Los quiebres institucionales que significaron el fin de la democracia y el cierre del Congreso
A lo largo de sus más de 200 años de historia, el Congreso ha visto interrumpida su labor en media decena de oportunidades. La última crisis fue con ocasión del golpe militar de 1973, del cual se cumplen, el próximo 11 de septiembre, 40 años.
8 de septiembre de 2013
Desde su fundación en 1811 el Congreso Nacional ha sido uno de los pilares de la convivencia cívica, donde han convergido las más variadas posiciones ideológicas. A través de la discusión y la aprobación de las leyes de la República, el Poder Legislativo ha contribuido a la ampliación y profundización de las instituciones democráticas garantizando el necesario equilibrio en el ejercicio del poder político.
Sin embargo, cada vez que la capacidad de diálogo se ha deteriorado y las tensiones sociales y económicas se han hecho insostenibles, el Congreso ha sido reflejo de las severas crisis que han afectado a nuestro país a lo largo de su vida independiente.
Es así como como podemos identificar varios hitos donde el Congreso ha visto interrumpida su labor: en noviembre de 1811; febrero de 1891; septiembre de 1924 y septiembre de 1973.
El próximo 11 de septiembre se conmemoran 40 años de la ruptura constitucional que derivó en el cierre del Congreso Nacional, el mas largo de su historia legislativa ya que se prolongó por 17 años, y solo fue reabierto en marzo de 1990.
No obstante, al reflexionar en retrospectiva tras cada uno de estos dramáticos quiebres institucionales, el Parlamento ha prevalecido en el convencimiento democrático.
El Mensaje Presidencial del Presidente Salvador Allende, ante el Congreso Pleno del 21 de mayo de 1973 dio cuenta de las profundas transformaciones económicas y sociales que impulsaba en su administración, así como de la severa crisis económica, las tensiones sociales y el deterioro del diálogo: “como pocas veces ha ocurrido en Chile, esperanzas y temores son compartidos por la razón y las pasiones de nuestros conciudadanos”. (Revise el Mensaje Presidencial de 1973).
En el tercer y último discurso que el Presidente Allende pronunció ante el Congreso Pleno detalló “las graves dificultades por el pago de la deuda externa” que atravesaba la administración pública e hizo un explícito reconocimiento de la amenaza de la violencia y la guerra civil.
En los meses siguientes se vivió una vertiginosa espiral de enfrentamientos, hiperinflación y capacidad de diálogo en decadencia. El deterioro de la convivencia y las difíciles circunstancias históricas también quedan de manifiesto al revisar los Diarios de Sesiones del Senado.
Según el informe realizado por el Área Historia Político-Legislativa de la Biblioteca del Congreso Nacional, entre los meses de junio y septiembre de 1973 se efectuaron 68 sesiones y en 23 de ellas se trataron asuntos relacionados a la aguda crisis que vivía el país y que desencadenaron el golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre.
En la sesión posterior al Mensaje Presidencial (6 de junio de 1973) y, tal como era la costumbre entonces, se realizó una sesión especial de agudo análisis del discurso. Allí intervino el senador Erich Schnake (PS), quien contestó algunas de las observaciones formuladas por la entonces Oposición al Mensaje presidencial, partiendo de la base que hasta el 4 de septiembre de 1970, los programas de gobierno de Allende y Tomic, “tenían notables coincidencias”.
Asimismo, el senador Luis Valente (PC), entregó amplios antecedentes macroeconómicos; mientras que su par Andrés Zaldívar (DC), refutó en términos económicos la justificación de la severa crisis económica y política de sus pares. En el debate se producen varias interrupciones donde participaron los senadores Víctor García, Adonis Sepúlveda, Tomás Pablo, Julieta Campusano, Alberto Jerez y Aniceto Rodríguez.
Unos días después, el 14 de junio de 1973 se realizó una sesión especial donde se analizaron las comunicaciones intercambiadas entre jefes en retiro de la Defensa Nacional y el Presidente de la República. Dicha carta expresaba “los temores ciudadanos por el clima de inquietudes y violencia que vive el país, tanto como por el desequilibrio evidente de su desarrollo, lo que atenta contra la seguridad nacional".
En esa oportunidad intervinieron los senadores Juan de Dios Carmona Peralta (DC), Benjamín Prado Casas (DC) y Fernando Ochagavía Valdés (Partido Nacional) y tras el debate quedaba claro que “se estaban cerrando los caminos del diálogo”.
