Elecciones en Chile: desde el voto a viva voz y las cédulas de suscripción a la cámara secreta

Realistas, pipiolos, pelucones, conservadores, estanqueros, liberales, regionalistas, federalistas, balmacedistas y congresistas… a lo largo de nuestra historia, las elecciones siempre han enfrentado cívicamente y, con mayor o menor cuota de pasión, a distintos grupos intelectuales, sociales y políticos. Todo con el fin de ir afianzando las instituciones y procesos republicanos del país.

En principio, el sufragio restringido y el intervencionismo desde el Ejecutivo fueron prácticas que primaron para  asegurar la continuidad en el poder de un grupo social determinado.  El proceso durante el siglo XIX estuvo acompañado de excesos, pero también de anécdotas y sinceros esfuerzos por dar garantías democráticas.

En el siglo XX, gracias a la irrupción de nuevos grupos sociales y  demandas de mayor participación política, se lograron nuevas reformas tendientes a profundizar la democratización. El voto universal, la superación de la intervención electoral y el voto femenino, han sido algunos de los principales hitos de nuestra historia democrática que revisaremos en dos capítulos: el primero entre 1811- 1890 sobre la base del informe “Evolución del proceso electoral chileno”, realizado por la Unidad de Historia Política Legislativa, de la Biblioteca del Congreso Nacional. En tanto, en el segundo capítulo, que será publicado el 9 de noviembre, abordaremos los cambios experimentados en el siglo XX.

Las primeras elecciones que se realizaron en Chile fueron en diciembre de 1810, en las que se eligió el primer Congreso Nacional que se instaló el 4 de julio de 1811, con 42 diputados. El proceso significó una severa agitación política entre los grupos realistas fieles al reinado de  Fernando VII, los moderados y los que anhelaban abiertamente una independencia de España.

Se registró una activa propaganda política a través de escritos que propiciaban las ideas más revolucionarias inspiradas en los filósofos franceses en el marco de la elección de diputados a través de los Cabildos. La situación derivó en una violenta reacción de los grupos realistas el 1 de abril de 1811. Allí el militar español Tomás de Figueroa Caravaca se sublevó con sus tropas en el denominado "Motín de Figueroa".

La revuelta fue controlada y su líder encarcelado, juzgado y fusilado en la Cárcel Pública, generando temor y conmoción en la capital de la naciente República.

En ese primer bosquejo de elecciones, la participación estuvo limitada a una elite, así como en gran parte del siglo XIX. La modalidad de elecciones descrita en el Reglamento Constitucional de 1812 se desarrolló mediante el sistema de suscripción. Éste consistió en un acta y lista que firmaba un grupo de personas postulando a un candidato. El procedimiento electoral, en este periodo no estaba completamente regulado y padecía de imperfecciones e irregularidades, debido a su precariedad.

Con la Constitución Política de 1824, se consagra el sufragio universal, debiendo emitirse el voto públicamente y de viva voz para que los chilenos –como lo establece la Constitución- “adquirieran el espíritu de noble y firme franqueza”.

Luego, el Reglamento Electoral del año 1826, dispuso la emisión del voto verbal o por cédula. Además estableció una dieta para los diputados que se fijó en cuatro pesos diarios –preferentemente- quedando ésta a cargo del Gobierno.

En 1827, el Reglamento Electoral ofreció cierta novedad. En el artículo 10, castigaba a aquellos individuos que abusaran de la “ignorancia y sencillez” de la gente del campo, para obligarlas a sufragar por determinadas personas. Sin embargo, pese a las disposiciones de ley, las elecciones generales celebradas en ese año no estuvieron exentas de malas prácticas. Así lo describe Luis Galdames:

“Las elecciones fueron precedidas de una estraordinaria actividad. Los partidos desplegaron su jente i pusieron en juego cuantas influencias estaba a su alcance, en todas las ciudades i pueblos del país. Los liberales de gobierno libraron una campaña unidos a los federalistas i formaron un bloc imbatible, porque juntos disponían de la casi totalidad de la mesa receptora i escrutadoras. Conservadores i estanqueros consideraron desde un principio que en esas condiciones no podrían luchar con probabilidades de éxito; pero no se desanimaron. Por primera vez presenció la república un acto cívico ajitado i realmente popular (…) El triunfo del liberalismo fue abrumador. Las cuatro quintas partes del congreso le pertenecieron. Pero ese triunfo estaba empañado por todo enero de abusos i de fraudes: electores que votaron varias veces, suplantación de votos, violencia y escamoteos en las urnas, falsificaciones de escrutinios en departamentos enteros, actas que ni siquiera detallaban el número de sufragantes para otorgar poderes a los elegidos”.

Debido a la precariedad de las leyes y los reglamentos anteriores, la Ley Electoral de 1828, constituyó importantes avances en materia electoral:

•            Creó el mecanismo de la inscripción electoral, la cual debía realizarse cada dos años en el Registro Parroquial del domicilio del elector.

