Presupuesto Ministerio de Interior: comprometen mayor coordinación en seguridad y combate al crimen organizado
La implementación de Calle Segura y el Plan Nacional contra el Crimen Organizado concentraron el debate en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Asimismo se despachó la partida de Gobiernos Regionales y se dio cuenta de una indicación del articulado que rebajó la autorización de endeudamiento de Ejecutivo desde US$19.500 millones a US$ 16.500 millones, la cual fue aprobada.
10 de noviembre de 2023
La partida del Ministerio del Interior se despachó por 21 votos a favor y 1 en contra, luego de un amplio debate y la votación de una veintena de indicaciones y peticiones de votación separada.
Asimismo se visaron y repusieron los recursos para la SUBDERE y las glosas de Gastos Reservados de Carabineros y PDI.
En la oportunidad, los senadores y senadoras: Luz Ebensperger, Iván Flores, Juan Antonio Coloma, Ricardo Lagos y José García Ruminot, entre otros, plantearon sus inquietudes en materia de la evaluación e implementación de los programas de Calle Segura, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado y Plan Buen Vivir, así como gastos reservados de las policías y la situación de Bomberos, entre otros temas.
Los legisladores hicieron énfasis en la necesidad de contar con una mayor coordinación, evitar burocracias innecesarias y permitir una interrelación entre los distintos actores que deben intervenir en una política contra el crimen organizado.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió las distintas inquietudes y demandas por una mayor coordinación. Comprometió el apoyo de su cartera para implementar las medidas de ayuda a las víctimas de la violencia, para que los fondos de Sercotec puedan llegar a pequeños empresarios (taxistas, colectiveros que perdieron sus bienes). En ese sentido recalcó que este presupuesto 2024 contempla un 5% de reajuste a los recursos dedicados a las víctimas de la violencia en todo el país.
Por otro lado, respecto a los fondos para la reconstrucción de iglesias, escuelas y sedes vecinales que han resultado dañadas y/o quemadas, la ministra Tohá también comprometió recursos por la vía de comodatos.
En cuanto al Plan Calle Segura, la ministra mencionó que se llegó a acuerdo con la Fiscalía para la implementación de equipos especializados y para 2024 se tiene previsto incorporar unos 250 profesionales.
En la misma línea, resaltó la importancia de la institucionalidad para la atención a víctimas, incluso considerando la representación judicial en los delitos más graves) y no solo restringido en la macrozona sur. “El combate al crimen organizado no es solo traspasar recursos y por eso va acompañado de una legislación con herramientas nuevas”, dijo
La partida de Gobiernos Regionales se aprobó por 17 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
Entre los principales aspectos propuestos por el Ejecutivo, se cuentan: el principio de la concursabilidad de recursos como norma general y se determinaron los contenidos de los convenios cuando se hagan transferencias a privados, haciendo diferencias cuando son beneficiarios y cuando son ejecutores de políticas públicas. Además, se definieron las inhabilidades de los funcionarios que toman parte en los concursos y las normas de reintegro de recursos.
Luego de las conversaciones entre el Ejecutivo, Legislativo y representantes de los Gore, se definió que el 8% concursable para las organizaciones de la sociedad civil, no estará sujeto al sistema de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social. Se estableció que dentro de este programa se podrá asignar hasta un 10% para financiar actividades asociadas con casos excepcionales y emergentes, como por ejemplo deportistas destacados. Esto quedó acotado y sujeto a un reglamento, lo que permitirá becar a deportistas. Se estableció también que las transferencias a privados quedarán sujetas a rendición de cuentas.
Por otro lado, se dispusieron de recursos para intervenir socavones, con el fin de financiar el monitoreo de las mantenciones y los trabajos preventivos ante filtraciones de las redes de agua potable y alcantarillado de viviendas familiares, conjuntos habitacionales de interés público, infraestructura pública y otros usos de suelo afectados por dichas filtraciones, previa visación del órgano competente de la región.
Con esos mismos recursos se podrá efectuar la pavimentación de sitios en los que se haya efectuado recambio de redes de agua potable y alcantarillado. Los receptores de estos recursos deberán dar cuenta de su utilización al gobierno regional y cuando corresponda a la Contraloría General de la República.
Luego de que se comunicaran las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, se retiraron la mayoría de las indicaciones presentadas por los parlamentarios, dando por aprobadas las iniciativas del gobierno.
En lo fundamental, se destacó que con la llegada de los recursos provenientes del royalty minero se actualizarán los montos de los polinomios que componen los fondos como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Al respecto, se solicitó que el tema de las rentas regionales quede resuelto antes de la tramitación de la ley de presupuestos del próximo año, lo que quedará expresado en el respectivo protocolo.