Subsistema de Inteligencia Económica avanza a su debate en particular

Por unanimidad, la Sala respaldó en general el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.

El mensaje recibirá indicaciones hasta el 11 de enero y se adelantó que se espera sea perfeccionado en una serie de aspectos que fueron advertidos durante su tramitación en la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el senador Felipe Kast. Entre otras materias se busca concordancia con el proyecto de ley de inteligencia del Estado que está en tramitación en la Cámara;  mayor claridad en el ámbito de competencias; determinar objeto y alcance; considerar la cooperación internacional, mención explícita sobre las acciones de la pesca ilegal; levantamiento del secreto bancario en equilibrio;  advertir alcances de las máquinas de juego de azar.

El senador Kast entregó detalles del proyecto y detalló se “modifican diversos cuerpos legales con el propósito de fortalecer el ecosistema de inteligencia económica, mejorar la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, y perfeccionar el ejercicio de facultades intrusivas y sancionatorias de los órganos que cumplen funciones de supervisión y fiscalización en materia económica y financiera”.

Intervinieron, además, los senadores Paulina Vodanovic, José Miguel Durana y Claudia Pascual.

Senadoras y senadores destacaron como fundamental el avanzar en dilucidar “dónde va el dinero de los delitos” e “identificar a quiénes lo reciben”, a través de mejores herramientas contra el crimen organizado y “ubicar la denominada ruta del dinero que provenga de delitos tan graves como lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

Asimismo, se valoró el avance en la detención temprana y prevención en materia de actividades sospechosas.

En este marco, se valoró el levantamiento del secreto bancario y la importancia del actuar coordinado, pero se instó que sea con resguardo y personal idóneo y los recursos necesarios.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que la norma “tiene una altísima importancia para el Ejecutivo (…) Nos permite hacer un aporte institucionalizado, bien regulado y con las facultades suficientes en la persecución del delito y el crimen organizado, a través de lo que se ha llamado la ruta del dinero”.

El mensaje se organiza en tres ejes:

El fortalecimiento del ecosistema inteligencia económica.

La prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas.

Mejores facultades intrusivas y sancionatorias.

Para el fortalecimiento del ecosistema inteligencia económica, crea el Subsistema de Inteligencia Económica, integrado por la Unidad de Análisis Financiero, y el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.

Además, crea, al interior tanto del SII, como del Servicio Nacional de Aduanas, sendas Unidades de Inteligencia Económica, las que interactuarán en el Subsistema, y cuyos objetivos y atribuciones se determinan.

Dispone que la labor de estas Unidades se alimentará de la información que levanten al interior del mismo Servicio o que soliciten a otros órganos públicos y derivará en informes secretos que se remitirán al Director o Directora, a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil y a la Unidad de Análisis Financiero, en los casos que corresponda; debiendo entregar los antecedentes al equipo a cargo de la fiscalización, cuando se detectaren indicios de hechos constitutivos de los delitos de competencia de cada Servicio.

Dispone que el Subsistema y sus integrantes , funcionalmente coordinados, dirigirán y ejecutarán labores de inteligencia consistentes en la recolección, evaluación y análisis de información sobre actividades que digan relación con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas, o delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo el de tráfico de estupefacientes y sicotrópicos y la organización delictiva o criminal, entre otros, a fin de alertar y/o colaborar con el Ministerio Público y el Sistema de Inteligencia del Estado, según corresponda.

Impone a los integrantes del Subsistema el deber de mantener un estricto secreto de los antecedentes y documentos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones; sancionando el uso indebido de los mismos.

Asimismo, fortalece la Unidad de Análisis Financiero (UAF), mediante la ampliación de su objeto, el cual se extiende a materias referidas a delitos vinculados al crimen organizado; y ya no sólo al levantamiento de alertas asociadas a delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la habilita a acceder a información protegida por el secreto o reserva bancaria sin autorización judicial (cuando corresponda).

En la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, actualiza la normativa aplicable a los servicios públicos que integran el Subsistema y los demás órganos que ejercen labores de supervisión en materia económica -incluyendo la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Casinos y Juegos y la Tesorería General de la República- para la prevención y el levantamiento de alertas tempranas.

Sobre mejores facultades intrusivas y sancionatorias, entrega nuevas atribuciones de fiscalización a la Comisión para el Mercado Financiero, como citar a declarar y solicitar medidas intrusivas, previa autorización judicial, o auxilio de la fuerza pública.

Aumenta las penas a quienes obstaculicen labores de fiscalización de la CMF y se perfecciona la operatoria de la institución del denunciante anónimo; y ajusta las facultades del Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, para que pueda acceder a información sujeta a secreto y reserva bancaria sin necesidad de autorización judicial.

En materia tributaria, se establecen sanciones graves para quienes trasladen bienes de manera ilegal, sea porque estas mercancías no hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio, o se trate de bienes falsos, o cuya comercialización se encuentra prohibida.

Adicionalmente, aumenta las penas relacionadas con la entrega maliciosa de antecedentes falsos al Servicio de Impuestos Internos y se aumentan otras sanciones.

Y fortalece el procedimiento administrativo y las sanciones infraccionales y penales aplicables en materia de juegos de azar; sancionando a aquellos contribuyentes que operaran juegos de azar en un establecimiento que cuente con patente para fines distintos.