CMF explica impacto de retiro de Rentas Vitalicias y descarta quiebra de aseguradoras

"Un nuevo anticipo de rentas vitalicias podría afectar directa y materialmente la solvencia de las compañías de seguros de vida y generaría un escenario de mayor riesgo que el sistema financiero ha enfrentado en los últimos 35 años". Así lo manifestó el presidente de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez durante su exposición ante la Comisión de Constitución en el marco del estudio del cuarto retiro de fondos previsionales.

Cabe recordar que la instancia está realizando audiencias con diversos actores -hasta ahora con el presidente del Banco Central y representantes del Ejecutivo-   para  despejar dudas y recabar la mayor cantidad de antecedentes antes de votar en general la iniciativa lo que podría ocurrir la última semana de octubre. (Vea nota relacionada)

Según Cortez, la iniciativa "genera riesgos severos para el pago de 657 mil rentas vitalicias, de los seguros de vida de más de 2,5 millones de personas, seguros complementarios de salud de 7 millones de personas, seguros de invalidez y sobrevivencia de toda la fuerza laboral que cotiza en las AFP".

Asimismo, señaló que si se genera un escenario similar al del primer anticipo -donde el 48% de los pensionados de rentas vitalicias realizaron un retiro- el impacto patrimonial en las compañías de seguros de vida implicaría una caída del 28% y en el escenario que todos los pensionados bajo esa modalidad hicieran un anticipo, se enfrentaría una caída del 57%.

Agregó que si la mitad de los pensionados por rentas vitalicias sacan recursos, habría 3 compañías de seguros que caerían en "insolvencia regulatoria" es decir, por debajo del límite regulatorio fijado en el país y que en el caso que todos los pensionados realizaran un anticipo, ello implicaría que 9 de 15 compañías caerían por debajo del límite regulatorio, lo que generaría problemas o que no tuvieran el capital necesario para enfrentar futuros eventos de stress.

Cortez precisó que no se está hablando de una quiebra de las aseguradoras pero sí de caer por debajo de los límites legales establecidos para el funcionamiento de estas empresas.

La exposición de Cortez se extendió por toda la sesión, dado que, para los integrantes de la Comisión de Constitución, este es un tema clave para poder ver de qué manera se genera la menor cantidad de externalidades negativas con un nuevo retiro.

Consultado respecto de las utilidades de las compañías de seguros de vida, Cortez manifestó que éstas alcanzaron los 450 mil millones de pesos durante el 2020 y que el promedio de pensión para los hombres bajo la modalidad de rentas vitalicias es de 349 mil pesos mensuales, mientras que para las mujeres alcanza los 262 mil pesos mensuales.

Según el presidente de la Comisión, senador Pedro Araya, "la CMF nos ha dicho que de aprobarse el proyecto, las aseguradoras no caerían en insolvencia como se ha dicho sino que, probablemente caerían en el incumplimiento de alguna normativa pero no se produciría la quiebra de esta empresas".

Agregó que la exposición "da piso para entender que se puede avanzar en el retiro de las rentas vitalicias. Cuando las empresas tienen utilidades por 455 mil millones en el último año y la propia CMF reconoce que de aprobarse el cuarto retiro lo que hay es un impacto probablemente en las utilidades de las compañías, pero no en la insolvencia o en la quiebra.

En la misma línea, el senador Alfonso De Urresti manifestó que "las utilidades de las compañías de seguros el año pasado en plena crisis fue de 450 mil millones de pesos y eso es algo que debiera llevarnos a reflexionar. Se ha dicho que se va a afectar la imagen internacional, la solvencia de las empresas de seguros y de acuerdo a la información que se ha entregado lo que se va a afectar son las grandes utilidades de las empresas…con este tipo de cifras de ninguna manera voy a excluir a las rentas vitalicias de este retiro".

Una opinión distinta manifestó la senadora Luz Ebensperger quien dijo que "esto podría llegar a afectar la solvencia de las aseguradoras lo que significaría no solamente poner en riesgo el pago de pensiones, sino que de otros seguros y aparte de comprometer la responsabilidad contractual y extracontractual del Estado por eventuales demandas nacionales e internacionales que estas aseguradoras puedan hacer por el cambio de esta normativa".