Chile adhiere al Acuerdo de Escazú
Esto, luego de que el Senado respaldara en segundo trámite, el texto sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
31 de mayo de 2022
Por 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el Senado respaldó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y su Anexo 1, adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. La aprobación incluye la “declaración interpretativa” propuesta por la Cámara que apunta a la aplicación del acuerdo en relación al derecho interno; reconoce los avances del país en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental, entre otros.
Tras la votación, la Ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola y su par de Medio Ambiente Maisa Rojas, agradecieron el respaldo entregado por el Senado y valoraron las implicancias que tiene para nuestro país haber aprobado este instrumento internacional, señalando que se trata de una "votación histórica" y un "momento para festejar".
Cabe hacer presente que se incluye la primera disposición vinculante en el mundo sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La aprobación de este instrumento internacional promueve un proceso de transformación de la institucionalidad ambiental, para que ésta se adecúe a la situación actual de escasez hídrica y crisis climática y a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales de cada territorio.
Durante el debate los aspectos centrales de la discusión fueron: las consecuencias y efectos de la aprobación del Acuerdo; la autoejecutabilidad de sus disposiciones; la relación de la aprobación del Acuerdo con eventuales disputas con países limítrofes, y el plan de implementación y la hoja de ruta.
En este sentido, las dudas advertidas por algunos legisladores dicen relación son los posibles efectos para nuestro país y un irrestricto respeto por la legislación interna.
El senador Jaime Quintana, presidente de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, instancias que estudiaron el texto, realizó un extenso y detallado informe, en el que resaltó que el objetivo del Acuerdo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales; y crear y fortalecer las capacidades y la cooperación necesarias para su implementación. Lo anterior, con el fin de contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
El Acuerdo se abrió a la firma de 33 países de la región el 27 de septiembre de 2018, dando lugar a un plazo de suscripción de 2 años que culminó el 26 de septiembre de 2020. Con posterioridad a esa fecha se encuentra abierto a la adhesión de todos los Estados de la región consignados en su Anexo 1, que no lo hayan firmado. En ese sentido, nuestro país no lo firmó dentro del citado plazo, por lo cual corresponde únicamente adherirse a él.
El tratado entró en vigencia el 22 de abril de 2021, al cumplirse las 11 ratificaciones necesarias para ello y, en la actualidad, los Estados Partes alcanzan a 12 en la región: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
“En mi calidad de presidenta de Medio Ambiente y además como representante de Antofagasta, estoy convencida que estamos tomando una buena decisión. (…) En las sesiones se fueron aclarando varias dudas. (…) Respecto al plan de ejecución no va ser de un día para otro, pero se avanzará en la adecuación de nuestra normativa…y a eso no hay que tenerle temor”.
“La protección del medio ambiente es, sin duda, una prioridad (…); sin embargo, mi derrotero va por un camino diferente: determinar cuáles son los efectos para nuestro país. Ante la duda nos abstenemos para no ser un obstáculo para la aprobación”.
“Es necesario que se priorice en todo momento la legislación interna de todos los Estados, solo así se puede canalizar adecuadamente. (…) Voto a favor, pero para la historia de la ley espero que no estemos aprobando legislaciones ambiguas y exponer al país a controversias internacionales”.
“Uno debe preguntarse ¿cuál es el objeto de esta norma?; ¿vamos a resolver los problemas de contaminación?; ¿servirá para resolver los problemas de la comunidad de Coyhaique que vive como un verdadero tubo de escape? Si sirviese para que millones de chilenos den un salto en su calidad de vida, sin duda que todos tenemos que estar alineados”.
“La sequía no es casual, la disminución de la pesca y los deshielos. Hay que mejorar los procesos de calefacción de las casas y disminuir del uso de carbón (…) Con este acuerdo queremos estandarizar las buenas prácticas, todo en un marco de participación. Para Chile esto también implica fortalecer los DD.H. porque se robustece la justicia ambiental y potencia la política de Estado”.
“Creemos que se verá una judicialización permanente por problemas de soberanía. Me preocupa la ambigüedad de términos como el derecho a vivir en una medioambiente sano. El texto no deja claro quiénes son los activistas medioambientales ni explica por qué ellos deben tener una condición especial. Escazú solo representa riesgos. Anuncio que vamos a denunciar este tratado”.
