Evolución de las Leyes y Reformas electorales entre 1891-1989: las normas que dieron origen a nuestro actual sistema
Para saber cómo se construyó este rito democrático de la República hay que revisar las distintas leyes que desde muy temprano comenzaron a delinear nuestra institucionalidad.
17 de noviembre de 2013
El valor democrático de la libertad electoral se fue abriendo paso progresiva y decididamente en Chile a partir del siglo XIX, gracias a las leyes y reformas promulgadas en la época.
De este modo, hay autores que sostienen que la ley electoral de 1890 permitió el comienzo de una democracia en Chile. Pese a ello, el sufragio siguió siendo rudimentario, cuestión que significó agregar diversos cuerpos legales, que fueron perfeccionando el acto de votar libremente.
En este reportaje recopilaremos los principales hitos de esta evolución sobre la base del el informe: “Evolución del proceso electoral chileno”, realizado por la Unidad de Historia Política Legislativa, de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Las primeras elecciones en el país eran bastante imperfectas, de reducida participación y, por lo tanto, se producían numerosos vicios. Se desarrollaban mediante el sistema de suscripción. Éste consistía en un acta y lista que firmaba un grupo de personas postulando a un candidato.
Un dato curioso es que la Constitución Política de 1824, establecía que el voto debía emitirse públicamente y de “viva voz” para que los chilenos “adquirieran el espíritu de noble y firme franqueza”.
Luego, el Reglamento Electoral del año 1826, dispuso la emisión del voto verbal o por cédula.
Otro aspecto interesante de las primeras elecciones era que los procesos de calificación y votación estaban a cargo de las municipalidades y no de un servicio como es el Servel actual.
Según la Ley del año 1861, las mesas receptoras se componían de cuatro ciudadanos elegidos por la Municipalidad, ocho días antes de la elección. La Junta Calificadora y las Mesas Receptoras, eran organizadas por los municipios, los que a su vez estaban a cargo del Intendente o del Gobernador. La presidencia de las Juntas Calificadoras, recaía en la persona del Subdelegado o del Inspector.
(Vea detalles de la evolución del sistema electoral durante el siglo XIX).
Dentro de las leyes electorales que delinearon el actual sistema se destacan:
1) Ley del 20 de Agosto de 1890: esta ley ordenó que los Registros debían ser permanentes hasta que otra ley ordenara la formación de otros nuevos. Se suprimió el sistema de identificación del elector por medio del boleto de calificación, y se sustituyó por la firma del elector en el Registro de Electores. Esto evitó los robos de los boletos y la mala utilización de éstos. Por otra parte, estableció que las votaciones de Senadores, Diputados y Municipales, se realizaran en el mismo periodo, votando en una misma cédula.
2) Ley del 28 de agosto de 1890: Fijó el número de Senadores y Diputados que correspondía elegir a las Provincias y Departamentos. Además se refiere a las agrupaciones de los Departamentos que debían votar en común como si formaran una circunscripción.
3) Ley de 4 de Septiembre de 1893: reformó la ley de 1890. Suprimió la base municipal que se había dado al sistema electoral, entregando a la Junta de Mayores Contribuyentes la generación del poder electoral.
4) Ley del 14 de febrero de 1911: Fijó el número de parlamentarios de acuerdo al nuevo censo de la población de la época. El número de Senadores pasó de 32 a 37 y de 94 Diputados a 118. Sin embargo, lo más importante fue la creación de Agrupaciones Departamentales con el propósito de elegir un mínimo de dos diputados en cada circunscripción electoral. Esta reforma estableció un sistema binominal.
5) Ley de 21 de Febrero de 1914: Es una de las leyes más importantes. En ella se reglamentó por primera vez, el secreto del sufragio. El escrutinio debía practicarse en el mismo recinto en que funcionaba la mesa receptora. Esto se hizo con el fin de terminar con los arrestos de los sufragantes de oposición, bajo cualquier pretexto. Para este efecto la ley determinó: art. 100 “si entre los detenidos hay alguien que reclamare tener derecho a votar y no ha sufragado, se le llamará inmediatamente a votar, luego se cumplirá la orden de arresto”. Además dispuso la renovación total de los registros electorales, los que durarían nueve años.
