Comisión de Constitución aprueba en general proyecto de agenda corta antidelincuencia
La iniciativa que busca establecer mejores herramientas legales para la persecución del delito, quedó en condiciones de ser discutida en la Sala del Senado la próxima semana.
17 de noviembre de 2015En condiciones de ser discutida y votada por la Sala del Senado, quedó la denominada agenda corta antidelincuencia, iniciativa que busca dotar de mayores herramientas legales a las policías, jueces y fiscales, entre otros, para la persecución de delitos de robo, hurto y receptación.
Ello, luego que la Comisión de Constitución aprobara la idea de legislar sobre el proyecto que cumple su segundo trámite constitucional, después de haber escuchado las opiniones de una serie de organismos vinculados al ámbito de seguridad ciudadana que podrían ver afectado su accionar con la aplicación de esta iniciativa.
Según explicó el presidente de la citada instancia legislativa, durante la sesión de hoy recibieron a los representantes de Gendarmería quienes señalaron que la entrada en vigencia de esta iniciativa va a traer aparejado un aumento considerable de los reclusos penitenciarios. En tal sentido, dijo que es fundamental estudiar con rigurosidad el proyecto "para poder tener una legislación que tenga los resultados para lo cual se ha diseñado…es importante que esta ley aborde el problema de fondo, pero con una política de reinserción y es lo que hemos escuchado en extenso por parte de Gendarmería".
En tanto, el senador Hernán Larraín señaló que esta iniciativa es urgente y necesaria sobre todo porque los delitos a la propiedad tienen un promedio de 10% de solución, lo que es inaceptable. Agregó que así como Gendarmería va a tener un impacto en su accionar en términos de que necesitará más equipamiento y dotación, también hay que evaluar los efectos que la implementación de la agenda tendrá en el Servicio Médico Legal. "No basta con resolver el tema de la agenda corta, sino que además hay que pensar en los efectos colaterales y lo hemos hecho respecto del Servicio Médico Legal que igual requiere complemento y hoy lo vemos con Gendarmería".
Por su parte, el senador Alberto Espina destacó la aprobación en general de la iniciativa argumentando que se contemplan medidas que apuntan a fortalecer las atribuciones policiales, darle más medios probatorios a los jueces e impedir que delincuentes peligrosos puedan quedar en libertad.
No obstante, hizo un llamado de atención en torno a la situación que afecta a menores de edad reincidentes, señalando actualmente hay 18 mil menores de 18 años que están identificados y respecto de los cuales no se hace nada, por lo que le pidió a la Ministra de Justicia "que la agenda corta incluya normas básicas en materia de responsabilidad juvenil".
Por su parte, el senador Felipe Harboe recordó que el objetivo de la agenda corta antidelincuencia es dar mejores herramientas para la lucha contra el delito. En ese sentido, dijo que "si tenemos casos en los cuales hay ciertos menores de edad que están reincidiendo permanentemente o cometiendo delitos de manera reiterada, efectivamente podríamos poner una norma que establezca mayor tipo de sanciones. Lo que no puede ocurrir es que haya personas que pasen 10, 20, 30 veces por el sistema policial de persecución y al final del día estén dando vueltas por la calle".
Consultado respecto de los reparos que han planteado algunas entidades respecto de la nueva figura de detención preventiva, señaló que países con democracias modernas tiene dos tipos de controles de identidad, el preventivo y el investigativo. "Lo importante es que se ejerzan con la responsabilidad que corresponde y frente a eventuales abusos que los ciudadanos tengan los derechos y las acciones para poder reclamar y haya un régimen de sanciones asociados".
La iniciativa modifica una serie de cuerpos legales:
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En materia penal establece sanciones más altas para ciertos delitos contra la propiedad
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Limita las facultades judiciales. Los jueces no van a poder rebajar del marco establecido en la ley, las penas asociadas a este tipo de delitos.
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Se aplicará el mismo principio de la denominada Ley Emilia, en el sentido que si a una persona le corresponden medidas alternativas dada la baja penalidad, al menos va a pasar un año en la cárcel.
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En términos procesales se contempla el denominado control de identidad preventivo que da más facultades a las policías para que puedan hacer controles de ciudadanos.
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También hay normas de carácter más institucional para acelerar el proceso de construcción de unidades penales.