Límite a la rentabilidad de clínicas, Isapres y farmacias en estado de pandemia: propuesta pasa a segundo trámite

Recogiendo lo recomendado por la Comisión de Salud, la Sala respaldó el articulado del proyecto que limita la rentabilidad de los prestadores de salud en los casos de epidemia, pandemia u otros brotes, y declara ineficaces las cláusulas de las pólizas de seguro de salud que nieguen cobertura en estos casos.

La norma que fue apoyada con 30 votos a favor, ahora pasará a la Cámara Baja para continuar su tramitación. Cabe consignar que los diputados despacharon un texto similar que fue visto con posterioridad a esta votación, en la Comisión de Salud (ver subtítulo). La idea es refundir los textos dada sus ideas matrices.

Hacer frente al contagio del Coronavirus (COVID 19) es caro. Los pacientes incurren en un alto gasto que no sólo implica pagar consultas médicas, sino también solventar medicamentos. Los seguros complementarios excluyen las prestaciones que se generan en una alerta sanitaria, lo que empeora las cosas.

Dado este escenario, el proyecto aprobado en particular en Sala, busca regular dos aspectos: el costo de prestaciones, exámenes e insumos, relacionadas con una crisis sanitaria asociada a la declaración de pandemia, epidemia o brote de una enfermedad altamente contagiosa; y la aplicación de los seguros catastróficos y complementarios en estos casos.

En el primer caso se busca que las prestaciones no tengan un valor superior al que fija FONASA en su Modalidad Libre Elección (MLE). De no existir dicha codificación, no podrá cobrarse más de un 10% del costo del servicio específico. En el segundo, se busca que se dejen sin efecto las cláusulas que impiden cubrir las prestaciones en casos de pandemias o epidemias.

En Sala, la presidenta de la Comisión de Salud, Carolina Goic explicó las implicancias de la propuesta y la modalidad de votación que la instancia recomendó.

Luego hicieron uso de la palabra los senadores Guido Girardi, Jorge Pizarro, Felipe Harboe, Juan Pablo Letelier, Luz Ebenesperger, Francisco Chahuán, David Sandoval, Alejandro Navarro, Carolina Goic, Yasna Provoste, Alejandro Guillier, Juan Antonio Coloma, Alejandro García Huidobro y Carlos Bianchi.

Todos los congresistas coincidieron el sentido de urgencia de la norma, haciendo precisiones a la redacción por las consecuencias prácticas que generaría controlar los precios de Isapres, clínicas y farmacias.

Mientras unos fueron enfáticos en señalar que nunca se debe dejar un margen de utilidades a estas empresas por la conducta abusiva que suelen tener y la necesidad de hacer respetar que la salud es un derecho; otros pusieron el acento en las consecuencias que podría tener estas restricciones en el mercado de medicamentos e insumos, insinuando la posibilidad que se abra un mercado negro.

También se consultó respecto del concepto “precio” (cuando se refiere a una prestación) y la actualización del arancel de FONASA. Así se puso por ejemplo lo que ha ocurrido con la demanda de mascarillas y la falta de stock, lo que gravita en la baja reposición.

Finalmente, aunque el proyecto tiene el sentido imponer estas reglas cuando se decrete una pandemia o epidemia, algunos legisladores manifestaron su intención de generar una norma permanente.

En paralelo con la sesión extraordinaria de Sala, los integrantes de la Comisión de Salud dieron su voto a favor a las ideas matrices del proyecto aprobado por la Cámara Baja, que modifica el Código Sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia (Boletín N° 13303-11).

Éste prohíbe, bajo un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia, el aumento de precios de medicamentos, productos alimenticios y dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención y tratamiento de las enfermedades relacionadas con dichas circunstancias.

También establece que las farmacias y almacenes farmacéuticos no podrán aumentar los precios de los productos farmacéuticos, productos alimenticios ni tampoco de los dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención y el tratamiento de la o las enfermedades relacionadas con la alerta sanitaria, epidemia o pandemia. Lo anterior también será aplicable a los establecimientos comerciales que vendan productos alimenticios y dispositivos de uso médico.

Los congresistas acordaron presentar indicaciones hasta el mediodía de mañana martes 24 de marzo. La intención es asegurar que la redacción será suficientemente clara para proteger a los pacientes, particularmente atenuar el alto desgaste económico que significa evitar el contagio de COVID 19.

En una próxima sesión de Sala, podría ponerse en tabla esta iniciativa en general y particular, de manera de estudiar las fórmulas que podrían refundir el texto de la Cámara Baja con el del Senado.