En la Sesión Especial del jueves 28 de junio de 1973 se abordó el anuncio del Jefe de la Zona de Emergencia de Santiago sobre un supuesto complot o ‘cuartelazo’. El entonces ministro de Defensa, José Tohá respondió las interrogantes surgidas cuando “se pudo establecer que varios integrantes de una unidad de la Guarnición de Santiago planeaban sacar a la calle las unidades fundamentales a que pertenecen y provocar de esa manera la caída del régimen constitucional”.
El clima de confusión y temor quedó de manifiesto también por la situación vivida por el entonces Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, quien se vio envuelto en un incidente con civiles que habrían intentado obstaculizar e impedir la marcha de su vehículo oficial. El ministro Tohá hizo un llamado a evitar “la amenaza de una guerra civil”.
Durante el debate, el extraño asedio a Prats trajo a la memoria la trágica muerte del general Schneider y el crimen de Edmundo Pérez Zujovic. Asimismo se mencionaron los ataques virulentos de uno y otro lado y que afectaban por ejemplo, el entonces Presidente del Senado y ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva.
El ministro Tohá debió responder y aclarar las dudas por la declaración del estado de emergencia en la Provincia de Santiago, con numerosas interrupciones de diversos senadores, entre ellos, Bulnes, Contreras, Lavandero, Moreno, Rodríguez, Zaldívar y Pablo.
En tanto, los senadores Juan Hamilton Depassier (DC) y Juan de Dios Carmona (DC), si bien rechazaron los ataques sufridos por el Jefe del Ejército, le reclamaron al Ministro y expresaron su preocupación por el tenor de las interpretaciones de estos hechos en la prensa oficial, donde se culpaba al “momiaje enloquecido” y las “hordas fascistas” de un intento de secuestro al Comandante en Jefe del Ejército. Recordaron además los atentados que sufrían las sedes políticas opositoras y enfrentamientos violentos a lo largo del país.
Este debate continuó en la Sesión Especial, del día siguiente (29 de junio), donde se abordó la posición de los Partidos Demócrata Cristiano e Izquierda Radical. Allí los senadores Patricio Aylwin Azócar (DC) y Humberto Aguirre Doolan (IR), reafirmaron su adhesión al sistema institucional chileno e hicieron votos por el normal desarrollo de la vida democrática.
En la Sesión Especial, del martes 3 de julio de 1973, se tramitó el proyecto sobre declaración de estado de sitio en el territorio nacional por noventa días, tras “un acto de sublevación y conspiración”, según explicó el ministro de Justicia, Sergio Insunza Barrios, quien intervino para solicitar la aprobación inmediata de esta declaración dadas las circunstancias que vivía el país. Tras un arduo debate sobre la forma de proceder a esta solicitud finalmente se rechazó en la Sesión Especial de ese mismo 3 de julio en la tarde.
Hicieron uso de la palabra los senadores Andrés Zaldívar Larraín (DC), Alberto Jerez Horta (Izquierda Cristiana), Ernesto Araneda Briones (PC), Américo Acuña Rosas (Partido Socialdemocracia de Chile), Sergio Onofre Jarpa Reyes (Partido Nacional), Aniceto Rodríguez Arenas (Partido Socialista), entre otros, quienes debatieron sobre la necesidad de mantener las garantías individuales y las facultades para mantener el orden interno. No obstante, el tenor del debate da cuenta del caos inevitable en el que se estaba sumiendo el país.
En la Sesión Especial, del miércoles 11 de julio la convicción del momento de crisis es dramática. Se abordó el cumplimiento de la ley sobre control de armas pero quedó de manifiesto “la pérdida de la fe democrática”. Allí el senador Patricio Aylwin Azócar (DC) aludió a " la crisis integral de Chile".
También participó el ministro del Interior suplente Carlos Briones Olivos, quien recordó las heridas de la crisis de 1932 y los senadores Francisco Bulnes Sanfuentes (Partido Nacional), Víctor Contreras Tapia (PC), Aniceto Rodríguez Arenas (PS), Alfredo Lorca Valencia (DC)y Víctor García Garzena (Partido Nacional), entre otros.
Para fines de ese mes ya había intervenido la Conferencia del Episcopado Chileno, presidida por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, cuya Declaración respecto del momento político que se vivía se abordó en la Sesión Especial del martes 24 de julio de 1973.
“Hablamos en una hora dramática para Chile”…”porque creemos tener una obligación especial de hacer un llamado extremo para evitar una lucha armada entre chilenos”, clamaba aquella misiva. Los senadores Alberto Jerez (IC), Jorge Lavandero (DC) y Volodia Teitelboim (PC)y Ricardo Valenzuela (DC) coinciden en los argumentos de los Obispos pero cada cual lo interpretaría como un llamado de atención para el adversario.
