Ejecutivo retira discusión inmediata a proyecto de ley humanitaria

Con el objeto de buscar espacios para poder perfeccionar la iniciativa, el Ejecutivo decidió retirar la discusión inmediata (6 días de trámite) para el  proyecto que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para un grupo específico de condenados y le fijará suma urgencia, es decir 15 días para su tramitación.

Así lo anunció el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, a los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, instancia donde se encuentra la citada iniciativa luego de haber sido despachada de la Comisión de Derechos Humanos que rechazó la idea de legislar en votación dividida.

Durante la sesión de esta mañana, los senadores Alfonso De Urresti (presidente de la Comisión), Felipe Harboe, Andrés Allamand, Víctor Pérez y Francisco Huenchumilla plantearon sus diversos puntos de vista sobre la iniciativa que, de ser aprobada, beneficiaría a condenados con enfermedades en fase terminal, dependencia severa o mayores de 75 años con la mitad de la pena cumplida.

Es precisamente ese último punto el que ha generado controversia, pues se trataría de un total de 122 reclusos, de los cuales 83 están condenados por delitos de Derechos Humanos.

En tal sentido, el senador De Urresti manifestó que "este es un proyecto para otorgar la libertad a violadores de derechos humanos, revestido de normas de trato humanitario".

El senador Harboe planteó que tras este proyecto "hay una intención que salgan personas condenadas por delitos de lesa humanidad…la discusión no es eminentemente jurídica, sino que es una discusión que va a rozar una cuestión valórica y de principios y lo hace más compleja". Agregó que al tratarse de una población penal reducida, el Presidente de la República tiene la facultad del indulto particular.

Los senadores Pérez y Allamand plantearon que esta no es una iniciativa cualquiera pues trae al presente los últimos 50 años de la historia del país, con sus heridas. Por ello plantearon la importancia de hacer un "debate profundo" e invitar a distintas organizaciones como los familiares de las víctimas de violaciones de derechos Humanos, penalistas, representantes de la Corte Suprema y del Instituto Nacional de Derechos Humanos y a organizaciones internacionales de Derechos Humanos, entre otros.

El senador Huenchumilla señaló que "más allá de las razones humanitarias, creo que acá hay un tema político que sigue abierto…no me opongo a que tengamos una discusión de fondo en los términos en que se ha señalado y en consecuencia, la urgencia debe ser flexible".

En los fundamental, el proyecto en estudio modifica el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para incorporar la pena de reclusión domiciliaria total y otorgar la posibilidad de acceder a ella a quienes están condenados y que hayan sido diagnosticados con enfermedades en fase terminal, que tengan un menoscabo físico que les provoque dependencia severa, o que tengan más de 75 años y hayan cumplido al menos la mitad de la pena.

Se plantea además que este proceso lo realice un juez con información objetiva y de calidad, donde Gendarmería proporcionará informes sicológicos con la opinión técnica y el Servicio Médico Legal  participa informando respecto del estado de salud del condenado. Además, hay una serie de mecanismos especiales para el cumplimiento de la pena y reglas para la revocación de la misma si se quebranta la ley.

El ministro Larraín manifestó que "esta iniciativa tiene un carácter humanitario, porque aunque los casos puedan ser pocos, se trata de personas que están en condiciones de salud compleja". Agregó que el proyecto va en la línea de diversas disposiciones en el ámbito del derecho internacional.