Fortalecimiento del Ministerio Público contempla aumento de Fiscales y nuevas unidades especializadas
La iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Constitución luego de una serie de audiencias con autoridades y asociaciones de funcionarios del citado organismo. Ahora está en la Comisión de Hacienda para ver aspectos financieros.
28 de febrero de 2024
Las nuevas modalidades delictivas y la cantidad de delitos violentos o de alta connotación pública, entre otros, han derivado en la necesidad de adecuar la estructura y aumentar la dotación del Ministerio Público. Si bien ya es ley la Fiscalía Supraterritorial, nueva repartición al interior del Ministerio Público que estará especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, uno de los temas pendientes es el fortalecimiento integral del organismo persecutor.
Por ello, el Ejecutivo presentó una iniciativa que fue remitida a la Comisión de Constitución del Senado que, tras una serie de audiencias con autoridades, especialistas y asociaciones de funcionarios, fue aprobada en general y ahora se encuentra en la Comisión de Hacienda para ver aspectos financieros, antes de ser remitida a la Sala.
En lo fundamental, el proyecto busca reforzar las herramientas y recursos del Ministerio Público para mejorar la eficacia de la investigación y persecución penal y la atención a víctimas y testigos de delitos.
Para ello, modifica la estructura, aumenta la dotación y adecua los mecanismos de evaluación e incentivos al desempeño institucional del Ministerio Público.
La iniciativa propone incrementar un total de 819 cargos: 4 jefes de unidad; 205 fiscales adjuntos; 337 profesionales; 118 técnicos; 150 administrativos, 5 auxiliares, en un período de cuatro años.
De acuerdo al proyecto original, se propone un aumento de 89 cargos el primer año, 137 el segundo; 244 el tercero y 349 el cuarto año. No obstante, tanto los senadores como el fiscal nacional, Ángel Valencia, plantearon modificar la gradualidad propuesta en el proyecto para que el aumento sea más significativo los primeros años de entrada en vigencia.
Más aún, si se considera que con este incremento se busca contar con más personal para la tramitación de causas, reforzar las unidades especializadas existentes y las que se quieren crear, fortalecer la operación de sistemas de turno y flagrancia; y aumentar la cantidad de fiscales dedicados a la tramitación de causas en los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal.
Según explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, este incremento permitiría llegar a una dotación de mil fiscales adjuntos.
Asimismo, el proyecto considera cambios en la estructura del Ministerio Público, entre los que se cuenta la creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal; la reincorporación de los fiscales regionales como fiscales adjuntos una vez concluido su período; la entrega de asignación profesional para administrativos y auxiliares que reúnan los requisitos necesarios; la reestructuración de divisiones funcionales; y el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión institucional e incentivos remuneracionales para los fiscales y funcionarios del Ministerio Público.
En ese sentido, se propone reemplazar el actual bono de desempeño individual funcionario por un bono por desempeño colectivo basado en el grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada una de las fiscalías regionales y para la Fiscalía Nacional.
Previo a la votación en general por parte de la Comisión de Constitución, la instancia realizó una serie de audiencias para conocer las opiniones de los distintos actores vinculados a la materia.
En ellas participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el fiscal nacional del Ministerio Público, el subsecretario de Prevención del Delito, el defensor nacional de la Defensoría Penal Pública, representantes de la PDI y de Carabineros y representantes de las distintas asociaciones de funcionarios y fiscales del Ministerio Público.
Entre los temas planteados se señaló la conveniencia de cambiar la gradualidad del incremento de dotación, asunto que acogió el Ejecutivo y para lo cual comprometió la presentación de las indicaciones respectivas cuando sea el momento.
Asimismo, se puso énfasis en la situación de los abogados ayudantes que, según señalaron las asociaciones, asumen muchas veces las labores propias de los fiscales sin contar con los incentivos necesarios. También se planteó la importancia de dictar reglamentos de subrogancia y suplencia de los abogados ayudantes.
En cuanto a los fiscales, además del incremento, se planteó la necesidad de incorporar la obligación del Estado de entregar una debida formación a los fiscales y abogados asistentes de fiscal, previo a comenzar en sus funciones. También, la necesidad de mejorar el sistema de promoción interna institucional.
Si bien, no dice directa relación con la iniciativa, se dedicaron varias sesiones a aclarar el uso que se está haciendo del Banco Unificado de Datos (BUD) y la necesidad de que los distintos registros de información que tienen los organismos del Estado trabajen de manera coordinada.