Licencias médicas bajo la lupa: Ejecutivo da cuenta de su plan de fiscalización

Dar urgencia a la tramitación del proyecto que sanciona las licencias médicas falsas (Boletín N°14845-11) que se encuentra en segundo trámite en la Cámara Baja, fue la petición que realizaron los integrantes de la Comisión de Salud al Ejecutivo junto al que revisaron cómo ha evolucionado el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL).

En varias ocasiones, los senadores se han mostrado preocupados por el alza de la emisión de estos permisos sin justificación médica y el alto gasto que presenta esta práctica, y los problemas del pago de los días de reposo que denuncian trabajadores realmente enfermos.

En ese contexto expusieron en la sesión, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Abagli; la titular de la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO), Patricia Gana; y la directora de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Valeria Campos.

Se entregaron una serie de cifras:

• Desde el 2014, se ha observado un alza de la emisión de licencias médicas pasando de un promedio de 3 millones por año a 9 millones en el 2022. Esto no considerando los permisos maternales y los asociados a COVID 19.
• El 2023, de manera histórica se logró romper la tendencia registrándose una baja de un 15% producto del plan de fiscalización impulsado por la Superintendencia de Salud Pública, que permitió ahorrar 300 mil millones de pesos por licencias fraudulentas. Para ello se usaron herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que permitieron cruces de datos.
• El rechazo de las licencias en primera instancia siempre ha sido mayor en Isapres que en Fonasa. En este primer trimestre, un 7,3% de los usuarios de Fonasa estuvieron en esta situación mientras que un 17,6% de las Isapres vivió lo mismo.
• Las enfermedades que encabezan los SIL son las mentales, musculoesqueléticas y respiratorias. Las dos primeras no pueden ser probadas a través de imagenología, y la primera a través de exámenes de laboratorio.
• Hoy las licencias se pagan en un promedio de 28 días, lo que representa una disminución de los tiempos históricos de 78 días.
• Los grandes emisores de SIL serían responsables de los permisos fraudulentos, ello porque se ha detectado que emiten más de 2 mil 500 licencias al año siendo que el 80% de los médicos solo genera 200 por año.
• Respecto a las denuncias en el SUCESO, se explicó que reciben 145 mil reclamos por año y que 4 de cada 10 son revertidos aceptándose y pagándose dicho permiso.

Con este panorama en mente, el presidente accidental de la Comisión, el senador Sergio Gahona consultó por los resultados que ha arrojado el plan de fiscalización de las licencias médicas impulsado el año pasado por la Subsecretaría de Salud Pública. “Me gustaría saber a cuántos profesionales se les suspendió su licencia, cuáles fueron las multas que se cursaron. También saber el desglose de los SIL por tipo de trabajador y las fechas en qué más se emiten”, hizo ver.

En tanto, el senador Juan Luis Castro reflexionó acerca de distintos aspectos relacionados con la necesidad de actualizar la ley 20.585 que regula el uso de licencias médicas que data del 2012. “Muchos de estos problemas se resuelven en el proyecto que nosotros tramitamos y que está detenido en la Cámara desde junio del año pasado. Creo que ya es hora que el Gobierno le ponga urgencia”, comentó enfatizando que “también se requiere revisar el rol de las mutuales que son juez y parte”.

En la misma línea, la senadora Ximena Órdenes insistió en la vertiente legislativa. “Sería bueno tener datos de la judicialización de casos de SIL falsos y eso pasa por falta de una ley. Entendemos que está terminando la ley corta, entonces ya es tiempo de darle prioridad a las licencias médicas. Además, se había anunciado una reforma estructural al sistema”, recordó.

Dando respuesta a ello, las autoridades explicaron que el Ejecutivo está trabajando en un proyecto que crea la Comisión Externa a las Mutualidades para la calificación de origen de enfermedades.

Así la Comisión acordó citar -a una próxima sesión- a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, para profundizar los cambios que debería tener el sistema más allá del caso de las licencias fraudulentas que aborda el proyecto en segundo trámite. Por lo pronto, en la conversación se abordaron los cambios a la institucionalidad (al COMPIN en específico), la capacidad de fiscalización, la modificación de los días de carencia y la revisión de los protocolos que permitan unificar criterios por enfermedad para definir cuántos días deberían darse de reposo.