Conocen informes de organizaciones de Familiares de Víctimas del estallido social
Los senadores Navarro, Muñoz y Latorre recibieron antecedentes y testimonios de la Agrupación de Familiares y Amigos de asesinados en el estallido social y, además una exposición de la misión internacional por garantías de la protesta social en Colombia.
5 de agosto de 2021Dos audiencias sostuvieron esta semana, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, senadores Alejandro Navarro, Adriana Muñoz y Juan Ignacio Latorre con el fin de analizar la situación de los derechos fundamentales en el marco de la protesta social en Colombia y de la Agrupación de Familiares de Víctimas en el estallido social.
Cabe señalar que la instancia ha sesionado como “comité o en actividades especiales”, tras la renuncia del senador Felipe Kast quien fundó su decisión por "la falta de garantías en materias de DD.HH. de parte del titular de la instancia" (Vea nota relacionada)
En sesión de Sala este miércoles 4 de agosto, el senador Alejandro Navarro hizo presente este “vacío” reglamentario que “provocó la renuncia del senador Kast” y que “afecta el cumplimiento de los objetivos de las comisiones”.
Al respecto, la Mesa del Senado, -encabezada por la presidenta Yasna Provoste y el vicepresidente, Jorge Pizarro-, precisaron que “existen solicitudes cursadas directamente a la Comisión de Ética y Transparencia y, esperamos que -sin la intervención de nadie- sea ese el organismo el que se pronuncie al respecto”.
En primer término, los legisladores escucharon en detalle los testimonios y análisis de Karinna Fernández Neira, del Forest Peoples Programme (UK), quien dio a conocer el informe de la "Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia".
En la oportunidad, también participaron la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), con abogada y asesora jurídica, Mariela Santana; por Los Ojos de Chile, el Director Ejecutivo, Matías Vallejos; por la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), la Presidenta, Juana Aguilera.
Al respecto, los senadores Navarro, Muñoz y Latorre se mostraron partidarios de impulsar un proyecto de acuerdo relevando las graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y que incluyen incluso "casos de personas detenidas desaparecidas".
Posteriormente, los parlamentarios recibieron los testimonios de Marusella Mallea, vocera de la Agrupación de Familiares y Amigos de Asesinados en el Estallido Social; Cristian Cruz, abogado querellante en el caso de Alex Núñez; Adriana Rojas, abogada de Mery Cortés, madre de Romario Veloz; Pietro Sferraza, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Valparaíso; y la Directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Genero y Delitos Sexuales de la Fiscalía, Ymay Ortiz.
Al respecto, se desarrolló un amplio debate sobre la necesidad de "aclarar las circunstancias y ejercer justicia en decenas de casos donde se vulneraron los derechos fundamentales", según dijeron.
Asimismo, se informó que el número de las víctimas fatales en el marco del estallido social se habría elevado a 54. También afirmaron que, en la mayoría de los casos, “persisten demoras excesivas en las investigaciones, falta de diligencias y se mantienen sin resolución ni penas efectivas para los imputados y los responsables”.
La representante del Ministerio Público, Ymay Ortiz precisó que "se trata de causas sumamente complejas" y "no nos podemos pronunciar en detalle sobre causas particulares". Sin embargo, se mostró disponible para traer en una próxima reunión un detalle de "las medidas adoptadas con motivo de las directrices que entregó la Fiscalía Nacional para dar cumplimiento a la persecusión de estas causas que pasaron a ser una meta para los fiscales".
Los senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos acordaron realizar una nueva actividad especial, e invitar a representantes del Ministerio Público con el fin que informe en detalle sobre el estado de estas causas.