•            Reglamentó la constitución y funciones de las mesas receptoras de sufragio,

•            Determinó el número de diputados que correspondía elegir a cada departamento e insertó modelos de boletas de inscripción, de actas de escrutinios y de notas.

Pese a esto, las prácticas electorales en el siglo XIX, no eran el fiel reflejo de lo que constituían las leyes. De esta manera José Zapiola, relató ciertos acontecimientos de cohecho electoral, ocurridos en las elecciones de 1829:

“Cuando decimos que el triunfo, en su mayor parte, fue de los amigos del gobierno, no debe creerse que éste prescindiera del todo de tomar una parte en las elecciones, como había sucedido en el gobierno del general Freire: la intervención asomaba ya la cabeza; pero ni como sombra de lo que se vio después y mucho menos de lo que ahora vemos, que por sus excesos debe ya tocar a su fin, si es cierto que los extremos se tocan (…) .

Estas prácticas eran posibles debido a que la ley no exigía la “comparencia del sufragante”, razón por la cual cualquier individuo podía votar por una o más personas con solo exhibir las “calificaciones”.

Por cierto que hubo gran agitación política. En las elecciones de cabildo y asamblea, los fraudes electorales se hicieron presentes. Cuestión similar ocurrió para las elecciones de Presidente y Diputados. Así lo evidencia Zapiola, al dar cuenta de un fraude ocurrido:  “Grande fue el asombro de los comisionados pelucones que, según sus apuntes, ganaban en esta mesa por más de cien votos, al ver que en el escrutinio perdían por más de doscientos...” .

Se supo después que un entusiasta pipiolo introdujo a las urnas subrepticiamente 300 votos. Tras el hecho -que generó amplio rechazo- se acuñó la frase: “el que pestañea pierde”.  

El procedimiento de las calificaciones dio para para varios desbordes en las décadas siguientes y sólo se derogó, con la reforma electoral de 1861, la cual dispuso que la calificación fuera un acto personal, en el que no se pudiera admitir por las mesas poderes, ni representaciones de ninguna clase que supliesen el requisito de comparencia personal del ciudadano.

Según el artículo N° 78 de la Ley del año 1861, las mesas receptoras se componían de cuatro ciudadanos elegidos por la Municipalidad, ocho días antes de la elección. La Junta Calificadora y las Mesas Receptoras, eran organizadas por los municipios, los que a su vez estaban a cargo del Intendente o del Gobernador. La presidencia de las Juntas Calificadoras, recaía en la persona del Subdelegado o del Inspector.

Este sistema tampoco garantizó la debida transparencia del sistema y por eso con la reforma de 1874, las atribuciones en materia de elecciones, que tenían las Municipalidades fueron conferidas a la Junta de Mayores Contribuyentes.

Ésta funcionaba de la siguiente manera: los Intendentes y Gobernadores, publicaban en todos los periódicos del departamento respectivo, las listas de los ciudadanos activos que pagaban las mayores contribuciones. Luego se citaba a reunión a todos los contribuyentes para de signar la junta calificadora.

En 1876, se llevaron a cabo las elecciones de congresales. Sin embargo, estos comicios, al igual que los anteriores, estuvieron plasmados de abusos y manejo electoral. En Chillán se sustituyeron las actas legítimas por otras falsificadas, para dejar fuera de la Cámara de Diputados al miembro del partido Conservador Zorobabel Rodríguez.

Como lo destaca J. Samuel Valenzuela “si bien, la literatura habla de que solo podían votar los hombres ricos y que luego de la reforma de 1874, se amplía el voto; ya en 1840 la mayoría de la población que sufragaba provenía de los estratos medios y medios bajos de la sociedad”.

Efectivamente, en la primera mitad del siglo XIX, artesanos –principalmente-, “obreros y gañanes”, entre otros, antes de la ley electoral de 1874 ya tenían participación de las elecciones. Esto debido a la disposición de la Constitución de 1828, que otorgaba el derecho a sufragio a los milicianos cívicos, los cuales se componían de trabajadores manuales, en particular artesanos.

En la segunda mitad del siglo XIX, el electorado se componía principalmente de agricultores, artesanos, comerciantes, empleados públicos y particulares, propietarios y rentistas. Para las elecciones de 1873, el segmento de mineros comenzó a cobrar mayor relevancia, en términos numéricos, con un 4% del total de calificados desde las elecciones de 1873 hasta 1888. El grupo de propietarios y rentistas, en cambio, disminuyó drásticamente, incrementándose el segmento de otras profesiones, para el censo electoral del año 1885.

