Padrón electoral y datos sensibles: Comisión de Gobierno y Servel coinciden en avanzar en el resguardo de la privacidad

La obligación legal de incluir la dirección de los electores en el padrón electoral; problemas con los inscritos en partidos políticos, que ya no son parte de tales; la inclusión en el registro de personas fallecidas, son algunos de los inconvenientes expuestos por Patricio Santa María, presidente del Servicio Electoral, Servel, quien expuso ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

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Durante la sesión, la senadora Luz Ebensperger, presidente de la instancia parlamentaria, sentenció que la idea de la invitación, “es que nos explique un problema puntual que ha hecho presente, en la ley de inscripción electoral, que le establece la obligación -90 días antes de una elección- el publicar los padrones auditados, una norma que compartimos, pero creemos que es muy peligroso toda la información que ese padrón público tienen que contener, dentro de ello: el domicilio de todos los electores, cosa que es un dato sensible que no creemos necesario”.

“Uno podría decir que es necesario por el tema del acarreo, pero se podría reducir a publicar la circunscripción en que cada persona vota. Nosotros como Comisión tal vez podríamos ver la posibilidad de presentar una moción para solucionar esto”, agregó.

Al respecto, Santa María precisó que los detalles del registro se hacen en cumplimiento de la ley, “pero preocupan las críticas que se han hecho”.

“El domicilio complicó el hecho en aras de la libertad, permitir que no fuera como antes, la residencia de la persona, donde pernocta y se abrió a que se eligiera entre residencia habitual o transitoria, el lugar donde ejerce profesión oficio, o el lugar donde trabaja, y se establece como rango prioritario el generar el cambio en el registro civil y pasamos de órganos inscriptores a la inscripción automática, con más de 5 millones de datos”, detalló.

En este último aspecto, lamentó que se han producido problemas con la inclusión de personas fallecidas, para lo que ejemplificó que hay un alto número de personas con 130 años inscrita. “El interés es que no suceda, por lo que se podría avanzar en excluir del padrón a las personas de más de 80 años, que no hayan votado en las últimas dos elecciones y que no hayan renovado su documento de identidad”.   

“Nos encontramos a 140 días antes de una elección, cerrando los cambios de domicilio, tenemos que poner a disposición de dos auditorías independientes el padrón provisorio que establece que es público, que además se le entrega a cualquier persona (…) Dentro de los 5 días siguientes debemos entregar la comuna, mesa, sexo, a los partidos políticos y a cualquiera que lo requiera. 90 días antes debemos publicar en la web el padrón auditado, que incluye el domicilio electoral, y ahí se abre un espacio donde se puede reclamar por errores (…), explicó

En este contexto, reconoció que han recibido una serie de reclamos, pero insistió en que solo cumplen con la ley; además, “nos dimos cuenta que estaba el tema del acarreo, pero fuimos proactivos y presentamos querellas criminales en Sierra Gorda, Colchane”.

El senador Rodrigo Galilea compartió las preocupaciones, dada la calendarización desde octubre en adelante, y enfatizó los conflictos de las personas que aparecen inscritas en un partido político y que no pertenecen a ninguno.

A juicio del senador José Miguel Insulza, el tema domiciliario se debe revisar y cualquier otro que viole la privacidad de las personas. Con respecto a la inclusión de fallecidos, reconoció que se debe a “un tema muy humano, con los detenidos desaparecidos”, pero se allanó a avanzar.

Al respecto desde el Servel se reconoció que esta es una deuda y propuso crear un memorial simbólico, manteniéndolos dentro del registro con la anotación respectiva.

Los senadores de la Comisión acordaron citar a una nueva sesión para profundizar en la materia y buscar soluciones.

La instancia parlamentaria, además, continuó con el análisis del proyecto que modifica la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, para lo que escuchó los puntos de vista del Contralor General, Jorge Bermúdez y del presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, ambos organismos se manifestaron de acuerdo a avanzar con el proyecto de ley.

A su turno, el Contralor, precisó que el organismo siempre ha estado sometido a la transparencia, por norma Constitucional, al igual que el Banco Central, la única diferencia es que con el proyecto, el reclamo es directamente ante la corte de apelación respectiva y no ante el Consejo.

Asimismo, valoró que se extienda la aplicación de la ley a entidades reguladas por la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Servicios Eléctricos, y por Ministerio de Obras Públicas; Corporaciones, fundaciones, asociaciones municipales y empresas municipales; personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencia de fondos públicos.

Desde el Consejo para la Transparencia se entregaron una serie de recomendaciones al proyecto, como reponer algunos aspectos que en la Sala de la Cámara fueron sacados, referidos a procesos de reclamos y recursos de unificación de jurisprudencia.

Entre las propuestas están la transparencia fiscal en formato de datos abiertos, y lenguaje claro; especificar que el cumplimento de las obligaciones de transparencia activa se efectúen en un lugar destacado del sitio web; referencia explícita a que se aplicará el procedimiento establecido en la ley para conocer de las infracciones cometidas por empresas públicas, empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en directorio; en la generación, publicación y entrega de información los órganos del Estado deberán utilizar un lenguaje claro y compresible para toda persona.

La Comisión espera votar en general el mensaje durante las próximas sesiones.