de esta índole, que consiste en permitir la captura del remanente.
Me quiero referir ahora al contenido del proyecto.
Frente a la necesidad de dar una solución consistente y continua a la solicitud de múltiples organizaciones de pescadores artesanales, se estima permitente y necesaria la presentación de este proyecto de ley de artículo único, que cuente con una discusión ágil y acotada sobre la materia.
Esta iniciativa busca otorgar un alivio definitivo y continuo a la actividad pesquera esencialmente artesanal respecto de estos remanentes.
Lo anterior se llevaría a cabo sin afectar la sustentabilidad de los recursos, pues se trata de una cuota ya debidamente determinada, según criterios científicos, de conformidad con los requisitos y el procedimiento regulado.
El proyecto de ley, en su artículo único, establece la posibilidad de que los remanentes de cuotas no consumidos por la pesca artesanal durante el año para los recursos sardina común, sardina austral y anchoveta, entre las regiones de Atacama y Los Lagos, y en el caso de la merluza común y merluza austral, entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, podrá ser extraído por la pesca artesanal dentro de los ciento ochenta días de captura siguientes al inicio de las temporadas respectivas del año siguiente. Si las temporadas antes indicadas tuvieran inicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, el plazo de ciento ochenta días se contará desde su publicación en el Diario Oficial. Esto considerando -con esto termino- que la cuota global de captura tenga un mínimo de 10 por ciento de disponibilidad no capturada en el año, la pesquería no haya sido declarada en condiciones de agotamiento o colapso por parte del comité científico en la determinación de estatus inmediatamente anterior y, con todo, el traspaso de remanentes no podrá superar el 30 por ciento de la cuota global del año anterior.
Ahora bien, existiendo remanente, las capturas efectuadas en el año anterior al de la entrada en vigencia de la ley y las que se realicen desde ese momento se imputarán automáticamente por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a dicho remanente, y solo una vez consumido o vencido el plazo anterior para su captura se imputarán al año calendario en curso.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias por su informe, senador Fidel Espinoza.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?

El señor MOREIRA.- Sí.

El señor GARCÍA (Presidente).- Así se acuerda.
En votación.
(Durante la votación).
Ofrezco la palabra al senador don Iván Moreira.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.

El señor GARCÍA (Presidente).- Perdón.
Se solicita autorización para el ingreso a la sala del señor subsecretario de Pesca y Acuicultura, don Julio Salas.
--Se autoriza.

El señor GARCÍA (Presidente).- Tiene la palabra el senador don Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, tengo un informe bastante extenso. Por ello, seré muy concreto en lo que debo decir.
Al aprobar este proyecto de ley, es importante que consideremos que actualmente se debate en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados la nueva Ley General de Pesca, en la que se va a determinar si la prohibición de extracción del remanente al año siguiente se mantiene o no. La lógica es que se conserve, porque el remanente de pesca yo diría que es como un mal necesario.
Aprobaremos esta iniciativa -se cuenta con los votos- para autorizar precisamente lo señalado por el senador Fidel Espinoza.
Aquí estamos hablando de un proyecto de ley que permite la extracción de remanente de cuota no consumida por la pesca artesanal durante el año 2023 de determinadas especies: la sardina común, la sardina austral, la anchoveta y la merluza austral, todos recursos aprovechados en nuestra región de Los Lagos y, en especial, en Chiloé.
Esta iniciativa era verdaderamente anhelada por los pescadores artesanales de la región de Los Lagos.
La autorización de captura fuera de plazo legal es excepcional. Pero, como ocurre en nuestro país desde tiempos inmemoriales, lo transitorio se transforma en permanente, y lo que debió ser un mecanismo extraordinario se convirtió más y más en una situación que se reitera todos los años.
Sin embargo, en esta ocasión la realidad nos impone asumir el desafío de regular una vez más una situación fuera de norma.
La pesca artesanal es una actividad especial, única, que va más allá de la simple búsqueda de recursos marinos, pelágicos o demersales en términos técnicos. Es una forma de vida, una cultura, un mundo en que el mar, el sol, el viento, la lluvia, incluso la mitología son factores a considerar, donde la vida danza con la muerte y, muchas veces, cobra el precio de alguna embarcación o incluso el cuerpo de algún pescador, dejando en tierra el dolor de sus deudos y el vacío de su ausencia.
Aun así, la existencia de cuotas tiene un sentido y un propósito. La sobreexplotación de ciertas especies, la captura sin control, sin conocer los hábitos migratorios o sin respetar los ciclos vitales ha significado un desastre para la conservación marina y para la sostenibilidad de los ecosistemas.
Por lo mismo, el proyecto también impone la obligación de respetar los criterios del comité científico para las especies en condiciones de agotamiento o colapso y establece límites a la captura de remanentes.
Tenemos claro que esto no es lo ideal, pero la pesca artesanal es un bálsamo, un tubo de oxígeno, una esperanza, pero también una necesidad.
Los pescadores con los cuales he conversado, con los dirigentes de Puerto Montt, de la provincia de Osorno, y especialmente de Chiloé, ven muy necesaria una iniciativa de este tipo.
Ya se presentaron problemas en la época de pandemia, en que los pescadores no pudieron cumplir con la cuota, y no fue posible aprovechar ese remanente en su minuto.
Los pescadores artesanales necesitan el apoyo del Estado. Además, es fundamental que se entienda que la nueva Ley de Pesca debe superar los problemas del pasado y hay que contar con una legislación mucho más auténtica, más moderna, porque se hace necesario.
Hemos visto que los pescadores no están muy conformes con el proyecto de ley de pesca en general, porque ellos sostienen que en algunas materias, en vez de avanzar, se está retrocediendo.
Voy a votar a favor de este proyecto.
Y como dije recién, no es la solución, pero es necesaria esta iniciativa.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador don Iván Moreira.
Tiene la palabra el senador don Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.- Es muy breve, Presidente.
Solo quiero expresar mi agradecimiento al subsecretario de Pesca y a su equipo, quienes facilitaron dentro de la Comisión de Pesca la incorporación de la merluza del sur, que no estaba incluida, colega Moreira, en primera instancia.
Y logramos ahí -lo conversamos también con usted en su momento- convencer al Ejecutivo de que en particular los pescadores de Puerto Montt y Hualaihué requerían con mucha firmeza hacer uso del remanente de la merluza del sur, toda vez que sufrieron condiciones bastante difíciles el año en cuestión, especialmente de tipo climático.
Entonces, yo quiero valorar eso.
En particular, deseo destacar los nombres de Antonio Vargas y del dirigente "Lule" de Hualaihué y el gran esfuerzo y trabajo que realizaron junto con la AG Demersales de Puerto Montt, encabezada por Juan García, y la Conapach, presidida por Zoila Bustamante. Ellos fueron gravitantes en la incorporación de la merluza del sur, lo que permitirá que miles de pescadores de nuestra región capturen el remanente en esa zona.
Así que valoro tremendamente eso, Presidente.
Y reitero mi agradecimiento al subsecretario Julio Salas y a su equipo por las facilidades que brindaron para que ello se concretara, siempre enmarcado dentro del ámbito de lo estipulado previamente por el comité científico.
He dicho, Presidente.
Por cierto, llamo a votar a favor de este proyecto.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Fidel Espinoza.
No hay más senadoras y senadores inscritos.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y particular el proyecto (32 votos a favor y 1 en contra), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Coloma, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe y Walker.
Votó por la negativa el señor Prohens.




