Extracción de residuos domiciliarios: aseguran condiciones laborales y establecen el “día del recolector y la recolectora”
Se trata de dos proyectos que fueron aprobados por la Sala del Senado. El primero de ellos pasó a tercer trámite a la Cámara y el segundo quedó en condiciones de convertirse en ley.
3 de marzo de 2022Asegurar las condiciones laborales del sector y reconocer la importante labor que cumplen en la sociedad, son los ejes de dos proyectos de ley aprobados por el Senado en beneficio de los recolectores de residuos domiciliarios.
Así, quedó en condiciones de convertirse en ley el proyecto que declara el 29 de julio de cada año como el Día Nacional del Recolector y la Recolectora de Residuos Domiciliarios (boletín 14751-06). Esto, luego de que el hemiciclo respaldara unánimemente la moción.
El texto tiene por objeto “efectuar un reconocimiento a las personas que, día a día y, muchas veces bajo circunstancias climáticas dificultosas, desarrollan servicios vitales para nuestras ciudades y nuestra sociedad, como lo es la actividad de recolección de residuos domiciliarios”.
Asimismo, despacharon a tercer trámite el proyecto que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios, incluyendo las condiciones laborales de los trabajadores del rubro. Durante el debate se recalcó la importancia de proteger las condiciones laborales de los trabajadores del sector (boletín 14032-06)
Durante la tramitación -tal como lo informó el senador Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización- se introdujo una serie de enmiendas que buscan asegurar las condiciones laborales del sector, las que deberán ser ratificadas por la Cámara de Diputados y Diputados, en tercer trámite constitucional. Cabe consignar, que el texto, además, fue analizado por la Comisión de Hacienda.
El senador Francisco Huenchumilla dejó constancia de su preocupación al “desestructurar el Fondo Común Municipal para pagar la deuda, que representan el financiamiento central de los municipios. Hubiera preferido poner el énfasis en la ley de compras públicas”.
Por su parte, la senadora Isabel Allende hizo presente la importancia de avanzar en mejores condiciones para los trabajadores. “Este país arrastra una deuda y no ha sido capaz de dar respuesta adecuada. Entiendo que estamos enfocados a mejorar las mejores condiciones, pero la duda que tengo es hasta dónde puede afectar al municipio y garantizar que no haya deudas previsionales”, dijo.
Al respecto, el senador José Miguel Insulza recordó que el texto fue discutido largamente en la Comisión “y este proyecto precisamente avanza para que no haya excusa alguna para pagarle a los trabajadores”.
Para mayor abundamiento, el senador Claudio Alvarado constató que la iniciativa fue producto de un acuerdo que se construyó con los propios trabajadores, las empresas del rubro y las asociaciones de municipios.
Por último, el senador Carlos Bianchi precisó que el texto fue acotado para dar todos los debidos resguardos a las y los trabajadores y permitirles tener una real protección.
En lo fundamental, el proyecto autoriza a las municipalidades para celebrar convenios con la Tesorería General de la República, con el objeto que ésta pague directamente a los proveedores de servicios concesionados de recolección de residuos sólidos domiciliarios, las sumas que se devenguen por estos conceptos, con cargo a los fondos que correspondan a la respectiva municipalidad, en la recaudación de impuesto territorial de beneficio municipal y, en caso de ser insuficiente, con cargo a la participación mensual de la respectiva comuna en el Fondo Común Municipal.
Faculta a los proveedores de los servicios concesionados en estas materias, para solicitar directamente a la Tesorería General de la República el pago de las facturas emitidas y no objetadas por parte del municipio, y que se encuentren impagas por un plazo mayor a 30 días contado desde su aceptación; siempre que no exista un convenio de pago entre el municipio involucrado y la Tesorería General de la República; regulándose el procedimiento de pago en estos casos.
Permite a las municipalidades subrogarse en los proveedores de servicios concesionados de recolección de residuos sólidos domiciliarios, para pagar las deudas que, por cualquier razón, éstos tuvieren con trabajadores por prestaciones laborales o previsionales impagas.
Establece la ponderación mínima que deberá otorgarse a los diferentes criterios a considerar en las respectivas bases de licitación, (el criterio económico 50%; el criterio mejores condiciones de empleo y remuneraciones 30% del puntaje total de evaluación).