Quieren evitar el cierre de escuelas por haber sido categorizadas en nivel “insuficiente” por la Agencia de Calidad de Educación

La Comisión de Educación será la encargada de analizar la moción presentada por los senadores Juan Ignacio Latorre, Yasna Provoste, Carlos Montes y Jaime Quintana que apunta a evitar el cierre de escuelas por haber sido categorizadas por la Agencia de Calidad de la Educación en nivel ‘insuficiente’ (Boletín Nº 12.980-04).

Los senadores autores de la iniciativa explicaron que “las políticas de rendición de cuentas, incluyendo el cierre de escuelas, han operado sobre supuestos que responsabilizan a escuelas y docentes de los resultados en torno a un mercado competitivo”.

Entre estos supuestos, “se asume que: i) la escuela como unidad es la única responsable de los resultados, ii) que las mediciones actuales de los resultados son referencias válidas y confiables, iii) que los estudiantes de las escuelas con bajos desempeño en las mediciones estarían mejor en otras escuelas. Estos supuestos dificultan el análisis de las políticas en función de las condiciones que ofrecen a las escuelas, pero también chocan con los problemas metodológicos ya descritos sobre las mediciones como el SIMCE, y también entregan la responsabilidad sobre el derecho a la educación a la elección de las familias de escuelas que cierran”.

Por estas razones estimaron que “existe evidencia internacional respecto de las consecuencias de las políticas de rendición de cuentas que implican el cierre de escuelas. Algunos de estos se relacionan con los problemas que se crean al desplazar estudiantes de una escuela que se cierra a otra:

i) Estudios señalan que una vez ocurrido el cierre de una escuela, se observa un subsecuente descenso en el logro de aprendizaje en la escuela que recibe a estudiantes desplazados (De la Torre  & Gwynne, 2009 ;  Engberg et al., 2012 ), o al menos a una mantención del nivel de desempeño sostenido en la escuela cerrada previo al cambio (Brummet, 2014 ; Grau et al., 2015 ; De la Torre & Gwynne, 2009; Young et al., 2009 ).

ii) Se registra una alta repitencia y abandono (Engberg et al., 2012; Grau et al., 2015; Sunderman & Payne, 2009 ), una mayor derivación a la educación especial, y a una menor probabilidad de graduación. También se evidencian obstáculos en formación de capital social de los alumnos (Sunderman & Payne, 2009).

iii) Se observan serias dificultades en la respuesta organizativa de las escuelas receptoras (De la Torre & Gwynne, 2009; Young et al., 2009), que ven alterado su funcionamiento por la llegada de nuevos estudiantes en de la vida cotidiana, dificultando el desarrollo de una gestión adaptada a las necesidades de sus nuevos alumnos (ej. programas de nivelación).

iv) La mayoría de los estudiantes transferidos se matricularon en escuelas que eran académicamente de bajo desempeño (similares a las escuelas de origen que fueron cerradas), siendo una minoría quienes logran acceder a establecimientos de alto desempeño (6% según De la Torre & Gwynne, 2009), al no tener alternativas de establecimientos cercanos de mejor desempeño. Para el caso de Chile, Elacqua (2012)  halló que un 12,4% de las familias cuyos hijos van a escuelas de desempeño deficiente no tiene establecimientos alternativos cercanos de mejor desempeño.

Los autores de la moción agregaron que "dada la política de proporcionalidad de escuelas a ser categorizadas en niveles "insuficientes" por la Agencia de Calidad, es predecible que exista un efecto dominó en las categorizaciones siguientes de las escuelas receptoras, o bien, un aumento en la deserción escolar de estudiantes que se vedan desplazados por los cierres de escuelas".

Si bien los sistemas de rendición de cuentas tienen una característica híbrida -de incentivos y sanciones- "es razonable predecir que la sanción de cierre de escuelas (pérdida de reconocimiento Ministerial) previsto por la Ley 20.529 en base fundamentalmente a puntajes SIMCE provocará un daño al sistema educativo en su conjunto, afectando de forma importante al sistema público y sus estudiantes", dijeron.

Es, además, "una política que entra en contradicción con el resto de las recientes reformas al sistema educativo, apuntando hacia la pérdida de derecho a la educación y empeoramiento de condiciones educativas. Es por lo anterior que se justifica la modificación legal que se propone a continuación".

Precisaron que "la medida de terminar con el cierre de escuelas no es suficiente, es necesario hacer cambios mucho más estructurales. Dichos cambios implican una conversación nacional respecto de si el logro de la calidad educativa de un establecimiento debe o no depender de la comparación que el sistema realiza basándose en pruebas estandarizadas. Actualmente, el sistema asume que el éxito de los establecimientos se construye en base al fracaso de otros, y viceversa, haciendo que la calidad educativa y el mejoramiento educativo sea finalmente un asunto de suma cero".

Por ello, aseguraron que "resulta preciso partir reformando profundamente el sistema de aseguramiento de la calidad, junto con iniciar un proceso de recuperación y fortalecimiento de, al menos, los establecimientos de educación públicos de nuestro país. Asimismo, es importante entender con mayor amplitud el significado de las políticas de rendición de cuentas y sus efectos en las comunidades escolares y en el derecho a la educación".

La iniciativa de artículo único busca evitar la revocación del reconocimiento oficial a raíz del certificado realizado por la Agencia, respecto a que el establecimiento educacional haya mantenido como único factor el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje en la categoría de Desempeño Insuficiente.