6) La Constitución proclamada en 1925 introdujo innovaciones sustanciales en el orden político. En primer lugar, reorientó el antiguo régimen parlamentario forjado por la revolución de 1891 hacia un ordenamiento presidencialista. La normativa electoral, consagró: “el ejercicio del sufragio a los chilenos que hayan cumplido 21 años, sepan leer y escribir y se encuentren inscritos en los registros electorales”. Se excluyeron del goce de estos derechos a los inválidos física o mentalmente y los condenados a penas aflictivas. Si bien no se excluyó expresamente, las ordenaciones complementarias no ampliaron este derecho a la mujer. La integridad del proceso electoral fue controlado por un Tribunal Calificador de Elecciones, el ejercicio de este tribunal reemplazó la atribución que antes detentó el Congreso para juzgar la elección de sus propios miembros. Se suprimió también el voto acumulativo, el que es reemplazado por el sistema de representación proporcional. Se dispuso asimismo, que la elección de Presidente de la República, Diputados y Senadores debía ser directa.
7) En el año 1949 se dictó la Ley por la que se logra el equilibrio de derechos políticos entre hombres y mujeres. Ese año se les concedió la capacidad de sufragar en las elecciones políticas de tipo nacional, llámese Presidenciales y del Congreso, suceso que se inauguró con la elección presidencial de 1952. Los requisitos para la inscripción eran análogos a los que condicionaban a los varones, es decir: ser ciudadano chileno, mayor de 21 años y saber leer y escribir.
8) Entre los años 1958 y 1962 se aprobaron un conjunto de modificaciones a la legislación electoral, estas reformas edificaron el tránsito en la conformación de un electorado masivo y que comprende, por primera vez, “más de las dos terceras partes de los electores potenciales de todo el país”. Durante el año 1958 se determinó que todos los procesos electorales usarían cedulas confeccionadas por el Gobierno en sustitución de las que anteriormente confeccionaban los diferentes partidos políticos. La nueva boleta electoral denominada como “cedula única”, tenía un carácter obligatorio, razón que disminuyó drásticamente la eventualidad de ejercer el acto del cohecho.
9) La reforma de 1962, en tanto, instauró la obligatoriedad de la inscripción electoral, puesto que sin la certificación del acto no podrían realizarse muchas diligencias no políticas, como por ejemplo, pagar las contribuciones, obtener la documentación necesaria para abandonar el país aunque sea temporalmente, postular a empleos, etc. Al mismo tiempo, se simplificaron los trámites de inscripción y se le otorgó el carácter permanente.
10) Durante el año 1970 se alcanzó definitivamente el establecimiento del sufragio de carácter universal en el país, por cuanto una reforma constitucional otorgó la calidad de ciudadanos con derecho a ejercer el sufragio a los chilenos mayores de 18 años; es decir, rebajó la edad mínima requerida para participar electoralmente y suprimió la exigencia del alfabetismo.
Una vez acaecido el golpe militar, la nueva autoridad procedió a definir la situación política y de gobernabilidad, instaurando diferentes procedimientos. La Junta Militar resolvió la anulación completa del régimen político y la participación ciudadana, clausurando el Congreso Nacional y declarando la vacancia de los cargos de Senadores y Diputados electos en marzo de 1973, posteriormente, se dictó la ilegalidad de los partidos de izquierda y el receso forzoso de los otros. Se prohibieron las elecciones en sindicatos y organizaciones sociales, para finalmente declarar caducados los registros electorales, procediéndose a su destrucción física.
El gobierno militar llamó a una consulta para demostrar el apoyo al régimen militar, sin embargo, las condiciones de participación resultaron muy diferentes a las conocidas por los chilenos con anterioridad. La fecha de la consulta se fijó para el 4 de enero de 1978, en ella podían participar todos los ciudadanos mayores de 18 años, se podía votar con la cédula de identidad en cualquier recinto habilitado, el único control era el corte de una esquina de la misma cédula sellado luego con una cinta especial.
