Royalty minero: Comisión de Minería a la espera de indicaciones del Ejecutivo para su votación

Una veintena de empresas, instituciones y organizaciones se hicieron presentes en las últimas semanas, en las audiencias que ha desarrollado la Comisión de Minería y Energía. Esto, con el fin de analizar qué pasaría si hoy empezara a regir un royalty minero tal como está redactada la última indicación presentada por el Ejecutivo.

Luego que el ministro de Hacienda, Mario Marcel; y la titular de Minería, Marcela Hernando explicaran la fórmula elegida por el Ejecutivo para recaudar un 0,5% del PIB al 2025, una serie de dirigentes del sector hicieron presente sus inquietudes tanto sobre la recaudación como el modelo.

Considerando el debate realizado al interior de la Comisión de Minería y Energía, el titular de Hacienda ha reconocido que recogerán gran parte de las recomendaciones, por lo que se espera que el 26 de octubre el Ejecutivo presente un texto definitivo que los senadores someterían a votación. De hecho, la presidenta de la Comisión de Minería, la senadora Loreto Carvajal explicó que “esperamos votar el 9 de noviembre, tras lo cual la norma pasará a la Comisión de Hacienda y de ahí a Sala”.

El proyecto en segundo trámite, conocido como aquel que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio, establece lo siguiente:

El actual impuesto específico a la actividad minera se traslada a una ley específica (Royalty Minero) sacándose de la ley de Impuesto a la Renta.

Los explotadores mineros cuyas ventas provengan en menos de un 50% de cobre o produzcan menos de 50 mil toneladas de cobre fino al año, tendrán las mismas tasas que hoy.

Aquellos que produzan más de 50 mil toneladas al año, tendrán un nuevo esquema tributario que tendrá dos componentes: uno ad valorem, es decir sobre las ventas anuales de cobre; y otro sobre el margen minero que es la renta minera ajustada.

Se refiere a la venta anual de cobre.

Se generan dos tramos: Aquellos que producen entre 50 mil y 200 mil toneladas métricas de cobre fino (tasas marginales de entre un 1 y 2%), y los que producen más de 200 mil (tasas marginales de entre un 1 y un 7%). Las tasas efectivas irían entre un 1 y un 4%.

Los precios varían en función del precio del cobre.

Se calcula sobre la renta operacional minera ajustada (excluye gastos por depreciación y amortización de gastos por operación y puesta en marcha).

Los productores de más de 50 mil toneladas métricas de cobre fino tendrán tasas crecientes en función del precio del cobre.

Entre el 8 de septiembre y el 19 de octubre, veinte organizaciones invitadas correspondientes a compañías, asociaciones, alcaldías, sociedades del mundo civil, académicos, profesionales y trabajadores del sector, fundaciones y centros de pensamiento, entre otros, se refirieron a los efectos económicos que generaría el componente ad valorem y el margen minero en el sector.

La mayoría de los expositores mencionaron la llamada “desproporción” del alza de la carga tributaria, cómo ello afectaría "la competitividad de la industria a nivel internacional, las repercusiones del cambio de las reglas del juego” en la cartera de inversiones proyectada, la “muerte de yacimientos con baja ley”, "lo complejo que sería para la mediana industria pagar royalty aunque no reporte utilidades" y la "urgencia de garantizar que los fondos vayan efectivamente a las regiones mineras".

Fue así como se hicieron presentes en la Comisión, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino; el alcalde de Calama, Eliecer Chamarro; el vicepresidente de negocios y administración de la Minera Freeport Mc. Moran South American, Francisco Costabal; el miembro del panel de expertos del Centro de Arbitraje Minero, Daniel Weinstein; el ex presidente de la Cámara Minera, Manuel Viera; y el representante de la Minera Cacerones, Gonzalo Arauco.

El 26 septiembre intervinieron el vicepresidente de Sonami, Cristian Argandoña; el profesor de la Universidad Católica, Gustavo Lagos; el director ejecutivo de la Asociación de los Proveedores de la Minería, Sergio Hernández; y el gerente general de Los Bronces de Anglo American, Patricio Hidalgo.

En tanto, el 3 octubre expusieron el director de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Osvaldo Pastén; el gerente general de Capstone Cooper, Giancarlo Bruno; el gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y Tamaragual, Marcos Gómez; y el subgerente de asuntos corporativos de Sierra Gorda, Michael Bator.

Finalmente, el 19 octubre hicieron uso de la palabra el vicepresidente de asuntos corporativos BHP Chile, René Muga; el vicepresidente de asuntos corporativos de Antofagasta Minerals, René Aguilar; el presidente ejecutivo del distrito Candelaria de Lundin Mining, Luis Sánchez; el presidente de la Fundación Minera de Chile, Francisco Javier Lecaros; el presidente del Instituto de Ingenieros en Minas, Sergio Demetrio; y la investigadora de Libertad y Desarrollo (LyD), Francisca Toledo.

La industria minera cuestionó el componente Ad Valorem planteando que se desconoce la estructura de costos, resulta gravoso para faenas de costos altos y menor ley, se paga incluso considerando pérdidas, y se propuso que se mida por grupo empresarial y no por faena.

También el sector critica el impuesto al margen minero indicando que excluye los gastos por depreciación y amortización de gastos de organización y puesta en marcha, y se establece una tasa efectiva en función del precio del cobre así las empresas de mayor tamaño pagarían lo mismo que las de menor tamaño.

Frente a ello se propone ampliar la actual tributación que hace la minería pero definiendo una carga competitiva, de manera de no perjudicar la industria. En lo concreto, el sector recomienda:

• Eliminar el componente Ad Valorem o fijarlo en un valor bajo
• Eximir del pago del impuesto a las compañías sin utilidades
• Medir las compañías por las faenas y no por el nivel de producción de las empresas
• Permitir la progresión sobre el margen operacional y no considerar el precio del cobre

A su vez, los municipios propusieron que los dineros del royalty se distribuyan un 50% para las 16 regiones del país y el otro 50% para las mineras, esto porque el proyecto destinada un 65% de los fondos a las regiones no mineras y un 35% a las mineras. También se recomendó que la mitad de los dineros vaya a los Gobiernos Regionales y la mitad a las municipalidades, y que la gran minería entregue más fondos a las zonas donde está emplazada.