En sesión especial abordan condiciones del trabajo presencial en el sector público

La reinstalación de una mesa entre el Ministerio del Trabajo y de Previsión Social y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) fue el acuerdo al que llegaron las partes tras realizarse una sesión especial convocada por el senador Alejandro Navarro, con el fin de conocer las condiciones en que se encuentran los trabajadores estatales para realizar el denominado “retorno seguro”.

En la jornada, los legisladores escucharon diversos dirigentes representantes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la Asociación de Municipalidades de Chile y el Colegio de Profesores, entre otros sectores. Todos manifestaron las aprensiones por la fórmula para retomar el trabajo presencial.

De esta forma, tanto los expositores como los congresistas hicieron ver la necesidad de generar un protocolo que haga operativo el “paso a paso laboral”. De hecho se acordó oficiar al Ministerio del Trabajo para acotar las condiciones de este plan de reintegro. A su vez, se solicitará al Ministerio de Salud analizar las condiciones remuneracionales de los trabajadores sanitarios.

El presidente de la ANEF, José Pérez hizo ver la gran cantidad de funcionarios públicos que se encuentran trabajando presencialmente con sistema de turnos y también telemáticamente en medio de la pandemia, los que ponen a disposición sus propios recursos para cumplir su rol. “Queremos establecer equipos tripartitos para ver el retorno seguro tanto antes, durante como después de este proceso. Siempre el empleador, el Estado, es quien debe velar por la salud de los trabajadores(…) Ahora nos preocupa la segunda ola que se está dando en varios países (...) Tenemos pérdida de vidas y no queremos seguir aumentando esa lista”, manifestó añadiendo que “entendemos que la atención presencial es básica en estas circunstancias, de allí nuestra vocación de servicio pero exigimos que se nos entreguen las medidas de seguridad necesarias”.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar mencionó que la situación del sector tiene que ver con la suspensión de clases. “Se puso como fecha de retorno el 27 de abril, lo que se postergó dada el alza de los contagios. Después se propuso mayo. Hemos visto que el Gobierno nos sigue presionando para volver. Las clases presenciales no operan pero sí se están entregando los contenidos vía zoom u otras modalidades online, también vía whatsapp. Ahora se trabaja el doble o el triple que antes”.

Luego el presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, Miguel Ángel Araneda graficó que “nuestra precariedad se ha visto incrementada en esta pandemia, por ejemplo en la vacunación contra la influenza, con la entrega de material pedagógico o apoyando los programas de alimentación. No se han respetado los protocolos porque nos han reunido en grupos. Hasta hoy muchos trabajadores han debido pagar sus elementos de protección personal y también los productos para higienizar los propios establecimientos”.

El presidente nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), Ramón Chanqueo lamentó “la muerte de diez de nuestros colegas en esta cuarentena. Me refiero a las personas que trabajan en el retiro de la basura o aquellos que apoyan a los servicios de salud (..) Hemos dirigido cartas a los alcaldes para solicitar protocolos de cuidado e incluso tuvimos que interponer un recurso de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para resguardarnos”.

Asimismo hizo uso de la palabra Alejandra Aguilar, secretaria de la Confederación Nacional del Asistentes de la Educación (CONFEMUCH), quien argumentó que “no estamos de acuerdo con el retorno porque se habla que es voluntario, pero en realidad es obligatorio. Creemos que vamos a estar obligados pensando en la subvención que no va a ser pagada. Los seremis les dicen a los colegios que ellos pongan los protocolos, ¿cómo puede ser?”.

El presidente de la Agrupación de Estudiantes Nuevo Chile, Sergio Neira insistió en que “solo debe hacerse el retorno cuando las condiciones sanitarias lo permitan”, recordando la experiencia extranjera. El joven también le hizo un llamado al Senado a “hacer valer el derecho a la educación y a la salud como representantes de la ciudadanía”.

A su vez, la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (FENATED), Alejandra Lizana explicó que “nuestro diagnóstico coincide con lo que se ha manifestado acá. Hemos sostenido la educación a distancia, incluso abandonando la educación diferencial y las escuelas especiales que no están recibiendo la subvención necesaria. Trabajamos más de 8 horas frente al computador”.

La presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP), Luz Vidal planteó que “queremos mejorar nuestra situación porque hemos quedado fuera de muchas medidas considerando el retorno o paso a paso. Cuando esto pase, seguiremos siendo vulneradas. Somos mayoritariamente mujeres que ya estábamos en una condición vulneable”.

La directora del Instituto Superior de Comercio (INSUCO), Andrea Bravo coincidió con sus pares valorando el esfuerzo de los equipos de educación que han puesto en marcha un aula virtual. “Muchos estudiantes están al margen porque no tienen internet. Tratamos de suplir aquello con material impreso".

La presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados (CONFEPA), Viviana Donoso reconoció la importancia del retorno a clases, pero planteó que “sabemos que los grupos de riesgo no vuelven, por eso nos preocupa que reciban los contenidos que correspondan. Se dice que ha sido un año perdido, pero para los padres y apoderados ha sido un tiempo de aprendizaje”.

Tras escuchar a los invitados, el senador Carlos Bianchi valoró las intervenciones, manifestando que “hay un abuso del Gobierno respecto a los costos de los trabajadores que hacen una labor telemática (…) Tengo una preocupación con la automatización que se quiere hacer de la función pública (…) Quiero pedir que nosotros como senadores, podamos contribuir de alguna manera, por ejemplo con un proyecto de acuerdo para que el Gobierno elabore un protocolo de reintegro en conjunto con estos trabajadores”.

La senadora Yasna Provoste comentó que “reconozco el trabajo que las personas que prestan servicios en la atención pública pensando en la salud y la educación. La pandemia ha puesto de manifiesto las condiciones precarias de la seguridad laboral. Los estudios demuestran que los trabajadores tienen miedo, 9 de cada 10 tienen riesgo de enfermarse física y mentalmente (…) Esperamos que el Gobierno se haga cargo de la información que maneja”.

Luego el senador Alejandro Guillier mencionó que “elaboramos una moción que establece que los Comités de Paritarios de Higiene y Seguridad deben intervenir en los protocolos que acá se mencionan. Ellos deben tener fuero. Así se generan condiciones objetivas para un retorno seguro y la vuelta al trabajo será confiable”.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán insistió en la pertinencia de establecer protocolos claros. “Podríamos oficiar al Ministerio de Salud pensando en los ingresos de los trabajadores sanitarios, quienes han visto perjudicados sus fondos porque no han podido hacer horas extraordinarias. Podrían calcularse los tres ingresos anteriores a la pandemia y asegurar ese monto”, expresó.

A su vez, el senador Alejandro Navarro admitió que "se ha planteado que hay un 85% de funcionarios públicos trabajando y  hay que saber las condiciones exactas en que están trabajando. También hay que ver cómo se van a tratar los planes de metas de gestión dentro del Estado, porque tienen incidencia en las remuneraciones y es difícil de cumplirlos en estas circunstancias".

Respondiendo al legislador, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno aclaró que "hemos estado abocados a asegurar el cumplimiento de la función pública resguardando el principio de eficiencia y eficacia y la salud de todos los funcionarios. Quiero valorar el compromiso de todos los funcionarios públicos, tanto los de la salud como los de otros sectores que han tenido que ir adaptando su método de trabajo".