Infraestructura crítica: reactivan estudio de reforma constitucional
La instancia escuchó las opiniones del Ejecutivo y de los senadores respecto del proyecto que busca permitir la protección por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente y también vieron una iniciativa para rebajar quórums de leyes orgánicas.
2 de agosto de 2022
La Comisión de Constitución del Senado reactivó el debate sobre la reforma que permite que el Presidente de la República pueda disponer que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura pública y si bien existe un amplio consenso en torno a la propuesta, hay una disposición que genera diferencias y que derivó en que la iniciativa siga siendo analizada en una próxima sesión.
Cabe recordar que después del traspié que sufrió la reforma sobre infraestructura crítica la semana antepasada, al no alcanzar los votos necesarios en la Cámara de Diputados, los senadores Carmen Gloria Aravena, Ximena Rincón, Álvaro Elizalde, Kenneth Pugh y Jaime Quintana presentaron una reforma para permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente.
Si bien la moción incorpora el texto aprobado por ambas Cámaras con aspectos adicionales del veto sustitutivo que presentó posteriormente el gobierno y otros perfeccionamientos, existe una norma que generó diferencias entre los senadores y también el Ejecutivo.
Se trata de una disposición que deja claramente determinado que las Fuerzas Armadas no podrán asumir funciones de control o restablecimiento del orden público en el contexto del resguardo de la infraestructura pública. Ello, a juicio del Ejecutivo y de algunos senadores genera una deficiencia desde el punto de vista operativo y le resta aplicabilidad a la propuesta, pues se podría dar el caso que personas que intentan destruir infraestructura pública no puedan ser sujeto de controles de identidad, entre otras medidas.
Es por ello, que se acordó continuar el debate en una próxima sesión y analizar la posibilidad de presentar indicaciones.
La propuesta de los senadores- que se fusionó con otra en la misma línea del senador Francisco Chahuán - establece la facultad del Presidente de la República de disponer, decreto supremo, suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, la protección de la infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas cuando exista peligro grave o inminente a su respecto.
En segundo lugar, define infraestructura crítica como el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad del país.
Se entiende incorporada:
- la infraestructura indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos como energía, agua o telecomunicaciones
- la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria
- la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud.
En tercer lugar, dispone que el Presidente designará a un Jefe de la Defensa Nacional para la protección de la infraestructura crítica al mando de las FF.AA y de Orden y Seguridad.
En cuarto término, precisa que esta atribución no puede implicar la suspensión, restricción o limitación de los derechos y garantías constitucionales o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile.
La duración de la medida no podrá extenderse por más de 60 días, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por iguales períodos, con acuerdo del Congreso Nacional
La Comisión también analizó una moción que modifica la Constitución para modificar los quórums necesarios para la aprobación, modificación o derogación de algunas normas legales (Boletín 15.188-07), para lo cual escuchó las opiniones de los constitucionalistas Gabriel Osorio y Claudio Troncoso.
La iniciativa fue presentada por los senadores Álvaro Elizalde, Juan Luis Castro, Fidel Espinoza, José Miguel Insulza y Gastón Saavedra, quienes explican que "nos ha parecido necesario incorporar un cambio a los quórums que regulan las eventuales normas legales que quieran reformar la actual Constitución, de manera de abrir algunos de los "cerrojos" que inicialmente se contemplaron, justamente, para impedir su modificación"