Comisión de Medio Ambiente enfatiza la necesidad de cerrar el cordón industrial de Quintero- Puchuncaví

En medio de un nuevo episodio de intoxicación, que esta vez afectó a 49 personas, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, solicitaron al gobierno que no dilate más el cierre del cordón industrial de Quintero-Puchuncaví, considerando que el Ministerio de Salud (Minsal) tiene las atribuciones para ello.

El tema que ha estado en la agenda noticiosa las últimas semanas, esta vez se cruza con dos hechos indirectamente relacionados: la negativa de la actual administración de firmar el acuerdo de Escazú –que implica garantizar justicia en asuntos ambientales-; y la aprobación que dio el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a las tronaduras en Mina Invierno, ex Isla Riesco, en la región de Magallanes.

Considerando ambos hechos, la presidenta de esta instancia, la senadora Isabel Allende explicó que “nos parece un contrasentido lo que hace el gobierno. Por una parte, dice defender el derecho a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación impulsando medidas en Quintero, y por otro, se niega a entregar su respaldo a legislación internacional en favor del cuidado del planeta y además propicia el uso del carbón, lo que se contradice con las políticas que se están impulsando por eliminar este mineral de la matriz energética”.

“Nuestra posición como Comisión es unánime. Mientras no se paralicen las industrias de la zona afectada, que alcanzan a 16, esto no tendrá solución. Creemos que no es necesario esperar un dictamen en Contraloría para que el Minsal pueda actuar. Esa cartera sí tiene las atribuciones para decretar el cierre de las empresas. No es necesario seguir esperando”, advirtió.

Cabe mencionar que los senadores Ximena Órdenes, Isabel Allende, Yasna Provoste, Alfonso De  Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Rabindrath Quinteros y Juan Ignacio Latorre rechazaron la decisión del gobierno de postergar la firma del acuerdo de Escazú, cuya ceremonia oficial se llevará a cabo este jueves 27 en Nueva York.

El acuerdo liderado por Chile el 2012, se encuentra en el marco de una serie de negociaciones regionales para avanzar hacia una real democracia ambiental en el continente, garantizando el acceso a la población, a la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

Al respecto, el senador De Urresti calificó como “un papelón internacional” la no firma de este acuerdo. “Queremos denunciar un contrasentido enorme de este gobierno. El SEA autorizó  tronadura en isla Riesco que es un sitio de conservación de la naturaleza. Acá estamos frente a un subsidio encubierto a la industria del carbón que también está presente en Quintero”, hizo ver.

La senadora Carolina Goic que representa a la región de Magallanes planteó que “es inaceptable que se le plantee a la población que se va a cuidar la salud de las personas, y a la par se estén aprobando tronaduras en isla Riesco. Esto favorece la explotación del carbón y por lo mismo, había sido rechazado por el gobierno de la presidenta Bachelet. Es increíble si pensamos que en la misma zona hay un parque nacional. Creemos que el gobierno debe transparentar sus prioridades: la rentabilidad de la empresa o la salud de las personas”.

Para el senador Latorre, es un hecho de la causa que “al gobierno no le importan los niños que sufren intoxicaciones”. A su parecer, “las termoeléctricas de Quintero-Puchuncaví son las que compran el carbón. El gobierno dice estar a favor de las energías limpias, pero a la vez fomenta el desarrollo del carbón que es altamente contaminante. Creemos que el  derecho a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación es solo un eslogan”.

Aunque forma parte del oficialismo, una postura crítica ha expresado el senador Chahuán respecto al actuar de las autoridades, particularmente en el caso de Quintero-Puchuncaví. “Nos preguntamos ¿qué más tiene que ocurrir en estas comunas para que el ejecutivo declare zona de catástrofe? Hoy supimos de un nuevo caso de contaminación que afectó a 49 personas, los que llegaron al hospital de Quintero con los mismos síntomas de episodios anteriores: náuseas, cefaleas y dolor abdominal”, explicó.

“Valoramos los esfuerzos que se han realizado como decretar emergencia sanitaria o monitorear desde el Estado, las emisiones contaminantes; pero si esto no va acompañado de nuevas normas de dióxido de azufre y arsénico, de gases hidrocarburo, más un plan de descontaminación y recursos económicos para reactivar la economía de los pequeños comerciantes, agricultores y pescadores de la zona, nada tiene sentido”, aseguró el congresista.

El otro representante de la región de Valparaíso, el senador Ricardo Lagos Weber insistió en que “lo único que dará tranquilidad a la población afectada por la contaminación, es el cierre de las empresas. No es posible que aún no se sepan las fuentes de emisión que originan estos casos de intoxicación. Vemos que las autoridades retiran y reponen la alerta amarilla, y la gente no sabe qué pensar”.

De la misma idea es el senador Girardi, quien apuntó a la necesidad de transparentar, lo que calificó como “una serie de contradicciones”. “Sabemos que alguien está mintiendo. No creo que sean los niños, lactantes y adultos que han llegado al hospital de Quintero con una serie de síntomas y los médicos les han diagnosticado intoxicación. Más bien creo que los que mienten son las autoridades, quienes dicen estar monitoreando el ambiente. Ellos retiran la alerta amarilla porque no se están emitiendo contaminantes, pero la gente se enferma igual”, graficó.

En la búsqueda de soluciones a estos problemas, los senadores Francisco Chahuán, Carmen Gloria Aravena, Álvaro Elizalde, Guido Girardi y David Sandoval presentaron un proyecto que determina la figura del delito ambiental e incluso castiga con penas de cárcel a empresas que generen descargas, emisiones, filtraciones y fugas de materiales líquidos, químicos o contaminantes tóxicos.

El senador Elizalde destacó que se trata de una iniciativa transversal. “Queremos una legislación moderna y por eso es fundamental que existan los delitos medioambientales que hoy no están tipificados”.

En la misma línea, el senador Sandoval valoró que el Gobierno se abriera a la posibilidad de patrocinar la moción, de manera de agilizar su tramitación. “Es una noticia alentadora. La ministra Schmidt nos ha dicho que lo van a respaldar y de ser ley, evitaría todas las situaciones de contaminación que tanto hemos lamentado”, acotó.