Ley corta de Isapres: quedó lista para ley

Por 39 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que buscó zanjar diferencias entre las Cámaras respecto del proyecto conocido como ley corta de Isapres. Posteriormente, los diputados y diputadas hicieron lo propio, por lo que el texo quedó en condiciones de ser promulgado como ley .

Durante la sesión especial, realizada el lunes 13 de mayo, los congresistas analizaron las condiciones en que quedó la norma que fue rechazada casi en su totalidad en el segundo trámite por la Cámara Baja, la forma en que el Ejecutivo intentó reponer la redacción y la solución a la que llegó la Mixta.

Los argumentos hicieron referencia a la salud como un derecho humano, la situación de miles de pacientes en los sistemas privados y públicos, la gestión de las Isapres con sus afiliados, los fallos de la justicia, el efecto dominó que parte con los prestadores, la necesidad de una ley larga y la eficiencia que tendría esta nueva normativa que debió elaborarse bajo presión.

Cabe consignar que el pasado domingo venció la prórroga entregada por la Corte Suprema a la Superintendencia de Salud, para hacer cumplir el fallo que obliga a las Isapres a usar la tabla única de factores de riesgo. Ello implica devolver los excedentes cobrados a sus afiliados. Este proyecto buscó hacer viable ese desembolso dado que su cuantía hacía quebrar el sistema.

Consejo Consultivo (entidad que tendrá como función asesorar a la Superintendencia de Salud en el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago por parte de las Isapres): será una entidad no vinculante y transitoria.

Cumplimiento de la sentencia:

• La adecuación de los planes de la nueva tabla de factores debe ocurrir simultáneamente con el ajuste de los planes vigentes al 7%.

• El cálculo de las devoluciones no debe considerar los montos ya restituidos mediante el régimen de excedentes.

• El alza extraordinaria se materializará mediante una prima extraordinaria que considerará los costos operacionales, costos no operacionales y medidas de contención de costos.

• El techo de la prima será un 10% de los contratos a julio de 2023

• Los mayores de 65 años tendrán un pago preferente (en 5 años), y los mayores de 80 años (en 2 años)

• Se permite un pago anticipado voluntario mediante transacciones realizadas por la Superintendencia de Salud.

Plazo de 13 años para que las Isapres paguen la deuda (afiliados menores de 65 años)

Disposiciones varias: sanciones a las Isapres por retiro de utilidades mientras se ejecuta el plan de pago, reajuste de la prima de las Garantías Explícitas en Salud (GES), entre otras.

Creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa y el cálculo del ICSA: se extiende el criterio usado el 2024 para definir el Índice de Costos de la Salud (ICSA) a los años 2025, 2026 y 2027 o hasta que exista una nueva ley. Así se considerará el costo de las nuevas prestaciones y la variación de frecuencia de uso de las prestaciones que se realicen en la Modalidad de Libre Elección (MLE) de Fonasa. Este criterio se generó en el marco de la pasada ley de reajuste del sector público. El proceso de adecuación de los precios base será sin contención de costo por los próximos 3 años, 2025, 2026 y 2027.

El presidente de la Comisión Mixta, Javier Macaya describió el trabajo de la instancia explicando que “se analizó casi la totalidad del texto porque la Cámara rechazó prácticamente todo (..) A pesar de la presión del tiempo, se logró llegar a tiempo. Ahora contamos con un Consejo Consultivo, la MCC, un equilibrio financiero del sistema privado con un plan de pago, una prima de reajuste, un ICSA ajustado (…) También se logró que, en octubre, el Gobierno presentará la ley larga que deberá terminar con las preexistencias y creará un plan universal”.

Luego, la ministra de Salud, Ximena Aguilera puso el acento en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y la responsabilidad que ha tenido el Gobierno y los parlamentarios en la tramitación del proyecto. “Una insolvencia masiva de la industria arrastraría a prestadores privados que afectan a toda la población. Este proyecto es fundamental para asegurar los tratamientos de todos los pacientes en su conjunto, por eso llamo a que se apruebe la norma”, manifestó.

Al momento de justificar el voto, hicieron uso de la palabra los senadores Francisco Chahuán, Javier Macaya, Carmen Gloria Aravena, Rojo Edwards, Matías Walker, Sergio Gahona, Ximena Órdenes, José Miguel Durana, María José Gatica, Karim Bianchi, Juan Ignacio Latorre, Gustavo Sanhueza, Jaime Quintana, Claudia Pascual, Isabel Allende, José Miguel Insulza, Alejandra Sepúlveda, Juan Luis Castro, Alfonso De Urresti, Carlos Kuschel, Paulina Vodanovic, Alejandro Kusanovic, Daniel Nuñez, Juan Antonio Coloma, Esteban Velásquez, Yasna Provoste, Iván Flores, Gastón Saavedra, Ricardo Lagos, Rodrigo Galilea y Ximena Rincón.

Durante el debate, los integrantes de la instancia Mixta recordaron que “este proyecto no solo cumple una sentencia, sino que es el inicio de una reforma” y valoraron que “se comprometiera la agilización de iniciativas pendientes como el proyecto de seguro catastrófico de Fonasa y las sanciones a las licencias médicas fraudulentas”.

En cuanto al origen de esta controversia, se recordó la sobrejudicialización de los casos de las Isapres que terminaron con el fallo que obligó a las aseguradoras a aplicar la tabla única de factores de riesgo de la Superintendencia de Salud. Así los diversos senadores hicieron ver que “las propias Isapres se metieron en esto haciendo cobros abusivos”.

Haciendo ver una crítica que perduró a lo largo de la tramitación, se planteó que “la Corte Suprema se extralimitó haciendo universal la aplicación de un fallo, lo que habrá que revisar con detención”, sin embargo, los legisladores reconocieron que “había que cumplir con la sentencia de todas formas, aunque se sienta un peligroso precedente”.

Un grupo de congresistas aseguró que “esta no era la solución ideal porque las comisiones técnicas que se formaron daban soluciones mejores -como la mutualización o el informe de la Universidad de Chile- que permitían a los afiliados no costear al final de cuestas, la deuda”.

De hecho, otros comentaron que este proyecto representa “una quiebra programada porque se desangra el sistema. Los propios asegurados deberemos pagar la deuda al final. Es una forma oblicua de estatización a goteras”.

Una mirada más positiva del texto aprobado, tuvieron otros parlamentarios que destacaron la voluntad del Gobierno de llegar a un justo equilibrio para dar viabilidad al sistema privado y asegurar el pago de la deuda. También se enfatizaron algunas herramientas que tendrán las Isapres como la extensión de 13 años para pagar y la prima extraordinaria que podrán aplicar con un ICSA en las mismas condiciones de este año.

Finalmente, en forma transversal todos reconocieron que lo importante es garantizar la atención oportuna de los pacientes de las Isapres y de Fonasa porque “son ellos los que están al final de esta cadena”.