Evaluación de la Ley Ricarte Soto: senadores apuntan a revisar financiamiento

Como fundamental calificaron los integrantes de la Comisión de Salud, la necesidad de estudiar el mecanismo en base al cual se calcula el financiamiento de la ley Ricarte Soto. Esto luego de revisar el estado de la normativa que rige hace 8 años y que tiene pendiente la dictación de su quinto decreto desde el 2020.

En la pasada sesión, los congresistas revisaron junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera; y la directora de la Dipres, Javiera Martínez, cómo funciona la ley que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, el que hoy tiene 30 mil beneficiarios activos.

De acuerdo a las autoridades:

• Desde el 2017, existe un aporte anual de 100 mil millones de pesos al fondo de la ley.
• El aumento de los costos por sobre lo estimado el 2019, por la pandemia, el alto flujo de ingreso anual de pacientes sobre lo esperado, y el hecho que muchos tratamientos se están aplicando más tiempo de lo presupuestado por su mayor efectividad, hizo que el fondo no permitiera el ingreso de nuevas patologías.
• Desde el 2027, de acuerdo a lo proyectado por Dipres, “la holgura de sustentabilidad se dejará de cumplir el 2027 porque los ingresos serán igual a los egresos”.

Durante la ley se han dictado cuatro decretos:

1° Decreto del 2015 contempló 11 problemas de salud y 18 tecnologías sanitarias

2° Decreto del 2016 contempló 3 problemas de salud y 4 tecnologías sanitarias

3° Decreto del 2018 contempló 4 problemas de salud y 6 tecnologías sanitarias

4° Decreto del 2019 contempló 9 problemas de salud y 15 tecnologías sanitarias

5° Decreto no se dictó, por lo que se prorrogó el del 2019.

En la esta línea, la ministra Aguilera anunció que “a pesar de los problemas económicos que nos ha expresado la Dipres, se están evaluando científicamente, 22 tecnologías sanitarias para 10 problemas de salud. Así que esperamos contar a lo menos, con 2 tecnologías sanitarias en este 5° Decreto que estaría disponible a fines de este año”.

Frente a esta noticia, los senadores recordaron una serie de enfermedades, cuyos pacientes han solicitado insistentemente ser incorporadas. Consultada la autoridad respecto a los medicamentos de alto costo para la Atrofia Muscular Espinal (AME) y la Fibrosis Quística, esta admitió que “no están dentro de este decreto, pero sí vamos a cubrirla mediante un acuerdo de costos compartidos con los laboratorios”.

Más allá del decreto, en forma transversal los senadores Juan Luis Castro, Ximena Órdenes, Juan Ignacio Latorre y Sergio Gahona se mostraron preocupados por el financiamiento de la ley. De hecho este último planteó “no entiendo qué sentido tiene generar un 5° Decreto si no hay fondos para pagar esos remedios, si se nos dice que no habrá dinero para costear lo que entrega hoy”.

Desde la Dipres, Martínez reconoció que “estamos haciendo una revisión del mecanismo de financiamiento. La meta de esta administración es estudiarlo y proponer cambios porque debe haber una solución para no llegar al 2027 con este gran problema de falta de fondos”.

Los senadores Latorre y Gahona plantearon la posibilidad de hacer una modificación a la ley Ricarte Soto o plantear glosas complementarias en la ley de Presupuestos 2024 que deberá ingresar en las próximas semanas.

En la segunda parte de la sesión, los senadores revisaron el estado de la ley nacional del Cáncer, razón por la que contaron con la presencia también del director de Fonasa, Camilo Cid; la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli; el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado; y la directora ejecutiva de la Fundación Foro Nacional del Cáncer y secretaria ejecutiva del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (CECAN), Carolina Goic.

La ministra Aguilera, a petición de la Comisión, entregó detalles del plan nacional, la formación del recurso humano médico y no médico en oncología, los fondos de investigación en marcha que desarrollan la Universidad Católica y la Universidad de Chile, el estado de avance de la instalación de la red oncológica que contempla 6 macro-regiones y 61 centros de alta complejidad, y el registro nacional que ya contempla la notificación electrónica.

Los congresistas hicieron ver las preocupaciones de la ciudadanía principalmente respecto a las garantías oncológicas incumplidas. Al respecto, el Minsal reconoció que las garantías GES retrasadas corresponden a un 3,2% del total (70 mil prestaciones) admitiéndose que las oncológicas representan un 21% de ese porcentaje (15 mil aproximadamente). Estas situaciones corresponden –en su mayoría- a cáncer cervicouterino, mama, colorectal y gástrico.

De hecho, los senadores comentaron la realidad de sus regiones graficando la falta de equipamiento producto de la baja ejecución de proyectos de inversión o las listas de espera que dificultan la atención de los pacientes, realidad que se vio complejizada tras la pandemia.

Así la Comisión acordó conocer detalles de los estudios que desarrollan los especialistas del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (CECAN), en el que trabajan diversas universidades con el objeto de identificar las mejores prácticas para la vigilancia de los factores de riesgo, la prevención, la detección temprana y la atención del cáncer. En una próxima sesión se recibirán a investigadores de dicho centro.