Medidas pro inversión bajo la lupa de los senadores de Economía
Lo congresistas plantearon la urgencia de definir el real rol que se le quiere dar a la inversión considerando el estancamiento del crecimiento económico.
15 de octubre de 2022
Una serie de inquietudes plantearon los integrantes de la Comisión de Economía, a la presentación del titular de esa cartera, el ministro Nicolás Grau del plan “Invirtamos en Chile”. A juicio de los congresistas, “muchas medidas serían insuficientes y otras requirían ser aterrizadas”.
En ese contexto, los legisladores abordaron con la autoridad, las iniciativas que no considera el plan, como la formalización de los empleos y la baja inversión en sectores como la minería, además de los efectos que la depreciación acelerada podría tener en las arcas municipales.
El ministro declaró la necesidad de reactivar la economía activando las inversiones. En ese entendido delineó algunos ejes que podrían contribuir en el corto plazo tales como estímulos tributarios a la inversión privada y la mejora a la inversión pública. Otras directrices mencionadas corresponden a mejorar el acceso al financiamiento, promover la inversión extranjera, y mejorar la eficacia de los procesos en regulación y permisos.
El ministro de Economía adelantó que la ley podría ser presentada en enero del 2023, no obstante, es materia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En esa línea, explicó que, "aún no están definidos los parámetros, pero va a ser para viviendas de mondos acotados, no para cualquier vivienda, habrá un tope".
Respecto a las medidas del plan, explicó que se trata de 28 hitos, de los cuales 9 requieren de la presentación de proyectos de ley.
Fue así como ahondó en la creación de un fondo de 500 millones de dólares destinado a las empresas que desarrollen el 2023, proyectos multiplicadores económica y sustentablemente. La idea es que puedan reducir sus gastos por concepto de impuesto de primera categoría.
También el ministro Grau mencionó la posibilidad de aplicar la depreciación acelerada el 2023. La idea es que el 50% de la inversión como activo fijo que se desarrolle ese año, sea reconocida inmediatamente como gasto para el cálculo de la renta imponible; y que el otro 50% cuente con la señalada depreciación. Esta idea fue cuestionada por la senadora Yasna Provoste, quien hizo ver el efecto negativo que tendrá esa medida en las arcas municipales por concepto de patentes.
Respecto a la idea que las personas puedan acceder a la vivienda propia solo aportando un 10% del pie de la propiedad y el 90% sea entregado por el banco a través de un hipotecario –terminando con la proporción 20-80 de los últimos años-, fue bien evaluada por los congresistas.
Éstos valoraron que no solo se fomente la compra de viviendas sino que también se reactive el sector inmobiliario. Pese a ello, el senador José Miguel Durana hizo ver que “primero hay que reconocer la carencia de terrenos para emplazar unidades habitacionales”. Más allá de eso, esta propuesta sería presentada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en enero próximo y aún está pendiente la definición del tamaño de la propiedad que sería subsidiada.
Un punto unánimente reconocido, fue ajustar los contratos de inversión al alza de los costos de los materiales de la construcción puesto que muchas obras públicas licitadas quedaron paralizadas por problemas de caja.
Una reflexión común fue la urgencia de definir el real rol que se le quiere dar a la inversión considerando que “el crecimiento está estancado y no hay nuevos motores productivos. Sólo un 0,3% del PIB se destina a inversión y el presupuesto 2023 va en la misma dirección. Otra preocupación es la baja ejecución del gasto”.
Los senadores Manuel José Ossandón, Carmen Gloria Aravena y Yasna Provoste coincidieron en que no se contemplan medidas que fomenten la formalización de los empleos (pymes) ni tampoco se propone una gran inversión en tecnología.
En cuanto a lo primero, la autoridad respondió que “van a presentar medidas para combatir el trabajo informal en una agenda pro-productividad que va a ser presentada este año”. Además, señaló que “los gastos en innovación y tecnología han aumentado en un 20%, y existe el compromiso que ese aumento siga creciendo durante los próximos 4 años”.
En tanto, quedó pendiente para la próxima sesión, escuchar a representantes del Ministerio de Economía respecto a los cuestionamientos que ha recibido el sistema tarifario de Transbank.
Las empresas FASA, Sencillito, Walmart y COPEC, entre otras, interpusieron un recurso de reclamación en contra de la compañía, en particular, respecto a la aprobación del esquema de tarifas aprobado en el 2021 por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Ahora, la Corte Suprema estableció que el modelo propuesto por la empresa controlada por diez bancos accionistas, no cumple con los requisitos de tutela de la libre competencia, de esta forma, ordenó a la compañía revocar su plan tarifario.