El diálogo aparece cada vez más complejo, lejano y las posturas se radicalizan, dando paso a nuevos atentados, paros y crímenes. En la Sesión Ordinaria del martes 7 de agosto de 1973 se abordaron los ataques contra el Partido Nacional a raíz del asesinato del edecán Naval de la Presidencia de la República (Comandante Arturo Araya Peeters), a quien se le rindió un homenaje. En la ocasión, intervino Fernando Ochagavía Valdés (Partido Nacional).
Al culminar el mes de agosto de 1973 nuevamente en el Senado se da cuenta de la publicación de folletos que incitarían a la subversión en las Fuerzas Armadas y de la supuesta participación de funcionarios de la FAO en las acciones subversivas. En tanto, el 28 de agosto de 1973, se celebró una sesión donde se dio cuenta de la respuesta del Presidente de la República al acuerdo de la Cámara de Diputados. allí intervino el senador Américo Acuña Rosas (Partido Socialdemocracia de Chile).
El Senado alcanzaría a celebrar sólo algunas sesiones hasta la primera semana de septiembre. Ya se vislumbraba el desenlace inevitable. El 5 de septiembre se efectuó una de las últimas sesiones ordinarias donde en la Hora de Incidentes el senador Jorge Montes Moraga (PC) abordó el papel de las Fuerzas Armadas en nuestro país y expuso sendos antecedentes aparecidos en la prensa de la época de los atropellos a los derechos de efectivos que no habrían seguido instrucciones superiores.
Durante el Orden del Día se tramitaron diversos proyectos de ley y se acordó la tabla de fácil despacho para la próxima sesión. Sin embargo, el 11 de septiembre, el Senado no pudo sesionar.
Con anterioridad, a principios del siglo XX se vivió la otra crisis institucional, cuando la preeminencia del Parlamento en el sistema político se logró reformando e interpretando la Constitución de 1833 de manera parlamentaria. En ese entonces, la denominada “cuestión social” desbordaría la agenda pública con las diversas demandas para solucionar las graves carencias que afectaban a los sectores obreros y populares de la sociedad.
En 1920, con la elección presidencial de Arturo Alessandri Palma se intentó implementar una serie de reformas a la institucionalidad política parlamentaria y a la legislación social y laboral, con el objeto de responder a las demandas ciudadanas y de impedir un estallido social.
El 13 de mayo de 1924, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que declaraba que la gratuidad del cargo de parlamentario no obstaba a conceder a los senadores y diputados, mediante ley, asignaciones a título de gastos de representación (dieta parlamentaria). En la sesión de 3 de septiembre del mismo año, el Senado aprobó en general, en segundo trámite legislativo, dicho proyecto de ley.
Un grupo de jóvenes oficiales del Ejército concurrió a las galerías del Senado con el fin de expresar su oposición a la aprobación de la dieta parlamentaria y la postergación de la tramitación de las leyes sociales. Dichos oficiales fueron conminados por el Ministro de Guerra a abandonar el recinto. Al hacerlo, hicieron golpear sus sables contra la pared como señal de desafío. (Revise el Diario de Sesiones del 3 de septiembre)
El 5 de septiembre de 1924 un grupo de oficiales constituyeron el llamado Comité Militar. Los uniformados concurrieron a La Moneda a expresar su malestar a Alessandri, presentándole una serie de peticiones en relación al despacho de los proyectos de ley que permanecían pendientes, ante lo cual el Presidente se comprometió a buscar solución con la condicionante de que ellos volvieran a sus cuarteles.
Ante dicha presión, el Congreso Nacional aprobó en las sesiones del 8 al 9 de septiembre las iniciativas de corte social: jornada laboral de ocho horas, supresión del trabajo infantil, reglamentación del contrato colectivo, la ley de accidentes del trabajo y seguro obrero, legalización de los sindicatos, la ley de cooperativas y la creación de los tribunales de conciliación y arbitraje laboral; todas pospuestas anteriormente, por ambas cámaras legislativas. (Ver Diarios de Sesiones del 8 y 9 de septiembre de 1924).
Sin embargo, el Comité Militar prefirió seguir funcionando, y le pidió a Alessandri que disolviera el Congreso. Tras este hecho, el Primer Mandatario prefirió renunciar, y al no conseguir su renuncia, decide autoexiliarse a Europa el 9 de septiembre. El Congreso, sin pronunciarse sobre la renuncia, se limitó concederle una autorización para ausentarse del país por seis meses, lo que hizo efectivo al día siguiente.
El 12 de septiembre, se instaló una Junta de Gobierno, presidida por Luis Altamirano, que decretó ese mismo día el cierre del Congreso Nacional, tras 93 años de funcionamiento ininterrumpido.
