Ley Sayén: vuelve a la Comisión de DD.HH. para debatir uso de la prisión preventiva
Hasta el 25 de mayo los legisladores y el Ejecutivo tendrán plazo para presentar indicaciones a la norma, de manera de dar curso a la discusión en particular.
20 de mayo de 2021Su respaldo a la mayor parte del proyecto que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años, entregó la Sala en la pasada sesión ordinaria.
Esto luego que con 20 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, los senadores aprobaran la norma, salvo aquello que requería quorum calificado que no se alcanzó.
La propuesta iniciada en moción de los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana, volverá a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para ser revisada en detalle, por ello se fijó como plazo máximo para presentar indicaciones hasta el 25 de mayo.
En la instancia se pretende hacerse cargo de las críticas realizadas en Sala por algunos congresistas. Éstos pidieron revisar en detalle el uso de la prisión preventiva, de manera que se vele por el correcto cumplimiento de la pena y a la vez, por el bien superior del niño.
El proyecto nace tras conocerse el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan Llebul, quien en el 2015 fue detenida por robo y condenada a 5 años y 61 días, cuando tenía ya 4 meses de embarazo.
En octubre del 2016, mientras cumplía condena en la cárcel de Arauco, comenzó a sufrir complicaciones en su embarazo, por lo que tras numerosos reclamos, fue derivada al Hospital Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, allí se le practicó una cesárea engrillada y en presencia de un funcionario de la policía. La menor fue llamada Sayén.
La intención de la norma es que las mujeres embarazadas o con hijos e hijas hasta 3 años, no cumplan su sentencia en un centro penal, sino que accedan a la suspensión de la pena, descartándose opciones como el arresto domiciliario, la internación de los niños en residencias familiares y la continuación de las unidades materno-infantil en las cárceles.
A continuación un resumen de los argumentos esgrimidos por los legisladores:
“Esto amerita que se tenga una discusión respecto de la necesidad de la vigencia del Código Procesal Penal acerca de la naturaleza de las medidas cautelares. Estamos en el caso de las embarazadas o las que tienen hijos menores. ¿Se justifica que el Estado restrinja su libertad considerando su situación humana? Creo que sí pero hay que perfeccionar el cómo”.
“Esto cobra más relevancia tras estallido social con la cantidad de gente que está encarcelada. Hay que asumir esta realidad. Tener que tener cuidado en esto, los que sabemos cómo es la cárcel, muchas veces se le dice a la gente después de un año, que no correspondía que estuvieran ahí”.
“Me ha tocado conocer la realidad carcelaria del país. Es duro el efecto que tiene en los niños el encierro de los padres. Me parece de toda urgencia avanzar de este proyecto. Sé que el Gobierno ha avanzado en una mesa de trabajo para poner celeridad en esto”.
“Es innegable que el Estado debe velar por la dignidad de las personas y más en personas vulnerables como es el embarazo. Creo que los mecanismos del proyecto no son idóneos e incluso pueden chocar con ciertas normas constitucionales. Creemos que el Código citado sí permite velar por el cuidado de los niños”.
“Creo que esto sí apoya el apego del niño con su madre. Hoy hay 44 mil personas privadas de libertad y un poco más del 8% de ellas son mujeres. De ellas, un 89% son madres, así que hay que encontrar una salida adecuada”.
"Entiendo los objetivos del poyecto pero creo que hay otras formas de abordarlo con mecanismos distintos. Voto en contra".
“Hay que revisar con cuidado esto. Hay precisiones que hay que hacer. Por ejemplo, podría pasar que se usara a las mujeres para delinquir considerando que ellas tendrán suspensión de la pena. Voy a abstenerse por eso pensando en la seguridad de la ciudadanía”.
“La prisión preventiva es un tema complejo siempre cuando se habla de personas enfermas también. Creo que esto no está bien redactado. Lo que se debiera hacer es una revisión completa del uso de a prisión preventiva. Hemos llegado una serie de reglas y contra reglas”.
“Los niños siempre deben estar primero pero las sanciones son para cumplirlas porque se trata de delitos. Este proyecto no va en el sentido correcto. Por eso voy a votar en contra. Hay que separar las cosas”.
“Pienso que no se está pensando en quienes han sido los perjudicados de los delitos. Son los típicos casos de colusión de intereses. Esto puede terminar en enormes distorsiones, incluso embarazados sucesivos. Se trastorna la responsabilidad penal”.
“Esto obviamente tiene un carácter humanitario. La idea es que el cumplimiento de la sentencia de la madre se difiera pensando en el menor. Los mecanismos del proyecto no son idóneos para estos fines considerando las normas penales, por eso voto en contra”.
“Este proyecto no distingue la gravedad del delito. Esta no es la solución a este drama humano. Nuestras cárceles deben seguir esforzándose en dar protección a las madres y niños que tienen bajo su cuidado. Creo que este proyecto desordena nuestro ordenamiento penal”.
“No se trata de solidaridad ni de la impunidad, sino de los niños que están hoy en la cárcel. Son 112 que están pagando por un delito cometido por sus padres. Acá lo importante es el interés superior del niño. No se busca suspender la pena. Vamos a discutir qué tipo de delito estará excluido en esto”.
“El encarcelamiento de mujeres se relaciona con delitos menores como el microtráfico de drogas o hurtos, las mecheras como se les conoce. El Estado no ofrece un sistema de acompañamiento decente para esos niños. A marzo del 2021, hay 13 mil personas en prisión preventiva, son muchísimas, hay un abuso de esta herramienta”.
“Creo que hay que darle una oportunidad a este proyecto, claro que hay que mejorarlo pero creo que hay que votarlo a favor. El tema de fondo es la situación carcelaria, el hacinamiento y el sesgo asociado a la población penal”.
“Se estima que en Chile hay cerca de 3 mil 500 mujeres privadas de libertad y la mayoría son madres con bajo compromiso delictual. En su mayoría, se relaciona con venta de drogas y se concentran en solo cinco recintos del país. El abuso de las prisiones preventivas se cruza con esto”.