INCORPORACIÓN DE NORMAS SOBRE ENFOQUE DE GÉNERO EN ADMINISTRACIÓN DE CALETAS PESQUERAS ARTESANALES


El señor GARCÍA (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, a fin de incorporar normas sobre enfoque de género en su administración, con informes de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género y de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Proyecto de artículo único, boletín N° 15.202-34, con urgencia calificada de "simple".
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.202-34) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA (Presidente).- El señor Secretario hará la relación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley ya individualizado.
Esta iniciativa tiene por objeto incorporar medidas de equidad de género en la administración de las caletas de pesca artesanal, para lo cual se establece la inclusión de las organizaciones de mujeres pescadoras o que desarrollen actividades conexas a la pesca en dicha administración, la integración de infraestructura con enfoque de género en las caletas y la adopción de medidas que garantizan la participación de las organizaciones de mujeres y consideran las necesidades integrales de quienes realizan tales actividades.
Cabe señalar que esta iniciativa cuenta con informes de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género y de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala en su oportunidad.
La Comisión de la Mujer y Equidad de Género hace presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa, por ser de artículo único, y acordó unánimemente proponer al señor Presidente que en la sala sea considerada del mismo modo.
Asimismo, la referida comisión deja constancia de que aprobó el proyecto de ley en general por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señoras Allende y Pascual y señores Prohens y Sanhueza. En particular, sancionó la iniciativa con las modificaciones y las votaciones que registra en su informe.
Por su parte, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura también señala que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, discutió en general y particular la iniciativa, por ser de artículo único, y acordó unánimemente proponer al señor Presidente que en la sala se proceda de igual forma.
Además, dicha comisión deja constancia de que aprobó en general el proyecto de ley por la mayoría de sus integrantes presentes, con el voto a favor de los honorables senadores señora Carvajal y señores Espinoza y Núñez y el voto en contra del honorable senador señor Kuschel. En particular, sancionó la iniciativa con las modificaciones y las votaciones consignadas en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 39 y siguientes del informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.
Cabe señalar que las honorables senadoras señoras Pascual y Allende presentaron una indicación para reemplazar la oración final que se agrega en la letra e) del artículo 6 por la siguiente: "El comité se conformará asegurando una conformación de género de acuerdo a lo señalado en inciso segundo y tercero del artículo 1° D de la Ley 18.892.".
Ese es el texto de la indicación.
Asimismo, cabe hacer presente que la honorable senadora señora Pascual ha retirado su petición de votación separada de la misma norma, debido a la indicación presentada.
Eso es todo, señor Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario, por la completa relación.

Le ofrezco, a continuación, la palabra para rendir el informe a la senadora Loreto Carvajal.

La señora CARVAJAL.- Muchas gracias, Presidente.
En mi calidad de presidenta de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, me corresponde rendir cuenta de la tramitación de este proyecto.
Como ya señaló el Secretario, este proyecto fue iniciado por moción en la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue discutida y votada durante la presidencia de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del senador Gustavo Sanhueza y, posteriormente, bajo mi presidencia.
Todas y todos los integrantes de la Comisión coincidimos en la finalidad del proyecto en cuanto a visibilizar a las mujeres en la labor que llevan a cabo en el área de la pesca artesanal y de las actividades conexas, en su capacidad de mantener la sostenibilidad de la pesca en el contexto de la seguridad alimentaria y en el sustento de sus hogares, así como también en cuanto a abrirles campo a las mujeres en la administración de las caletas y en el desarrollo de la infraestructura en el sector pesquero.
La Comisión escuchó a representantes de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal; del Fondo Mundial para la Naturaleza; de la Mesa Regional de Mujeres Trabajadoras de la Pesca Artesanal y Actividades Conexas de Valparaíso; al coordinador legislativo y al jefe de gabinete de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, cuyas opiniones y propuestas se tuvieron en consideración para formular las indicaciones que fueron presentadas al texto aprobado en general.
En este punto, aprovecho de saludar al subsecretario de Pesca y al ministro secretario general de la Presidencia, don Álvaro Elizalde, presentes en la sala.
Se debe recordar que esta iniciativa, por ser de artículo único, fue discutida en general y en particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado.
Las modificaciones introducidas al texto despachado por la Cámara de Diputados, en una primera mirada de redacción, estaban destinadas a resaltar la equidad de género. Y, por ello, tanto en la mención de determinados cargos de autoridad como en otros conceptos, se colocan en femenino y masculino.
En seguida, es pertinente destacar que este proyecto modifica la ley N° 21.027, que -debemos recordar- en su artículo 1 define a la caleta artesanal o caleta como "la unidad productiva, económica, social y cultural ubicada en un área geográfica delimitada, en la que se desarrollan labores propias de la actividad pesquera artesanal y otras relacionadas directa o indirectamente con aquella".
Es así que la Comisión de la Mujer y Equidad de Género agrega en el artículo 6, entre los aspectos que debe comprender el plan de administración de la caleta que proponen las organizaciones de la pesca artesanal: primero, los usos y actividades conexas que se desarrollarán; segundo, un plan de igualdad y no discriminación dentro de las caletas, el que deberá establecer medidas y verificadores con enfoque de género que aseguren los criterios de equidad, no discriminación, participación y promoción de igualdad de derechos, contemplando un protocolo que determine sanciones internas.
En tercer lugar, el plan de administración también debe identificar los principales riesgos de emergencias naturales y de la acción humana que pueden producirse en la caleta, al igual que las medidas de prevención de aquellos. Asimismo, la organización que ejercerá la representación de la caleta deberá incluir al menos una representante de las actividades conexas a la pesca (por ejemplo, encarnadoras, tejedoras y otras que estén, obviamente, anexadas al giro principal o a la actividad pesquera principal).
En cuanto al comité de administración de las caletas, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género resolvió que se conformará de manera paritaria, asegurando que ningún género supere al otro en más de una persona. En este punto, la Comisión de Intereses Marítimos estableció una fórmula que, para el caso, tuvo mi voto en contra, lo que obviamente fue motivo de discusión, y luego eso se resolvió.
Quisiera señalar además que, respecto de la enmienda introducida por la Comisión de Intereses Marítimos al artículo segundo transitorio, también voté en contra, dado que dilata el plazo para incorporar a las y los representantes de las actividades conexas en el comité de administración de las caletas.
Señor Presidente, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género agregó igualmente criterios para discernir a qué organización de la pesca artesanal se asignará la caleta en caso de no existir acuerdo entre las interesadas, y tales criterios son los siguientes:

1.- Que se trate de organizaciones de la pesca artesanal que cuenten con un plan de igualdad y no discriminación;

2.- Que se trate de organizaciones de la pesca artesanal que cuenten con paridad en sus directivas; pero si solo están compuestas por mujeres que realicen actividades conexas o pesca artesanal, no se exigirá este criterio, y

3.- Que se trate de organizaciones de la pesca artesanal que cuenten con beneficios para madres trabajadoras y para mujeres que desarrollen labores de cuidado.
Asimismo, se estableció la exigencia de indicar, en la cuenta que deben entregar las organizaciones que administren las caletas, los avances y los niveles de cumplimiento y ejecución del plan de igualdad y no discriminación.
Por otro lado, se instaló como obligación para las organizaciones de la pesca artesanal administradoras de las caletas velar por el cumplimiento del plan de administración, con especial énfasis en lo que disponga el respectivo plan de igualdad y no discriminación.
En cuanto a la procedencia del término anticipado del convenio de uso de la caleta, se agregó como causal el incumplimiento del plan de igualdad y no discriminación, correspondiéndole a la comisión intersectorial que aprobó el plan de administración reunirse de manera extraordinaria y resolver -en caso de constatarse que se configura alguna de las causales contempladas como graves- conforme a las sanciones contempladas en el mismo protocolo.
Señor Presidente, estimados colegas, la enumeración de las principales modificaciones efectuadas por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género -enmiendas, por cierto, acordadas de manera unánime- demuestran el compromiso de sus integrantes con la equidad de género en esta actividad realmente importante tanto para quienes la despliegan como para el país, en la línea de una mayor igualdad, de una no discriminación y no violencia al interior de las caletas, como también en la incorporación de las mujeres en los espacios de administración y toma de decisiones en los puertos pesqueros.
Por lo expuesto en este informe, es que solicito a la Sala y a los honorables colegas que den su aprobación a este proyecto, cuyos antecedentes ya han sido puestos en conocimiento de ustedes, para que prontamente se convierta en ley de la república.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente, estimados colegas.
Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Muchas gracias a la Presidenta de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, senadora Loreto Carvajal.
Ha pedido la palabra el senador Fidel Espinoza.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?

