A Sala proyecto proinversión
La iniciativa iniciada en mensaje cuenta con suma urgencia. En la sesión ordinaria que se realizará el lunes 20 se sometería a votación. De ser respaldada la norma, los cambios serán conocidos por la Cámara de Origen.
17 de enero de 2020Luego que se zanjaran las diferencias que tenían los integrantes de las comisiones de Economía, y Medio Ambiente y Bienes Nacionales, respecto del proyecto que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión, la norma quedó en condiciones de ser vista por la Sala.
La iniciativa en segundo trámite había generado controversia respecto de tres materias principalmente: el criterio para la evaluación ambiental de centrales eléctricas, caducidad para las resoluciones de calificación ambiental de los proyectos que estén impedidos de iniciar las obras por fallos judiciales y el carácter vinculante a las respuestas del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).
Tras la sesión celebrada por las citadas instancias el pasado miércoles 15, se acordó lo siguiente:
- Criterio para la evaluación ambiental de centrales eléctricas: solo tendrán la obligación de realizar dicha evaluación las centrales que generen más de 3 MegaWatt (MW). En el reglamento de la ley se explicitarán los criterios para evaluar o no a las centrales menores a dicha capacidad, las que actualmente no eran evaluadas.
- Plazo de caducidad para las resoluciones de calificación ambiental de los proyectos que estén impedidos de iniciar las obras por fallos judiciales: quedó en tres años, pudiendo ser solicitado la caducidad de las resoluciones en más de una oportunidad.
- Carácter vinculante a las respuestas del SEA a las preguntas de pertinencias: fue rechazado por unanimidad en acuerdo con el Ejecutivo.
El proyecto busca equilibrar debidamente la certeza jurídica que éste provee, por un lado, con la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia para nuestro país, por el otro.
En concreto se hacen tres cambios:
- Disminuir plazos de tramitación, reduciendo el costo asociado.
- Eliminar incertezas jurídicas.
- Mejorar la información disponible para los inversionistas mineros