Prórroga de estatutos universitarios: senadores conocen realidad detrás de la norma
En la sesión se planteó la necesidad de mejorar las instancias de participación triestamental, sobre todo en las particulares condiciones de aislamiento que impone la pandemia.
2 de mayo de 2021
Votar en una próxima sesión fue el acuerdo al que llegaron los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura en su última sesión. Esto respecto al proyecto que modifica la ley N°21.094, sobre Universidades Estatales, a fin de prorrogar el plazo establecido para proponer al Presidente de la República la modificación de sus respectivos estatutos, a raíz de la pandemia por Covid-19.
Esto luego que los legisladores escucharan a distintos representantes de trabajadores, académicos y estudiantes universitarios. Éstos plantearon no solo la necesidad de ampliar en un año (de tres a cuatro) el tiempo para cumplir con este trámite, sino también el mejorar el nivel de participación triestamental dentro de estos planteles.
Cabe consignar que ley N°21.094 sobre Universidades Estatales establece que estos planteles tendrán un plazo de 3 años, una vez promulgada la norma en el 2018, para adecuar sus estatutos, trabajo que nace de un proceso público participativo. La iniciativa apunta a resolver un problema práctico surgido por la pandemia: dado el cierre de los planteles y la dificultad de reunirse, las instancias participativas se han reducido.
El representante de la Mesa Triestamental y presidente de la Federación de Profesionales y Técnicos de Universidades Estatales, Boris Silva aseguró que “hoy no existe el derecho de elegir a las autoridades, por lo que existe una democracia tutelada, por lo tanto es exigua”.
En la misma línea, Betsy Saavedra de la misma entidad calificó el grado de participación de estudiantes, trabajadores y directivos que hoy existe en estas casas de estudio como “escaso”. A su vez denunció que “los rectores de las universidades más grandes, están elaborando propuestas de estatutos no socializados”.
Blas Valenzuela, representante de profesores por hora, describió que “los colegas han sido discriminados a la hora de ser considerados en los espacios de discusión. Fuera de correr los plazos, nos gustaría que se establezca el nivel de participación de cada estamento”.
El representante de los estudiantes, Sebastián Muñoz planteó que “hoy se pasa por encima de las comisiones de estatuto y las juntas directivas hacen cambios arbitrarios. Nosotros hemos trabajado más de dos años en este proceso y hoy las cosas se han en forma antidemocrática aprovechando el factor pandemia”.
Desde la otra vereda y representando al Ejecutivo, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas aseguró que “nosotros extendimos los plazos externos a los rectores y ellos dijeron estar conformes. El 5 de junio es el plazo que deben cumplir. Ahora escuchando a los invitados y conociendo lo acotado que este proyecto, nos parece que las problemáticas de participación deben resolverlas las propias universidades”.
Tras escuchar a los expositores, el presidente de la Comisión, el senador Jaime Quintana reconoció que “entiendo que se están planteando problemas asociados a la propuesta. Tenemos que ver cómo resolver estas otras materias, pero respecto a varias muchas no tenemos atribuciones”.
La senadora Yasna Provoste se sumó a este enfoque, reconociendo que “esta norma es un primer pie que nos permite mirar el tema de fondo que es cómo se integran los distintos estamentos a la hora de tomar decisiones importantes para la comunidad educativa”.
Con todo, se acordó votar en la próxima sesión la norma, y dado que está consta de un artículo único, no se descartó presentar algunas indicaciones para someterlas a escrutinio ese mismo día.