Respaldan ampliar plazos para que los establecimientos de educación superior puedan cumplir etapas de acreditación

Con 22 votos a favor y 5 abstenciones, la Sala aprobó las ideas matrices del proyecto que modifica la ley N° 21.091, sobre Educación Superior. Hasta el 15 de julio, los legisladores y el Ejecutivo podrán presentar indicaciones para mejorar el contenido de la norma en segundo trámite.

Los congresistas debatieron sobre la urgencia de aprobar este mensaje. En simple, se busca extender los plazos para que las instituciones de educación superior definan los criterios y estándares necesarios para acreditarse. Dichas definiciones debían estar en regla antes del 1 de enero de 2020, pero diversos actores hicieron ver la imposibilidad de hacerlo.

Las abstenciones respondieron a las dudas que despertó la extensión de los plazos. En particular, se cuestionó que existan temas no considerados en la norma como los niveles de acreditación. También se manifestó el temor que el proceso de acreditación en sí mismo, se aplace.

El contexto de la discusión fue la ausencia de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien, a juicio de los legisladores críticos de la iniciativa, “debía estar en la Sala para dar las explicaciones del caso”.

Cabe recordar que la norma busca introducir modificaciones a la ley sobre Educación Superior en materia de acreditación ampliando el plazo para el proceso de diseño y definición de criterios y estándares para el proceso de acreditación de las instituciones de educación superior, una vez que hayan asumido los nuevos comisionados.

También permite la apelación ante el Consejo Nacional de Educación  (CNE) de la decisión de acreditación adoptada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), tanto de carreras y programas de pregrado de acreditación obligatoria como respecto de aquellos de acreditación voluntaria.

A su vez, regula la transitoriedad de los procesos de acreditación voluntaria de las carreras y programas de pregrado, así como de programas de postgrado y especialidades médicas y odontológicas, que ya se encontraban en proceso ante las agencias acreditadoras.

El debate comenzó con la intervención del presidente de la Comisión de Educación y Cultura, el senador Juan Ignacio Latorre explicó las ideas matrices de la norma de artículo único con 8 numerales, describiendo los actores que participaron en las audiencias y la unanimidad que hubo a la hora de votar favorablemente la propuesta.

Luego, el senador Carlos Bianchi declaró que durante la implementación de la ley vigente, se han detectado aspectos que no fueron regulados, sobre todo en materia de aseguramiento de la calidad. “Diversas universidades y Centros de Formación Técnica (CFT) han criticado el actual calendario de implementación de los cambios, por considerarlos demasiado breves. Hablamos del tiempo para elaborar los reglamentos para acreditar. Además se pide que la entrada en vigencia sea 24 meses después de lo aprobado por la CNA”, comentó.

Poniendo énfasis en la necesidad de socializar los cambios, la senadora Ena Von Baer complementó el informe entregado por el senador Latorre, indicando que se pretende adecuar los plazos en torno a la ley que estableció el nuevo sistema de acreditación. “Los criterios y estándares deben regir desde el 1 de enero de 2020, pero eso es imposible porque éstos no han sido publicados porque deben ser aprobados en el 2019. El proceso de acreditación empieza con el informe autoevaluación y se debe comenzar a trabajar entre 12 y 24 meses ante. Sin criterios previos es imposible”, precisó.

Una mirada crítica hizo ver la senadora Yasna Provoste asegurando que este proyecto, habla de la desidia del gobierno. “Se ha perdido más de un año para avanzar en los plazos. Se ha instalado la idea que existía una imposibilidad de implementar a tiempo los cambios respecto de criterios y estándares para acreditarse. La postergación de los plazos -a esta altura- es indispensable pero no puede significar retrasar la implementación de la acreditación que debe materializarse sí o sí, el 2020. También me preocupa que el proyecto no hable de los niveles de acreditación”, detalló.

La senadora Ximena Rincón declaró que se sumará a la abstención de la senadora Provoste. “Esta ley no es menor y debemos ser capaces de resolver las dudas que tenemos. Llamo a la ministra de la cartera a responder las dudas. Me parece que esa sería una actitud responsable”, mencionó.

Desde la otra vereda, el senador José García Ruminot recordó que la norma fue aprobada por unanimidad, mencionando que “todos los invitados dijeron que estos cambios son necesarios. La ley de la que hablamos fue publicada el año pasado, a poco más de 2 meses que asumió la actual administración. Son muchos los actores que han insistido en la urgencia de hacer los cambios de plazos. Malamente se puede responsabilizar a las autoridades de este gobierno de los problemas de esta normativa gestionada por la administración Bachelet”.

Finalmente, el senador Alejandro Navarro lamentó la ausencia de la ministra Marcela Cubillos en la Sala, comentando que se debió postergar una sesión especial en la que ella debía tomar parte. “No queda clara la fecha de la postergación, y eso puede afectar la entrada en rigor del proceso de acreditación, por lo que también me abstendré”, aseguró.