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Transportes: insisten en modernización en regiones con fondos espejo

Senadores expresaron su inquietud frente a las dificultades que presenta el Ministerio para la rebaja en la tarifa de adulto mayor. Por otro lado, la instancia reabrió el debate y despachó algunas correcciones al proyecto de ley de aplicaciones.

21 de marzo de 2020

Con preocupación, los senadores de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones escucharon los planteamientos del Ejecutivo respecto al subsidio a la tarifa para el adulto mayor, la cual debería operar desde el próximo mes de junio.

 

Cabe recordar que esta política fue consensuada en el marco de entendimiento durante la tramitación de la Ley de Presupuesto 2020, y considera una rebaja del 50% en la tarifa de todo tipo de transporte público, en beneficio de las personas mayores de 65 años.

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Para ello, se estimó que el costo fiscal de la iniciativa sería de unos 140 millones de dólares. Al mismo tiempo, los legisladores plantearon en esa oportunidad la urgencia de una política efectiva de “fondos espejo”, es decir, de los dineros que se destinan a regiones.

 

En la reciente instancia de comisión, la cartera de Transportes dio cuenta de una serie de deficiencias en los sistemas de transporte, a excepción de la Región Metropolitana, que dificultan la aplicación del subsidio en el corto plazo.

 

DIFICULTADES

 

El principal obstáculo que se presenta es la falta de estudios de demanda recientes, dado que en regiones se mantiene el sistema de boletos. Asimismo, la contingencia por el coronavirus dificulta el recabado de información.

 

Por otra parte, “la Ley de Presupuestos no incorporó montos adicionales para este beneficio, porque no tenía cómo calcularlos en ese momento”, explicó el jefe de gabinete de la cartera Juan Carlos González.

 

La situación en la capital dista favorablemente, gracias al sistema de pago electrónico del Transantiago. Al respecto, se avanza en la idea de implementar un dispositivo especial para los adultos mayores.

 

Por esto es que los senadores insistieron en la necesidad de poner tecnología a disposición de los operadores de transportes regional, como exigir validadores en los buses, y transparentar los destinos de los fondos espejo.

 

“Tenemos que avanzar a que esos fondos se destinen al objetivo que se tenía al inicio, que era compensar el transporte en regiones. Considerando eso es que los fondos sí se pueden invertir en modernizar”, esgrimió la legisladora Ximena Órdenes.

 

En tanto, el senador Francisco Chahuán sugirió a la comisión que se cite al ministro de Hacienda Ignacio Briones, “para que dé cuenta de porqué se está desnaturalizando el subsidio a transporte a regiones de los fondos espejo”.

 

El legislador Alejandro García Huidobro, por otra parte, hizo ver su inquietud respecto a cómo aplicará esta política en el transporte público menor. “Yo no veo de qué manera vamos a tener un equilibrio para que la persona, que usa colectivo, tenga el beneficio”, apuntó.

 

La Comisión acordó oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, afín de recabar mayor información respecto a los operadores en cada región.

 

LEY DE APLICACIONES

 

La instancia legislativa también se abocó a la reapertura del debate en torno al proyecto que regula las aplicaciones de transporte remunerado y los servicios que a través de ella se presten (Boletín N° 11934-15).

 

Esto, a raíz de una solicitud del senador Juan Pablo Letelier, nuevo presidente de la instancia, respecto a considerar la gradualidad de las exigencias de esta ley, específicamente en lo que respecta a la licencia profesional y los requisitos técnicos de los vehículos.

 

En ese sentido, se acordó una prórroga de 18 meses a contar de la publicación de la ley, para la exigencia del documento entre los conductores. En tanto, las normas referidas a la antigüedad y cilindrada de los automóviles que operen, serán revisadas anualmente.

 

En el artículo 7 del texto se establece que “los vehículos deberán tener una antigüedad no superior a 3 años al momento del registro, y no superior a 5 años en caso de reemplazo”, lo que aplica posterior a 36 meses desde que entre en vigencia la ley.

 

Con estas correcciones, la comisión despachó el proyecto, en segundo trámite particular, a la instancia de Hacienda.

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