En marzo de 1882, al acercarse las elecciones para la renovación de Congreso y de municipalidades, casi no existió una oposición formal, debido a la fuerte intervención gubernativa bajo la administración de Domingo Santa María. No obstante, bajo este gobierno se promulgaron dos reformas a la ley electoral de 1874. La primera, es la reforma del 9 de enero de 1882 que entregó a la Justicia ordinaria el conocimiento de las reclamaciones sobre integración de las listas de mayores contribuyentes y sanción de los delitos electorales. La segunda, es la reforma electoral del 9 de enero de 1884 la cual estableció:

-          Listas de mayores contribuyentes que debían ser confeccionadas por el Tesorero fiscal y el municipal y no el intendente o el gobernador como ocurría hasta 1884.

-          Determinó la naturaleza y funciones de las juntas departamentales de mayores contribuyentes.

-          Perfeccionó el mecanismo de los escrutinios.

-          Estableció normas muy precisas para las reclamaciones de nulidad de las elecciones: los delitos electorales podían ser materia de acción popular y el querellante no estaba obligado a rendir fianza.

Tiempo más tarde, en el periodo de gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda se sancionó la reforma a la Constitución en agosto de 1888. En ella se concede el derecho a sufragio a los chilenos que hubieran cumplido 21 años y supieran leer y escribir.

También estableció la elección de un Diputado por cada 30.000 habitantes; suprimió los Diputados y Senadores suplentes; disminuyó el quórum para el escrutinio y la rectificación de la elección de Presidente de la República: de tres cuarto del total de los miembros de cada una de las Cámaras a sólo la mayoría absoluta.

Pese a los sinceros intentos de acabar con la intervención electoral de la ley de 1874, las malas prácticas electorales eran posibles debido a la forma en que se realizaban las elecciones, las cuales no garantizaban plenamente el acceso de los electores a las urnas, ni el secreto del voto. Por esta razón, uno de los aspectos importantes que estableció la ley Electoral de 1890 fue la institución de la “Cámara secreta”, para así lograr hacer efectivo, por primera vez: el secreto del voto.

En el gobierno de Balmaceda la acción interventora del ejecutivo se reduce considerablemente. Como lo describe Julio Heise, “las agrupaciones políticas habían tomado la resolución de rechazar todo intento de violentar el sufragio. Desde la época de Santa María el propio partido liberal de gobierno venía demostrando gran independencia frente al Ejecutivo”.

Los aspectos principales de esta ley son los siguientes:

-           Refuerza considerablemente la intervención de los mayores contribuyentes en el mecanismo electoral.

-          Suprimió las “boletas de calificaciones”, las cuales facilitaban el cohecho.

-          Los registros debían confeccionarse por subdelegaciones, divididas en secciones que no excedieran de 150 ciudadanos inscritos.

-          El voto acumulativo que se aplicaba sólo para la elección de Diputados, se hizo extensivo a la de Senadores, electores de Presidente y regidores. El sistema de listas completas desaparece de todas las elecciones. Esto generó que disminuyera considerablemente la acción interventora del ejecutivo y de sus agentes.

-          La ley reglamentó el secreto de sufragio, instruyendo el uso de la “cámara secreta”.

Es importante destacar este último punto, debido al debate que se generaba en ese entonces con respecto al voto público versus voto secreto. Los que estaban a favor de la postura del voto público, consideraban que esta era una instancia legítima de discusión política, que permitía el encuadramiento del voto. Pero además permitía la manifestación pública del modo de pensar, lo cual apelaba a la libre expresión.

Por otro lado, los que estaban a favor del voto secreto, defendían la libertad e independencia, que este sistema le otorgaba al elector para votar por sus propias convicciones y no por una situación forzada, ni por la influencia del dinero.

Si bien en Chile el voto fue secreto desde las primeras leyes electorales, dicho secreto estaba mal protegido. Samuel Valenzuela, describe el procedimiento que se realizaba con las papeletas antes de llegar a la urna, lo que permitía todo tipo de ilegalidad a la hora de votar: “se votaba con papeletas dobladas a fin de no revelar su contenido, las que se depositaban en urnas selladas, sin embargo los agentes electorales podían distinguir si los electores cumplían con votar como se les había indicado. Los votos debían estar en papel blanco, pero sus dobles, sus variaciones, o las marcas ilegales que a veces se agregaban permitía usualmente discernir por quién o quiénes votaba cada elector”. Con estas maniobras, aún era posible que se produjese la compra de votos.

Debido a las tretas electorales que generaba ese sistema de votación, la ley Electoral de 1890 estableció el resguardo necesario para evitar la intervención electoral en todas sus dimensiones: ya sea por parte del Ejecutivo, como por aquellos que ofrecían dinero por el voto. Este cambio permitió darle al elector la posibilidad de acceder a la mesa receptora sin impedimentos, además de su independencia en el acto de elegir; y con ello una mayor competencia entre los partidos políticos por el voto de los ciudadanos.