¿Alcaldes inamovibles?: hasta el 22 de julio se recibirán indicaciones para el proyecto que agiliza sanciones por responsabilidad administrativa

Evidenciando la necesidad de una profunda reforma municipal, además de adelantar perfeccionamientos al texto legal propuesto, el Senado aprobó en general y por unanimidad el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa. Cabe precisar que el senador Jorge Soria se inhabilitó para la votación.

El texto legal –que recibirá indicaciones hasta el lunes 22 de julio- tiene por objeto asegurar que se haga efectiva la responsabilidad administrativa de un alcalde, cuando ésta ha sido así declarada por la Contraloría General de la República, y disminuir los riesgos de que las acciones ilegales de estas autoridades queden posteriormente impunes, en la etapa del respectivo procedimiento de remoción del alcalde por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las nomas sobre probidad administrativa o por notable abandono de deberes, que corresponde tramitar al concejo respectivo.

Durante el debate intervinieron los senadores Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Pedro Araya, Luz Ebensperger, Rabindranath Quinteros, Juan Antonio Coloma, Carmen Gloria Aravena, Víctor Pérez Varela, Carlos Bianchi, José Miguel Durana, Ximena Rincón, David Sandoval, Kenneth Pugh, Juan Castro, Rodrigo Galilea, José Miguel Insulza, Alejandro Navarro, Iván Moreira y José García Ruminot.    

Con todo, el proyecto dispone que, si la Contraloría determina la instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario, aplicará directamente alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, sin necesidad de remitir los antecedentes al concejo municipal, como se encuentra establecido hoy en día.

Además, establece que, si de la investigación resultare que la responsabilidad administrativa del alcalde ha sido consecuencia de contravenir gravemente la probidad administrativa o existan hechos que hagan presumir la existencia de notable abandono de sus deberes, la Contraloría remitirá copia del expediente sumarial y la propuesta de remoción al concejo municipal, el que deberá pronunciarse dentro del plazo fatal de 30 días.

Si transcurrido el plazo señalado, sin que el concejo municipal se haya pronunciado sobre la propuesta de sanción efectuada por la Contraloría, el secretario municipal deberá certificar esa circunstancia y remitir dichos antecedentes al Tribunal Electoral Regional respectivo, para su pronunciamiento.

Asimismo, reformula el listado de circunstancias en las que puedan incurrir los alcaldes o concejales, y que serán consideradas como notable abandono de deberes.

Explicita los deberes del alcalde tanto en materia de equilibrio financiero de los municipios, como en el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales con los funcionarios y proveedores de servicios.

Incorpora como función de los alcaldes, la de velar por el cabal y oportuno pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios y trabajadores a, debiendo rendir cuenta trimestral al concejo municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento de dicha obligación.

El senador Letelier informó sobre los alcances del texto propuesto y resaltó el plazo que se establece para el pronunciamiento, “esto para que no ocurra que una vez que la Contraloría informe al consejo, el que podría tener afinidad mayoritaria con el alcalde, no se pronuncie en un sentido u otro”. Por esto, precisó que se avanza en garantizar de mejor forma el agilizar sanciones.

Luego, el senador Montes destacó que la moción busca fortalecer el sistema municipal, porque –declaró- “hay problemas y todos entendemos la importancia y lo clave de los municipios”. El legislador recordó lo informado por el Contralor General en la Comisión de Gobierno, que detalló que en 2015 Contraloría instó 66 sumarios, en 35 se determinó responsabilidad del alcalde, pero en 20 de éstos no hubo pronunciamiento, solo en 7 los antecedentes fueron al TER y en 2 casos ni siquiera hay registro.

El corregir “una distorsión que tenemos en el sistema municipal” fue abordado por el senador Araya, quien criticó que existen alcaldes que quedan sin sanción y en impunidad, porque, entre otros, el consejo no reúne el tercio del quórum requerido. “Voto a favor, pero hay que hacer una serie de ajustes”, adelantó.

La senadora Ebensperger se manifestó “convencida de que hay que avanzar en esta materia, ninguna autoridad puede no tener responsabilidad”, sin embrago coincidió en que hay que hacer varios ajustes. Asimismo, dejó constancia que se debe cuidar la responsabilidad de la autoridad local, cuando se traspasan facultades sin su financiamiento.

A su turno, el senador Quinteros abocó la realidad a la que se enfrenta el sector y el escarnio público, porque se “desconoce la realidad de los gobiernos comunales, que es muy diversa y no corresponde a la caricatura que se suele hacer”; no obstante, reconoció que se debe terminar con cualquier impunidad y aclaró que “no soy parte de que la Contraloría tenga competencia para aplicar sanciones”.

