Agresiones contra funcionarios de salud y educación: Buscan establecer adecuada proporcionalidad de penas

La necesidad de establecer una adecuada proporcionalidad de penas fue uno de los temas que surgió durante el análisis del proyecto que busca sancionar a quienes agredan a funcionarios de la salud y de la educación, que está radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

La iniciativa modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud y en la última sesión la instancia escuchó las opiniones de los académicos María Elena Santibáñez y Jean Pierre Matus.

Esto, porque si bien hay consenso en la necesidad de sancionar a los agresores de los funcionarios de estos establecimientos, habían dudas entre los parlamentarios respecto de la ubicación de la norma en el Código Penal, entre otras inquietudes.

Además de escuchar a los académicos, la instancia recibió a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches; a la presidenta de la CONFUSAM,  Gabriela Flores; al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar; al Ministro de Salud Jaime Mañalich y al Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Según explicó el titular de la Comisión, senador Felipe Harboe Harboe “el problema es que la técnica utilizada no era la adecuada y podíamos llegar a situaciones donde se incentivara la violencia. Por ejemplo se establecía que para las lesiones graves la pena mínima iba a ser 10 años que es la misma pena que tiene el homicidio”.

Por ello, se va a trabajar en la elaboración de un texto que permita cumplir con el objetivo de sancionar a los agresores, pero estableciendo una proporcionalidad adecuada. La idea es llegar con ese texto el próximo martes, para zanjar el tema en la Comisión.

“Estamos todos de acuerdo que tenemos que hacer modificaciones en la redacción, que tenemos que incorporar no solo al profesor o facultativo que es agredido en el establecimiento, sino también cuando es agredido en razón de su cargo y eso es muy importante porque hay profesores que son agredidos fuera de los recintos porque anotan a un niño y eso se requiere custodiar”, señaló el legislador.

TEMA URGENTE

En tanto, el Subsecretario de Redes Asistenciales agradeció la disponibilidad de los parlamentarios para tratar con celeridad el tema, argumentando que en lo que va corrido del año ya suman más de 900 las agresiones en consultorios y hospitales.

En esa misma línea la presidenta de la Confusam manifestó que “hemos planteado que necesitamos con urgencia esta ley dado que todos los días tenemos gente que es amenazada y que está en riesgo su vida. Nos vamos con un poco más de tranquilidad porque en el transcurso de la semana se van a hacer  indicaciones para votar el proyecto y llevarlo a la Sala”.

Explicó que hasta el momento hay 927 funcionarios de la salud que se han atrevido a denunciar y agregó que “estamos exigiéndole a los alcaldes, que son nuestros empleadores, que las denuncias las hagan ante las fiscalías correspondientes”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores manifestó que “lo importante para nosotros es que el proyecto pueda salir en los próximos días, que no se dilate más allá. Tenemos la aspiración muy sentida de que este proyecto sea ley lo más pronto posible. Es un tema que incluimos e nuestro petitorio”.

Explicó que el año 2018, la estadística oficial de la Superintendencia de Educación señala 267 denuncias por agresiones a docentes. “Creemos que esa es una cifra subvaluada y que muchas de las agresiones no llegan a denuncia y fue uno de los puntos que observamos, que debe existir la obligación de los sostenedores de hacer las denuncias independiente de la gravedad de los delitos, no solo por la estadística, sino que porque esto supone la posibilidad de que eso llegue a concretarse y se termine la impunidad”.