Despachan proyecto que agiliza decretos en zonas de escasez hídrica

Tras dos jornadas de debate, la Sala del Senado aprobó y envió a tercer trámite, el proyecto que modifica el Código de Aguas para agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica e incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso.

Esto luego que aprobara la idea de legislar con 23 votos a favor y revisara las indicaciones estudiadas en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía y algunas que se presentaron en la Sala.

El mensaje cuenta con urgencia de discusión inmediata y tiene como objetivos agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica regulados en el artículo 314 del Código de Aguas, e incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso hídrico en tales decretos, a fin de que les sean aplicables las medidas contenidas en ellos.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, enmienda el Código de Aguas en dos líneas:

• Agiliza las declaratorias de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica

• Incorpora a las obras estatales de desarrollo del recurso hídrico en tales decretos de declaración de escasez hídrica. La idea es que también les sean aplicables las medidas contenidas en ellos.

Cabe recordar que la declaratoria de una zona de escasez hídrica es un instrumento que posee actualmente el Presidente de la República. Este se genera a petición y con informe de la Dirección General de Aguas (DGA). Su finalidad es proveer de determinadas herramientas y potestades públicas a la mencionada Dirección, con el objetivo de reducir al mínimo los daños derivados de una sequía severa. Así, se busca garantizar que el uso del agua sea destinado para el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia.

La norma garantiza que los referidos decretos puedan generar sus efectos jurídicos de manera inmediata una vez dictados, sin perjuicio de la posterior toma de razón por la Contraloría General de la República.

Del mismo modo, se procede a incluir a las obras estatales de desarrollo del recurso hídrico dentro de aquellas que quedarán sujetas a las medidas contenidas en los decretos de declaración de zona de escasez hídrica.

De tal manera, quienes administren este tipo de obras también deberán dar cumplimiento a las medidas contenidas en los referidos decretos, otorgándole a la Dirección General de Aguas la facultad de redistribuir directamente las aguas contenidas en ellas cuando existan situaciones de sequía severa debidamente declaradas.

El debate comenzó en la sesión ordinaria del martes 23 de abril, ocasión en que la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, la senadora Yasna Provoste informó la norma explicando que “se hacer una mención expresa a los administradores de obras estatales de desarrollo del recurso, de manera los acuerdos de redistribución serán exigible a ellos como a las juntas de vigilancia. También se establece que los decretos supremos y resoluciones de la DGA que se dicten en virtud de la declaración de escasez hídrica, generen su efecto jurídico de manera inmediata”.

Durante ese debate hicieron uso de la palabra los senadores Matías Walker, Isabel Allende, Sergio Gahona, Sebastián Keitel, María José Gatica, Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Daniel Nuñez, Alejandra Sepúlveda, Fidel Espinoza, Alejandro Kusanovic, Luz Ebensperger, Yasna Provoste, Gastón Saavedra, David Sandoval, Juan Castro y Paulina Vodanovic.

Los legisladores hicieron ver los problemas que tienen las localidades que representan, esto en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Biobío y de Los Ríos. Relataron los efectos de la sequía en ríos, embalses y reservas de agua, valorando los pasos de este proyecto “aunque tenga efectos limitados”. A su vez, se admitió que hay zonas donde precipita (regiones de La Araucanía, Los Ríos y Aysén) pero “sufren de falta de agua porque el suministro no llega a todos los lugares”.

Así, se aplaudió la idea de agilizar los decretos de declaración de escasez hídrica que permiten minimizar los daños de este fenómeno en la agricultura, ganadería y en las personas, de manera de aplicar sus medidas sin esperar la toma de razón de la Contraloría. “La DGA podrá priorizar el uso humano del agua considerando obras como embalses, los que sean al menos un 50% de propiedad fiscal”, se hizo ver también.

En la discusión se mencionó la necesidad de reflexionar sobre el modelo de gestión del agua planteando la pertinencia de empoderar a la DGA reconociendo que “este proyecto es solo un punto de partida”. De hecho, se cuestionó el “negocio de los camiones aljibe”.

Asimismo, se mencionaron “los problemas que existe en la toma de decisión de las juntas de vigilancia puesto que operan en función de las acciones de cada una, donde pesa el poder del dinero (…) El Ejecutivo tiene que involucrarse en esto (…) Se observa discriminación e injusticia en estos casos”.

A su vez, se advirtieron los conflictos que puede generar este proyecto, en la relación que existe entre las juntas de vigilancia y los administradores de las obras estatales de desarrollo del recurso. “También hay que definir con mayor claridad, el concepto de obras de desarrollo”, se manifestó.

En la sesión de este miércoles se sometieron a votación cuatro indicaciones presentadas por los senadores Rodrigo Galilea, Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma y Rafael Prohens que buscaban precisar aspectos de redacción y evitar duplicidad de planes.

Fue el senador Galilea quien explicó los alcances de las indicaciones que fueron aprobadas por la unanimidad de los presentes en Sala.

Luego se votó separadamente un inciso relativo a la toma de razón por parte de la Contraloría. Este punto fue solicitado por la senadora Luz Ebensperger y secundado por el senador Juan Antonio Coloma. No obstante, los senadores Matías Walker, Sergio Gahona y Yasna Provoste se manifestaron por mantener la norma tal como había sido aprobada, lo que también fue respaldado por el ministro secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y más tarde ratificado por la Sala con 15 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

Finalmente, correspondía votar una indicación del senador Daniel Núñez que establecía un sistema recursivo ante las cortes de apelaciones, pero que finalmente fue retirada.