Afinan redacción de proyecto que permite que la atención primaria conozca la identidad de pacientes contagiados de COVID 19
La intención es que la salud municipal pueda gestionar de mejor manera, las cuarentenas de los pacientes con PCR positiva y sus contactos más estrechos.
17 de junio de 2020
Una primera mirada al texto elaborado por el Ejecutivo para concordar criterios respecto del proyecto que modifica la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes del paciente, para autorizar el tratamiento de datos para el control de pandemia derivada del COVID-19, dio la Comisión de Salud.
En la sesión extraordinaria del martes 16 de junio, la instancia solicitó a la Sala refundir esta propuesta con una de similares características que hoy tramita la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Se trata de aquella que autoriza efectuar tratamiento de datos sensibles (Boletín N° 13374-07) La petición quedó pendiente.
En la última sesión de la Comisión, sus integrantes revisaron junto a asesores del Ministerio de Salud (Minsal) una redacción más menos concordada que será afinada en los próximos días. En lo sustancial, el texto contempla los siguientes elementos:
- En caso de estado de excepción, habiéndose decretado una pandemia, se podrá dar tratamiento de datos sensibles por el tiempo que ésta dure, a la información de la enfermedad.
- La autorización para transmitir dicha información sólo podrá otorgarse a los Servicios de Atención Primaria, y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para cuidar y monitorear la población afectada por dicha enfermedad y los eventuales contactos estrechos.
- Las organizaciones receptoras de la información sólo podrán usarla para el cuidado y monitoreo de dicha población, y garantizar las condiciones de aislamiento y medidas de control sanitario.
- Los datos sensibles deberán ser eliminados cuando concluya el estado de excepción, verificada el alta médica o descartado el contagio.
- Se prohíbe comunicar esta información de manera individualizada, todo con el fin de evitar la discriminación y estigmatización. Quien publique este tipo de información, será sancionado con pena de reclusión menor en su grado medio a máximo.
- El responsable de la información en el caso de la atención primaria, será el director de Salud Municipal.
La discusión de esta iniciativa dice relación con la demanda que han hecho ver algunos alcaldes del país respecto a la necesidad de identificar a los vecinos con PCR positiva, de manera de apoyar su confinamiento, como así también el de sus contactos estrechos. Esto cobraría mayor relevancia luego que el Minsal relevara el rol de la atención primaria en el combate contra el Coronavirus.
La preocupación que despierta el proyecto es el mal uso de la información considerando el caso de diversos pacientes contagiados que han sido objeto de discriminación e incluso ataques en su contra. Ello también se cruza con un reportaje de un medio de comunicación online que publicó hace varias semanas, la georreferenciación de personas con PCR positiva en la Región Metropolitana.
En la misma sesión, la Comisión escuchó a la directora ejecutiva de la fundación Ronda, Jo Escudero; y el director ejecutivo de la ONG Inclusiva, Carlos Kaiser. Ambos hicieron presente las denuncias por discriminación de pacientes con discapacidad que se encuentran contagiados con COVID 19.
Los invitados mencionaron el caso de Óscar Walter, paciente de 38 años que tenía síndrome de Down y dio positiva su PCR. El pasado 26 de mayo falleció en el Hospital Félix Bulnes, tras permanecer cinco días internado en la unidad de Urgencia del recinto. Su familia acusa discriminación, tras lo cual se ordenó una auditoría interna.
Tanto Ronda como Inclusiva apuntaron a una serie de demandas: reconocer como protocolos, los documentos científicos emanados al respecto; garantizar que los pacientes con discapacidad puedan ser internados con una persona que los acompañe; y permitir el acceso a residencias sanitarias porque en la actualidad se prohíbe la internación de personas no autovalentes.
La Comisión acordó oficiar al Minsal y al Ministerio de Desarrollo Social para que se consideren estos requerimientos que fueron respaldados por los senadores.
Asimismo, los legisladores escucharon al ejecutivo comercial de la Isapre Banmédica, y representante del sindicato de sector, Daniel Catalán, quien expuso sobre el proceso que habría provocado el alza de un 60% de los planes de estas entidades, a partir de abril pasado.
Catalán explicó que “debido a que debió eliminarse de la tabla de factores, el riesgo que representan las mujeres en edad fértil, los planes debieron bajar pero se registró un incremento de los planes de los afiliados incluso de un 60%. Esto no corresponde, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Esto se concretó con el conocimiento del ente fiscalizador”.
Los congresistas coincidieron en la necesidad de invitar al Superintendente de Salud, Patricio Fernández a una próxima sesión. La idea es solicitar los antecedentes de la autoridad sanitaria respecto a esta alza y las condiciones legales en que se da.