Amplio respaldo de la Sala para veto sobre indulto conmutativo por causa del Covid-19
La iniciativa busca descongestionar las cárceles del país y el debate estuvo centrado en quienes no podrán acceder a este beneficio por haber cometido delitos graves y de lesa humanidad, entre otros.
8 de abril de 2020
Con 31 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, la Sala del Senado aprobó las observaciones presidenciales al proyecto que establece un indulto general conmutativo a causa del Covid-19 y que beneficiará a 1.300 internos en diversos centros penitenciarios del país.
Luego, fue el turno de la Cámara de Diputadas y Diputados que aprobó también el veto aditivo, con lo cual quedó en condiciones de ser remitido al Presidente de la República. No obstante, el Tribunal Constitucional aún debe resolver un requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos que consideran que el proyecto discriminaría al no permitir que algunos condenados puedan acceder al beneficio.
Cabe recordar que el origen de estas observaciones fue el rechazo de la Cámara Baja -por no alcanzar el quórum requerido- a una serie de disposiciones clave para la esencia de la iniciativa. De ahí que el Ejecutivo presentara estas 7 observaciones las que fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado y luego por la Sala.
Durante el debate el senador Víctor Pérez explicó los alcances de las observaciones y luego intervinieron los senadores Isabel Allende, Francisco Chahuán, Pedro Araya, Víctor Pérez (para fundamentar su voto), Juan Ignacio Latorre, Felipe Harboe, Alfonso De Urresti, Carmen Gloria Aravena, Alejandro Navarro, Guido Girardi, Jacqueline Van Rysselberghe, Jaime Quintana, Andrés Allamand y José Miguel Durana.
También hizo uso de la palabra el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien señaló que la situación de las cárceles es delicada y compleja, por lo que es necesario descongestionarlas para evitar lo antes posible el contagio de 1.300 personas.
En lo fundamental, el veto repuso las normas que establecen el indulto conmutativo y que facultan a Gendarmería para que fiscalice el cumplimiento de la medida. Estas disposiciones son fundamentales pues el proyecto no contempla un indulto general, sino que uno conmutativo que implica que los condenados deben seguir cumpliendo sus penas pero bajo la modalidad de reclusión total domiciliaria o reclusión domiciliaria nocturna (de 22 horas a 6 AM).
En tal sentido, agrega que quienes tengan prohibición de acercamiento, o la obligación de abandono del hogar común no pueden fijar como domicilio el de la víctima, lo que busca proteger a quienes han sufrido violencia intrafamiliar.
También se regula que le corresponderá a Gendarmería de Chile verificar el cumplimiento de los requisitos pertinentes en cada caso y para ello, el interesado deberá fijar domicilio, firmar la respectiva solicitud y firmar un compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito, en el establecimiento en que esté cumpliendo su condena.
El incumplimiento sin justificación oportuna a Gendarmería de Chile o al tribunal, de la modalidad alternativa, dará lugar a su revocación, debiendo continuar el cumplimiento efectivo de la pena en un establecimiento penitenciario.
Finalmente el veto considera un listado de delitos que quedan excluidos de poder acceder a este beneficio como son quienes hayan cometido delitos graves, de lesa humanidad, entre otros.
Uno de los puntos que generó mayor debate fue precisamente el que quienes hayan cometido delitos graves como los de lesa humanidad y tengan una determinada edad y condiciones de salud, no puedan acceder a este beneficio.
A juicio de algunos parlamentarios, no puede haber discriminación alguna para los mayores de 75 años que presenten determinadas condiciones de salud, independiente del delito que hayan cometido. Explicaron que de acuerdo a información proporcionada por Gendarmería son 122 personas en todo el país, condenadas por distintos delitos, que tienen más de 75 años de edad y presentan condiciones de salud complejas, pero que sólo 7 de ellos se verían beneficiados por esta ley.
En contraposición, algunos senadores manifestaron que no se puede conceder beneficios a quienes están condenados por los crímenes más graves que existen en nuestra legislación y que esperan que el Tribunal Constitucional se pronuncie en esa línea.