Proponen crear la Comisión de Verdad y Reparación de menores que se encuentren en centros residenciales bajo la tutela del Sename

Como es tradicional, los senadores votaron una serie de proyectos de acuerdo presentados por ellos mismos. Éstos solicitan una serie de acciones al Ejecutivo tendiente a distintas temáticas. En la siguiente nota, se describen cuatro textos que aluden a la defensa de los derechos humanos.

En forma unánime, los legisladores aprobaron un proyecto de acuerdo, por medio del cual se le solicita al Ejecutivo crear la Comisión de Verdad y Reparación de las niñas, niños y adolescentes privados de entorno familiar que se encuentren en centros residenciales, bajo control directo o indirecto del Servicio Nacional de Menores (Sename), víctimas de violaciones de derechos humanos.

El texto de autoría de los senadores Alejandro Navarro, Carmen Gloria Aravena, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Alejandro García Huidobro, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Felipe Kast, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Jorge Pizarro, Jaime Quintana y Jorge Soria, fue sometido a estudio en la última sesión ordinaria.

En concreto, los legisladores solicitan promover los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes; y establecer programas que detecten prontamente los riesgos de violaciones; prestar la asistencia apropiada a la familia en el cumplimiento de sus obligaciones parentales a fin de reducir la necesidad de cuidados alternativos; y proteger a los menores vulnerados en sus derechos con medidas que prioricen el acogimiento familiar, en familia extensa o ajena, frente al residencial.

Asimismo la petición hace énfasis en modificar la ley de subvenciones, exigiendo estándares de calidad a los OCAS tanto en el número, como en la cualificación del personal, en la calidad de las instalaciones y en el desarrollo de programas de rehabilitación y trabajo con las familias. Como así también en proporcionar recursos financieros y técnicos suficientes para el cumplimiento de dichos estándares.

En el mismo tenor, los senadores Ximena Rincón, Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Juan Castro, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Manuel José Ossandón, Jorge Pizarro, Jaime Quintana y Rabindranath Quinteros pidieron al Gobierno coordinar a la brevedad, medidas de protección en favor de todos los niños que viven en situación de calle.

Los congresistas enumeran una serie de medidas en esta dirección, entre éstas, disponer de lugares transitorios de refugio en todas las regiones del país, de modo que al menos en lo inmediato tengan la posibilidad de dormir tranquilos en lugares dispuesto para su pernoctación diaria, intermitente o esporádica en condiciones de abrigo, higiene y seguridad adecuadas, cualquiera sea la época del año que lo necesiten; y de comedores comunitarios en coordinación con los municipios que les garanticen un mínimo de comidas diarias, a ellos y a los hijos que han informado que tienen.

También proponen contar con dispositivos móviles de atención para la realización de exámenes y controles básicos de salud, vacunaciones, control de embarazos, controles de niño sano, entrega de leche para los bebés, protección en la actividad sexual, y atención de las enfermedades que más recurrentemente presentan: alergias, asma, depresión, entre otras.

Bajo la misma consigna, la sala aprobó el proyecto de acuerdo que solicita instruir al ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera realizar todas las gestiones conducentes para repatriar a los siete hijos de la ciudadana chilena Amanda González, fallecida en Al-Hawl, al noreste de Siria.

Los parlamentarios que suscriben dicha petición son los senadores Felipe Harboe, Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Ximena Rincón, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Felipe Kast, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Manuel José Ossandón, Rabindranath Quinteros y Jorge Soria.

En la argumentación del texto, los parlamentarios recuerdan que “hace más de diez años la chilena Amanda González contrajo matrimonio en Suiza con el sueco Muhamed Skråmo, conocido activista de la organización terrorista ISIS el que convenció a nuestra compatriota de partir a Turquía. Producto de los intensos enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno Sirio y el grupo terrorista Estado Islámico, Skråmo murió en el 2018. Por su parte, Amanda corrió la misma suerte a inicios de este año”.

Cabe mencionar que los siete hijos de la pareja, se encuentran en un delicado estado de salud y en precarias condiciones que hacen necesarias gestiones urgentes del gobierno chileno para poder traer a los referidos menores a territorio nacional. Los esfuerzos de su abuelo materno, Patricio Gálvez, en el mismo sentido, han resultado infructuosos.

Instruir a los ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera; y al de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín para que informen al Senado acerca de una nota dirigida por el Ejecutivo al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recientemente publicada en un medio de comunicación, es el objetivo de un proyecto de acuerdo presentado por parlamentarios opositores.

Los senadores José Miguel Insulza, Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Pizarro, Rabindranath Quinteros y Jorge Soria rechazan las expresiones representativas del Estado, los que a juicio de los congresistas “debilitan el ámbito de competencia del Sistema Interamericano de protección de los derechos fundamentales de las personas”.

En concreto, la misiva expresa “las inquietudes de los Estados en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos. Sin desconocer los logros obtenidos por el sistema a lo largo de sus años de existencia, y reafirmando su compromiso con el texto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la declaración respetuosamente propone a la Comisión como a la Corte Interamericana la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento de aquel de cara a los desafíos del siglo XXI".

Luego los senadores explican que "la declaración subraya la importancia crítica del principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencias del sistema interamericano. Dicho principio exige que tanto los Estados como los Órganos del sistema asuman sus propias responsabilidades en la promoción y protección de derechos en la región, sin invadir las esferas de competencia de cada uno".