Mejoras en las condiciones laborales de profesionales de la Educación serán discutidas también en Comisión de Hacienda
Tras un arduo debate donde se abordó la mejor fórmula para sacar adelante las modificaciones, el proyecto fue respaldado en general y se fijó como plazo para indicaciones hasta el 8 de julio.
20 de junio de 2019
Con el compromiso de buscar acuerdos y el patrocinio del Ejecutivo, la Sala del Senado aprobó en general por 20 votos a favor y 11 abstenciones el proyecto que modifica la ley N° 19.070, que aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación.
De este modo la iniciativa quedó con plazo para indicaciones hasta el 8 de julio. Intervinieron los senadores Juan Ignacio Latorre, José García Ruminot, Yasna Provote, Ena Von Baer, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Francisco Chahuán y Ximena Rincón.
El debate no estuvo ausente de polémicas puesto que los parlamentarios de oposición argumentaron que eran partidarios de dar una respuesta concreta, a través de este proyecto, a una de las demandas más sentidas del magisterio: mejorar las condiciones laborales y el reconocimiento de las horas respectivas. En ese sentido, recalcaron el sentido de oportunidad, en el marco de la paralización docente.
Mientras, los parlamentarios del oficialismo se mostraron cautelosos al momento de legislar a través de una moción materias que “son de exclusiva facultad del Ejecutivo”, dijeron y recalcaron que el proyecto ni siquiera llegó al Senado con informe financiero. A la vez, representantes del Ejecutivo hicieron reserva de constitucionalidad.
El proyecto apunta a las siguientes modificaciones: mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación dependientes de DAEM o corporaciones municipales, incorporando en sus contratos vigentes su calidad de titulares; determinar que los docentes puedan ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento, previo cumplimiento del requisito de estar inscritos en el Registro Público de Acciones Formativas del Centro; facilitar la prórroga de los contratos por los meses de enero y febrero, suprimiendo la renuncia irrevocable al cumplir la edad legal para jubilar, y establecer la exención del proceso de evaluación respecto de quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad de jubilar.