Proyecto sobre indultos: Comisión escuchará a familiares de detenidos

Con una ronda de audiencias públicas con los familiares de detenidos en el marco de las manifestaciones del 18-O, la Comisión de Constitución continuará el próximo miércoles 28 de julio, a las 10:30 horas, el análisis del proyecto que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala (Boletín 13941-17).

A dicha sesión están invitados representantes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, del Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta y de la Agrupación Madres de la Plaza Colón, entra otros.

En la última sesión de la Comisión de Constitución del Senado expusieron representantes de la Defensoría Nacional y del Ministerio Público quienes manifestaron la dificultad de establecer con claridad el número de personas que se podrían ver beneficiadas con el proyecto.

Cabe recordar que en la sesión previa, la instancia envío oficios a la Corte Suprema, a la Defensoría Nacional y al Ministerio Público, entre otras entidades para poder cuantificar el número de beneficiarios (Vea nota relacionada).

Es por ello, que el máximo tribunal envío un oficio sobre la materia y el Defensor Nacional (S) Marco Montero y el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott expusieron sus opiniones y entregaron antecedentes sobre la materia. (Vea aquí la sesión completa)

En tal sentido, el Defensor Nacional (S) entregó una serie de cifras de acuerdo a los parámetros contenidos en el proyecto, relativos a los delitos establecidos en el mismo entre el período del 7 de octubre de 2019 al 9 de diciembre del 2020.

Precisó que "no se hizo un análisis cualitativo para determinar su efectivamente cada uno de esos delitos tienen relación directa con situaciones vinculadas al estallido social", pues los datos dicen relación con aquellas tipificaciones que la Comisión solicitó informar.  Asimismo, advirtió que llegar a saber quiénes son los vinculados al estallido social es complejo y que incluso hay una mesa de trabajo conjunta de distintas reparticiones que está trabajando en aunar criterios.

Montero indicó que si bien esta iniciativa busca beneficiar a un grupo específico, pone de manifiesto una temática que viene de antes del estallido social y que dice relación con "el uso excesivo que se hace de la prisión preventiva en el sistema de justicia".

Por su parte, el Fiscal Nacional señaló que "este proyecto tiene conceptos absolutamente indeterminados que hacen absolutamente imposible establecer con claridad duales son las personas que se encuentran en esta situación".

Agregó que "hemos hecho un esfuerzo importante al interior de la institución y nos encontramos con cifras distintas…nos hemos abstenido de entregar las cifras que se nos han solicitado, porque no tememos posibilidad de aterrizar los números concretos que nos permitan entregar información fidedigna por la misma naturaleza de la indefinición del proyecto".

El presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, manifestó que esto no puede mirarse sólo desde la óptica de la persecución penal, pues hay un componente social y político, por lo que "no veo mayor inconveniente en que podamos avanzar en una salida distinta".

Respecto de la iniciativa, dijo que existen problemas prácticos como determinar la cifra de beneficiarios, especificar el catálogo de delitos y revisar cómo se entregaría el beneficio. "Todavía no podemos tener una mirada global de cuantas personas son presas por la revuelta… si aprobáramos esto estaríamos amnistiando o indultando a delincuentes comunes que nada tienen que ver con el estallido social".

En tanto, el senador Francisco Huenchumilla manifestó que no basta sólo la mirada jurídica en torno a este tema, sino que también debe haber una aproximación política por parte del Gobierno y de las distintas instituciones vinculadas al tema.

"El Ministerio Público y la Defensoría tienen la obligación institucional de no quedarse sólo en el derecho penal sino que ver una mirada más sistémica, histórica e integral para aplicar las normas penales…este debate no lo hemos tenido y el gobierno no ha entrado en este debate", dijo.

En tanto, la senadora Luz Ebensperger reiteró que no es partidaria de la iniciativa porque a su juicio "valida la violencia" como instrumento para manifestar un desacuerdo.

"El tema de la prisión preventiva hay que discutirlo, pero no creo que este sea el proyecto para hacerlo. No podemos confundir a aquellas personas que salieron a protestar pacíficamente de aquellos que usaron y abusaron de estas protestas sociales para cometer delitos", manifestó.

El senador Alfonso De Urresti insistió en que es fundamental tener un listado claro sobre las personas que se verían beneficiadas con este proyecto y señaló que "hay un uso excesivo de la prisión preventiva y eso nos debiera llevar a reflexionar respecto de que dos instituciones no logren ponerse de acuerdo… el debate que debiéramos dar es si se está abusando de la prisión preventiva y si en el caso del estallido social se aumentó eso".

Finalmente el senador Juan Ignacio Latorre, uno de los autores de la moción, indicó que "estamos planteando una salida política a un conflicto social y político. En ningún caso este proyecto es validar la violencia o la impunidad…estamos hablando de casos concretos, buscando una salida política excepcional, en el contexto del país, donde ha habido represión masiva y generalizada de agentes del Estado".