El potencial electoral de la consulta alcanzo a más de seis millones de personas, de los cuales se abstuvieron de concurrir cerca de un 20%, resultando ganadora la opción de “Si” con 75%, mientras la opción “No” alcanzo un 20,24% y los nulos un 4,76%. El ambiente pre eleccionario se desarrolló en medio del estado de excepción vigente, es decir, sin propaganda en muros públicos y sin oposición debido al receso político.
Paralelamente, la Junta de Gobierno había planteado la necesidad de elaborar un anteproyecto de Constitución y tras un proceso de estudio y elaboración, el proyecto fue aprobado por el Presidente, los miembros de la Junta y los ministros de Estado y se promulgó como D.L. 3.464, del 8 de agosto de 1980. A su vez el D.L. 3.465, de igual fecha convocó a plebiscito para su aprobación por la ciudadanía el 11 de septiembre de 1980.
En la dicha convocatoria tuvieron derecho a votar los chilenos mayores de 18 años y los extranjeros residentes en Chile, ante las alternativas Si o No. El resultado fue de 4.204.897 votos “Si” equivalentes al 67,04% y 1.893.420 de votos por el “No” equivalentes al 30,19%. No hubo registros electorales y solo se controló el voto con una marca de tinta indeleble en el dedo pulgar.
Este resultado fue objetado por la oposición política, lo que fue rechazado por el Colegio Escrutador. El texto fue promulgado el 21 de octubre de 1980 y comenzaría a regir el 11 de marzo de 1981.
A partir de esta fecha se abrió un periodo de transición, donde se estableció la continuidad del general Pinochet, como Presidente de la República y de la Junta de Gobierno ejerciendo el Poder Constituyente y Legislativo. Esta situación se mantendría hasta el 23 de marzo de 1987, fecha en que se inició una segunda fase de la transición con la promulgación de una ley de partidos políticos, a partir de la cual comenzaba la cuenta regresiva para la designación de un nuevo Presidente de la República, Congreso Nacional y plena vigencia de la Constitución.
En medio de un complejo panorama de crisis política y social, la oposición instó a la inscripción masiva de los chilenos en los registros electorales y a la conformación y educación de vocales de mesa para lograr el objetivo de tener elecciones libres.
De este modo de un potencial electoral de 8.060.074 chilenos se inscribieron en los registros electorales el 92,96% (7,4 millones), que a su vez representaba al 59,48% del total de la población nacional. Es decir, la más alta inscripción del siglo respecto del potencial electoral
De acuerdo a lo programado, el 30 de agosto de 1988 la Junta de Gobierno decidió proponer al general Pinochet como Presidente de la República para el periodo 1989-1997 y, posteriormente decretar la convocatoria a Plebiscito para el 5 de octubre de 1988. Por primera vez después de 15 años los chilenos nuevamente participaban en un proceso electoral donde el voto era universal, personal, obligatorio, secreto, además de libre, singular, directo e informado.
La respuesta de participación fue notable: 7,2 millones de chilenos acudieron a las urnas, con una abstención de solo 2,47%, la más baja del siglo, resultando ganadora la opción del “No” con casi el 60% de los votos .
El resultado adverso para el gobierno militar tuvo como inmediata consecuencia la convocatoria a elecciones parlamentarias y de Presidente de la República para el 14 de diciembre de 1989, manteniéndose en el intertanto el general Pinochet en la Presidencia.
En los meses siguientes, después del Plebiscito, se llevó a cabo un proceso de negociación política destinada a realizar un conjunto de reformas a la Constitución de 1980, las que culminaron en una reforma (54 enmiendas), la cual fue sometida a Plebiscito el 30 de julio de 1989, obteniendo un 87% de aprobación.
En tanto, para las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre de ese año se inscribieron legalmente ante el Servicio Electoral 3 candidatos: Francisco Javier Errázuriz, Hernán Büchi y Patricio Aylwin y se registraron 6.797.122 votos válidamente emitidos donde Aylwin obtuvo el 55,17% de las preferencias.