Estallido social: familiares de detenidos y víctimas de desmanes expusieron por proyecto de indulto general

Una intensa ronda de audiencias públicas tuvo esta semana la Comisión de Constitución del Senado en el marco del estudio del proyecto que concede un indulto general por razones humanitarias a los detenidos en el marco del estallido social. En jornadas distintas, la instancia escuchó a agrupaciones de familiares de personas que se encuentran detenidas y también a los representantes de las víctimas de los desmanes en las denominadas "zona cero" de la capital y otras ciudades donde se concentraron las manifestaciones.

Por los familiares, expuso Jaime Fuentes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos; Raquel Torres del Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta; Marcela Mercado y Francis Espinoza por la Agrupación Madres de la Plaza Colón; además de Karen Tello y Paola Palomera, madres de dos jóvenes.

En la oportunidad, dieron a conocer casos de jóvenes que fueron detenidos en circunstancias que calificaron como "extrañas por parte de personal no identificado como policías". Asimismo, dijeron que las investigaciones han sido lentas, que no existen pruebas para acreditar muchos de los delitos que se imputan y que se han aplicado "prácticas con sesgo de clase que afectan principalmente a jóvenes y minorías sexuales". (Vea aquí la sesión)

Agregaron que hay muchos casos en que los jóvenes llevan largo tiempo detenidos, que los juicios se han postergado y que la mayoría de ellos no tienen antecedentes previos, por lo que "no se entiende la prisión preventiva por tanto tiempo". En tal sentido, alegan "desigualdad de trato y obstrucciones".

Otro tema que abordaron dice relación con la salud mental tanto de los detenidos como de sus familias, la que se ha visto deteriorada por las condiciones carcelarias y la incertidumbre respecto de los procesos.

Junto con denunciar una "grave vulneración de los Derechos Humanos", los familiares pidieron que se agilice el trámite de este proyecto y que se avance en una alta discusión política, pues los procedimientos estarían "viciados desde el origen".

Señalaron que en Antofagasta, de 34 detenidos, 18 de ellos optaron por el juicio abreviado, teniendo que aceptar culpabilidad, sólo para poder recuperar su libertad.

VÍCTIMAS DE DESMANES

En la otra vereda expusieron los representantes de las víctimas de los desmanes producidos en el marco del estallido social. En tal sentido, Álvaro Izquierdo, director ejecutivo de la Multigremial Nacional; Afredo Wahling de la Multigremial Ñuble y Héctor Arancibia, presidente de la Corporación Comercio Unido de Valparaíso, pidieron a la Comisión "no aprobar esta iniciativa", argumentando que "liberar a quienes hicieron tanto daño es un puñetazo en la cara". (Vea aquí la sesión)

Manifestaron que son casi 15 mil las pequeñas y medianas empresas que fueron afectadas por los desmanes y que en los barrios afectados las ventas bajaron en un 80%. Agregaron que un 30% de los negocios cerraron sus puertas definitivamente y que se destruyeron cerca de 7 mil puestos de trabajo.

En el caso de Valparaíso, explicaron que la ciudad está acostumbrada a las marchas, pero "lo que se vio durante el estallido social, no fueron manifestantes sino que delincuentes que se aprovecharon e incluso incitaron a algunos a hacer desorden para aprovechar la oportunidad de cometer ilícitos", señalaron los dirigentes.

Asimismo, dijeron que cerca del 40% del comercio de calle Condell fue destruido y que los que quedaron en pie sufrieron 5 meses ininterrumpidos de saqueos con un promedio de pérdidas de 80%

Manifestaron que "no son partidarios de este proyecto" y que si se han cometido errores y abusos en los procedimientos, "se deben investigar".

Los integrantes de la Comisión de Constitución acordaron que escucharán a profesores de derecho la próxima semana para despejar todas las inquietudes jurídicas que existan en torno a la iniciativa, después de lo cual citarán a quienes deseen exponer para luego citar a una nueva sesión para someter a votación en general.