Fomento de la producción audiovisual nacional: avanza norma que establece cuotas exclusivas
La Comisión de Educación aprobó en general la norma que contempla cuotas de pantalla exclusivas para producciones chilenas. Con todo, se adelantó que durante el debate en particular la norma deberá ser perfeccionada, especialmente a lo referido a las salas de cines.
13 de julio de 2021La Comisión de Educación y Cultura respaldó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que agrega a ley N°19.981, sobre Fomento Audiovisual, un Capítulo IV sobre cuotas de pantalla y se adelantó que durante su trámite en particular la norma se perfeccionará.
El proyecto -que contó con el respaldo de los senadores Jaime Quintana, presidente de la instancia; Carlos Montes y Yasna Provoste y la abstención de los senadores Claudio Alvarado y José García Ruminot- establece cuotas de pantalla exclusivas para producciones chilenas.
Cabe recordar que, en sesión anterior, se hicieron ver algunos puntos de inconstitucionalidad que podría contener la moción, al "imponer una carga pública a los concesionarios y otras industrias", lo que “transgrede tratados internacionales que ha suscrito Chile”, precisaron los abogados Arturo Fermandois y Víctor Avilés.
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Además, se espera eliminar del proyecto lo relativo a los cines y centrar las cuotas en las producciones nacionales de televisión, internas o externas.
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Con todo, el proyecto fija, de manera general, “un porcentaje desde 40% de producción chilena en los programas que transmitan los canales de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción. Dentro de este porcentaje general de producción chilena al menos 15% deberá corresponder a exhibición de obras cinematográficas o audiovisuales chilenas, con propiedad intelectual protegida, como largometrajes, series, miniseries y unitarios o telefilm tanto de ficción, documental y animación, en horario de alta audiencia (…)”
En otro orden, la Comisión escuchó al Superintendente de Educación, Cristian O´Ryan sobre la situación que afecta al Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Henríquez de Temuco, que está hace más de 100 días con paralización de profesores y asistentes.
Desde la Superintendencia se señaló que han recibido una serie de denuncias desde el año 2014 por diversos temas: suspensión de clases, pago de cotizaciones y remuneraciones y ha llevado adelante 26 fiscalizaciones.
Con respecto a la posibilidad de designar a un administrador provisional, tal como se ha planteado desde el Liceo, O´Ryan indicó que se deben cumplir una serie de circunstancias que establece la ley y que no estarían presentes en este caso.
Transversalmente los senadores reconocieron que “el panorama no se muy alentador”, por lo que solicitaron los “buenos oficios” del ministerio para que propicie gestiones para llegar a entendimiento. En esta línea, se espera invitar, para la próxima sesión, al ministro del ramo.
Posteriormente se escuchó a la federación nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTE Chile, Asociación de Funcionarios de la Educación Municipalizada de Illapel; del Colegio de Profesores; ATEMUI y de Arquitectos por un Chile Digno, quienes plantearon varios temas relacionados a la ley de nueva educación pública, ley aula segura, clases en pandemia, entre otros.
Desde el Colegio de Profesores se hizo presente la situación de “la nueva educación pública” y dejaron constancia de los problemas advertidos, entre otros, problemas pedagógicos (no hay orientación clara en los procesos); problemas laborales (pérdida de los derechos); problemas de participación de comunidades; problemas en gestión institucional de servicios locales de educación; problemas de financiamiento.
En este marco solicitaron la suspensión del proceso de traspasado en etapa 2 y una modificación urgente de la ley.
Los expositores platearon, además, la necesaria habitabilidad de los recintos escolares, con infraestructura adecuada, territorialidad (que considere los traslados); abordar el colapso del transporte público.
Entre otras materias, se propuso la suspensión de la jornada escolar completa y reemplazarla por doble jornada, para disminuir el aforo; reducción de niños en el aula (que dará paso a más espacio, mayor distanciamiento físico y una educación más personalizada para recuperar los meses perdidos).
Por último, se llamó a la supresión de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), “que lo único que hace es seguir tercerizando la educación y transformándola en un negocio”, se indicó.