La señora EBENSPERGER.- Primero escuchemos el informe de la Comisión de Pesca, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Bien.
Vamos a esperar primero el informe de la Comisión de Pesca. Y para eso le voy a ofrecer la palabra al senador Fidel Espinoza.
Solo les quiero recordar que queda un proyecto más, que es el signado con el número 5 de la tabla, correspondiente a la Comisión de Transportes, para que, por favor, permanezcan en sus puestos.
Senador Fidel Espinoza, tiene la palabra.

La señora PASCUAL.- Presidente, yo tengo una indicación.

El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, cuando hace un par de semanas se discutió este proyecto acá, en la sala, nosotros legítimamente, como miembros de la Comisión de Pesca, solicitamos que pasara por nuestra instancia, porque era lo que correspondía.
Digo que era lo que correspondía porque es como si un proyecto ligado a educación no pasara por la Comisión de Educación. Y este es un proyecto que impacta claramente en la actividad que nosotros defendemos y desarrollamos legislativamente en el ámbito de la Comisión de Pesca.
Con motivo de ello, ese día hubo malas interpretaciones y, además, desinformación hacia quienes forman parte de la red de mujeres de la pesca artesanal a nivel nacional.
Señalo que se produjo desinformación en el sentido de manifestarse poco menos que queríamos echar abajo el proyecto. Nosotros siempre dijimos que pretendíamos aprobarlo, como lo vamos a hacer hoy día, pero también mejorarlo en algunos aspectos que considerábamos relevante incorporar. De ahí que se generó en la Comisión de Pesca una rica discusión, un buen debate, con invitados e invitadas de distintas organizaciones.
Por lo tanto, lo primero que puedo decir aquí es que esta iniciativa mejoró, y este es un elemento que es necesario destacar, toda vez que, como Presidente de la Comisión, fui objeto -así lo dije en la instancia misma- de graves acusaciones, de insultos provenientes de algunas personas ligadas a esa red de pesca artesanal liderada por la señora Sara Garrido, quien compartió mi teléfono personal en un grupo de WhatsApp de más de seiscientas personas, para que "me saludaran cordialmente". Es un hecho que considero lamentable por parte de una dirigenta, que cometió una irresponsabilidad inaceptable.
Eso no se hace, porque lo que siempre quisimos y tuvimos como misión fue incorporar aspectos importantes dentro de este proyecto.
Lo segundo que quiero señalar, señor Presidente, porque se reiteró mucho en la Comisión y quedé de plantearlo en la sala, es que no se necesita un proyecto de ley de este tipo -como el que vamos a aprobar hoy día- para incorporar a la mujer en el mundo de la pesca artesanal. Las mujeres por sí solas se han ganado por años un espacio en el mundo de la pesca artesanal. La mejor muestra de ello es que una dirigenta de carácter latinoamericano, Zoila Bustamante, representa, a través de la Conapach, a todos quienes desarrollan esta actividad y también a las mujeres pescadoras de nuestro país.
Además, en muchas de las caletas han sido mujeres las que han liderado los procesos, como lo decía hace un par de días en Puerto Montt Marcos Salas, dirigente de Quellón, quien señaló que siempre en su caleta las mujeres han jugado un rol tremendamente relevante.
Por cierto, este proyecto lo vamos a aprobar porque consideramos que de una u otra manera introduce elementos importantes, como la incorporación de una representante de las mujeres en las comisiones intersectoriales, con derecho a voz y voto; pondera favorablemente a las organizaciones que incluyan mujeres en su directorio, como también aquellas que tengan beneficios para madres trabajadoras y para mujeres que desarrollen labores de cuidado.
Además, el comité de administración tendrá una composición paritaria y deberá incorporar a una o un representante de las actividades conexas a la pesca; se reconoce e incorpora a las actividades conexas en la administración de las caletas, lo cual es un elemento muy importante, ya que se incluye la garantización de un espacio para el desarrollo de esta actividad. Además, la organización titular podrá suscribir convenios a título gratuito con sindicatos u organizaciones que desarrollen actividades conexas.
¿Qué se introdujo al proyecto como modificaciones en su paso por la Comisión de Pesca? Se incorporó como titular posible de la caleta a las organizaciones de segundo grado, que estaban excluidas. Por ejemplo, en Hualaihué, había organizaciones que quedaban fuera de poder integrar la administración de las caletas por ser de segundo grado. Y este proyecto mejora aquello.
Por lo tanto, se demuestra claramente que su paso por la Comisión de Pesca fue importante para incorporar a miles de personas que quedaban fuera por perteneceser a organizaciones de segundo grado. Pero deberán tener -y eso quedó muy bien establecido en la indicación- arraigo territorial en la caleta respectiva.
Un segundo elemento es que se adecúa la composición del comité de administración del artículo 6, letra e), a la regla establecida por la ley No 21.370, es decir, ningún género podrá superar a otro en los dos tercios.
También se modifica -le pido solo treinta segundos, Presidente- el artículo segundo transitorio, ampliando el plazo de vigencia de la composición del comité de administración de tres a seis meses contados desde la publicación del Registro de Actividades Conexas, el que será elaborado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Señalado eso, Presidente, solo me queda indicar que este es un proyecto que, obviamente, vamos a votar a favor.
Ha quedado demostrado que todas las suspicacias, la mentira y la desinformación que se pretendieron establecer en algún minuto por parte de algunas dirigentas irresponsables no eran más que eso; que a veces es mejor que un proyecto demore quince a veinte días más en su trámite y que se mejore, como ha ocurrido con este, a que sea aprobado a la ligera, sin que haya pasado por las comisiones respectivas, y después tengamos que pagar las consecuencias, como ha sucedido con mucha legislación en nuestro país.
He dicho, Presidente.
Voto a favor.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Muchas gracias, senador Fidel Espinoza.
El señor Secretario va a explicar el procedimiento de votación, porque se procederá a votar en general el proyecto y después, en la votación en particular, habrá que pronunciarse sobre una indicación de la honorable senadora Claudia Pascual.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
La primera votación es sobre todas las normas del proyecto, salvo aquella respecto de la cual se ha presentado indicación.
Hubo una solicitud de votación separada presentada por la senadora Pascual. Sin embargo, la retiró, pues formuló en esa misma materia una indicación hoy día, junto con la senadora Allende. Por tanto, lo que corresponderá después de la primera votación es someter a consideración de la Sala el texto de la indicación sustitutiva que plantea la senadora señora Pascual.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Entonces, se abre la primera votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.
(Luego de unos instantes).

El señor WALKER (Vicepresidente).- El señor Secretario hará la pregunta de rigor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER (Vicepresidente).- Senador De Urresti, senador Castro González, senador Flores, senador Latorre, senadora Carvajal, si fueran tan amables, por favor... (la señora senadora y los señores senadores si dirigen a sus pupitres a emitir su voto).

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Repito: ¿alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el proyecto en general y en particular, salvo la norma que fue objeto de la referida indicación (20 votos a favor y 6 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Carvajal, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Castro González, De Urresti, Espinoza, Flores, García, Kuschel, Latorre, Núñez, Saavedra, Soria y Walker.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Galilea, Kusanovic, Macaya, Moreira y Van Rysselberghe.


