Celulares en cárceles: a segundo trámite proyecto que sanciona su tenencia
La iniciativa plantea penas que van desde los 541 días a los 3 años y un día de cárcel para quienes sean sorprendidos con chips, celulares o aparatos de telecomunicaciones que les permitan cometer ilícitos desde los recintos penitenciarios. En la actualidad, dicha conducta es considerada una falta administrativa.
9 de junio de 2023
Listo para cumplir su segundo trámite constitucional quedó el proyecto que sanciona penalmente la tenencia de chips, celulares o elementos tecnológicos que permiten a los reclusos contactarse con el exterior de las cárceles y cometer delitos desde esos recintos.
Ello, luego que la Sala aprobara por unanimidad la mayoría de las disposiciones del proyecto que fue presentado por los senadores Luz Ebensperger, Ximena Rincón, Pedro Araya, Felipe Kast y Matías Walker. La única disposición que no se ratificó por unanimidad fue la que establece una sanción penal para el funcionario público que no denuncie la tenencia de un celular por parte de un recluso, lo que fue aprobado con 34 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Las diferencias en ese último punto, se deben a que hay quienes consideran que incorporar una sanción penal para estos funcionarios, gendarmes principalmente, es discriminatorio pues ya existe una norma general que tiene asociada una sanción de falta.
En lo fundamental, el proyecto tiene como objetivo sancionar como delito, con penas que van desde los 541 días a los 3 años y un día de cárcel, la tenencia de medios tecnológicos que permitan la comunicación con el exterior de recintos penitenciarios. Actualmente, dicha conducta es considerada una falta administrativa.
Asimismo, señala que el funcionario público que, teniendo conocimiento de la existencia al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de los elementos señalados, omitiere denunciar el hecho a la autoridad competente, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio.
Durante el debate intervinieron los senadores Luz Ebensperger, Ximena Rincón, Luciano Cruz-Coke, Francisco Huenchumilla, Karim Bianchi, Gustavo Sanhueza, Fidel Espinoza, Rodrigo Galilea, Matías Walker, Kenneth Pugh y Alfonso De Urresti.
Constataron que esta iniciativa es clave para combatir la comisión de delitos desde las cárceles, los que se han hecho frecuentes en casos de estafas telefónicas o extorsiones.
Señalaron que la criminalidad organizada requiere nuevas herramientas para su combate y que esta iniciativa forma parte de un universo de medidas que se están adoptando en la materia.
Destacaron la necesidad de implementar a la brevedad sistemas de bloqueo o inhibición de señal en los recintos penitenciarios y de agilizar el trámite de las iniciativas legales consideradas en la agenda de seguridad.
Por su parte, el Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que esta iniciativa complementa una ley que sanciona el ingreso de celulares a las cárceles y que ha permitido que en los pocos meses que lleva de vigencia se hayan iniciado 114 causas en contra de personas que han ingresado celulares a recintos penitenciarios.