Nuevas facultades para el Banco Central: reforma constitucional y proyecto de ley iniciaron su trámite

Tras el último Informe de Política Monetaria (IPoM) se confirmó que la pandemia por Covid-19 ha generado una importante crisis económica producto de las medidas sanitarias para contener el contagio. Muchos sectores productivos han debido cerrar, generando cesantía; y otros trabajan a media máquina usando medios telemáticos.

Este dramático escenario fue analizado en detalle esta semana por el presidente del Banco Central (BC) Mario Marcel, quien reconoció que es difícil predecir cómo la economía saldrá a flote, y en especial el Estado que ha debido incrementar exponencialmente el gasto fiscal.

En la búsqueda de una solución, los senadores de la Comisión de Hacienda plantearon hace varias semanas, la utilidad que tendría entregar nuevas facultades al BC para apoyar las finanzas fiscales (ver nota relacionada). Ese llamado hizo eco en el Ejecutivo que presentó dos proyectos para permitir que el Banco Central (BC) pueda comprar deuda el fisco en el mercado secundario:

a) Proyecto de reforma constitucional que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales que indica (Boletín N° 13592-05). El texto legal levanta la prohibición constitucional que rige para la comprar deuda en el mercado secundario y que data de la modificación de 1990 que determinó la autonomía del BC.

b) Proyecto que modifica la Ley Orgánica titulado de la misma forma (Boletín N° 13593-05) que apunta a regular el procedimiento de comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco de Chile, cuando así lo requiera la protección del normal funcionamiento de los pagos internos y externos.

Hoy, el BC compra y vende en el mercado abierto -integrado por las entidades que el instituto emisor define para estos efectos en su normativa-, bonos bancarios. La novedad es que ahora podría hacerlo también con títulos de deuda del Fisco. Entre otras cosas, el procedimiento dispone que el ministro de Hacienda deberá ser invitado a la sesión del Consejo del Banco Central donde se adopten los acuerdos para adquirir títulos fiscales.

Es permitir al BC adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas, como financiar gasto público mediante créditos directos o indirectos. Esto solo en caso de emergencia.

Con esa facultad se podría apoyar los ingresos fiscales. Estos dineros permitirían generar políticas públicas en apoyo a la ciudadanía, por ejemplo, incrementando la cuantía de los bonos que han comenzado a repartirse en el contexto de la crisis sanitaria.

La ley impide que el central adquiera documentos emitidos por el Estado y financie el gasto público con créditos. Dichos documentos operan como una línea de crédito con la cual se puede comprar lo necesario.

Esta prohibición responde a la necesidad que la política monetaria (la estabilidad de la moneda) no responda a los vaivenes de la contingencia política. El rol principal del BC es velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, en otras palabras, evitar a toda costa el endeudamiento.

A partir de la crisis sanitaria, hoy se plantea terminar con esa prohibición pero solo en circunstancias extraordinarias como la actual.

Se permite adquirir documentos del Estado y otorgar créditos para el gasto público con las siguientes limitantes:

• Que se trate de circunstancias excepcionales y transitorias calificadas, en las que así lo requiera el resguardo del normal funcionamiento de los pagos internos y externos; y

• Que tales adquisiciones se efectúen en el mercado secundario abierto (Bolsa de Valores)

En el último Informe de Política Monetaria (ver nota relacionada) el BC proyectó que la actividad en Chile experimentará una contracción entre 5,5 y 7,5% este año.

La tasa de desempleo ya supera el 10%, afectando tanto a trabajadores formales como informales. Es probable que el país enfrente este año la contracción económica más profunda de los últimos 40 años.

Si bien el ente emisor implementó el mayor ajuste en las tasas desde hace más de 10 años, dicha medida puede no ser suficiente para cautelar el normal desenvolvimiento de los pagos.