El señor WALKER (Vicepresidente).- En seguida, el señor Secretario dará lectura a la indicación formulada por la senadora Claudia Pascual.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
Corresponde ahora votar la indicación presentada por las senadoras señoras Claudia Pascual e Isabel Allende, que es para reemplazar, en la letra e) del artículo 6, la oración final. Para efectos de ubicarlos en el comparado, se encuentra en la página 11.
Ahí se sugiere reemplazar la oración final que se había agregado por el siguiente texto: "El comité se conformará asegurando una conformación de género de acuerdo a lo señalado en inciso segundo y tercero del artículo 1° D de la Ley 18.892".
Ese es el texto de reemplazo que se propone para la oración final que se agregó.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Le ofrezco la palabra a la autora de la indicación, la senadora Claudia Pascual, para que pueda fundamentarla.

La señora PASCUAL.- Gracias, Presidente.
Quisiera, en primer lugar, señalar que parte de las modificaciones que se plantearon en la Comisión de Pesca tienen que ver con otros ámbitos de la legislación.
Lo que hizo la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, precisamente en honor a las ideas matrices del proyecto, fue colocar una mayor participación de las mujeres en las diferentes instancias de manejo y administración de las caletas y, al mismo tiempo, poder asegurar la diversidad de las distintas organizaciones de mujeres en ellas.
Ahora, en lo que respecta en particular al artículo 6, letra e), la Comisión de Pesca modifica lo se que planteaba originalmente por parte de la Comisión de la Mujer, que era que el comité se conformara de forma paritaria y ninguno de los dos géneros podía superar al otro por uno.
Entiendo que no hay voluntad a ese respecto, y no voy a hacer cuestión de ello, producto de que en la Comisión de Pesca se dio una discusión mayor a propósito de la conformación de las distintas organizaciones en materia de género, y, por lo tanto, no siempre se podría cumplir con esa situación. Así que voy a respetar eso.
Pero sí nos preocupa la redacción que se propone para modificar la norma, en lo que es la última frase, primero, porque no solo no da cuenta de una paridad -y, por lo tanto, en base a un criterio de paridad, habría que eliminarlo eso-, sino que, además, la forma de redacción no está tal cual como la de los incisos segundo y tercero del artículo 1° D de la Ley General de Pesca y Acuicultura, actualizada por decreto No 430, que, en definitiva, dice que ni hombres ni mujeres podrán tener más de dos tercios del total de la instancia respectiva.
Eso es muy distinto a decir que el comité se conformará con un criterio de paridad -que, insisto, ya con un tercio o dos tercios no se cumple-, asegurando que ningún género supere al otro en más de dos tercios.
No sé si se entiende lo que estoy señalando.
Entonces, creo que la redacción no corresponde.
Por eso, preferimos hacer la remisión a lo que ya existe en la ley anterior con respecto al tema de uno o dos tercios.
Así que esa es nuestra indicación, y creemos que el texto queda mucho mejor, Presidente.
Gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Muchas gracias, senadora Claudia Pascual.
Sobre la indicación, le ofrezco la palabra al Ejecutivo.
Ministro Álvaro Elizalde.

El señor ELIZALDE (ministro secretario general de la Presidencia).- Presidente, quisiera señalar que nosotros estamos de acuerdo con la indicación por lo siguiente: hace referencia a una norma vigente, que es el artículo 1° D de la ley No 18.892, en lo que son sus incisos segundo y tercero, que fue reformada por la Ley de Equidad de Género del año 2021, durante el Gobierno del Presidente Piñera, y que corresponde a la ley No 21.370.
¿Por qué razón? Porque la redacción de esa norma es más clara y tiene dos incisos separados.
El primer inciso dice que ningún género puede superar los dos tercios. Y el otro inciso establece que, si producto de la aplicación de la norma anterior resulta un número decimal inferior a 1, al menos deberá haber uno de cada género, o de género minoritario, por decirlo de alguna manera.
La forma en que la disposición quedó rectada por la Comisión, cuando indica que no se puede superar los dos tercios, induce a error, porque finalmente en la relación un tercio-dos tercios, un género supera al otro por un tercio, no por dos tercios, porque es el diferencial.
Entonces, nos parece que tiene mucho más sentido la indicación de la senadora Pascual, que hace referencia a una norma vigente que, insisto, se aprobó en la Ley de Equidad de Género el año 2021, durante el Gobierno anterior, y que consagra el mismo principio, pero tiene una redacción que no induce a error.
Por tanto, creemos del todo razonable que la Sala pueda votar a favor de la indicación.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Muchas gracias, ministro.
Se procederá a abrir la votación respecto de la indicación formulada por las senadoras señoras Claudia Pascual e Isabel Allende, que ya se argumentó y que cuenta con el respaldo del Ejecutivo.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Está abierta la votación.
La indicación formulada reemplaza la oración final de la letra e) del artículo 6 por la siguiente: "El comité se conformará asegurando una conformación de género de acuerdo a lo señalado en inciso segundo y tercero del artículo 1° D de la Ley 18.892".
Votar "sí" significa aprobar esta oración final en reemplazo de la anterior; votar "no", rechazarla.
¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor WALKER (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la indicación presentada por las senadoras señoras Pascual y Allende (17 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención) y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Castro González, De Urresti, Flores, Kusanovic, Latorre, Núñez, Saavedra, Soria y Walker.
Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Coloma, Durana, Kuschel, Macaya, Moreira, Prohens y Van Rysselberghe.
Se abstuvo el señor Espinoza.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En la Mesa se han registrado 5 pareos: de la senadora señora Vodanovic con el senador señor Castro Prieto; de la senadora señora Núñez con el senador señor Insulza; del senador señor Gahona con la senadora señora Allende; del senador señor Cruz-Coke con el senador señor Velásquez, y del senador señor Keitel con el senador señor Huenchumilla.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Aprobado y despachado a tercer trámite a la honorable Cámara de Diputadas y Diputados, con las enmiendas formuladas por este honorable Senado.


El señor GARCÍA (Presidente).- Pasamos al proyecto que se encuentra signado con el número 5 del Orden del Día.



PROHIBICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS APTOS PARA INTERCEPTAR, INTERFERIR O INTERRUMPIR SEÑALES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES


El señor GARCÍA (Presidente).- Continuamos con el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, y establece sanciones en caso de incumplimiento (boletín N° 16.598-15), con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma".
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.598-15) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para que haga la relación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto de ley ya referido.
Los objetivos de la iniciativa son establecer una prohibición para fabricar, comercializar, importar, exportar, utilizar, tener o portar dispositivos electrónicos que sean aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, considerando las excepciones que indica; y contempla las sanciones aplicables dependiendo de la gravedad del ilícito.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, discutió solo en general esta iniciativa.
La Comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señora Órdenes y señores Castro González y Van Rysselberghe.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 24 y 25 del informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.

