Emanación de gases en Copiapó: valoran acuerdo con el Ministerio del Interior para resolver la situación en el breve plazo

Esperando que el gobierno cumpla su palabra a la brevedad, la senadora Yasna Provoste junto con el alcalde de Copiapó, Marco López, y parlamentarios de la zona, valoraron que el ministro del Interior, Andrés Chadwick haya instruido al subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios; y a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, acciones inmediatas para enfrentar el impacto de las graves emanaciones de gases peligrosos en la región de Atacama.

“Porque Atacama está primero, estamos para buscar una solución a un problema que se viene desde el año 2017 y que se ha agudizado el 2018. Durante este año, ya hemos tenido varios episodios de niños y niñas que han tenido que dejar sus estudios en varios establecimientos educacionales por desmayos propios de las emanaciones de gases peligrosos”, relató la senadora.

Además comentó que “la propia Corte de Apelaciones ha declarado el cierre temporal de estos centros educacionales. Y me refiero al Liceo El Palomar, la escuela Las Brisas y Jesús Fernández. Creemos que es muy importante resguardar el derecho a la salud de nuestros estudiantes, de los trabajadores de la educación y de los vecinos. Por lo tanto, lo que le hemos pedido al gobierno son medidas muy concretas en este sentido”.

La parlamentaria indicó que “primero, se debe garantizar el derecho a la educación y a la salud, porque el año pasado niños y niñas de estos establecimientos, que además tienen índices de vulnerabilidad altos, no recibieron el currículum completo. Es decir, hay desigualdad de origen y hay desigualdades en la forma como se abordan situaciones como las que vive Copiapó”.

“Todavía estamos esperando una respuesta formal. Porque el día viernes 8 de marzo, la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios envió las alertas a través de los medios que corresponden a la seremía de Salud, a la seremía de Educación, a la ONEMI y a bomberos, dando a conocer la presencia de gases que con ciertos componentes eran explosivos.

Es grave esta situación porque las autoridades conocían de este peligro y las clases continuaron con normalidad y nunca se informó a las familias ni a las comunidades educativas. Sólo cuando se presentó un recurso del INDH, se procedió al cierre de los establecimientos educacionales. Creo que con esto queda claro que el actuar de los funcionarios públicos de la región ha sido negligente”, concluyó.