“En Coquimbo hay un conflicto ambiental enorme que es el minero Dominga. El Tratado de Escazú dice que los estados deberán garantizar resarcir los daños ambientales. Hoy nuestra legislación no da respuesta a los daños sancionando (…) Lo mínimo que se puede hacer es entregar defensa a la comunidad afectada y queda en evidencia que hoy no se hace”.
“Este acuerdo data de 10 años y Chile lo lideró en ese entonces. Uno de los episodios más bochornosos fue la decisión del Presidente Piñera de no firmarlo. Hoy está ratificado por 24 países. Es válido plantearse dudas pero pido hablar con la verdad (…) Votaré a favor y es legítimo que mañana el Presidente Boric mencione esta aprobación”.
“Este es el primer proyecto del Presidente Boric que lo empuja con un acuerdo transversal, porque el medioambiente es una preocupación de todos. En cuanto a activistas ambientales, en Chile no hay registros de ellos aunque hay muchísimos casos. Quiero relevar las zonas de sacrificio”.
"Voy a votar a favor porque no tengo doble estándar en materia de multilateralismo...creo en el multilateralismo para enfrentar el principal problema que tenemos en el mundo que es la emergencia climática y celebro que desde el multilateralismo estemos hoy día apoyando Escazú".
"El acuerdo de Escazú tiene por finalidad fortalecer el acceso a información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones… queremos certezas para la aplicación del tratado de Escazú, al menos a través del compromiso expreso del Ejecutivo".
"Valoro la intención que hay detrás del Acuerdo Escazú y sé que hay muchas cosas que podemos recoger, pero también tenemos que estar atentos a algunas precauciones. En primer lugar, existe una incertidumbre frente a la aplicación del tratado por parte de los tribunales de justicia".
"Este país hizo una opción de involucrarse en un sistema internacional. El multilateralismo, el respeto a los tratados, la resolución de controversias está en el centro de su política…No es extraño que nuestro país haya estado plenamente empeñado en el desarrollo de un acuerdo mundial de migración y a nivel regional en el Acuerdo de Escazú que son normas de transparencia en materia ambiental".
"Chile lideró el proceso de redacción de este acuerdo como una gran política de estado por más de 6 años. Lamentablemente el gobierno de Sebastián Piñera decidió a dos días de que el tratado se abriera a la firma, restarse sorpresivamente de suscribir el documento…aprobar el Tratado de Escazú el día de hoy es rectificar un error".
“No hemos sido capaces de estimular y proteger nuestra producción nacional. Entonces los tratados internacionales perfecto, pero sin estímulo interno es bien complejo. (…) ¡Cómo no vamos a estar de acuerdo con la participación ciudadana, el acceso a la información y proteger a las personas y activistas!”.
“Contra toda evidencia el gobierno anterior intentó instalar la idea que Escazú podía traernos incertidumbre y conflicto. La participación, cooperación, justicia ambiental e información son centrales, porque en los tiempos que corren podríamos afirmar que el multilateralismo está amenazado”.
“Este Acuerdo avanza en subir los estándares legislativos, medioambientales y de desarrollo económico. Llama la atención que solo a este Acuerdo se le acuse de querer vulnerar la soberanía nacional y sin embargo no hay problema con cuanto tratado de libre comercio que nuestro país ha suscrito en años anteriores”.
“En general tengo mentalidad abierta y ganas de mejorar los convenios internacionales, cada uno evaluarlos en su mérito e implicancias. Con este he buscado las virtudes y peligros y veo más riesgos que virtudes. El aspecto más crítico es si es autoejecutable (…), además del principio de no regresión .
“Es importante cómo nos damos cuenta de la importancia de discutir los tratados y acuerdos, porque tiene que ver con visiones de mundo, incluso de convivencia. (…) Cuando los aterrizamos nos damos cuenta que, no solo los necesitamos, sino que en nuestro país haya decisión y convencimiento de que de Arica a Punta Arenas tenemos lugares frágiles”.
“Quienes se opusieron deben estar arrepentidos porque hoy es un debate que todos siguen y valoran. Lamento que se diga que se van ahondar los litigios ambientales, creo que será lo contrario. Seamos rigurosos respecto a las empresas estatales como Codelco y Enap sobre cumplimiento medioambiental. Pido al Gobierno coherencia en esto”.