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Inclusión laboral para personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez a Mixta

La Sala del Senado aprobó el texto en tercer trámite, acogiendo la recomendación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en orden a perfeccionar algunas disposiciones.

19 de enero de 2024

Una Comisión Mixta será la encargada de despejar las discrepancias y perfeccionar el proyecto que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez.

 

Ello, luego que la Sala del Senado aprobara el texto en tercer trámite, acogiendo la recomendación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con el fin de mejorar la redacción y algunas disposiciones.

 

Cabe señalar que la iniciativa también fue analizada por la Comisión de Hacienda que revisó de las normas de su competencia.

 

La senadora Loreto Carvajal, en su calidad de presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dio cuenta del informe ante la Sala y explicó que la instancia rechazó tres artículos de la propuesta, con el fin de perfeccionarlos en conjunto con el ministerio de Desarrollo Social, Familia y Servicios Sociales.

 

Se trata de las normas referidas a la obligación de las empresas de contar con un protocolo de trato sobre las necesidades de los trabajadores con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez; la exigencia de no destinar más del 50% de la donación de recursos a una única organización; y al aumento de la contratación de trabajadores con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de un 1% a un 2%.

 

Durante el debate, los senadores: Iván Moreira, Isabel Allende, Ricardo Lagos, Fabiola Campillai, Sebastián Keitel, Alejandra Sepúlveda y Loreto Carvajal hicieron presente la importancia de esta iniciativa que tuvo su origen en un mensaje con 3 mociones refundidas. (Vea la nota relacionada

 

Asimismo, llamaron la atención sobre el bajo porcentaje de cumplimiento de la meta de inclusión laboral del 1% en las empresas privadas y también en las públicas. “Tenemos una deuda con las personas que sufren alguna discapacidad, no puede ser que las empresas prefieran pagar las multas”, dijeron.

 

Por otro lado, coincidieron en que algunas modificaciones introducidas en la Cámara Baja “no quedaron bien resueltas” y llamaron al Estado a redoblar los esfuerzos para asumir el reto de la inclusión.

 

 

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