Para entregar el informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, tiene la palabra su presidenta, la senadora Ximena Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, el proyecto que esta Sala va a discutir en general, en segundo trámite constitucional, tiene su origen en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, de 22 de enero del año en curso, con urgencia calificada de "suma".
Durante el análisis en general de este proyecto la Comisión contó con la participación del subsecretario de Telecomunicaciones, el señor Claudio Araya, y el senador no integrante de la Comisión Kenneth Pugh. Asimismo, fueron invitados el subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve; el Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas; representantes del Ministerio Público; de la Federación Regional de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta); de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC); del Consejo Superior del Transporte (CST); del Sindicato Interempresas de Conductores de Camiones (Sitrach); de la Biblioteca del Congreso Nacional, y de la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile).
El objetivo de la presente iniciativa es establecer una prohibición para fabricar, comercializar, importar, exportar, utilizar, tener o portar dispositivos electrónicos que sean aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, considerando los aspectos que indica; y contempla las sanciones aplicables dependiendo de la gravedad del ilícito.
Durante la exposición el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, explicó que los inhibidores de señal o jammers son dispositivos que emiten ondas de radio para interferir las señales de telefonía móvil, GPS, wifi y otras comunicaciones inalámbricas. Precisó que principalmente se presentan dos tipos de inhibidores: los pasivos, que simplemente bloquean las señales de radio; y los activos, que además generan señales falsas que pueden interferir las señales legítimas.
Se informó, además, que existen espacios en que tiene sentido usar los inhibidores, y por esa razón se establecieron excepciones en la iniciativa en discusión.
Seguidamente, se explicó que el GPS recibe la señal satelital que calcula la ubicación del dispositivo y emite una señal informando la ubicación y utilizando las redes de comunicación existentes. Cuando se inhibe la señal, el dispositivo no puede informar la localización, porque se genera una interferencia en todas las bandas posibles de comunicación.
Se hace presente que la regulación en discusión se aplica a todos los servicios de telecomunicaciones, sean redes públicas, servicios limitados o intermedios que utilizan espectro radioeléctrico con autorización del regulador, reiterando que el mayor uso que se hace de estos dispositivos es ilegal.
Sobre este punto, la Biblioteca del Congreso Nacional, en su informe del año 2021, concluyó que "Las actividades delictuales han encontrado en el jamming una manera fácil y económicamente asequible para borrar o distorsionar las huellas electrónicas que sus acciones provocan, como el seguimiento por sistemas de geolocalización satelital (GPS) y telefonía celular".
Por tales razones el uso de jammers ha sido estrictamente reglamentado y permitido solo bajo condiciones totalmente controladas, como sucede en las cárceles y en establecimientos educativos durante evaluaciones escritas. Sin embargo, en Chile esto aún no ocurre y, dada su fácil obtención a través del comercio electrónico, se usan con fines ilegales.
Por lo anteriormente expuesto, la iniciativa propone, mediante un artículo único, modificar el artículo 36 B de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, que tipifica como delito de acción penal pública "el que maliciosamente interfiera, intercepte o interrumpa un servicio de telecomunicaciones", y le asocia la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados (de sesenta y un días a cinco años), además de disponer el comiso de los equipos e instalaciones, agregando la letra h), que sanciona al que infrinja lo dispuesto en esta letra, en lo referido a la prohibición de "la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia o porte de dispositivos electrónicos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones", para lo cual establece las sanciones de multa y presidio en los casos que señala.
Se exceptúa de estas prohibiciones a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a las Fuerzas Armadas y a los servicios bajo su dependencia, a Gendarmería de Chile, a la Agencia Nacional de Inteligencia y a la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Por su parte, el artículo transitorio dispone que no se aplicarán las penas establecidas en el artículo único de esta iniciativa legal para la tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, a quien entregue voluntariamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tales dispositivos dentro del plazo de ciento veinte días contados desde la publicación de esta iniciativa de ley en el Diario Oficial, siempre que no se haya formalizado una investigación penal en su contra.
De esta forma, se busca incentivar la entrega voluntaria de dispositivos prohibidos para evitar sanciones, promoviendo la responsabilidad ciudadana, al tiempo que se respetan los principios de acceso y neutralidad, de tal manera que se reafirma el acceso igualitario a las telecomunicaciones y la importancia de la neutralidad de la red.
Se consignó que la conducta que se pretende sancionar mediante esta iniciativa legal es actualmente un delito de resultado, que implica que es necesario que efectivamente se haya interferido, interceptado o interrumpido un servicio de telecomunicaciones para que se cometa el delito, debiendo además haber actuado el autor con dolo.
Es por ello que el mensaje considera necesario incorporar una norma que prohíba explícitamente la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos que permitan interceptar, interferir o interrumpir una señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones; y que contemple penas privativas de libertad y multas asociadas a casos de quebrantamiento de la prohibición mencionada.
Se hizo presente durante el debate que el proyecto de ley se enmarca en la agenda de seguridad en materia de las telecomunicaciones y que es crucial para proteger la infraestructura crítica de telecomunicaciones.
Según la experiencia internacional, las sanciones severas por interferencia ilegal reflejan la importancia de mantener la integridad de las comunicaciones.
El proyecto de ley debe ir acompañado de campañas de concientización sobre las consecuencias legales y los peligros del mal uso de inhibidores.
El período de gracia propuesto para la entrega voluntaria sin sanciones fomenta la cooperación ciudadana.
La ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, debe adaptarse a la evolución tecnológica, cubriendo nuevas formas de inhibidores.
La cooperación internacional y las mejores prácticas enriquecen la estrategia nacional.
Y, por último, es vital el equilibrio entre seguridad y libertades individuales respetando los derechos de acceso a telecomunicaciones.
En cuanto al nuevo tipo penal y su sanción, se castiga al que fabrique, comercialice, utilice, tenga o porte uno o más de los dispositivos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones. La sanción que establece el proyecto corresponde a la pena de presidio menor en su grado medio (quinientos cuarenta y un días a tres años) y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales.
A su vez, la importación y la exportación serán castigadas con las penas establecidas en la Ordenanza de Aduanas para el delito de contrabando. Se consigna una sanción especial para los casos en que el valor de los dispositivos no excediera de 20 UTM, consistente en presidio menor en su grado medio y multa de dos a cinco veces el valor de la mercancía objeto del ilícito.
Asimismo, el proyecto contempla una figura agravada, que se aplica al que, utilizando estos dispositivos electrónicos, interfiera, intercepte o interrumpa señales de naves, aeronaves o torres de control de tráfico aéreo, redes o servicios de telecomunicaciones, de servicios esenciales o de aquellos de especial relevancia para el orden y la seguridad pública, la defensa nacional o el sistema de inteligencia del Estado. La sanción establecida corresponde a la pena de presidio mayor en su grado mínimo (cinco años y un día a diez años) y una multa de 100 a 5.000 unidades tributarias mensuales.
Cabe hacer presente que los gremios de transporte que expusieron como invitados en la Comisión coincidieron en general en valorar la propuesta, haciendo constar que uno de los métodos más utilizados para cometer este tipo de delitos es mediante el uso de inhibidores de señal de celular y GPS, para evadir el monitoreo de seguridad con que están equipados muchos de los camiones de empresas de transporte de carga.
Se hace constar que el proyecto de ley en discusión tiene por objeto transformar a los inhibidores de señal en bienes ilícitos, respecto de los cuales no se puede desarrollar ningún tipo de actividad económica, sancionando, por lo mismo, su porte y uso.
Un minuto, Presidente, por favor.
Quiero destacar que la propuesta está bien orientada, porque no es posible detectar un uso legítimo de los inhibidores de señal, salvo en las labores propias de inteligencia e investigación criminal.
Puesto en votación el proyecto, fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, honorables senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.
Finalmente, hago notar que el informe de la comisión da cuenta del trabajo realizado, la discusión de los preceptos abordados y los acuerdos alcanzados a su respecto.
Es cuanto puedo informar en mi calidad de Presidenta de la comisión, Presidente.
He dicho.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senadora Ximena Órdenes, por su informe.
¿Habría acuerdo en abrir la votación?

La señora EBENSPERGER.- ¡No!

El señor GARCÍA (Presidente).- No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra...

La señora EBENSPERGER.- Quiero hacer una consulta.