Anunciando la necesidad de perfeccionar el proyecto de ley, el senador Coloma precisó que hay aspectos que valora, como la explicitación de responsabilidad en el equilibrio financiero, pero indicó que “no estamos siendo serios con la entrega de los recursos, por lo que hay que revisar que esta buena idea sea exigible”.

Por su parte, la senadora Aravena reafirmó la importancia de las municipalidades y la labor que hacen los alcaldes y concejales; en este contexto llamó a abrirse a las mejoras para terminar con prácticas poco factibles y a considerar la realidad de las pequeñas comunas.

“Esta es una iniciativa correcta y necesaria, pero llama la atención que el tema municipal no lo hemos analizado en su integridad y es el primer eslabón frente a la ciudadanía. El Estado en su conjunto estamos en deuda (…)”, sentenció el senador Pérez Varela, quien agregó que hay que tener especial cuidado, porque muchas veces los alcaldes son denunciados públicamente pero no han tenido los recursos.

Concordando con las reflexiones anteriores, el senador Bianchi recogió el avanzar en una gran reforma en materia municipal y ejemplificó lo sucedido en Punta Arenas con profesores con impagas cotizaciones y una crisis en el sector.

“Voy a aprobar en general, pero espero que en ningún caso podamos entregar una responsabilidad tan clara a un órgano que no da muestra de imparcialidad, ni menos de justicia en sus auditorías”, declaró el senador Durana.

La senadora Rincón suscribió lo dicho con respecto a la entregan de más atribuciones sin financiamiento, “ahí hay un llamado de atención”; además, la parlamentaria destacó que los municipios son el primer contacto que tienen los ciudadanos. En otro orden llamó a establecer procedimiento estándar desde la autoridad que sancionará.

“Necesitamos mejorar la transparencia y probidad de los municipios”, señaló el senador Sandoval y en ese contexto destaco la moción, “pero creo que no estamos siendo parte de una realidad que es mucho más grande, como la urgencia de modificar la ley orgánica de municipalidades”, agregó.

“Concuerdo con mejorar procesos, pero si no logramos avanzar a la par con un protocolo y cambio digital, no seremos capaces de hacer esto”, manifestó el senador Pugh, quien valoró que el proyecto permitirá “que nuestros gobiernos comunales tengan a los mejores administradores”.

Llamando a que se amplíe el espectro de los responsables en los municipios, el senador Castro apuntó: “sabemos que este proyecto está bien encaminado y que podemos hacer indicaciones para mejorar (…), pero también sabemos que los alcaldes no lo ven todo”, agregó, aludiendo a asesores, secretario municipal, administración de finanzas, entre otros.

El procurar no afectar la autonomía municipal, fue puesto en evidencia por el senador Galilea. “Que se le permita a la Contraloría sancionar de manera directa, puede ser discutible por poner en juego este principio”, dejó constancia el senador, al tiempo de resaltar que se aborde el poner en marcha la fiscalización de los municipios.

 El senador Insulza hizo notar sus aprensiones respecto a salvaguardar la democracia que “empieza y termina en los municipios, en especial si hablamos de descentralización”. Por eso pidió ser “prudentes sobre las causales de destitución” en especial aquellas tan generales relativas a las estimaciones presupuestarias”.

Por su parte, el senador Navarro recalcó la necesidad de “escuchar la voz de alcaldes porque  se requieren mayores garantías de debido proceso”. Recordó además el caso que significó “la persecución que sufrió el ex alcalde Soria, actual senador porque él decidió pagar la deuda del municipio y tuvo que responder finalmente con su patrimonio”. Por eso llamó a “hacer una revisión más profunda de la ley”.

El senador Moreira recordó que “lo que se busca con el proyecto es hacer modificaciones adecuadas para agilizar agilización de sanciones en caso de responsabilidades administrativas”. Agregó que “si un alcalde se siente amenazado existen herramientas legales para defenderse”.

 A su vez, el senador García Ruminot si bien respaldó el texto legal pidió precisar algunos aspectos relacionados con los cobros en casos de exista mora. “Creo que tenemos que ser precisos porque normas muy generales pueden permitir que mayorías políticas terminen con una enorme cantidad de alcaldes acusados por notable abandono de deberes”.

El proyecto de ley fue presentado por los senadores Luz Ebensperger, Rodrigo Galilea, Francisco Huenchumilla, Carlos Montes y Rabindranath Quinteros.