Las décadas posteriores no lograron estabilizar las relaciones institucionales y el descontento popular se veía agudizado por las migraciones del campo a la ciudad y las carencias sociales que se desencadenaban.
El 4 de junio de 1932 se produjo la denominada “República Socialista” con la renuncia forzosa del Presidente Juan Esteban Montero por un golpe de estado. Dos días después, la Junta de Gobierno encabezada por el general en retiro Arturo Puga junto con Carlos Dávila y Eugenio Matte decretó la disolución del denominado “Congreso Termal”, un organismo que no contaba con el reconocimiento democrático, puesto que se decidió en una reunión entre las jefaturas de los partidos y el entonces Presidente Carlos Ibáñez del Campo realizada en las Termas de Chillán.
En el año 1890 y debido a la aguda crisis que enfrenta al Presidente José Manuel Balmaceda con el Congreso Nacional, éste último acuerda postergar el trámite de las leyes periódicas, negándose a discutir la ley de presupuestos para el año 1891 mientras no exista un gabinete ministerial de confianza parlamentaria.
En respuesta a esa medida, el Presidente Balmaceda decide gobernar aprobando por decreto el presupuesto del año anterior. En medio de gran efervescencia política el Congreso Nacional redacta un acta de deposición del Presidente, la que es ignorada por éste último, quien a su vez clausura el Congreso, el 11 de febrero de 1891.
La pugna entre el Ejecutivo y el Congreso da paso a las armas donde se enfrentan el Ejército y la Marina, leales al gobierno o al parlamento, respectivamente. Ambos bandos estaban liderados por generales quienes apenas unos pocos años antes –en 1879- había peleado codo a codo contra la Confederación Perú- Boliviana.
El hecho que entre las miles de bajas hubiera “héroes de la Guerra del Pacífico” hizo aún más dolorosa la cruenta guerra civil que duraría seis meses y costaría la vida a más de 4.000 chilenos, en una población de algo más de dos millones y medio de habitantes.
Derrotado el Presidente Balmaceda, se refugia en la embajada de Argentina y, en un dramático giro del destino, se quita la vida el 19 de septiembre de 1891. En lo político, se impone en el país un régimen parlamentario, no obstante, las consecuencias de la Guerra Civil se hicieron sentir por varias décadas más.
Hubo que iniciar un proceso de reconstrucción, de reorganización del Ejército y de reconciliación nacional tras las profundas divisiones y persecuciones políticas. Los Diarios de Sesiones entre 1890 y 1891 dan cuenta de ese turbulento y violento periodo. (Revise la Sesión del 13 de noviembre de 1891)
Los balmacedistas se retiraron a la clandestinidad y sólo se lograron reestructurar hacia 1894 en el Partido Liberal Democrático, cuando pudieron competir para obtener representación parlamentaria.
El periodo entre 1811 y 1823 se caracterizó por una fuerte inestabilidad política social e institucional producto de organización de la República y el proceso de independencia de Chile. En esta convulsionada etapa el Congreso Nacional debe enfrentar severas crisis políticas y la creciente violencia de las campañas militares, por lo que no es extraño que haya habido cierto experimento en los cuerpos legislativos.
Tras una primera disolución del Congreso el día 2 de diciembre de 1811 luego del golpe de Estado protagonizado por los hermanos Carrera, la corporación vuelve a instalarse como Primer Senado (Congreso unicameral) el día 10 de noviembre de 1812, el cual tuvo una corta duración hasta 1814. Consolidada la Independencia nacional luego de la victoria patriota en Maipú, y en vista de la demanda ciudadana, en 1818 el Director Supremo Bernardo O´Higgins dispone la existencia de un “Congreso de Diputados”.
Posteriormente, en 1822, O´Higgins convoca la instauración de un Congreso Bicameral emanado de la Constitución de ese mismo año. Sin embargo, en vista del fracaso de la Carta de 1822 y la caída del propio director supremo, esta corporación no llegó a operar.
En 1823 Ramón Freire remplazó a O´Higgins y surgió un Senado “Legislador y Conservador” que funcionó hasta la promulgación de una nueva Constitución ese mismo año. A partir de entonces se instaló un Congreso Bicameral con clara preeminencia del Senado sobre la Cámara de Diputados.
Sin embargo, una vez, derogada la Carta de 1823, se forma un Congreso Constituyente instalado en la ciudad de Valparaíso, el que recibió el encargo de redactar una nueva Constitución, la cual fue aprobada el año 1828. De esta Carta surgió un Congreso Bicameral en Santiago, con el cual se dio inicio a las Legislaturas o Periodos Legislativos, instaurando el I Periodo Legislativo para los años 1828 a 1829.