Avanza a segundo trámite prórroga del teletrabajo en el sector público

Con la esperanza que se legisle de manera universal terminando con la discriminación que existe entre trabajadores del mundo público y privado en desmedro de los primeros, la Sala envió a la Cámara Baja, el proyecto que prorroga por este año, el teletrabajo en el sistema público. De esta forma, la norma iniciada en mensaje, avanza a su segundo trámite.

La propuesta –aprobada con 26 votos a favor y uno en contra- fue revisada por las comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social con el fin de dar agilidad a su tramitación.

En la sesión ordinaria, en forma transversal, los parlamentarios hicieron ver “la urgente necesidad que el Ejecutivo presente un proyecto de teletrabajo general para dar certezas a todos los trabajadores independiente de quien sea su empleador”.

Al mismo tiempo, generó fuertes críticas entre los legisladores, el hecho que el mensaje contemplara un apartado con un tema muy distinto: permitir a los agricultores afectados por los temporales entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos, comunicar un punto alternativo de extracción de agua. Así se comentó “la gran cantidad de iniciativas misceláneas que presenta el Ejecutivo, muchas de las cuales no resultan coherentes”.

“Prorrógase, desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2024, la facultad para eximir del control horario de jornada de trabajo a las jefas y jefes superiores de servicio de las subsecretarías y de los servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos. El número máximo de funcionarios y funcionarias que podrán quedar afectos a esta facultad no podrá exceder del 20% de la dotación máxima de personal del servicio. Con todo, a quienes se aplique este artículo deberán realizar presencialmente labores en las dependencias institucionales, al menos, tres jornadas diarias dentro de la jornada semanal.

La Dirección de Presupuestos podrá autorizar el aumento del porcentaje señalado, previa solicitud fundada del jefe(a) superior de servicio. Para lo anterior, la Dirección de Presupuestos deberá contar con la opinión técnica favorable de la Dirección Nacional del Servicio Civil. En ningún caso el porcentaje adicional que se autorice podrá exceder del 15% de la dotación máxima del personal del respectivo Servicio.

Asimismo, el proyecto establece que “aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales que, como consecuencia de los temporales acaecidos entre las regiones comprendidas entre la región del Libertador Bernardo O’Higgins hasta la región de Los Lagos, entre los meses de junio y octubre del año 2023, se han encontrado imposibilitados de ejercer sus derechos debido a daños sufridos en las obras o al cambio de trazado de los cauces, su forma o dimensiones, podrán extraer agua en un punto alternativo".

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los titulares, dentro de un plazo de 30 días contado desde la fecha de publicación de esta ley, deberán comunicar a la Dirección General de Aguas el punto alternativo de extracción, señalando las coordenadas UTM con indicación de Huso y Datum y las características principales de las obras. El punto alternativo de extracción deberá ser colindante al cauce y no afectar derechos de terceros.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Ricardo Lagos sintetizó el debate que se dio en las comisiones unidas. “Se busca prorrogar por un año, la facultad de los directores de servicios, de eximir al personal de su control horario. Ello no podrá exceder de un 35% (20% más 15% extraordinario) de la dotación. También se incluye un punto misceláneo permitiendo a los titulares de aprovechamiento de aguas, utilizar un punto alternativo de extracción debido al perjuicio que les ocasionaron los temporales del pasado invierno”, describió.

Respecto al debate en ambas instancias, el legislador reconoció que los parlamentarios hicieron ver que “sería positivo que este tipo de prórroga tuviera un carácter permanente”. En cuanto al punto del aprovechamiento de aguas, mencionó que “no es bueno mezclar materias que no tienen ninguna relación, siendo ambas muy válidas”.

Durante la discusión en Sala, intervinieron los senadores Iván Moreira, Matías Walker, Gastón Saavedra, Luciano Cruz Coke, Karim Bianchi, Isabel Allende, Claudia Pascual, Iván Flores, Loreto Carvajal, Juan Antonio Coloma y Paulina Vodanovic.

Éstos dejaron de manifiesto que existen grandes diferencias entre los trabajadores de los sectores públicos y privados. Así se admitió el “doble estándar de los ministerios de Trabajo, Hacienda y la Dipres” al facilitar el teletrabajo del mundo privado pero dificultar la del público. “Los empresarios están obligados inmediatamente dar estas facilidades mientras que los jefes del servicio tienen la facultad de permitirlo o no”, se graficó solicitando una ley de carácter general que limite cualquier discriminación.

Los legisladores hicieron hincapié en que “nadie quiere que los derechos laborales sean visto como normas transitorias” mientras que otros congresistas aseguraron que “esta no es una ley de teletrabajo del sector público”.

Los integrantes de la Comisión de Trabajo aclararon que “lo único que se hace fue prorrogar lo que estaba establecido el 2023 (…) Ha generado inquietud que los trabajadores deban estar presencialmente al menos dos días en sus oficinas (…) Esta es una norma transitoria, no es la solución definitiva porque se quiere avanzar a una ley de conciliación general”.

En medio del debate, la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos reconoció que “este proyecto es transitorio, no una solución definitiva que principalmente beneficiará a trabajadoras (…) Se está trabajando en una mesa técnica. Seguiremos trabajando en una fórmula integral. Hoy son 40 los servicios que tienen este beneficio”.

En tanto, la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Heidi Berner explicó que el proyecto de teletrabajo público forma parte de un compromiso asumido en la tramitación del reajuste. En cuanto a derechos de agua, admitió que ello también surgió en el marco de la negociación de esa ley.

En cuanto al artículo respecto al punto alternativo de extracción, las senadoras Allende y Sepúlveda profundizaron en aquello. Mientras la primera reclamó que no se considerara el perjuicio que representaron para la agricultura de Valparaíso, las heladas; la segunda valoró esta solución “porque hoy los titulares de aprovechamiento de aguas están imposibilitados de trabajar”.

El senador Coloma explicó los problemas que ocasionaron los temporales en la dirección de los causes, lo que “es un fenómeno general, son cientos de lugares donde no es posible extraer agua”.