El señor COLOMA.- Es una consulta, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Es una consulta para abrir la votación.
Ya se encuentran inscritos el senador Juan Luis Castro, la senadora Luz Ebensperger, el senador Enrique van Rysselberghe.
Tiene la palabra la senadora Ebensperger, para que haga su consulta.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente.
Creo que este proyecto tiene una lógica muy importante detrás.
Sin embargo, como está redactado, está equivocado, porque lo que hace, Presidente, es prohibir la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia, etcétera, de cualquier dispositivo electrónico que pueda interferir una señal de telecomunicaciones.
Hay una excepción respecto a quiénes sí podrían hacerlo.
Mi pregunta es: ¿qué pasa, por ejemplo, con la licitación pública que tiene que hacer el Ministerio de Justicia, a través de Gendarmería, para los inhibidores de las cárceles?
No la podría hacer porque, al estar prohibida la comercialización, nadie podría ofertar. Tendría que importar Gendarmería directamente, o fabricarlos ellos, que no es su giro. Al importar directamente, creo yo, estaría infringiendo las normas de ChileCompra, de licitaciones, o de cotizaciones, porque tendría que hacer un trato directo hacia afuera.
Entonces, para que quede claro, quisiera saber si el Ejecutivo, antes de abrir la votación, entiende la duda que tengo. Quiero saber si hay en esto -pienso que como es en general pueden presentarse indicaciones- un ánimo de mejorar la redacción en ese sentido; si no, la excepción de algunos entes públicos no valdría la pena, pues ellos, salvo que fabricaran estos dispositivos, caerían en incumplimiento de la normativa adquisitiva establecida para los servicios públicos.
Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senadora Ebensperger.
Para responder su consulta, tiene la palabra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, don Álvaro Elizalde.

El señor ELIZALDE (ministro secretario general de la Presidencia).- Gracias, Presidente.
En primer lugar, quisiera señalar que para el Ejecutivo es importante que se apruebe este proyecto.
Se vota hoy en general, por tanto, obviamente es susceptible de indicaciones, de mejoras o de perfeccionamientos, en el marco de lo que ha planteado la senadora Ebensperger.
Eso es lo primero que queremos aclarar.
Por tanto, el pronunciamiento de la Sala hoy día no es respecto del texto en particular.
Es imprescindible, a nuestro entender, la aprobación de este proyecto, porque actualmente está tipificado el delito respecto de quien maliciosamente interfiera, intercepte o interrumpa un servicio de telecomunicaciones, pero hay que acreditar que se haya interferido, interceptado o interrumpido.
Entonces, estos dispositivos pueden estar circulando; ser utilizados para cometer delitos, pero es posible que no se logre acreditar que así fue. Y a todas luces es evidente que constituyen un peligro para la seguridad pública.
Por eso se introduce esta prohibición de fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia o porte de inhibidores de señal.
Se establecen las excepciones respecto de organismos públicos a los cuales ya se ha hecho referencia. Los organismos con los cuales se hace la excepción son Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, Gendarmería, Agencia Nacional de Inteligencia, Agencia Nacional de Ciberseguridad, Presidencia de la República, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa Nacional.
Adicionalmente, se establece un nuevo delito para quienes quebranten esta prohibición.
Se contempla una figura agravada, en el caso de quien interfiera, intercepte o interrumpa señales de tráfico aéreo, redes o servicios de telecomunicaciones, de servicios esenciales o de aquellos de especial relevancia para el orden o la seguridad pública, la defensa nacional o los sistemas de inteligencia del Estado.
Por último, hay un artículo transitorio, que señala que no se aplicará esta pena respecto de quienes voluntariamente entreguen estos dispositivos electrónicos dentro del plazo de ciento veinte días, contados desde la publicación de la presente ley.
Entonces, lo que proponemos es que se apruebe la idea de legislar.
Y respecto de las aprensiones que plantean los senadores, como la de la senadora Ebensperger, bueno, hay que tener un diálogo con el equipo del Ministerio del Interior, que está llevando adelante el proyecto, para que la regulación sea la adecuada y no se produzca el absurdo de que haya una excepción, pero las instituciones exceptuadas no puedan eventualmente acceder a estos dispositivos.
Es a todas luces evidente que, en el caso de Carabineros, de la PDI, de las Fuerzas Armadas y de las demás instituciones referidas, estos dispositivos son necesarios para su trabajo. Pero lo que queremos evitar es que se comercialicen libremente y al final terminen a disposición de los delincuentes para cometer todo tipo de ilícitos.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, ministro Elizalde.
¿Habría acuerdo en abrir la votación?

El señor LAGOS.- Sí, señor.

El señor GARCÍA (Presidente).- Se abre la votación.
(Durante la votación).
Es solo en general.
Ofrezco la palabra al senador Juan Luis Castro.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.

El señor CASTRO (don Juan Luis).- Gracias, Presidente.
Comparto la aprensión de la senadora Ebensperger. Es correcta. También observo problemas de redacción que hay que subsanar en el curso de la tramitación del proyecto. Y sobre eso quiero puntualizar un par de temas.
Hoy día es evidente que la circulación de armas, de municiones y de estos dispositivos electrónicos, entre otros, que son utilizados por el delito organizado, particularmente, es la que provoca conmoción.
En la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones los principales requirentes en esta materia son los camioneros, quienes han sido objeto muchas veces de robos, usando estos dispositivos. Y en la ciudadanía, ¡quiénes no han escuchado casos de gente que cierra el auto con el bloqueador de la alarma y nunca lo pudo hacer porque lo tenían bloqueado! Dejan el auto en un mall, en un parquímetro, y alguien usa un inhibidor, lo abren y se lo llevan, ya que bloquearon la señal para cerrarlo con uno de esos interceptores.
Estas cosas ocurren, y a gran escala.
Creo que también es pertinente ahondar en la discusión en particular sobre las excepciones a esta norma. O sea, hoy día hay una enorme batalla para reinstalar los dispositivos inhibidores en las cárceles. ¡Ni siquiera todas las cárceles los tienen!
En la zona que represento, Rancagua, la primera cárcel modelo concesionada tuvo inhibidores, los cuales después fueron todos destruidos. Preguntémonos quiénes los destruyeron, a quiénes les convenía. Y recién ahora está en proceso, después del año 2005, el volver a colocar inhibidores de celulares.
Hay gente que piensa que en las cárceles -no soy experto-, en vez de instalar inhibidores, es mejor interceptar todas las llamadas y todo el tráfico para realizar investigaciones criminales. Hay gente que piensa eso, por ejemplo, para efectos de contar con inhibidores en las cárceles, por los problemas que tienen.
Yo creo que para la fiscalización, que es una dimensión decisiva del Poder Ejecutivo, resulta fundamental que se pueda considerar de mejor manera en la redacción del texto, durante su discusión en particular.
Muchas veces salen leyes que son buenas declaraciones, pero no tienen poder para fiscalizar. Porque, por ejemplo, en este proyecto uno puede proponer muchas cosas: que no existan tales aparatos, que se perseguirá tales elementos. Sin embargo, hoy día estos equipos se venden en Mercado Libre. ¡En Santiago hay tiendas que ofrecen todos estos productos!
Entonces, es muy simple quedarse con la conciencia tranquila al presentar esto. Pero debe tener un asidero mucho más fuerte.
En este caso, echo de menos que podamos contar durante este trámite -hoy día no están presentes los representantes de la Subtel, quienes estuvieron acompañándonos en la discusión en la Comisión- con los personeros del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia, porque, en el caso de las cárceles, son claves.
¡Este es un mensaje, Presidente, y no una moción parlamentaria!
Con mayor razón el Ejecutivo debe ser riguroso al explicar las dudas, los detalles. No lo digo por el ministro y la subsecretaria de la Segprés, quienes están presentes, y lo han hecho; sino que me refiero a que la autoridad sectorial debería estar acá.
Entonces, me reservo ciertas definiciones que hay que incorporar dentro del articulado en detalle. Y eso pasa por la buena voluntad, pero también por el compromiso de que avancemos en este proyecto de ley, cuya discusión ahora es solo en general; no obstante, se espera mayor precisión en el debate en particular, para no tener contradicciones en una iniciativa que parece interesante y que debe estar considerada en el marco de la seguridad, que es el principal problema del país.
Muchas gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senador Juan Luis Castro.
Senador Enrique van Rysselberghe, tiene la palabra.

