“Ley humanitaria”: disímiles posturas en ronda de audiencias

Que el beneficio incluya a condenados por delitos de lesa humanidad sigue siendo “la piedra de tope” para alcanzar consenso en lo que va de las rondas de audiencias sobre el proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias.

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, escuchó en su reciente sesión a Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y a Carlos Oyarzún, asesor legal de la Fundación Jaime Guzmán, exposiciones que se suman a lo propio hecho por académicos expertos en derecho civil, representantes del Museo Estadio Nacional y la Corporación de Familiares de ex Prisioneros Políticos. (Revise nota relacionada)

“La discusión aquí no es si quedan o no en libertad por enfermedad terminal. El tema es cómo se profundiza la libertad para los violadores de derechos humanos”, sentenció Lorena Pizarro, quien agregó que “nos parece mucho más preocupante que el parlamento chileno aprobara un proyecto de ley de libertades, donde se le otorgaron ciertos requisitos especiales a los detenidos violadores de derechos humanos”.

Para la vocera de la Agrupación, es importante poder entregar beneficios a los prisioneros comunes que cumplan con ciertas características como enfermedad terminal, en línea con lo que propone el proyecto, pero preguntó ante la Comisión: “les quiero pedir que vean la cantidad de condenados por delitos comunes que tienen más de 75 años. (…)”.

“Por lo demás –criticó- aquí hay que denunciar el compromiso del actual gobierno para buscar cualquier resquicio que le permita entregar liberta a los condenados por lesa humanidad; ese no es el rol de un gobierno, nos parece una aberración tomar una posición, de manera tan descarada, del lado de quienes han cometido delitos contra los derechos humanos”.

Asimismo, Pizarro advirtió que  existen acuerdos y tratados internacionales que son muy claros y que deben ser cumplidos.

Luego, el abogado de la Fundación Jaime Guzmán recordó que el proyecto recoge una serie de mociones parlamentarias presentadas de manera transversal a través de los años.

Para el profesional, el proyecto se sustenta “desde el punto de vista del trato digno y razones humanitarias y respecto de la justificación de la pena” y aclaró que “hay que enfocar bien el debate, porque el proyecto propone la sustitución de una medida privativa de libertad dentro de un centro de reclusión penitenciario, por otra medida, también privativa de libertad, en el hogar del reo”.

Además, reiteró que el beneficio se propone para personas diagnosticadas con enfermedad en fase terminal, menoscabo físico grave e irreparable, y para mayores de 75 años. Aquí, señaló “estamos hablando de condiciones objetivas”.

Con todo, Oyarzún dejó constancia que “me causa reparo el hecho que el informe de Gendarmería descrito en el proyecto, es con el fin de determinar que el reo es apto, desde el punto de vista de reinserción social, y se exige una opinión favorable y mi reparo es porque estamos radicando en Gendarmería una función que le corresponde al juez, por ser el tercero imparcial”.

La senadora Adriana Muñoz, presidenta de la instancia parlamentaria manifestó que “nosotros nos nutrimos de estas opiniones para decidir y próximamente votar, pero coincido en que este “apéndice en el proyecto” es una muy mala señal que normaliza. (…) La libertad para crímenes de lesa humanidad es inaceptable para muchos que no queremos que se repitan y estamos por construir una sociedad sana”.