Día Nacional de la Prevención del Accidente Cerebrovascular listo para Sala
La Comisión de Salud también comenzó la ronda de audiencias por la ley Adriana escuchando al presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Dentro de dos meses, se retomaría la escucha a la espera de la presentación de indicaciones.
15 de abril de 2023
Por unanimidad y considerando la necesidad de concientizar a la población, los integrantes de la Comisión de Salud despacharon a Sala, la moción –de artículo único- que establece el 29 de octubre como el Día Nacional de la Prevención del Accidente Cerebrovascular (ACV).
La propuesta en primer trámite de autoría de los senadores Juan Luis Castro, Ximena Órdenes, Francisco Chahuán, Javier Macaya y Juan Ignacio Latorre, persigue educar a la población sobre la ocurrencia de estos ataques y la necesidad de prevenir su incidencia mediante un estilo de vida concentrando aquello en una fecha particular.
En el texto en cuestión, los parlamentarios argumentan que “desde el 2008, se celebra en todos los países, esta efeméride en la citada fecha, como una forma de generar conciencia sobre la incidencia de accidentes cerebrovasculares, en particular sobre la necesidad de un tratamiento oportuno y de calidad; y de la prevención”.
En una próxima sesión ordinaria se revisaría la propuesta y luego sería derivada a la Cámara de Diputadas y Diputados para cumplir su segundo trámite.
En la misma sesión, comenzaron las audiencias del proyecto en segundo trámite, que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gíneco-obstétrica (Boletín N° 12148-11).
La norma conocida como ley Adriana fue despachada desde la Comisión de Mujer y Equidad de Género a la Comisión de Salud, por lo que en la jornada se escuchó al presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, el doctor Álvaro Insulza.
Éste planteó algunas observaciones al texto aprobado en la Comisión de Mujer señalando que a su juicio "no se le dio una mirada técnica (médica) y por sobre todo, no se consideró la realidad del sistema público de salud". “Creo que es adecuado mirar el caso de Uruguay donde hay una legislación general. Estamos dispuestos a legislar sobre los derechos sexuales pero hay que dejar lo técnico al Ministerio de Salud (Minsal). Recomendamos cambiar el concepto de ‘violencia obstétrica’ por ‘irrespeto y maltrato’ como lo usa la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, comentó.
“Hoy los médicos y matronas se sienten amenazados por este concepto y se genera temor al cambio. Acá se abarcan todas las prestaciones desde la adolescencia pero se condena penalmente, solo a los especialistas vinculados a lo ginecológico y obstétrico pero sabemos que lo que se llama 'violencia' también puede venir de otros colegas. Además se habla de plan de parto o del principio de territorialidad sin pensar en la realidad de los hospitales públicos del país, por ejemplo, en Arica hay solo un ginecólogo de turno”, graficó.
Más allá del contenido, la Comisión acordó reanudar la ronda de audiencias una vez que el Ejecutivo elabore las indicaciones respectivas. Cabe consignar que representantes del Minsal explicaron que dentro de dos meses, presentarían el informe financiero respectivo luego de constatarse que los cambios introducidos en la Comisión de Mujer requieren equipamiento y recursos humanos adicionales.
Un tercer tema presente en la sesión, fue la situación de los pacientes de Isapres hospitalizados en sus domicilios. Éstos han visto afectada la calidad de su atención ya que deben cancelar en efectivo las prestaciones –de altísimo costo- a causa de la ruptura de los convenios entre las aseguradoras y los prestadores por impago.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, explicó que “existen unas 900 personas con hospitalización domiciliaria en el sistema privado, los que cuentan con la Cobertura Adicional de Enfermedad Catastrófica (CAEC). Éstos han denunciado problemas como la negativa de su Isapre de entregar dicha prestación cuestionando la indicación médica, y complicaciones propias de la modificación de los beneficios otorgados en la paquetización del prestador”.
Frente a esto tanto la autoridad como los senadores apuntaron a la necesidad de fortalecer la Superintendencia de Salud puesto que hoy, ésta no puede intervenir en un contrato entre privados (Isapres y prestadores) en pro de la salud de la población. En tal sentido, se recordó que el Ejecutivo presentará dentro del año, un proyecto para mejorar las intendencias de salud.
Más allá de eso, se hizo notar que hoy no existe una norma que regule estas hospitalizaciones, por lo que la Comisión acordó presentar un proyecto de acuerdo que plantee al Ejecutivo, la necesidad de legislar sobre los requisitos, prestaciones y costos asociados.