El señor VAN RYSSELBERGHE.- Muchas gracias, Presidente.
Saludo a la subsecretaria de la Segprés, Macarena Lobos, quien nos acompaña.
En el caso del proyecto, se debe hacer presente que la iniciativa está considerada dentro del segundo paquete de proyectos de seguridad, más conocido como fast track legislativo, que acordó el Congreso con el Gobierno. Y en base a ese compromiso, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado trabajó con sentido de urgencia y responsabilidad su tramitación.
Tal como lo señala el mensaje del Presidente de la República, la criminalidad organizada, además de su incremento y mayor presencia en el país, ha ido mutando. Es decir, ha ido experimentando cambios en la forma de operar, entre los que se encuentra el mayor uso de tecnologías que facilitan la ejecución de delitos. Ejemplo de ello, es el aumento en el uso de inhibidores de señales, más conocidos como jammers, que son un tipo de dispositivos electrónicos aptos para interferir o interrumpir señales emitidas por servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía móvil, acceso a internet, botones de pánico, sistemas de geolocalización satelital o GPS; como también interferir en el bloqueo del cierre de autos y la señal que se envía a los sistemas de seguridad central, en el caso de las alarmas, la comunicación entre policías y autoridades, entre otros.
Mediante estos dispositivos electrónicos se mantiene incomunicada a la persona que es víctima del delito y, al mismo tiempo, se impide que pueda solicitar auxilio de manera inmediata, lo que sin lugar a dudas facilita la ejecución del delito y hace más difícil detener o perseguir a los delincuentes.
Esta situación ha ocurrido principalmente en el rubro de los camioneros, quienes han manifestado su preocupación y la urgencia para regular la tenencia y el uso de este tipo de dispositivos. Lo anterior, ya que hoy la venta de inhibidores no está regulada y es posible encontrar diversos tipos y con diferentes precios tanto en internet como en distintas tiendas presenciales en el país.
A esto se suma que la regulación actual en la Ley General de Telecomunicaciones tipifica como delito de acción pública el que maliciosamente interfiera, intercepte o interrumpa un servicio de telecomunicaciones, que, en definitiva, es un delito de resultado y que requiere dolo. Es decir, se sanciona la interrupción de telecomunicaciones y se debe demostrar en tribunales la intención de hacerlo por parte del autor.
Así, creemos que este proyecto es positivo, necesario y urgente, sobre todo en el contexto y crisis de seguridad que afecta al país, ya que prohíbe explícitamente la fabricación y la comercialización, la importación y la exportación, la utilización, la tenencia y el porte de estos dispositivos; es decir, los que permiten interceptar, interferir o interrumpir una señal de telecomunicaciones.
Para cerrar mi intervención, quiero comentar que el proyecto es altamente esperado por el rubro de los camioneros, y me consta. Tuve la posibilidad de participar en un evento anual y ellos están esperando ansiosamente que se pueda aprobar -entre otros proyectos de ley-, ya que son víctimas frecuentes de delitos de este tipo, especialmente en la macrozona sur del país.
Por lo anterior, estimado Presidente, votaré a favor.
Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senador Van Rysselberghe.
Ofreceré la palabra al senador Juan Antonio Coloma; luego, a la senadora Ximena Órdenes y al senador Alejandro Kusanovic.
Senador Coloma, tiene la palabra.

El señor COLOMA.- Gracias, Presidente.
Yo creo que este es un buen ejemplo de un proyecto bien inspirado, pero mal ejecutado. Y es un tema del que tenemos que hacernos cargo, desde mi perspectiva.
La iniciativa está bien inspirada, porque no cabe duda de que hoy día lo relacionado con el negocio de inhibidores de señales puede tener buenos o malos objetivos: cuando es ejercido por la autoridad, uno parte de la base que se está haciendo un uso legítimo de una facultad excluyente. Es un poco como con el uso de la fuerza. El uso de la fuerza está reservado para algunos, no para cualquiera.
Bueno, a mí me parece que eso tiene que ver con esto también: está reservado para autoridades, en donde básicamente están incluidas las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Agencia Nacional de Inteligencia y algunos cargos críticos de la Administración.
Entonces, uno diría que le hace sentido.
Ahora, adicionalmente, por lo que acaba de plantearse, uno se da cuenta de que esto también tiene el objetivo de brindar seguridad, ya no necesariamente respecto de las personas que están privadas de libertad, como pareciera ser, sino que en un sinfín de temas -se ha hecho referencia a los camioneros- respecto de los cuales sería necesario contar con un marco jurídico adecuado para que no sean susceptibles de esas inhibiciones.
Lo que ocurre, a mi juicio, es que hay dos temas que son indispensables de abordar adicionalmente en este proyecto. Uno lo planteó de muy buena manera la senadora Ebensperger: si uno va a entregar una facultad excluyente, lo que no puede hacer simultáneamente es prohibir fabricar, comercializar, importar, exportar.
Entonces, la pregunta es cómo lo hace una institución que llega a la conclusión de que necesita inhibidores. No se pueden fabricar en Chile -eso es lo que alguien podría decir-, pero no sé si el día de mañana sea necesario hacerlo.
En ese caso, ¿por qué tendríamos que depender de tecnologías extranjeras?, ¿son mejores que las chilenas? Parto de esa base con esta duda existencial. No sé por qué no se podría, en forma más proba o mejor, fabricarlos con tecnología chilena y con la regulación adecuada.
Y si no está permitido importar ni exportar inhibidores -como lo dijo la senadora-, ¿cómo se licitan?, ¿cómo se compran? Si no se puede recurrir a ningún intermediario, porque estará prohibida su comercialización, ¡cómo se hace! La única forma sería una especie de compra directa. ¡Pero imagínense lo que ocurriría! Es de una complejidad de alto nivel.
A mi juicio, este impedimento debe resolverse de una manera que haga viable su utilización, porque a veces los cuidados del sacristán matan al señor cura. Al final, por la complejidad que se instala a partir de esta reserva legal, se genera la necesidad de vulnerar la Ley de Compras Públicas o de entrar en negociaciones directas, que es una de las características que siempre se trata de evitar cuando hay uso de recursos fiscales.
Por tanto, aquí hay un tema grande, que debe resolverse. Ojalá que el Ejecutivo pueda revisar su planteamiento para incorporar esta legítima inquietud.
Y segundo, Presidente, por la naturaleza de las sanciones, a mi juicio -y como no estoy en la Comisión lo puedo plantear-, el proyecto debería ir a la Comisión de Constitución. Aquí hay normas que están sancionando con presidio mayor, ¡presidio mayor! No estamos hablando de una falta. Se tipifica una conducta, por tanto, y siempre uno trata de que ese tipo de temas lo vea la Comisión de Constitución.
Yo sé que estamos en la discusión en general, pero por lo menos quiero dejar desde ya claro que el proyecto en su discusión en particular debería ir a la Comisión de Constitución, porque se está creando un delito de presidio mayor.
Alguien me puede decir: "¿Cualquier medida que involucre prisión debería ir a Constitución?". No. Pero sí debería hacerse cuando es una sanción mayor, estamos hablando de eso. Y hay otras presiones menores, otras multas, otros presidios. Entonces, creo que debemos hacer bien el debate. Y no podemos, con el ánimo de enfrentar un tema, no hacerlo con los medios idóneos.
Yo valoro que exista esta iniciativa, porque es verdad que cuando no hay norma, generalmente no hay forma de solucionar una materia. Pero, existiendo la norma, tiene que ser revisada su penalidad por la Comisión de Constitución -y desde ya dejo instalado el tema-, y hacerlo en términos de que sea posible, viable, que se ejerza esta acción excluyente, y eso no es por el bien de fabricar, exportar, comercializar, importar y todos los otros verbos que se usan en la misma línea.
Por eso, por lo que oí del ministro, me parece bien la idea en general, pero considero fundamental que haya un plazo razonable de indicaciones y que el Gobierno se active, porque -lo dijo el senador Juan Luis Castro- este es un mensaje, no una moción, y uno supondría que el proyecto mismo tiene los resguardos y la madurez necesaria para ser autosuficiente.
Aquí tenemos un problema que hay que resolver. Voto a favor, pero con esas consideraciones para la discusión en particular.
He dicho, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Coloma.
Ofrezco la palabra a la senadora Ximena Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Gracias, Presidente.
Estamos hablando de inhibidores de señal, tecnología que está a disposición y es de muy fácil acceso hoy día en Chile. Basta con consultar en el comercio electrónico y, a partir de 25 mil pesos, cualquiera de nosotros puede adquirir un inhibidor de señal o jammer.
Esto ha generado que la tecnología sea usada para cometer delitos, y por eso no es casualidad que este proyecto sea parte del fast track de seguridad pública entre el Gobierno y el Parlamento. Entonces, yo estoy convencida, al menos en el debate en general, de que esto sí requiere una regulación.
Creo que son importantes las observaciones que se han realizado acá, porque ayudarán en la discusión particular que vendrá después.
Dentro de las excepciones está Gendarmería de Chile. Desde ahí entendería que no tendría problemas para su uso. Pero lo vamos a considerar sin duda en el debate, porque en las conversaciones que hemos sostenido se han presentado este tipo de consultas o dudas.
Yo sí estoy convencida, señor Presidente, de que, dadas las condiciones, el mal uso de los inhibidores no es solo contra los camioneros (hay un importante número de delitos asociados con el transporte de carga terrestre en Chile), sino que el bloqueo de señal puede afectar la casa de cualquier persona, donde se interrumpe la comunicación, se interfiere la señal de telefonía móvil, y la verdad es que el riesgo es bien importante, pues lo hacen con dispositivos, en general, de muy fácil acceso.
Otro tema es la fiscalización. Yo creo que eso no es sencillo. Una cosa es declarar la prohibición de fabricar, de tenencia, de porte, en fin, de utilización de este tipo de dispositivos, pero es una tarea en la que vamos a tener que profundizar aún más en la Comisión.
Ahora, dado que esta es una discusión en general y lo vamos a sancionar en ese contexto, yo voto a favor, señor Presidente, porque me parece que es fundamental avanzar en este tipo de iniciativas.
Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senadora.
Se encuentran inscritos el senador Alejandro Kusanovic y la senadora Alejandra Sepúlveda, en ese orden.
Previamente, ¿habría acuerdo para fijar plazo de indicaciones en este proyecto hasta el jueves 5 de septiembre, a las 12 horas, en la Secretaría del Senado?
Así se acuerda.

El señor COLOMA.- ¡Y que pase a Constitución!

El señor GARCÍA (Presidente).- Senador Coloma.

El señor COLOMA.- ¿Se puede pedir que en el intertanto el proyecto luego vaya a la Comisión de Constitución?
Hay presidio mayor. Yo insisto, no es cualquier cosa.

El señor GARCÍA (Presidente).- Después de que termine la votación lo vamos a someter a la consideración de la Sala.
Tiene la palabra el senador Alejandro Kusanovic.

El señor KUSANOVIC.- Gracias, Presidente.
La verdad es que este es otro típico caso en que definimos mal el problema y tenemos una mala solución.
Todos estamos de acuerdo en que hay que combatir la delincuencia, que este artefacto para inhibir celulares lo pueden utilizar para cometer robos, pero no podemos caer en una formulación errada, haciendo que la solución sea más importante que el problema mismo.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¡El problema son los delincuentes, no los inhibidores de señal!
Una cosa es regular el uso, que se requiera un permiso, porque los inhibidores se pueden usar en colegios, en industrias, por una persona en las cárceles. Pero no nos equivoquemos. "¿Hay delincuentes que utilizan un inhibidor? ¡Se prohíben los inhibidores!"; "¿Hay delincuentes que utilizan lápices? ¡Se prohíben los lápices!".
¡No! ¡Prohibamos a los delincuentes! Es lo que debemos hacer.
Los reguladores deben contar con un permiso, un control, como sucede con las armas. ¡No para evitar la delincuencia vamos a prohibir las armas! Hay gente que las tiene bien inscritas y son responsables.
Entonces, estamos planteando mal las prohibiciones. ¡Está lleno de delincuentes y nos encerramos en nuestras casas con rejas! ¡Siempre el tema es al revés!
¡Por favor!, no afectemos la libertad de las personas, la libertad de las industrias, la libertad de crear, de desarrollar tecnología por problemas que están mal definidos. Busquemos las soluciones adecuadas, ¡no inventemos soluciones!

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Kusanovic.
Tiene la palabra la senadora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA.- Muchas gracias, Presidente.
Hace algún tiempo, estuvimos con el subsecretario Monsalve precisamente viendo y chequeando los inhibidores y cómo iba a ser este proceso fundamentalmente en las cárceles. Y yo creo que ahí, sin duda, todos estamos de acuerdo en que hay que poner una especial dedicación y énfasis.
Sin embargo, este proyecto de ley es muy complejo, no es fácil de resolver. Y cuando uno dice: "Estos dispositivos electrónicos, que interceptan, no podrán ser comercializados, fabricados, en fin", está bien, pero imagínense lo que significan los delitos agravados, la intervención en señales navales y aeronaves, la intercepción en torres de control de tráfico, de defensa nacional, en el sistema de inteligencia del Estado, etcétera.
Además, hay que definir la excepcionalidad de las instituciones, cuáles serán las que podrán adquirir en forma normal este tipo de dispositivos.
Por tanto, entendiendo que esta es la discusión en general, Presidente, y que este proyecto está dentro del ámbito de la agenda de seguridad, sería bueno que el Ejecutivo, además de plantearnos que esto es solo una votación en general, quizá nos diera unas directrices respecto de cuál es, en términos de este paquete de seguridad, su intencionalidad en este proyecto de ley.
Yo voy a votar a favor la idea de legislar, porque creo que es una alternativa que tenemos que explorar, y buscar la fórmula para que esto sea más eficiente. Pero quizá escuchar a la subsecretaria, si lo tiene a bien, y si no, que nos puedan enviar un informe distinto, con mayores antecedentes, información, legislatura comparada, que permita afinar mucho más el texto y buscar entender si estas alternativas son eficientes o no, qué es lo que van a significar, por ejemplo, en el mercado negro, qué va a ocurrir con todo este tipo de dispositivos, porque uno empieza a prohibir y aparecen posteriormente otras cosas.
Entonces, creo que hay mucho que afinar, por lo que me gustaría que el Ejecutivo, si lo tiene a bien, diera una explicación o, en su defecto, nos enviara los antecedentes para tener un diagnóstico un poco más acabado, de manera de saber si esta es la solución efectiva que tenemos que entregar.
Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senadora.
Senadora Órdenes.
No está en este momento.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Gatica, Órdenes, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Castro González, Coloma, De Urresti, Espinoza, Galilea, García, Lagos, Latorre, Macaya, Núñez, Prohens, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe y Walker.
Votaron por la negativa los señores Kusanovic y Kuschel.
Se abstuvo la señora Pascual.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En Secretaría se registran siete pareos.

El señor GARCÍA (Presidente).- Aprobada la idea de legislar del proyecto.
Se fija plazo de indicaciones hasta el 5 de septiembre, a las 12 horas, en la Secretaría del Senado.

Muchísimas gracias; que tengan un buen fin de semana.
Por haberse cumplido su propósito, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso al oficio que ha llegado a la Secretaría.
PETICIÓN DE OFICIO
De: señora ÓRDENES.
Para: ministra de Salud y Servicio de Salud de Aysén.
Asunto: información sobre existencia e implementación actual del protocolo de atención para pacientes con fibromialgia y sobre estado de implementación de la ley N° 21.375, que consagra los cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves.
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--Se levantó la sesión a las 18:02.
Rodrigo Obrador Castro
Jefe de la Redacción